Jorge Eloy Solís Hernández
Expediente 421/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 421/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jorge Eloy Solís Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se advierte que no se ha notificado personalmente al quejoso, ******************** la sentencia terminada de engrosar el treinta de octubre del presente año; en tal virtud, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que realice dicha notificación. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE:Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de octubre de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 421/2023-VII, promovido por *******, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por oficio 568 de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, signado por la Actuaria adscrita al Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual informó que se declinó la competencia del juicio de amparo **/2023, de su índice, promovido por **************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, en funciones de Juez de Control, de quien reclamó: "ACTO RECLAMADO: La resolución de fecha veintitrés de marzo del año en curso, emitida por el Juez De Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Funciones de Juez de Control Juan José Chávez, con número de expediente 2***/2023, consistente en la no revocación la determinación del ministerio público." SEGUNDO. Se recibe demanda. Dicho oficio, con anexos, fue recibido el diecinueve de abril de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este juzgado el veinte, día siguiente. TERCERO.- Derechos humanos que se estiman violentados. El quejoso señaló como derechos vulnerados el contenido en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. Tramitación de la demanda. Previa aclaración de la demanda de amparo, el once de mayo de dos mil veintitrés se admitió a trámite con el consecutivo 421/2023-VII, se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la audiencia constitucional, que se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud que la conducta se atribuye a autoridad residente en esta ciudad, lugar sobre el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda de amparo, informe justificado y pruebas que obran en el juicio de amparo, se precisa que el quejoso reclamó de la autoridad responsable: Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, la audiencia o resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal 2/2023, en la cual se confirmó el no ejercicio de la acción penal emitido por el fiscal. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado (foja 50). Se corrobora lo anterior, con la copia certificada de los autos del expediente penal 2/2023 que adjuntó dicha autoridad responsable; constancias que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo. Con respecto al video remitido contenido en DVD, sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro 2004362, con rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Procedencia del juicio. Previo al estudio de la cuestión planteada se examinara si se actualiza alguna improcedencia del presente juicio, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Debido a que esta juzgadora no advierte la existencia de alguna causa de improcedencia, ni las partes lo alegaron; se analizará el fondo del asunto. QUINTO. Innecesario transcribir los conceptos de violación. La falta de transcripción de los disensos no ocasiona ningún perjuicio al quejoso, dado que se estudiarán las cuestiones de legalidad o inconstitucionalidad planteadas y se resolverá con base en los principios de exhaustividad y congruencia tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Lo anterior, conforme a la Jurisprudencia por contradicción 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 164618, de rubro:"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio de fondo. Resultan infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, aun supliendo la deficiencia de la queja. El impetrante señaló, en lo conducente: Que la resolución reclamada no se encuentra debidamente fundada ni motivada, transgrediendo los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que la constancia de notificación de cuatro de enero de dos mil veintitrés, practicada en la causa penal 1769/2022, (donde se le informó la incompetencia respecto al ilícito de fraude genérico), no cumple con las formalidades contenidas en el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con relación a la fecha de inicio del plazo para prescribir el ilícito (litigantes que no sean ostensiblemente patrocinados por abogados que aleguen a sabiendas hechos falsos de abogado patronos) previsto y sancionado en el artículo 231, fracción I, del Código Penal Federal. A continuación se procede el estudio de dichos conceptos de violación. Es infundado la parte que alega de manera general, que la responsable vulneró el contenido del numeral 14 constitucional; en virtud de que, inobservó las formalidades esenciales del procedimiento y con su decisión dejó de proveer justicia y salvaguardar el estado de derecho, permitiendo que el imputado de manera dolosa afectara su patrimonio. Contrario a lo que refiere, el juez responsable sí atendió las formalidades esenciales del procedimiento al emitir la resolución reclamada. En efecto, de la lectura sistemática del primer párrafo y del apartado A, del artículo 20, de la Constitución Nacional , se advierte que el procedimiento penal se lleva a cabo mediante audiencias públicas, en las que rija plenamente la oralidad y la contradicción entre las partes intervinientes y sólo excepcionalmente podrán realizarse actuaciones escritas. Es así, puesto que la presentación de los argumentos y elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; principios que deben observarse también en las audiencias preliminares al juicio. Por su parte, el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece, en lo que aquí interesa, que la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal deberá ser notificada a la víctima u ofendido, quienes podrán impugnarla ante el Juez de Control respectivo, dentro de los diez días siguientes a su notificación y aquél deberá resolver en definitiva en una sola audiencia. Así, si el procedimiento penal diseñado por el aludido código consta de tres etapas (investigación, intermedia y juicio) y el ejercicio de la acción penal precede a la de juicio; entonces, la audiencia en la que se resuelve sobre la impugnación del no ejercicio de aquella, se verifica antes de la última etapa referida y, por tanto, en su desarrollo deben observarse los principios que rigen dicho sistema; entre ellos, el de oralidad, contradicción e inmediación. Bajo ese contexto, la presentación de los argumentos y contra argumentos de las partes procesales y de los datos en que sustenten sus respectivas posturas, debe ser inmediata, es decir, en la propia audiencia, a fin de someterlos al análisis directo de su contraparte, con el objeto de realzar y sostener el choque adversarial de las pruebas y tener la misma oportunidad de persuadir al juzgador; de modo que ninguno de ellos tendrá mayores prerrogativas en su desahogo. Esto es, a través del principio de inmediación se garantiza la recepción en la audiencia, por el propio juzgador, de los alegatos con los que formará su convicción. De lo que se sigue que los jueces deben resolver las cuestiones que les son planteadas, valorando exclusivamente -por regla general- las argumentaciones y elementos aportados por las partes en la propia audiencia. Ahora bien, del análisis del audio y video de la audiencia celebrada el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en el cuadernillo de impugnación a las determinaciones del fiscal 2/2023, se advierte lo siguiente: - que se procedió a la identificación de las partes y se verificó la autenticidad de las cédulas profesionales. - corroborado lo anterior, se declaró formalmente aperturada la audiencia y se permitió a las partes exponer sus argumentos y contra argumentos, así como los hechos y datos en que sustentaron su postura. - luego, una vez confrontados, el juez responsable procedió a emitir su determinación. De ahí que, contrario a lo que refiere el quejoso, el juez responsable sí siguió las formalidades esenciales del procedimiento; por tal motivo, dicho disenso es infundado. Por otra parte, respecto al motivo de disenso, con relación a la vulneración del artículo 16 constitucional, que la resolución controvertida se encuentra indebidamente fundada y motivada. También es infundado; se explica. Dicho artículo constitucional, consagra además de diversos derechos, los principios de legalidad y seguridad jurídica; directrices que consisten en que el particular tenga la certeza de que el Estado no intervendrá en su esfera de derechos sin justificación y que cuando lo haga, será a través de una autoridad que constitucional y legalmente sea competente para hacerlo, la que tendrá que fundar y motivar su actuar y, además, hacerlo constar por escrito. Bajo esas consideraciones, para que un acto de autoridad tenga validez legal, debe estar suficientemente fundado y motivado. Entendiéndose que el primer aspecto, consagra la obligación de expresar con exactitud los preceptos legales aplicables al caso, sustentados en una disposición normativa de carácter general, esto es, que la ley prevea una situación concreta para lo cual resulte procedente realizar el acto de autoridad; mientras que la exigencia de motivación, se traduce en el señalamiento puntual de las circunstancias especiales, causas inmediatas y razones particulares que se tuvieron en consideración para su emisión. Sustenta lo referido, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Exigencia que tiene como finalidad, evitar que el gobernado quede en estado de indefensión, al no tener conocimiento de qué autoridad es la que en particular está llevando a cabo el acto, si ésta es efectivamente competente para hacerlo, qué disposición normativa fue la que infringió o se le aplicó o qué requisito legal no cumplió y, en caso de que lo decida, tener los insumos mínimos necesarios para saber ante qué autoridad o instancia debe defenderse y qué medios legales o recursos son los idóneos y adecuados para lograrlo. Planteado el anterior marco normativo, se insiste en que el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado. Como punto de partida, debe precisarse que del análisis de la audiencia celebrada el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, dentro del cuadernillo penal de origen, se advierte que la resolución reclamada fue emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control; autoridad competente para resolver el recurso a que alude el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el hecho materia de estudio se encuentra previsto y sancionado en una codificación de esta entidad; aunado a que, probablemente, tuvo verificativo en esta ciudad (circunscripción territorial en donde ejerce jurisdicción). De lo que se sigue que dicha orden determinación fue emitida por una autoridad con competencia para ello, en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 20, fracción I, 133 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se obtiene que una vez confrontados los argumentos formulados por las partes, el juez responsable confirmó la decisión de no ejercicio de la acción penal, asumida dentro de la carpeta de investigación ********* en atención a que la parte ofendida no combatió las razones de hecho y de derecho que motivaron la resolución reclamada. Pues, el juez responsable expresó las circunstancias especiales y/o razones particulares que tomó en consideración para confirmar la determinación del Agente del Ministerio Público, de esta ciudad, inherente a decretar el no ejercicio de la acción penal, en la aludida indagatoria, así como los preceptos legales que la facultan para ello. Por otra parte, en cuanto al concepto de violación que refiere que la constancia de notificación de cuatro de enero de dos mil veintitrés, no cumplía con las formalidades según el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En dicha actuación, se le notificó el acuerdo o resolución de uno de diciembre de dos mil veintidós, donde la fiscalía federal declinó la competencia a la fiscalía estatal únicamente respecto al delito de fraude genérico, porque la afectación al bien jurídico tutelado es el bien es particular. Es infundado, por lo siguiente: En la audiencia reclamada, se aprecia que el juez responsable señaló que resultaba extemporáneo analizar si era procedente o no que la fiscalía tenía que seguir conociendo del ilícito de fraude y no declinar el asunto a la fiscalía estatal. Pues, en la audiencia reclamada el juez responsable, en lo conducente, señaló: Juez.