Jorge Eduardo Torres Sanchez
Expediente 667/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 667/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 20/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jorge Eduardo Torres Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veinte de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de treinta de enero de dos mil veintitrés, en que se sobreseyó, en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable y a la defensora público estatal. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a treinta de enero de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 667/2022-V, promovido por **********. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El veintiocho de julio de dos mil veintidós, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por **********, la cual fue recibida en la misma data en este órgano jurisdiccional. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, precisando como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: [.] III. AUTORIDAD RESPONSABLE: SEÑALO COMO TAL AL LIC. JUEZ DEL TRIBUNAL DE EJECUCIÓN DE PENAS EN FUNCIONES DEL SISTEMA TRADICIONAL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. IV. LA OMISIÓN DE CELEBRAR LA AUDIENCIA PENDIENTE EN ENERO DE 2020 PARA LA CONCESIÓN DEL BENEFICIO DE REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL EN LA CAUSA PENAL 1778/2010. [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 8, 14, 16, 17, 18, 20 y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo 667/2022-V; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a su asesora jurídica, licenciada Elizabeth Bucio Ortiz y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Cuarto. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós (foja 180), se ordenó notificar mediante lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables, el oficio SEAD/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza **********, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Luego, el veinte de diciembre de dos mil veintidós, en virtud de que el quejoso se encontraba privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 18 "CPS Coahuila", en Ramos Arizpe, Coahuila, se ordenó librar exhorto a efecto de notificarle dicha designación, diligencia que no fue posible realizar al haber obtenido el justiciable su libertad, de ahí que se ordenó su notificación por lista; sin que las partes hayan efectuado manifestación alguna Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto de que se duele el quejoso, es La omisión de celebrar la audiencia en la que se resuelva sobre un beneficio preliberacional a favor del sentenciado Jorge Eduardo Torres Sánchez, en la carpeta de ejecución 551/2013, relacionada con la causa penal 1778/2010. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente y del cual se procederá a su análisis a lo largo de esta sentencia. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, indicó que es cierto el acto que le endilga el quejoso; remitiendo al efecto copia certificada de la carpeta de ejecución 551/2013. Documental pública que merece valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Análisis de hipótesis de improcedencia. Procede analizar las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo en cita. En ese sentido, este órgano advierte que en la especie ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Conforme a dicha causal la acción de amparo se torna improcedente cuando los efectos del acto reclamado son destruidos de forma total e incondicional, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de su emisión, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional y sin dejar huella en su esfera jurídica. En apoyo a las anteriores consideraciones se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, de junio de 1999, página 38, registro digital 193758, que a la letra dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Para arribar a dicha conclusión basta destacar como antecedentes de los actos reclamados, los siguientes: 1. El seis de enero de dos mil veintidós, el Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, tuvo a la defensora público penal del quejoso Jorge Eduardo Torres Sánchez, solicitando se fijara fecha y hora para celebrar audiencia informativa con su patrocinado; así como que se peticionara al Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciocho "CPS Ramos Arizpe", Coahuila, el cumplimiento del plan de actividades, partida jurídica e informe de conducta y disciplina. 2. El doce de abril de dos mil veintidós, una vez que se recabaron diversos estudios del quejoso, se fijaron fecha y hora para debatir sobre la concesión de un beneficio preliberacional a favor del sentenciado, audiencia que se difirió en diversas ocasiones a efecto de recabar diversa información. 3. El veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, el Juzgador de origen celebró audiencia relativa a la carpeta de ejecución 551/2013, toca 28/2013, juicio oral 10/2012 y causa penal 1178/2010, en la que se debatió sobre el beneficio preliberacional solicitado por **********, por el delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de las víctimas de iniciales **********. y **********.; así como el diverso de homicidio con penalidad agravada cometido en perjuicio de **********.. El Juez hizo constar que al justiciable se le instruyeron las diversas causas penales 1172/2009, carpeta de ejecución 407/2009, en la que el tres de diciembre de dos mil nueve, el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, dictó sentencia condenatoria en contra del quejoso, por el delito de robo calificado, imponiéndole la pena de un año y cuatro meses de prisión, la cual se declaró extinguida el catorce de febrero de dos mil once. La causa penal 1187/2009, carpeta de ejecución 49/2010, en la que el seis de enero de dos mil diez, el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, dictó