- Señor fiscal el auto que me dijo notificaron el cuatro de enero del dos mil veintitrés de qué fecha es? Fiscal: La declinación de competencia fue del uno de diciembre de dos mil veintidós. Juez: Señor defensor usted revisó la carpeta de investigación y verificó esta notificación usted hecho? Asesor Jurídico: No tengo conocimiento de dicho hecho. Juez: Bien pero el señor fiscal tiene una constancia de notificación de dicho hecho y en cuanto a esa circunstancia o ese dato usted no ejerció en tiempo o el recurso correspondiente y por tanto no será materia de análisis en este punto, pues yo no tengo en este momento ninguna razón y por lo que advierte usted no ha dado una revisión a la carpeta de investigación y por lo que el propio fiscal me está diciendo en este acto y no creo que me esté mintiendo menos en cámara que va quedar gravado sobre la existencia de la resolución y la constancia de la notificación, por lo que debió ser impugnado en su momento, por eso sobre el tema no me puedo pronunciar por estar fuera de termino. De lo anterior, se aprecia que el quejoso pretende combatir la notificación de cuatro de enero de dos mil veintitrés, en la cual se le hizo saber el acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintidós, donde se declinó la competencia al fiscal estatal a fin de que investigara respecto al desglose de la parte de la denuncia respecto al ilícito de fraude, señalando que no se cumplían la formalidades contenidas en el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, como bien lo hizo saber el juez responsable, le transcurrió el plazo para reclamarla en el recurso correspondiente, y con ello obviamente la determinación respecto a que la fiscalía federal decretó la competencia al fuero estatal únicamente por el delito de fraude. De ahí que, como bien lo hizo saber el juez responsable no es la etapa correspondiente para combatir si fue debidamente o no notificación, atendiendo a que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales es categórico en señalar los supuestos de procedencia, que obviamente no encuadra la notificación, puesto en todo caso sería el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 88 de dicho código. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de criterios 206/2022, determinó que la figura jurídica de la nulidad de la notificación que se prevé en el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentra dispuesta en el Título IV, del Libro Primero, denominado: "Actos Procedimentales", dentro del Capítulo V, que se titula: "Notificaciones y Citaciones"; y se erige como un medio de defensa idóneo para los efectos del principio de definitividad en el juicio de amparo, porque tiene el potencial de nulificar las notificaciones que se practican en el proceso penal acusatorio y oral, y sobre todo, los efectos jurídicos que producen, cuando los promoventes estimen que las coloca en estado de indefensión y no se ajustan a las correspondiente formalidades legales. Asimismo, el Máximo Tribunal del país estableció que el incidente de nulidad ofrece seguridad jurídica a quien se encuentra inmerso en un proceso penal acusatorio y oral, porque no requiere que se acuda a algún ejercicio de interpretación adicional para entender con suficiente claridad, que la procedencia que se dispone es respecto de esas comunicaciones procesales en el supuesto establecido. Ello, porque su sentido gramatical es simple, al poner de manifiesto que su propósito es que dichas comunicaciones procesales se declaren nulas cuando se estime que colocan al promovente en estado de indefensión y no se ajustan a las correspondientes formalidades legales. De igual forma, el Alto Tribunal sostuvo que los requisitos de procedencia del medio de defensa, se encuentran concreta y suficientemente determinados, ya que para conocerlos, únicamente se requiere remitirse al capítulo VII, denominado "Nulidad de Actos Procedimentales", ubicado dentro del mismo Título IV, al que sistemáticamente pertenece el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales; en el que el legislador federal, en sus numerales 97, 98, 101 y 102, señala de manera precisa el plazo, forma, sujetos legitimados y autoridad ante quien se tramita la nulidad de actos procesales en general. Disposiciones legales que son perfectamente aplicables para impugnar las comunicaciones procesales o notificaciones, a través del medio de defensa que prevé el citado artículo 88. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 60/2023 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, registro 2026467, con rubro: "NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 88 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNAR COMUNICACIONES PROCESALES, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En ese contexto, la parte quejosa en el presente concepto de violación aduce que la notificación donde el fiscal declinó la competencia a su similar estatal, respecto del ilícito de fraude genérico, no cumple con las formalidades según el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales; no obstante, de conformidad con los artículos 88, 93, 97 y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales dicha actuación puede ser declarada nula por el órgano jurisdiccional mediante la interposición del incidente de nulidad respectivo. De ahí que, se considera ajustado a derecho lo manifestado por el juez responsable en la audiencia reclamada. Por otra parte, respecto al concepto de violación en el cual plantea el plazo de inició de la prescripción del ilícito de abogados patronos y litigantes, previsto en el artículo 131, fracción I, del Código Penal Federal, señalando a partir de que se comete dicho ilícito y esto es con la presentación de la demanda del juicio mercantil, que le correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien radicó con el número de expediente mercantil 5/2020. De igual forma es infundado; se explica. En principio, con el propósito de sustentar esa convicción es menester señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -al resolver la contradicción de tesis 252/2018- analizó las audiencias del sistema penal acusatorio y en torno a la prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales efectuó las consideraciones siguientes: "69. (.). En el caso, la problemática jurídica a resolver se genera en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la que la víctima u ofendido o su asesor jurídico pueden impugnar -entre otras cosas- la determinación del Ministerio Público de no ejercer la acción penal. En este sentido, la controversia y el debate se genera entre la víctima u ofendido o su asesor jurídico, por una parte, y el Ministerio Público, por la otra. 70. Sin embargo, se estima que los principios de contradicción, oralidad y publicidad rigen también en este caso, porque si bien por regla general la víctima u ofendido y el Ministerio Público tienen intereses coincidentes, que se contraponen con los del imputado, tratándose de la impugnación de la determinación del no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido se sitúan en una posición procesal distinta porque se convierten en contrapartes del Ministerio Público, ya que en esta hipótesis tienen intereses contrarios. Y dado que conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales la impugnación se lleva a cabo en una audiencia, entonces deben regir los mismos principios que en las audiencias en general del proceso penal, pues subsisten las razones que fundamentan estos principios, a saber: existe la misma razón para ventilar esa cuestión bajo el escrutinio y control del público, lo que sólo puede lograrse a través de la oralidad, e imperan las mismas razones que sustentan el principio de contradicción, como lo es la de generar una dinámica que incentive entre las partes con intereses contrarios, en este caso víctima y Ministerio Público, la presentación de argumentaciones lo más apegadas a la verdad y la corrección para evitar su refutación, así como la de brindar a las partes condiciones de igualdad para someter a refutación, de inmediato, los argumentos de la contraria. 71. Por tanto, esta Primera Sala estima que los principios de contradicción, oralidad y publicidad, deben regir plenamente en la audiencia prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la cual la víctima u ofendido o su asesor jurídico pueden impugnar la determinación del no ejercicio de la acción penal. 72. A partir de lo anterior, esta Primera Sala concluye que el Juez de Control, por regla general, no debe consultar la carpeta de investigación cuando evalúa la legalidad de la determinación del Ministerio Público en la que decidió no ejercer acción penal en la audiencia a la que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en la audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de esa carpeta, si el contenido o la existencia de registros concretos es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que en estos casos la consulta debe limitarse al registro o registros controvertidos y no a la totalidad del contenido de la carpeta de investigación. 73. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al Juez juzgar a partir de los elementos que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para acometer la acusación y la defensa, respectivamente. Porque este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Porque conforme al artículo 20, fracción X, constitucional, entre otros, los principios de publicidad, oralidad y contradicción son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado, precede al juicio, por lo que si el Juez consultara la carpeta de investigación, estaría violando tanto su posición institucional en el sistema acusatorio como el principio de contradicción, ya que adoptaría la posición activa que corresponde a las partes. Conclusión que, además, se robustece con la regla prevista en el artículo 258 de ese ordenamiento, que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a esa audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios en la audiencia, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación, el Juez carecería de materia sobre la cual pronunciarse. 74. En este sentido, debe concluirse también que cuando la víctima u ofendido o su asesor jurídico impugnan el no ejercicio de la acción penal en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es factible que presenten los agravios por escrito, pues deben hacerlo oralmente en la audiencia a fin de respetar los principios de contradicción, oralidad y publicidad. 75. Esto, porque en términos del artículo 20 constitucional, las argumentaciones y actuaciones probatorias se presentarán, por regla general, de manera oral en las audiencias, regla que rige en las audiencias previas a juicio, como es el caso, y aunque excepcionalmente se acepten determinadas actuaciones escritas, como lo establece el artículo 52 de ese ordenamiento,(15) no es el caso en esta audiencia, pues no está expresamente previsto en el artículo 258 citado, como sí lo está en los casos en que se acepta excepcionalmente, como en el recurso de apelación en términos del artículo 471 del mismo ordenamiento, que establece que ese recurso debe interponerse por escrito y en ese documento expresarse los agravios.(16) 76. Pero además, como se dijo, no se advierte que en el caso de esa audiencia existan razones para hacer excepciones a los principios de contradicción, publicidad y oralidad, ya que esa impugnación debe estar sometida -por regla general- al escrutinio público, y deben generarse los incentivos epistémicos así como respetarse la igualdad de oportunidades para someter de inmediato a refutación los argumentos de la contraparte, derivados del principio de contradicción, lo que sólo puede conseguirse a través de la oralidad". Las citadas consideraciones originaron la jurisprudencia 1a./J.23/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1112, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. Asimismo, la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones. Porque este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Y porque conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio. Lo que se robustece con la regla prevista en dicho precepto que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a la audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el juzgador carecería de materia sobre la cual pronunciarse". Énfasis añadido. A la luz de las consideraciones que se contienen en la ejecutoria y jurisprudencia reseñadas, fue adecuado que en la resolución reclamada confirmara el no ejercicio de la acción penal con motivo de la prescripción del ilícito denunciado. Pues como se vio, el Máximo Tribunal del país partió de la base que conforme a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las audiencias del proceso penal acusatorio se rigen por los principios de publicidad, oralidad y contradicción. En ese sentido, hizo hincapié que conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales la impugnación del no ejercicio de la acción penal se lleva a cabo en una audiencia; entonces, también deben observarse tales postulados. De manera particular, señaló que cuando la víctima u ofendido o su asesor jurídico impugnan el no ejercicio de la acción penal en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es factible que presenten los agravios por escrito, pues deben hacerlo oralmente en la audiencia a fin de respetar los principios de contradicción, oralidad y publicidad. En ese contexto, atañe al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones. A partir de lo anterior, la Primera Sala del Alto Tribunal sostuvo que el propio artículo 258 en comento establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a la audiencia, lo que evidencia la plena aplicación del principio de contradicción, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación, el juez carecería de materia sobre la cual pronunciarse. Justamente esta última hipótesis se actualizó en el caso concreto, pues aun cuando el asesor jurídico de la víctima compareció a la audiencia, se limitó a externar cuestiones concernientes a la notificación del no ejercicio de la acción penal, y que no se agotó los actos de investigación; sin embargo, no esgrimió argumento alguno para combatir la prescripción, pues no controvirtió las razones por que se decretó prescrita la acción penal, ni siquiera si estaba correcto o no el plazo de inició y cuando feneció el lapso de la media aritmética (cuatro años) del ilícito denunciado. Para evidenciar lo anterior, resulta indispensable transcribir el contenido de la audiencia celebrada el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, dentro del cuadernillo de impugnación a las determinaciones del Ministerio Público 02/2023, donde se confirmó el no ejercicio de la acción penal, específicamente por prescripción de la acción penal; la cual establece: Asesor jurídico: El día primero de diciembre de dos mil veintidós se presenta denuncia y/o querella de hechos, por parte de Jorge Eloy Solís Hernández, en contra de Salvador Bautista Vargas y/o quien resulte responsable, por considerar hechos que pudieran ser constitutivos del delito de fraude genérico, delito de abogados patronos y litigantes y lo que resulte, mencionado también que los antes mencionados se tipifican en el artículo 386, fracción III, y 231, fracción I, y demás relativos al Código Penal Federal, y dentro de la narrativa de los hechos se refiere, que mi representado suscribió un título de crédito de los denominados pagares, por la cantidad de seis millones de pesos, pero que no recibió la contraprestación a cambio de estos seis millones de pesos, ya que se iba a realizar un mutuo entre ellos, por lo que el señor Salvador Bautista Vargas, intenta la vía ejecutiva mercantil, para efecto de obtener el cobro de estos seis millones de pesos, a razón de un interés moratorio del cuatro por ciento mensual, dicho juicio es radicado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, y mi representado fue emplazado el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, en donde se embargaron diversos bienes de forma precautoria y posteriormente se da contestación a dicha demanda el ocho de octubre de dos mil veinte, en donde en los hechos que se sigue narrando mi representado, se manifiesta que se iba a realizar la entrega del título de crédito y se le iban a entregar la cantidad de seis millones de pesos, y de la narrativa se desprende que dicho acto no aconteció y sin embargo se trata de realizar de forma coactiva por la vía judicial el cobro de esta cantidad sin haberla recibido mi representado, por lo que se presenta la denuncia antes mencionada, en específico por los dos delitos a parte de lo que resulte responsable que es el delito de abogados patronos y litigantes y también el fraude en su modalidad 387 fracción III, en el que primero de ellos nos haba de la responsabilidad en que pueden incurrir los representantes o los abogados en invocar alguna ley que no existe, simular diversos actos, cuya pena de prisión es de dos a seis años de prisión, y por lo que hace al fraude en el artículo 387 en su fracción III, se establece una pena de prisión de tres a doce años, sin embargo la representación social realiza algunas diligencias de investigación y notifica el dieciocho de enero del presente año, el no ejercicio de la acción penal por prescripción por lo que hace al delito establecido en el artículo 231, fracción I, del Código Penal Federal, en este caso su señoría el motivo de acudir ante usted a solicitar la revocación de dicho acuerdo y se continúe con la investigación es que no se realizan conductas tendientes a investigar respecto al fraude que establece el artículo 387, fracción III, si no que en este acuerdo únicamente se dirigen hacía el artículo 231, fracción I, del Código Penal Federal y faltan diligencias para poder determinar si existe o no el delito establecido en el 387, fracción III, que establece que el que obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro otorgando endosándole a nombre propio o de otro un documento nominativo a la orden o al portador contra una persona supuesta aunque el otorgante sabe que no ha de pagarle es en donde pudiera encuadrar siendo en que también pudiera encuadrarse en el fraude genérico establecido en el artículo 386, en el que establece que el que comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que este se haya se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza algún lucro indebido, hipótesis que se actualiza a criterio del de la voz, toda vez que se suscribió un título de crédito y no se recibió la contraprestación pactada, por lo que se establece el dolo o el engaño o al menos es lo que tendría que investigar por parte de la fiscalía para poder determinar el no delito, sin embargo no establecer el no ejercicio por la prescripción, sin haber realizado la totalidad de las diligencias o de los actos tendientes a investigar la comisión de un delito, y es por ello su señoría que se le solicita que sea revocado el acuerdo de fecha cinco de enero del presente año dos mil veintitrés, donde la licenciada Yessenia Reyes Jiménez, Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la célula II-3 de la Fiscalía General de la Republica, en la Delegación Estatal de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, emite acuerdo de no ejercicio de la acción penal, por la prescripción de los hechos, previstos en el artículo 231, fracción I, que establece el delito de responsabilidad profesional es cuánto. Fiscal.- Su señoría es preciso hacer las aclaraciones correspondientes, el defensor refiere que no se realizó investigación tendiente a los delitos de fraude y eso es en consecuencia en los hechos derivados más bien en la denuncia de hechos refieren dos hechos distintos, los cuales incluso a criterio del defensor como usted lo escuchó aparecen dos hipótesis distintas, en cuanto al fraude genérico, esta fiscalía no es competente para investigar dicho delito, puesto que la afectación al bien jurídico tutelado es particular por lo tanto no entra en los supuestos establecidos por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en ese sentido se emitió un desglose y una vista correspondiente a la Fiscalía General del Estado, circunstancia que fue notificada directamente a la víctima los hechos narrados del posible fraude genérico se habían hecho del conocimiento a la Fiscalía General del Estado, con las constancias correspondientes para su trámite, se le notificó incluso su señoría. Juez: En qué fecha se le notificó? Fiscal: Se le notificó el cuatro de enero de dos mil veintitrés, esa circunstancia su señoría fue hasta entonces, porque debe de mencionarse que para el esclarecimiento del hecho reprochable que se pudiera conocer en materia federal se llevaron a cabo diversas diligencias, e incluso se trató de localizar a la víctima en diversas ocasiones, solicitándole aplicaciones de denuncia, en las cuales la policía ministerial acudió a su domicilio en diversas ocasiones, se le estuvo intentando localizar y no fue posible, si no es hasta esta fecha del cuatro de enero, es por lo que esta fiscalía considero que el único hecho anunciado en su escrito de denuncia pudiera haberse llevado a cabo en fecha de diez de octubre de dos mil dieciocho, por esa circunstancia es que se consideró que se encontraba prescrito, aunado a eso en la determinación que se le notifica a la defensa, se hace del conocimiento también, que no se puede acreditar la participación de este sujeto puesto que están señalando a la persona con la que realizan el acto mercantil, sin embargo el tipo penal que se analizó y que pudiera ser el único que pudiera haberse encuadrado requiere de un sujeto activo con una calidad específica, de abogado o patrono, que estuviera patrocinándose en ese juicio mercantil y de las constancias que se delegó a la fiscalía no se advierte que el acreedor o demandado se haya el patrocinado por sí mismo para poder tener ese carácter específico, es así que se llegó a la determinación que se impugna en este momento, también en esta misma determinación se advierte que en base a la Ley Orgánica, la Ley de la Fiscalía General de la Republica, nosotros debemos de llevar una investigación eficiente en base a los lineamiento que nos exige nuestra propia institución, en ese sentido si la parte que este denunciado deja de promover o no llega la información necesaria para poder esclarecer los hechos y la investigación que se realiza por parte de esta fiscalía, no nos lleva a una línea de investigación que lleve a los esclarecimiento de los hechos, pues es que se debe de determinar en consecuencia la defensa y el denunciante no proporcionar la información necesaria para poder esclarecer la consecuencia de modo tiempo y lugar, que como es que el señor denunciado era la persona que se estuviera auto promoviendo o que estuviera patrocinando o llevando el litigio de este asunto, si no por el contrario se advierte que él era la persona demandante y representado por diverso abogado, por lo tanto es que se llegó a esta determinación, le voy a recalcar su señoría se estuvo varios meses intentando localizar a la víctima para que siguiera promoviendo y poder esclarecer si es que pudiera existir este auto patrocinio, o alguna situación que le pudiera incriminar al señor, al demandante, quien es la persona que está señalada en su denuncia de origen, y esta circunstancia pues no aconteció, se localizó a la víctima por medio de su abogado, hasta el día diecisiete de enero de la presente anualidad y esta fiscalía realizó todos los actos de investigación conducentes para el esclarecimiento de los hechos por eso es que se llevó a esa determinación, en este tenor su señoría esta fiscalía solicita que no se revoque la determinación. Juez: Señor defensor en cuanto lo que manifestó el fiscal? Asesor jurídico: Respecto a lo que manifiesta la representación social, es en dicha información no obra en el acuerdo de no ejercicio de acción penal, y es por eso que se acede a esta instancia a solicitar la revocación de la misma y sobre todo que estamos hablando de un documento de un título de crédito que está regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la cual es federal, se ejercitó el mismo ante el Juzgado Sexto de Distrito del Poder Judicial de la Federación, son estas las cosas que motivan la impugnación que dichos argumentos o lo vertido por el representante social no obran en los resultando ni en la parte considerativa del acuerdo del no ejercicio de la acción penal, y es por ello que se solicita la revocación de dicho acuerdo, por no contener dicha información, por no haberse demostrado que se investigó y porque si es competente la Fiscalía General de la República, de acuerdo al artículo cuarto, quinto del Código Penal Federal, para poder tener conocimiento de los delitos establecidos en el Código Penal Federal. Juez: Señor fiscal el auto que me dijo que notificaron el cuatro de enero de dos mil veintitrés de qué fecha es? Fiscal: La declinación de competencia del uno de diciembre de dos mil veintidós. Juez: Señor defensor usted revisó la carpeta de investigación y verificó esta notificación usted hecho? Asesor Jurídico: No tengo conocimiento de dicho hecho. Juez: Bien pero el señor fiscal tiene una constancia de notificación de dicho hecho y en cuanto a esa circunstancia o ese dato usted no ejerció en tiempo o el recurso correspondiente y por tanto no será materia de análisis en este punto, pues yo no tengo en este momento ninguna razón y por lo que advierte usted no ha dado una revisión a la carpeta de investigación y por lo que el propio fiscal me está diciendo en este acto y no creo que me esté mintiendo menos en cámara que va quedar gravado sobre la existencia de la resolución y la constancia de la notificación, por lo que debió ser impugnado en su momento, por eso sobre el tema no me puedo pronunciar por estar fuera de termino, ahora bien, la razón fundamental por la que el señor fiscal en relación con el delito previsto por el artículo 231, fracción I, del Código Penal Federal, es una cuestión que dijo el que estaba prescrito el hecho que la ley señala como delito, y yo advierto señor defensor o señor impugnante que solamente me indica pues que el señor fiscal debió haber agotado todas las líneas de investigación, y que debió haber hecho otro trabajo, que no completo las líneas de investigación correspondientes, sin embargo no se ocupó de las razones o de los hechos que motivaron al señor fiscal a declarar la prescripción, esto es que no controvirtió las razone que dio el señor fiscal para efecto de declarar la acción prescripta de la acción penal, en ese hecho en específico, por tal motivo pues yo no puedo entrar de