sentencia condenatoria en contra del quejoso, por el delito de robo calificado, imponiéndole la pena de un año y cuatro meses de prisión. La causa penal 1176/2009, carpeta de ejecución 149/2010, en la que el seis de marzo de dos mil diez, el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, dictó sentencia condenatoria en contra del quejoso, por el delito de robo calificado, imponiéndole la pena de un año y cuatro meses de prisión. La causa penal 1570/2009, carpeta de ejecución 110/2010, en la que el once de marzo de dos mil diez, el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, dictó sentencia condenatoria en contra del quejoso, por el delito de robo calificado, imponiéndole la pena de un año y cuatro meses de prisión. La causa penal 1188/2009, carpeta de ejecución 194/2010, en la que el veintiséis de mayo de dos mil diez, el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, dictó sentencia condenatoria en contra del quejoso, por el delito de robo calificado, imponiéndole la pena de un año y cuatro meses de prisión. Luego, el dos de marzo de dos mil once, se ordenó la acumulación de penas 1187/2009, 1176/2009, 1570/2009 y 1188/2009, relacionadas con las carpetas de ejecución 49/2010, 149/2010, 110/2010 y 194/2010, señalando como fecha de compurgación el veintinueve de noviembre de dos mil trece, data en la que se declararon extinguidas las penas ahí impuestas. La causa penal 1488/2009, carpeta de ejecución 68/2011, en la que el nueve de septiembre de dos mil diez, el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, dictó sentencia condenatoria en contra del quejoso, por el delito de robo calificado, imponiéndole la pena de un año y cuatro meses de prisión; la cual se tuvo por compurgada el veinticinco de agosto de dos mil catorce. En este sentido, por lo que hace a las penas declaradas por compurgadas el Juez de origen ordenó la inmediata libertad del quejoso. Enseguida, por lo que hace a la carpeta de ejecución 551/2013, que deriva de la causa penal 1778/2010, el Juez determinó procedente conceder a Jorge Eduardo Torres Sánchez, el beneficio de la libertad condicional, fijando las obligaciones para ello y ordenando su libertad. Asimismo, a través del ocurso 9322/2022, remitió copia certificada del diverso SSPC/PRS/CPF18/DG/11837/2022, de veinticuatro de diciembre de dos mil veintidós, suscrito por el Director Jurídico del Centro Federal de Readaptación Social Número 18 "CPS Coahuila", del que se desprende que en la misma data el justiciable obtuvo su libertad. Luego, lo resuelto el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, y sus efectos, trascienden ineludiblemente a los actos reclamados en este juicio, pues en audiencia celebrada en dicha data se resolvió sobre el beneficio preliberacional peticionado por el justiciable, concediéndole el beneficio de la libertad condicional y obteniendo su libertad el veinticuatro siguiente. Por ello, este órgano encuentra una barrera jurídica para analizar los autos reclamados, merced a lo resuelto el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, que alteró la situación jurídica que entonces regía la etapa de ejecución del proceso penal, de guisa que la omisión impugnada inicialmente ya no tendrá las consecuencias jurídicas que impulsaron a la parte quejosa a promover este juicio constitucional. En sustento a lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, de febrero de 1998, página 210, registro digital 196820, del contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, por propio derecho, contra los actos reclamados y la autoridad responsable precisada en el considerandos tercero y cuarto de este fallo, por las razones ahí vertidas. Notifíquese por lista electrónica; a la asesora jurídica del quejoso y a la autoridad señalada como responsable a través de oficio. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto el ocurso que remite el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, Encargado del Despacho, con sede en Saltillo, téngasele devolviendo sin diligenciar la comunicación oficial 346/2022 de la estadística de este órgano jurisdiccional; háganse las anotaciones correspondientes en el sistema integral de seguimiento de expedientes. En este tenor, se advierte la imposibilidad que imperó para notificar al quejoso ********** el proveído de veinte de diciembre pasado, pues atento a lo expresado en la constancia actuarial de once de actual, el justiciable egresó del centro penitenciario donde guardaba reclusión. Por tal motivo, se ordena que la notificación del proveído de veinte de diciembre pasado, así como las subsecuentes de carácter personal, se realicen por medio de lista que se publica en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del numeral 26, fracción III; de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE:iudad Juárez, Chihuahua; a diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto el ocurso que remite el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, Encargado del Despacho, con sede en Saltillo, téngasele devolviendo sin diligenciar la comunicación oficial 346/2022 de la estadística de este órgano jurisdiccional; háganse las anotaciones correspondientes en el sistema integral de seguimiento de expedientes. En este tenor, se advierte la imposibilidad que imperó para notificar al quejoso ********** el proveído de veinte de diciembre pasado, pues atento a lo expresado en la constancia actuarial de once de actual, el justiciable egresó del centro penitenciario donde guardaba reclusión. Por tal motivo, se ordena que la notificación del proveído de veinte de diciembre pasado, así como las subsecuentes de carácter personal, se realicen por medio de lista que se publica en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del numeral 26, fracción III; de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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