oficio a revisar que es correcto o no es correcto las razones que dio el señor fiscal, puesto que yo me baso en o resuelvo mejor dicho con base en los argumentos que usted en esta sala de audiencias, y en lo particular yo no escuche haya hecho un señalamiento respecto si fue correcto o no fue incorrecto, y las razones que le llevaron a la fiscalía a determinar si estable o no prescrita la acción penal, esto es, si la fecha de comisión del hecho delictivo el término para la prescripción, me dijo que era de cuatro a seis años, de dos a seis años perdón, lo que arroja un término medio aritmético de cuatro año, en determinado momento para determinar la prescripción, pero no se ocupó de si ese computo que hizo la fiscalía era correcto o incorrecto o porque se debía ampliar y en esas condiciones no encuentro una razón para revocar la determinación del señor fiscal puesto que la prescripción por sí misma extingue la acción penal, y si el fiscal advierte que ya está extinta la acción penal, pues no tiene caso que gaste recursos del estado en hacer una investigación de un hecho que ya está prescrito, porque cuando llegue al juzgador el juzgado haga notar esa circunstancia y daría por concluida la causa. De lo anterior se constata, que el asesor jurídico de la víctima no realizó alguna manifestación en cuanto al fondo de la solicitud, a pesar de que externó que el motivo por el que promovió el recurso de control judicial fue para impugnar la resolución ministerial atinente al no ejercicio de la acción penal. Ciertamente, la citada parte procesal no expresó de qué manera la resolución combatida le causaba perjuicio a su representada, pues ni siquiera acotó las razones por la que se decretó el no ejercicio de la acción penal; tampoco esgrimió alguna proposición concreta en cuanto si estaba o no correcto el cómputo de la prescripción; es decir, no controvirtió las cuestiones de la prescripción de la acción penal, únicamente indicó la media aritmética del ilícito que es de cuatro años, que también coincidió con dicha media aritmética con el fiscal. Sin embargo, se reitera no realizó algún planteamiento porque no estaba prescrita la acción penal, si se tenía que ampliar dicho plazo, o si el plazo del cómputo era incorrecto o no, únicamente señaló que no se había agotado la investigación. En suma, el asesor jurídico de la víctima no propuso argumentos a fin de que su contraparte, es decir, el Ministerio Público pudiera conocerlos y controvertirlos. Al no combatir los motivos del no ejercicio de la acción penal con motivo de la prescripción, y que el juez de control no tiene alcance de emprender un estudio oficioso respecto de las determinaciones del agente del Ministerio Público en cuanto al no ejercicio de la acción penal. Se sostiene lo anterior, puesto que, en la ejecutoria que originó la jurisprudencia 1a./J.23/2019 (10a.) se dejó claro que no había razones para que en la audiencia prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimiento Penales dejaran de observarse los principios de contradicción, publicidad y oralidad. De manera textual expuso: "no se advierte que en el caso de esa audiencia existan razones para hacer excepciones a los principios de contradicción, publicidad y oralidad". Sobre todo, el Alto Tribunal del país fue enfático en señalar que el sistema penal acusatorio es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. En ese sentido, puso de realce que el juez de control en la audiencia de la índole en comento no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia. Es cierto que, en la ejecutoria de mérito se sostuvo que la autoridad judicial excepcionalmente pueda consultar registros de la carpeta; empero, ello se acotó a si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes. En más, se precisó que tal consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. De ahí que, el juez de control no puede de manera oficiosa emprender el análisis de la carpeta de investigación, pues como se vio, ello solo es factible cuando se trate de verificar aspectos que sean materia de debate entre las partes. Sin embargo, en el caso concreto, éste no se suscitó debido a la falta de proposiciones del asesor de la víctima. Y es que, como se puso de relieve en párrafos precedentes, en la audiencia que constituyó el acto reclamado, la parte procesal -ahora disidente- no expuso argumentación alguna en torno a la determinación que impugnó, respecto a la prescripción de la acción penal, pues solamente señaló que no se agotó la investigación. Más bien, su pretensión es que el juez de control, de mutuo propio se impusiera de la resolución de no ejercicio de la acción penal, empero, como se vio, ello no es legalmente factible. Incluso, aun en el supuesto de que el asesor de la víctima hubiera expuesto argumentos por escrito -que en el caso no aconteció- ello tampoco lo relevaría de la obligación de exponer argumentos verbales. Acerca de este punto, conviene reiterar que en la ejecutoria de que se viene hablando se aclaró que cuando la víctima u ofendido o su asesor jurídico impugnan el no ejercicio de la acción penal en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales "no es factible que presenten los agravios por escrito, pues deben hacerlo oralmente en la audiencia a fin de respetar los principios de contradicción, oralidad y publicidad". En ese sentido, si en audiencia reclamada el asesor jurídico de la víctima, aquí quejoso, en el debate no combatió los motivos que llevaron al fiscal a decretar el no ejercicio de la acción penal por prescripción, y ante esa omisión o falta de alegatos, este juzgado se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio solicitado por el quejoso, ahora recurrente, en relación a la prescripción de la acción penal; habida cuenta que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, en términos del primer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, pues dicha limitación deriva de la propia naturaleza extraordinaria del juicio de amparo y considerar lo contrario, además de desnaturalizar el objeto del juicio de amparo como medio de revisión constitucional extraordinario, llevaría al extremo de considerar que se erige como otra instancia, lo cual no se concibe, pues su naturaleza no está diseñada con esos fines. Estas consideraciones se apoyan, en lo conducente, en la tesis 1a. CCCXLVIII/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, página 392, con registro digital 2018783, que señala: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE LIMITA SU ADMISIÓN, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El precepto citado, al prever que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, y que no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante aquélla, no transgrede el derecho a la tutela judicial efectiva, pues dicha limitación deriva de la propia naturaleza extraordinaria del juicio de amparo directo, que conlleva que deban desestimarse aquellos razonamientos ajenos y/o novedosos a los que se expresaron en el juicio o procedimiento natural, pues es evidente que la autoridad responsable no puede incurrir en una violación a derechos humanos, respecto de razonamientos o pruebas que no tuvo oportunidad de conocer, esto es, los que no se le hicieron valer en el juicio original ni se ventilaron en los medios ordinarios de defensa. Considerar lo contrario, además de desnaturalizar el objeto del juicio de amparo como medio de revisión constitucional extraordinario, llevaría al extremo de considerar que se erige como una tercera instancia del acto reclamado, lo cual no se concibe, pues su naturaleza no está diseñada con esos fines. En ese tenor, el impedimento técnico que deriva del artículo 75 de la Ley de Amparo, no se traduce en un obstáculo para que el quejoso exprese los argumentos que desee y sí, por el contrario, encuentra una justificación racional y constitucional en la naturaleza del juicio, pues jurídicamente dicha acción constitucional no es un derecho de acción procesal ordinaria penal, civil, laboral o administrativa, sino que es puramente constitucional, ya que nace directamente de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, por lo que va encaminada a controlar el acto de autoridad que se estima violatorio de derechos y no la ley común. Tampoco debe soslayarse que considerar los argumentos que no hubiesen sido planteados en el juicio o procedimiento de origen, en el análisis constitucional de una resolución definitiva implicaría una violación al principio procesal de equidad de las partes del juicio natural, en tanto resolvería sobre la regularidad constitucional de la decisión reclamada, con base en planteamientos respecto de los cuales la contraparte del quejoso en el juicio o procedimiento natural (tercero interesado) no tuvo la oportunidad de pronunciarse o desvirtuar, lo cual, lejos de salvaguardar al juicio como un medio eficaz para proteger y hacer judicialmente efectivos los derechos humanos reconocidos constitucionalmente, se traduciría en un recurso que generaría incertidumbre jurídica e inequidad para los terceros interesados, al dar a su contraparte una nueva oportunidad para hacer valer argumentos que pudieron y debieron haberse planteado en la controversia de origen, lo cual, incluso, es contrario al principio de congruencia externa de las sentencias". No se ignora la existencia de la jurisprudencia 1a./J. 18/99, de la misma Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PUEDE ANALIZARSE EN AMPARO INDIRECTO AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO AL RESPECTO" , por lo que inicialmente pudiera pensarse que se está en aptitud jurídica de realizar el estudio correspondiente. Sin embargo, debe tenerse presente que dicho criterio jurisprudencial fue emitido conforme a la lógica del sistema tradicional o mixto, en el que los elementos probatorios se formalizaban durante la averiguación previa, se enviaban las constancias correspondientes al juez penal -sin la intervención de una autoridad jurisdiccional intermedia- y a partir de ellas se resolvía sobre la existencia del delito y la responsabilidad del imputado; siendo que la jurisprudencia referida deviene inaplicable al caso porque la resolución reclamada fue emitida en la audiencia celebrada en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a las reglas del sistema penal de corte acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Tampoco se soslaya que al resolver el amparo directo en revisión 5325/2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cuatro de mayo de dos mil veintidós, estableció, en lo medular, que la prescripción que es de actualización oficiosa durante cualquier etapa del procedimiento y que no requiere ser sometida al principio de contradicción ni puede exigirse que sea examinada en etapas anteriores a la audiencia de juicio para ser analizada en apelación y en el juicio de amparo directo (es decir, una vez concluido el juicio oral correspondiente). Empero, en dicha ejecutoria no se interpretó el contenido del aludido artículo 258 -que establece al medio de impugnación que se interpone contra la determinación de no ejercicio de la acción penal, emitida por el agente del Ministerio Público- por lo que tal precedente es intrascendente para la resolución de la controversia aquí analizada, a diferencia de la jurisprudencia 1a./J. 23/2019 (10a.), que ya quedó transcrita con anterioridad, pues además de que tiene puntual aplicación al caso. En ese sentido, si bien se confiere la posibilidad de que la determinación del no ejercicio de la acción penal puede ser revocada; empero, para ello, es impretextable que la víctima o a su asesor exponga las razones por las que estime que le causa perjuicio; ello, a fin de que su contraparte las refute y así, generar información para que el juez de control resuelva lo concerniente. Al tenor de las consideraciones expuestas y toda vez que la resolución reclamada se encuentra ajustada a la legalidad, procede negar la protección constitucional al quejoso contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria. Finalmente, conviene señalar que todos los criterios que se han invocado en esta resolución, resultan aplicables al presente asunto, aun cuando algunos de ellos se integraron con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; ya que el artículo Sexto Transitorio del decreto que expidió la mencionada legislación vigente, dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva normativa. De ahí que si los aspectos contenidos en los criterios invocados no son opuestos a los principios y situaciones aquí abordadas, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir en estos puntos de la nueva ley, es evidente que tales razonamientos judiciales cobran aplicabilidad conforme lo dispone el artículo Sexto Transitorio invocado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, fracción II y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la unión no ampara ni protege a J*********z, contra el acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente y a la autoridad responsable por medio de oficio. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui, hoy treinta de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE:Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de octubre de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 421/2023-VII, promovido por *******, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por oficio 568 de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, signado por la Actuaria adscrita al Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual informó que se declinó la competencia del juicio de amparo **/2023, de su índice, promovido por **************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, en funciones de Juez de Control, de quien reclamó: "ACTO RECLAMADO: La resolución de fecha veintitrés de marzo del año en curso, emitida por el Juez De Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Funciones de Juez de Control Juan José Chávez, con número de expediente 2***/2023, consistente en la no revocación la determinación del ministerio público." SEGUNDO. Se recibe demanda. Dicho oficio, con anexos, fue recibido el diecinueve de abril de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este juzgado el veinte, día siguiente. TERCERO.- Derechos humanos que se estiman violentados. El quejoso señaló como derechos vulnerados el contenido en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. Tramitación de la demanda. Previa aclaración de la demanda de amparo, el once de mayo de dos mil veintitrés se admitió a trámite con el consecutivo 421/2023-VII, se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la audiencia constitucional, que se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud que la conducta se atribuye a autoridad residente en esta ciudad, lugar sobre el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda de amparo, informe justificado y pruebas que obran en el juicio de amparo, se precisa que el quejoso reclamó de la autoridad responsable: Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, la audiencia o resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal 2/2023, en la cual se confirmó el no ejercicio de la acción penal emitido por el fiscal. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado (foja 50). Se corrobora lo anterior, con la copia certificada de los autos del expediente penal 2/2023 que adjuntó dicha autoridad responsable; constancias que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo. Con respecto al video remitido contenido en DVD, sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro 2004362, con rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Procedencia del juicio. Previo al estudio de la cuestión planteada se examinara si se actualiza alguna improcedencia del presente juicio, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Debido a que esta juzgadora no advierte la existencia de alguna causa de improcedencia, ni las partes lo alegaron; se analizará el fondo del asunto. QUINTO. Innecesario transcribir los conceptos de violación. La falta de transcripción de los disensos no ocasiona ningún perjuicio al quejoso, dado que se estudiarán las cuestiones de legalidad o inconstitucionalidad planteadas y se resolverá con base en los principios de exhaustividad y congruencia tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Lo anterior, conforme a la Jurisprudencia por contradicción 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 164618, de rubro:"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio de fondo. Resultan infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, aun supliendo la deficiencia de la queja. El impetrante señaló, en lo conducente: Que la resolución reclamada no se encuentra debidamente fundada ni motivada, transgrediendo los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que la constancia de notificación de cuatro de enero de dos mil veintitrés, practicada en la causa penal 1769/2022, (donde se le informó la incompetencia respecto al ilícito de fraude genérico), no cumple con las formalidades contenidas en el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con relación a la fecha de inicio del plazo para prescribir el ilícito (litigantes que no sean ostensiblemente patrocinados por abogados que aleguen a sabiendas hechos falsos de abogado patronos) previsto y sancionado en el artículo 231, fracción I, del Código Penal Federal. A continuación se procede el estudio de dichos conceptos de violación. Es infundado la parte que alega de manera general, que la responsable vulneró el contenido del numeral 14 constitucional; en virtud de que, inobservó las formalidades esenciales del procedimiento y con su decisión dejó de proveer justicia y salvaguardar el estado de derecho, permitiendo que el imputado de manera dolosa afectara su patrimonio. Contrario a lo que refiere, el juez responsable sí atendió las formalidades esenciales del procedimiento al emitir la resolución reclamada. En efecto, de la lectura sistemática del primer párrafo y del apartado A, del artículo 20, de la Constitución Nacional , se advierte que el procedimiento penal se lleva a cabo mediante audiencias públicas, en las que rija plenamente la oralidad y la contradicción entre las partes intervinientes y sólo excepcionalmente podrán realizarse actuaciones escritas. Es así, puesto que la presentación de los argumentos y elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; principios que deben observarse también en las audiencias preliminares al juicio. Por su parte, el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece, en lo que aquí interesa, que la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal deberá ser notificada a la víctima u ofendido, quienes podrán impugnarla ante el Juez de Control respectivo, dentro de los diez días siguientes a su notificación y aquél deberá resolver en definitiva en una sola audiencia. Así, si el procedimiento penal diseñado por el aludido código consta de tres etapas (investigación, intermedia y juicio) y el ejercicio de la acción penal precede a la de juicio; entonces, la audiencia en la que se resuelve sobre la impugnación del no ejercicio de aquella, se verifica antes de la última etapa referida y, por tanto, en su desarrollo deben observarse los principios que rigen dicho sistema; entre ellos, el de oralidad, contradicción e inmediación. Bajo ese contexto, la presentación de los argumentos y contra argumentos de las partes procesales y de los datos en que sustenten sus respectivas posturas, debe ser inmediata, es decir, en la propia audiencia, a fin de someterlos al análisis directo de su contraparte, con el objeto de realzar y sostener el choque adversarial de las pruebas y tener la misma oportunidad de persuadir al juzgador; de modo que ninguno de ellos tendrá mayores prerrogativas en su desahogo. Esto es, a través del principio de inmediación se garantiza la recepción en la audiencia, por el propio juzgador, de los alegatos con los que formará su convicción. De lo que se sigue que los jueces deben resolver las cuestiones que les son planteadas, valorando exclusivamente -por regla general- las argumentaciones y elementos aportados por las partes en la propia audiencia. Ahora bien, del análisis del audio y video de la audiencia celebrada el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en el cuadernillo de impugnación a las determinaciones del fiscal 2/2023, se advierte lo siguiente: - que se procedió a la identificación de las partes y se verificó la autenticidad de las cédulas profesionales. - corroborado lo anterior, se declaró formalmente aperturada la audiencia y se permitió a las partes exponer sus argumentos y contra argumentos, así como los hechos y datos en que sustentaron su postura. - luego, una vez confrontados, el juez responsable procedió a emitir su determinación. De ahí que, contrario a lo que refiere el quejoso, el juez responsable sí siguió las formalidades esenciales del procedimiento; por tal motivo, dicho disenso es infundado. Por otra parte, respecto al motivo de disenso, con relación a la vulneración del artículo 16 constitucional, que la resolución controvertida se encuentra indebidamente fundada y motivada. También es infundado; se explica. Dicho artículo constitucional, consagra además de diversos derechos, los principios de legalidad y seguridad jurídica; directrices que consisten en que el particular tenga la certeza de que el Estado no intervendrá en su esfera de derechos sin justificación y que cuando lo haga, será a través de una autoridad que constitucional y legalmente sea competente para hacerlo, la que tendrá que fundar y motivar su actuar y, además, hacerlo constar por escrito. Bajo esas consideraciones, para que un acto de autoridad tenga validez legal, debe estar suficientemente fundado y motivado. Entendiéndose que el primer aspecto, consagra la obligación de expresar con exactitud los preceptos legales aplicables al caso, sustentados en una disposición normativa de carácter general, esto es, que la ley prevea una situación concreta para lo cual resulte procedente realizar el acto de autoridad; mientras que la exigencia de motivación, se traduce en el señalamiento puntual de las circunstancias especiales, causas inmediatas y razones particulares que se tuvieron en consideración para su emisión. Sustenta lo referido, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Exigencia que tiene como finalidad, evitar que el gobernado quede en estado de indefensión, al no tener conocimiento de qué autoridad es la que en particular está llevando a cabo el acto, si ésta es efectivamente competente para hacerlo, qué disposición normativa fue la que infringió o se le aplicó o qué requisito legal no cumplió y, en caso de que lo decida, tener los insumos mínimos necesarios para saber ante qué autoridad o instancia debe defenderse y qué medios legales o recursos son los idóneos y adecuados para lograrlo. Planteado el anterior marco normativo, se insiste en que el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado. Como punto de partida, debe precisarse que del análisis de la audiencia celebrada el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, dentro del cuadernillo penal de origen, se advierte que la resolución reclamada fue emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control; autoridad competente para resolver el recurso a que alude el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el hecho materia de estudio se encuentra previsto y sancionado en una codificación de esta entidad; aunado a que, probablemente, tuvo verificativo en esta ciudad (circunscripción territorial en donde ejerce jurisdicción). De lo que se sigue que dicha orden determinación fue emitida por una autoridad con competencia para ello, en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 20, fracción I, 133 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se obtiene que una vez confrontados los argumentos formulados por las partes, el juez responsable confirmó la decisión de no ejercicio de la acción penal, asumida dentro de la carpeta de investigación ********* en atención a que la parte ofendida no combatió las razones de hecho y de derecho que motivaron la resolución reclamada. Pues, el juez responsable expresó las circunstancias especiales y/o razones particulares que tomó en consideración para confirmar la determinación del Agente del Ministerio Público, de esta ciudad, inherente a decretar el no ejercicio de la acción penal, en la aludida indagatoria, así como los preceptos legales que la facultan para ello. Por otra parte, en cuanto al concepto de violación que refiere que la constancia de notificación de cuatro de enero de dos mil veintitrés, no cumplía con las formalidades según el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En dicha actuación, se le notificó el acuerdo o resolución de uno de diciembre de dos mil veintidós, donde la fiscalía federal declinó la competencia a la fiscalía estatal únicamente respecto al delito de fraude genérico, porque la afectación al bien jurídico tutelado es el bien es particular. Es infundado, por lo siguiente: En la audiencia reclamada, se aprecia que el juez responsable señaló que resultaba extemporáneo analizar si era procedente o no que la fiscalía tenía que seguir conociendo del ilícito de fraude y no declinar el asunto a la fiscalía estatal. Pues, en la audiencia reclamada el juez responsable, en lo conducente, señaló: Juez.- Señor fiscal el auto que me dijo notificaron el cuatro de enero del dos mil veintitrés de qué fecha es? Fiscal: La declinación de competencia fue del uno de diciembre de dos mil veintidós. Juez: Señor defensor usted revisó la carpeta de investigación y verificó esta notificación usted hecho? Asesor Jurídico: No tengo conocimiento de dicho hecho. Juez: Bien pero el señor fiscal tiene una constancia de notificación de dicho hecho y en cuanto a esa circunstancia o ese dato usted no ejerció en tiempo o el recurso correspondiente y por tanto no será materia de análisis en este punto, pues yo no tengo en este momento ninguna razón y por lo que advierte usted no ha dado una revisión a la carpeta de investigación y por lo que el propio fiscal me está diciendo en este acto y no creo que me esté mintiendo menos en cámara que va quedar gravado sobre la existencia de la resolución y la constancia de la notificación, por lo que debió ser impugnado en su momento, por eso sobre el tema no me puedo pronunciar por estar fuera de termino. De lo anterior, se aprecia que el quejoso pretende combatir la notificación de cuatro de enero de dos mil veintitrés, en la cual se le hizo saber el acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintidós, donde se declinó la competencia al fiscal estatal a fin de que investigara respecto al desglose de la parte de la denuncia respecto al ilícito de fraude, señalando que no se cumplían la formalidades contenidas en el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, como bien lo hizo saber el juez responsable, le transcurrió el plazo para reclamarla en el recurso correspondiente, y con ello obviamente la determinación respecto a que la fiscalía federal decretó la competencia al fuero estatal únicamente por el delito de fraude. De ahí que, como bien lo hizo saber el juez responsable no es la etapa correspondiente para combatir si fue debidamente o no notificación, atendiendo a que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales es categórico en señalar los supuestos de procedencia, que obviamente no encuadra la notificación, puesto en todo caso sería el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 88 de dicho código. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de criterios 206/2022, determinó que la figura jurídica de la nulidad de la notificación que se prevé en el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentra dispuesta en el Título IV, del Libro Primero, denominado: "Actos Procedimentales", dentro del Capítulo V, que se titula: "Notificaciones y Citaciones"; y se erige como un medio de defensa idóneo para los efectos del principio de definitividad en el juicio de amparo, porque tiene el potencial de nulificar las notificaciones que se practican en el proceso penal acusatorio y oral, y sobre todo, los efectos jurídicos que producen, cuando los promoventes estimen que las coloca en estado de indefensión y no se ajustan a las correspondiente formalidades legales. Asimismo, el Máximo Tribunal del país estableció que el incidente de nulidad ofrece seguridad jurídica a quien se encuentra inmerso en un proceso penal acusatorio y oral, porque no requiere que se acuda a algún ejercicio de interpretación adicional para entender con suficiente claridad, que la procedencia que se dispone es respecto de esas comunicaciones procesales en el supuesto establecido. Ello, porque su sentido gramatical es simple, al poner de manifiesto que su propósito es que dichas comunicaciones procesales se declaren nulas cuando se estime que colocan al promovente en estado de indefensión y no se ajustan a las correspondientes formalidades legales. De igual forma, el Alto Tribunal sostuvo que los requisitos de procedencia del medio de defensa, se encuentran concreta y suficientemente determinados, ya que para conocerlos, únicamente se requiere remitirse al capítulo VII, denominado "Nulidad de Actos Procedimentales", ubicado dentro del mismo Título IV, al que sistemáticamente pertenece el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales; en el que el legislador federal, en sus numerales 97, 98, 101 y 102, señala de manera precisa el plazo, forma, sujetos legitimados y autoridad ante quien se tramita la nulidad de actos procesales en general. Disposiciones legales que son perfectamente aplicables para impugnar las comunicaciones procesales o notificaciones, a través del medio de defensa que prevé el citado artículo 88. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 60/2023 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, registro 2026467, con rubro: "NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 88 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNAR COMUNICACIONES PROCESALES, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En ese contexto, la parte quejosa en el presente concepto de violación aduce que la notificación donde el fiscal declinó la competencia a su similar estatal, respecto del ilícito de fraude genérico, no cumple con las formalidades según el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales; no obstante, de conformidad con los artículos 88, 93, 97 y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales dicha actuación puede ser declarada nula por el órgano jurisdiccional mediante la interposición del incidente de nulidad respectivo. De ahí que, se considera ajustado a derecho lo manifestado por el juez responsable en la audiencia reclamada. Por otra parte, respecto al concepto de violación en el cual plantea el plazo de inició de la prescripción del ilícito de abogados patronos y litigantes, previsto en el artículo 131, fracción I, del Código Penal Federal, señalando a partir de que se comete dicho ilícito y esto es con la presentación de la demanda del juicio mercantil, que le correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien radicó con el número de expediente mercantil 5/2020. De igual forma es infundado; se explica. En principio, con el propósito de sustentar esa convicción es menester señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -al resolver la contradicción de tesis 252/2018- analizó las audiencias del sistema penal acusatorio y en torno a la prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales efectuó las consideraciones siguientes: "69. (.). En el caso, la problemática jurídica a resolver se genera en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la que la víctima u ofendido o su asesor jurídico pueden impugnar -entre otras cosas- la determinación del Ministerio Público de no ejercer la acción penal. En este sentido, la controversia y el debate se genera entre la víctima u ofendido o su asesor jurídico, por una parte, y el Ministerio Público, por la otra. 70. Sin embargo, se estima que los principios de contradicción, oralidad y publicidad rigen también en este caso, porque si bien por regla general la víctima u ofendido y el Ministerio Público tienen intereses coincidentes, que se contraponen con los del imputado, tratándose de la impugnación de la determinación del no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido se sitúan en una posición procesal distinta porque se convierten en contrapartes del Ministerio Público, ya que en esta hipótesis tienen intereses contrarios. Y dado que conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales la impugnación se lleva a cabo en una audiencia, entonces deben regir los mismos principios que en las audiencias en general del proceso penal, pues subsisten las razones que fundamentan estos principios, a saber: existe la misma razón para ventilar esa cuestión bajo el escrutinio y control del público, lo que sólo puede lograrse a través de la oralidad, e imperan las mismas razones que sustentan el principio de contradicción, como lo es la de generar una dinámica que incentive entre las partes con intereses contrarios, en este caso víctima y Ministerio Público, la presentación de argumentaciones lo más apegadas a la verdad y la corrección para evitar su refutación, así como la de brindar a las partes condiciones de igualdad para someter a refutación, de inmediato, los argumentos de la contraria. 71. Por tanto, esta Primera Sala estima que los principios de contradicción, oralidad y publicidad, deben regir plenamente en la audiencia prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la cual la víctima u ofendido o su asesor jurídico pueden impugnar la determinación del no ejercicio de la acción penal. 72. A partir de lo anterior, esta Primera Sala concluye que el Juez de Control, por regla general, no debe consultar la carpeta de investigación cuando evalúa la legalidad de la determinación del Ministerio Público en la que decidió no ejercer acción penal en la audiencia a la que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en la audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de esa carpeta, si el contenido o la existencia de registros concretos es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que en estos casos la consulta debe limitarse al registro o registros controvertidos y no a la totalidad del contenido de la carpeta de investigación. 73. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al Juez juzgar a partir de los elementos que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para acometer la acusación y la defensa, respectivamente. Porque este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Porque conforme al artículo 20, fracción X, constitucional, entre otros, los principios de publicidad, oralidad y contradicción son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado, precede al juicio, por lo que si el Juez consultara la carpeta de investigación, estaría violando tanto su posición institucional en el sistema acusatorio como el principio de contradicción, ya que adoptaría la posición activa que corresponde a las partes. Conclusión que, además, se robustece con la regla prevista en el artículo 258 de ese ordenamiento, que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a esa audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios en la audiencia, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación, el Juez carecería de materia sobre la cual pronunciarse. 74. En este sentido, debe concluirse también que cuando la víctima u ofendido o su asesor jurídico impugnan el no ejercicio de la acción penal en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es factible que presenten los agravios por escrito, pues deben hacerlo oralmente en la audiencia a fin de respetar los principios de contradicción, oralidad y publicidad. 75. Esto, porque en términos del artículo 20 constitucional, las argumentaciones y actuaciones probatorias se presentarán, por regla general, de manera oral en las audiencias, regla que rige en las audiencias previas a juicio, como es el caso, y aunque excepcionalmente se acepten determinadas actuaciones escritas, como lo establece el artículo 52 de ese ordenamiento,(15) no es el caso en esta audiencia, pues no está expresamente previsto en el artículo 258 citado, como sí lo está en los casos en que se acepta excepcionalmente, como en el recurso de apelación en términos del artículo 471 del mismo ordenamiento, que establece que ese recurso debe interponerse por escrito y en ese documento expresarse los agravios.(16) 76. Pero además, como se dijo, no se advierte que en el caso de esa audiencia existan razones para hacer excepciones a los principios de contradicción, publicidad y oralidad, ya que esa impugnación debe estar sometida -por regla general- al escrutinio público, y deben generarse los incentivos epistémicos así como respetarse la igualdad de oportunidades para someter de inmediato a refutación los argumentos de la contraparte, derivados del principio de contradicción, lo que sólo puede conseguirse a través de la oralidad". Las citadas consideraciones originaron la jurisprudencia 1a./J.23/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1112, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. Asimismo, la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones. Porque este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Y porque conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio. Lo que se robustece con la regla prevista en dicho precepto que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a la audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el juzgador carecería de materia sobre la cual pronunciarse". Énfasis añadido. A la luz de las consideraciones que se contienen en la ejecutoria y jurisprudencia reseñadas, fue adecuado que en la resolución reclamada confirmara el no ejercicio de la acción penal con motivo de la prescripción del ilícito denunciado. Pues como se vio, el Máximo Tribunal del país partió de la base que conforme a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las audiencias del proceso penal acusatorio se rigen por los principios de publicidad, oralidad y contradicción. En ese sentido, hizo hincapié que conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales la impugnación del no ejercicio de la acción penal se lleva a cabo en una audiencia; entonces, también deben observarse tales postulados. De manera particular, señaló que cuando la víctima u ofendido o su asesor jurídico impugnan el no ejercicio de la acción penal en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es factible que presenten los agravios por escrito, pues deben hacerlo oralmente en la audiencia a fin de respetar los principios de contradicción, oralidad y publicidad. En ese contexto, atañe al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones. A partir de lo anterior, la Primera Sala del Alto Tribunal sostuvo que el propio artículo 258 en comento establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a la audiencia, lo que evidencia la plena aplicación del principio de contradicción, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación, el juez carecería de materia sobre la cual pronunciarse. Justamente esta última hipótesis se actualizó en el caso concreto, pues aun cuando el asesor jurídico de la víctima compareció a la audiencia, se limitó a externar cuestiones concernientes a la notificación del no ejercicio de la acción penal, y que no se agotó los actos de investigación; sin embargo, no esgrimió argumento alguno para combatir la prescripción, pues no controvirtió las razones por que se decretó prescrita la acción penal, ni siquiera si estaba correcto o no el plazo de inició y cuando feneció el lapso de la media aritmética (cuatro años) del ilícito denunciado. Para evidenciar lo anterior, resulta indispensable transcribir el contenido de la audiencia celebrada el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, dentro del cuadernillo de impugnación a las determinaciones del Ministerio Público 02/2023, donde se confirmó el no ejercicio de la acción penal, específicamente por prescripción de la acción penal; la cual establece: Asesor jurídico: El día primero de diciembre de dos mil veintidós se presenta denuncia y/o querella de hechos, por parte de Jorge Eloy Solís Hernández, en contra de Salvador Bautista Vargas y/o quien resulte responsable, por considerar hechos que pudieran ser constitutivos del delito de fraude genérico, delito de abogados patronos y litigantes y lo que resulte, mencionado también que los antes mencionados se tipifican en el artículo 386, fracción III, y 231, fracción I, y demás relativos al Código Penal Federal, y dentro de la narrativa de los hechos se refiere, que mi representado suscribió un título de crédito de los denominados pagares, por la cantidad de seis millones de pesos, pero que no recibió la contraprestación a cambio de estos seis millones de pesos, ya que se iba a realizar un mutuo entre ellos, por lo que el señor Salvador Bautista Vargas, intenta la vía ejecutiva mercantil, para efecto de obtener el cobro de estos seis millones de pesos, a razón de un interés moratorio del cuatro por ciento mensual, dicho juicio es radicado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, y mi representado fue emplazado el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, en donde se embargaron diversos bienes de forma precautoria y posteriormente se da contestación a dicha demanda el ocho de octubre de dos mil veinte, en donde en los hechos que se sigue narrando mi representado, se manifiesta que se iba a realizar la entrega del título de crédito y se le iban a entregar la cantidad de seis millones de pesos, y de la narrativa se desprende que dicho acto no aconteció y sin embargo se trata de realizar de forma coactiva por la vía judicial el cobro de esta cantidad sin haberla recibido mi representado, por lo que se presenta la denuncia antes mencionada, en específico por los dos delitos a parte de lo que resulte responsable que es el delito de abogados patronos y litigantes y también el fraude en su modalidad 387 fracción III, en el que primero de ellos nos haba de la responsabilidad en que pueden incurrir los representantes o los abogados en invocar alguna ley que no existe, simular diversos actos, cuya pena de prisión es de dos a seis años de prisión, y por lo que hace al fraude en el artículo 387 en su fracción III, se establece una pena de prisión de tres a doce años, sin embargo la representación social realiza algunas diligencias de investigación y notifica el dieciocho de enero del presente año, el no ejercicio de la acción penal por prescripción por lo que hace al delito establecido en el artículo 231, fracción I, del Código Penal Federal, en este caso su señoría el motivo de acudir ante usted a solicitar la revocación de dicho acuerdo y se continúe con la investigación es que no se realizan conductas tendientes a investigar respecto al fraude que establece el artículo 387, fracción III, si no que en este acuerdo únicamente se dirigen hacía el artículo 231, fracción I, del Código Penal Federal y faltan diligencias para poder determinar si existe o no el delito establecido en el 387, fracción III, que establece que el que obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro otorgando endosándole a nombre propio o de otro un documento nominativo a la orden o al portador contra una persona supuesta aunque el otorgante sabe que no ha de pagarle es en donde pudiera encuadrar siendo en que también pudiera encuadrarse en el fraude genérico establecido en el artículo 386, en el que establece que el que comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que este se haya se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza algún lucro indebido, hipótesis que se actualiza a criterio del de la voz, toda vez que se suscribió un título de crédito y no se recibió la contraprestación pactada, por lo que se establece el dolo o el engaño o al menos es lo que tendría que investigar por parte de la fiscalía para poder determinar el no delito, sin embargo no establecer el no ejercicio por la prescripción, sin haber realizado la totalidad de las diligencias o de los actos tendientes a investigar la comisión de un delito, y es por ello su señoría que se le solicita que sea revocado el acuerdo de fecha cinco de enero del presente año dos mil veintitrés, donde la licenciada Yessenia Reyes Jiménez, Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la célula II-3 de la Fiscalía General de la Republica, en la Delegación Estatal de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, emite acuerdo de no ejercicio de la acción penal, por la prescripción de los hechos, previstos en el artículo 231, fracción I, que establece el delito de responsabilidad profesional es cuánto. Fiscal.- Su señoría es preciso hacer las aclaraciones correspondientes, el defensor refiere que no se realizó investigación tendiente a los delitos de fraude y eso es en consecuencia en los hechos derivados más bien en la denuncia de hechos refieren dos hechos distintos, los cuales incluso a criterio del defensor como usted lo escuchó aparecen dos hipótesis distintas, en cuanto al fraude genérico, esta fiscalía no es competente para investigar dicho delito, puesto que la afectación al bien jurídico tutelado es particular por lo tanto no entra en los supuestos establecidos por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en ese sentido se emitió un desglose y una vista correspondiente a la Fiscalía General del Estado, circunstancia que fue notificada directamente a la víctima los hechos narrados del posible fraude genérico se habían hecho del conocimiento a la Fiscalía General del Estado, con las constancias correspondientes para su trámite, se le notificó incluso su señoría. Juez: En qué fecha se le notificó? Fiscal: Se le notificó el cuatro de enero de dos mil veintitrés, esa circunstancia su señoría fue hasta entonces, porque debe de mencionarse que para el esclarecimiento del hecho reprochable que se pudiera conocer en materia federal se llevaron a cabo diversas diligencias, e incluso se trató de localizar a la víctima en diversas ocasiones, solicitándole aplicaciones de denuncia, en las cuales la policía ministerial acudió a su domicilio en diversas ocasiones, se le estuvo intentando localizar y no fue posible, si no es hasta esta fecha del cuatro de enero, es por lo que esta fiscalía considero que el único hecho anunciado en su escrito de denuncia pudiera haberse llevado a cabo en fecha de diez de octubre de dos mil dieciocho, por esa circunstancia es que se consideró que se encontraba prescrito, aunado a eso en la determinación que se le notifica a la defensa, se hace del conocimiento también, que no se puede acreditar la participación de este sujeto puesto que están señalando a la persona con la que realizan el acto mercantil, sin embargo el tipo penal que se analizó y que pudiera ser el único que pudiera haberse encuadrado requiere de un sujeto activo con una calidad específica, de abogado o patrono, que estuviera patrocinándose en ese juicio mercantil y de las constancias que se delegó a la fiscalía no se advierte que el acreedor o demandado se haya el patrocinado por sí mismo para poder tener ese carácter específico, es así que se llegó a la determinación que se impugna en este momento, también en esta misma determinación se advierte que en base a la Ley Orgánica, la Ley de la Fiscalía General de la Republica, nosotros debemos de llevar una investigación eficiente en base a los lineamiento que nos exige nuestra propia institución, en ese sentido si la parte que este denunciado deja de promover o no llega la información necesaria para poder esclarecer los hechos y la investigación que se realiza por parte de esta fiscalía, no nos lleva a una línea de investigación que lleve a los esclarecimiento de los hechos, pues es que se debe de determinar en consecuencia la defensa y el denunciante no proporcionar la información necesaria para poder esclarecer la consecuencia de modo tiempo y lugar, que como es que el señor denunciado era la persona que se estuviera auto promoviendo o que estuviera patrocinando o llevando el litigio de este asunto, si no por el contrario se advierte que él era la persona demandante y representado por diverso abogado, por lo tanto es que se llegó a esta determinación, le voy a recalcar su señoría se estuvo varios meses intentando localizar a la víctima para que siguiera promoviendo y poder esclarecer si es que pudiera existir este auto patrocinio, o alguna situación que le pudiera incriminar al señor, al demandante, quien es la persona que está señalada en su denuncia de origen, y esta circunstancia pues no aconteció, se localizó a la víctima por medio de su abogado, hasta el día diecisiete de enero de la presente anualidad y esta fiscalía realizó todos los actos de investigación conducentes para el esclarecimiento de los hechos por eso es que se llevó a esa determinación, en este tenor su señoría esta fiscalía solicita que no se revoque la determinación. Juez: Señor defensor en cuanto lo que manifestó el fiscal? Asesor jurídico: Respecto a lo que manifiesta la representación social, es en dicha información no obra en el acuerdo de no ejercicio de acción penal, y es por eso que se acede a esta instancia a solicitar la revocación de la misma y sobre todo que estamos hablando de un documento de un título de crédito que está regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la cual es federal, se ejercitó el mismo ante el Juzgado Sexto de Distrito del Poder Judicial de la Federación, son estas las cosas que motivan la impugnación que dichos argumentos o lo vertido por el representante social no obran en los resultando ni en la parte considerativa del acuerdo del no ejercicio de la acción penal, y es por ello que se solicita la revocación de dicho acuerdo, por no contener dicha información, por no haberse demostrado que se investigó y porque si es competente la Fiscalía General de la República, de acuerdo al artículo cuarto, quinto del Código Penal Federal, para poder tener conocimiento de los delitos establecidos en el Código Penal Federal. Juez: Señor fiscal el auto que me dijo que notificaron el cuatro de enero de dos mil veintitrés de qué fecha es? Fiscal: La declinación de competencia del uno de diciembre de dos mil veintidós. Juez: Señor defensor usted revisó la carpeta de investigación y verificó esta notificación usted hecho? Asesor Jurídico: No tengo conocimiento de dicho hecho. Juez: Bien pero el señor fiscal tiene una constancia de notificación de dicho hecho y en cuanto a esa circunstancia o ese dato usted no ejerció en tiempo o el recurso correspondiente y por tanto no será materia de análisis en este punto, pues yo no tengo en este momento ninguna razón y por lo que advierte usted no ha dado una revisión a la carpeta de investigación y por lo que el propio fiscal me está diciendo en este acto y no creo que me esté mintiendo menos en cámara que va quedar gravado sobre la existencia de la resolución y la constancia de la notificación, por lo que debió ser impugnado en su momento, por eso sobre el tema no me puedo pronunciar por estar fuera de termino, ahora bien, la razón fundamental por la que el señor fiscal en relación con el delito previsto por el artículo 231, fracción I, del Código Penal Federal, es una cuestión que dijo el que estaba prescrito el hecho que la ley señala como delito, y yo advierto señor defensor o señor impugnante que solamente me indica pues que el señor fiscal debió haber agotado todas las líneas de investigación, y que debió haber hecho otro trabajo, que no completo las líneas de investigación correspondientes, sin embargo no se ocupó de las razones o de los hechos que motivaron al señor fiscal a declarar la prescripción, esto es que no controvirtió las razone que dio el señor fiscal para efecto de declarar la acción prescripta de la acción penal, en ese hecho en específico, por tal motivo pues yo no puedo entrar de oficio a revisar que es correcto o no es correcto las razones que dio el señor fiscal, puesto que yo me baso en o resuelvo mejor dicho con base en los argumentos que usted en esta sala de audiencias, y en lo particular yo no escuche haya hecho un señalamiento respecto si fue correcto o no fue incorrecto, y las razones que le llevaron a la fiscalía a determinar si estable o no prescrita la acción penal, esto es, si la fecha de comisión del hecho delictivo el término para la prescripción, me dijo que era de cuatro a seis años, de dos a seis años perdón, lo que arroja un término medio aritmético de cuatro año, en determinado momento para determinar la prescripción, pero no se ocupó de si ese computo que hizo la fiscalía era correcto o incorrecto o porque se debía ampliar y en esas condiciones no encuentro una razón para revocar la determinación del señor fiscal puesto que la prescripción por sí misma extingue la acción penal, y si el fiscal advierte que ya está extinta la acción penal, pues no tiene caso que gaste recursos del estado en hacer una investigación de un hecho que ya está prescrito, porque cuando llegue al juzgador el juzgado haga notar esa circunstancia y daría por concluida la causa. De lo anterior se constata, que el asesor jurídico de la víctima no realizó alguna manifestación en cuanto al fondo de la solicitud, a pesar de que externó que el motivo por el que promovió el recurso de control judicial fue para impugnar la resolución ministerial atinente al no ejercicio de la acción penal. Ciertamente, la citada parte procesal no expresó de qué manera la resolución combatida le causaba perjuicio a su representada, pues ni siquiera acotó las razones por la que se decretó el no ejercicio de la acción penal; tampoco esgrimió alguna proposición concreta en cuanto si estaba o no correcto el cómputo de la prescripción; es decir, no controvirtió las cuestiones de la prescripción de la acción penal, únicamente indicó la media aritmética del ilícito que es de cuatro años, que también coincidió con dicha media aritmética con el fiscal. Sin embargo, se reitera no realizó algún planteamiento porque no estaba prescrita la acción penal, si se tenía que ampliar dicho plazo, o si el plazo del cómputo era incorrecto o no, únicamente señaló que no se había agotado la investigación. En suma, el asesor jurídico de la víctima no propuso argumentos a fin de que su contraparte, es decir, el Ministerio Público pudiera conocerlos y controvertirlos. Al no combatir los motivos del no ejercicio de la acción penal con motivo de la prescripción, y que el juez de control no tiene alcance de emprender un estudio oficioso respecto de las determinaciones del agente del Ministerio Público en cuanto al no ejercicio de la acción penal. Se sostiene lo anterior, puesto que, en la ejecutoria que originó la jurisprudencia 1a./J.23/2019 (10a.) se dejó claro que no había razones para que en la audiencia prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimiento Penales dejaran de observarse los principios de contradicción, publicidad y oralidad. De manera textual expuso: "no se advierte que en el caso de esa audiencia existan razones para hacer excepciones a los principios de contradicción, publicidad y oralidad". Sobre todo, el Alto Tribunal del país fue enfático en señalar que el sistema penal acusatorio es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. En ese sentido, puso de realce que el juez de control en la audiencia de la índole en comento no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia. Es cierto que, en la ejecutoria de mérito se sostuvo que la autoridad judicial excepcionalmente pueda consultar registros de la carpeta; empero, ello se acotó a si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes. En más, se precisó que tal consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. De ahí que, el juez de control no puede de manera oficiosa emprender el análisis de la carpeta de investigación, pues como se vio, ello solo es factible cuando se trate de verificar aspectos que sean materia de debate entre las partes. Sin embargo, en el caso concreto, éste no se suscitó debido a la falta de proposiciones del asesor de la víctima. Y es que, como se puso de relieve en párrafos precedentes, en la audiencia que constituyó el acto reclamado, la parte procesal -ahora disidente- no expuso argumentación alguna en torno a la determinación que impugnó, respecto a la prescripción de la acción penal, pues solamente señaló que no se agotó la investigación. Más bien, su pretensión es que el juez de control, de mutuo propio se impusiera de la resolución de no ejercicio de la acción penal, empero, como se vio, ello no es legalmente factible. Incluso, aun en el supuesto de que el asesor de la víctima hubiera expuesto argumentos por escrito -que en el caso no aconteció- ello tampoco lo relevaría de la obligación de exponer argumentos verbales. Acerca de este punto, conviene reiterar que en la ejecutoria de que se viene hablando se aclaró que cuando la víctima u ofendido o su asesor jurídico impugnan el no ejercicio de la acción penal en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales "no es factible que presenten los agravios por escrito, pues deben hacerlo oralmente en la audiencia a fin de respetar los principios de contradicción, oralidad y publicidad". En ese sentido, si en audiencia reclamada el asesor jurídico de la víctima, aquí quejoso, en el debate no combatió los motivos que llevaron al fiscal a decretar el no ejercicio de la acción penal por prescripción, y ante esa omisión o falta de alegatos, este juzgado se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio solicitado por el quejoso, ahora recurrente, en relación a la prescripción de la acción penal; habida cuenta que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, en términos del primer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, pues dicha limitación deriva de la propia naturaleza extraordinaria del juicio de amparo y considerar lo contrario, además de desnaturalizar el objeto del juicio de amparo como medio de revisión constitucional extraordinario, llevaría al extremo de considerar que se erige como otra instancia, lo cual no se concibe, pues su naturaleza no está diseñada con esos fines. Estas consideraciones se apoyan, en lo conducente, en la tesis 1a. CCCXLVIII/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, página 392, con registro digital 2018783, que señala: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE LIMITA SU ADMISIÓN, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El precepto citado, al prever que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, y que no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante aquélla, no transgrede el derecho a la tutela judicial efectiva, pues dicha limitación deriva de la propia naturaleza extraordinaria del juicio de amparo directo, que conlleva que deban desestimarse aquellos razonamientos ajenos y/o novedosos a los que se expresaron en el juicio o procedimiento natural, pues es evidente que la autoridad responsable no puede incurrir en una violación a derechos humanos, respecto de razonamientos o pruebas que no tuvo oportunidad de conocer, esto es, los que no se le hicieron valer en el juicio original ni se ventilaron en los medios ordinarios de defensa. Considerar lo contrario, además de desnaturalizar el objeto del juicio de amparo como medio de revisión constitucional extraordinario, llevaría al extremo de considerar que se erige como una tercera instancia del acto reclamado, lo cual no se concibe, pues su naturaleza no está diseñada con esos fines. En ese tenor, el impedimento técnico que deriva del artículo 75 de la Ley de Amparo, no se traduce en un obstáculo para que el quejoso exprese los argumentos que desee y sí, por el contrario, encuentra una justificación racional y constitucional en la naturaleza del juicio, pues jurídicamente dicha acción constitucional no es un derecho de acción procesal ordinaria penal, civil, laboral o administrativa, sino que es puramente constitucional, ya que nace directamente de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, por lo que va encaminada a controlar el acto de autoridad que se estima violatorio de derechos y no la ley común. Tampoco debe soslayarse que considerar los argumentos que no hubiesen sido planteados en el juicio o procedimiento de origen, en el análisis constitucional de una resolución definitiva implicaría una violación al principio procesal de equidad de las partes del juicio natural, en tanto resolvería sobre la regularidad constitucional de la decisión reclamada, con base en planteamientos respecto de los cuales la contraparte del quejoso en el juicio o procedimiento natural (tercero interesado) no tuvo la oportunidad de pronunciarse o desvirtuar, lo cual, lejos de salvaguardar al juicio como un medio eficaz para proteger y hacer judicialmente efectivos los derechos humanos reconocidos constitucionalmente, se traduciría en un recurso que generaría incertidumbre jurídica e inequidad para los terceros interesados, al dar a su contraparte una nueva oportunidad para hacer valer argumentos que pudieron y debieron haberse planteado en la controversia de origen, lo cual, incluso, es contrario al principio de congruencia externa de las sentencias". No se ignora la existencia de la jurisprudencia 1a./J. 18/99, de la misma Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PUEDE ANALIZARSE EN AMPARO INDIRECTO AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO AL RESPECTO" , por lo que inicialmente pudiera pensarse que se está en aptitud jurídica de realizar el estudio correspondiente. Sin embargo, debe tenerse presente que dicho criterio jurisprudencial fue emitido conforme a la lógica del sistema tradicional o mixto, en el que los elementos probatorios se formalizaban durante la averiguación previa, se enviaban las constancias correspondientes al juez penal -sin la intervención de una autoridad jurisdiccional intermedia- y a partir de ellas se resolvía sobre la existencia del delito y la responsabilidad del imputado; siendo que la jurisprudencia referida deviene inaplicable al caso porque la resolución reclamada fue emitida en la audiencia celebrada en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a las reglas del sistema penal de corte acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Tampoco se soslaya que al resolver el amparo directo en revisión 5325/2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cuatro de mayo de dos mil veintidós, estableció, en lo medular, que la prescripción que es de actualización oficiosa durante cualquier etapa del procedimiento y que no requiere ser sometida al principio de contradicción ni puede exigirse que sea examinada en etapas anteriores a la audiencia de juicio para ser analizada en apelación y en el juicio de amparo directo (es decir, una vez concluido el juicio oral correspondiente). Empero, en dicha ejecutoria no se interpretó el contenido del aludido artículo 258 -que establece al medio de impugnación que se interpone contra la determinación de no ejercicio de la acción penal, emitida por el agente del Ministerio Público- por lo que tal precedente es intrascendente para la resolución de la controversia aquí analizada, a diferencia de la jurisprudencia 1a./J. 23/2019 (10a.), que ya quedó transcrita con anterioridad, pues además de que tiene puntual aplicación al caso. En ese sentido, si bien se confiere la posibilidad de que la determinación del no ejercicio de la acción penal puede ser revocada; empero, para ello, es impretextable que la víctima o a su asesor exponga las razones por las que estime que le causa perjuicio; ello, a fin de que su contraparte las refute y así, generar información para que el juez de control resuelva lo concerniente. Al tenor de las consideraciones expuestas y toda vez que la resolución reclamada se encuentra ajustada a la legalidad, procede negar la protección constitucional al quejoso contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria. Finalmente, conviene señalar que todos los criterios que se han invocado en esta resolución, resultan aplicables al presente asunto, aun cuando algunos de ellos se integraron con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; ya que el artículo Sexto Transitorio del decreto que expidió la mencionada legislación vigente, dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva normativa. De ahí que si los aspectos contenidos en los criterios invocados no son opuestos a los principios y situaciones aquí abordadas, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir en estos puntos de la nueva ley, es evidente que tales razonamientos judiciales cobran aplicabilidad conforme lo dispone el artículo Sexto Transitorio invocado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, fracción II y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la unión no ampara ni protege a J*********z, contra el acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente y a la autoridad responsable por medio de oficio. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui, hoy treinta de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexo de cuenta, signado por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite un disco versátil compulsado en formato DVD (por sus siglas en inglés), que contiene la audiencia de impugnación ********************, de veintitrés de marzo del presente año, agréguese para los fines legales procedentes. Cúmplase. Lo proveyó y firma **********, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante **********, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.lavh
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