Jorge Alejandro Garcia Ochoa
Expediente 978/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 978/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Alejandro Garcia Ochoa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. "2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO" OF. 26261. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EN TURNO. Para el ulterior trámite del recurso de revisión interpuesto por Erick Alejandro Morales Vargas apoderado jurídico del quejoso Jorge Alejandro García Ochoa, contra la sentencia emitida el cuatro de octubre del año en curso, en la que se sobreseyó el juicio de amparo II-978/2023-AD; remito lo siguiente: El original del juicio de amparo 978/2023; Escrito y copia de expresión de agravios en el que consta la firma de la recurrente, y el sello de recibo de oficialía de partes de este juzgado. Un tomo de pruebas. Un disco compacto. Asimismo, solicito atentamente ordene a quien corresponda acuse el recibo correspondiente. Sin otro particular, reitero mi más atenta y distinguida consideración. MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. A T E N T A M E N T E : EL JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN MAESTRO EN AMPARO JOSÉ RAMÓN ROCHA GONZÁLEZ FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Oscar Hernández García
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 10 de noviembre del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese copia del escrito signado por ********************apoderado jurídico de ********************, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada el cuatro de octubre del año en curso; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia del escrito de expresión de agravios. En consecuencia, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada por este juzgado y una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado correspondiente, dentro de los tres días siguientes, enviándose al efecto el original y copia del escrito de agravios. Notifíquese por lista, personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del cuatro de octubre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 978/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental allegada por el quejoso y con la exhibida por la Juez Segundo Laboral de la Región Judicial Morelia; asimismo con el disco compacto aportado por la citada autoridad. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente los formuló la parte quejosa. El juez acuerda: Se tienen por reproducidos los mismos y por precluído el derecho de las demás partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ********************, por conducto de su representante legal ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juzgado Segundo Laboral, con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 978/2023, en proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. El seis de septiembre de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de tercero interesado a ********************; finalmente, se celebró la audiencia constitucional correspondiente, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados son atribuidos a una autoridad con residencia en el territorio en que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, se advierte que el acto reclamado a la Juez Segundo Laboral de la Región Judicial de Morelia, Michoacán, consiste en: El auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************, promovido por ******************** en contra de ********************, mediante el cual, se dejó sin efectos la citación para sentencia ordenada en la audiencia de juicio celebrada el dieciocho del citado mes y año. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Segundo Laboral de la Región Judicial de Morelia, Michoacán, con residencia en esta ciudad, por así manifestarlo al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que integran el expediente ********************, así como dos discos ópticos; que envió, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este Juzgado de Distrito advierte, que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV en relación con los artículos 17 y 18 de la ley de Amparo. En efecto, los referidos numerales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Del citado precepto se obtiene -esencialmente- que el juicio de amparo resulta improcedente, contra normas generales o actos de autoridad, respecto de los cuales no se haya promovido el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley, lo que implica el consentimiento tácito de los actos reclamados para efectos de la procedencia de juicio constitucional. El artículo 17 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Del precepto citado deriva, que el término genérico para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo que se actualice alguno de los supuestos enunciados en el propio precepto, en cuyo caso habrá que atenderse al plazo específico ahí señalado. En la especie, el acto reclamado se hizo consistir en el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************, promovido por ******************** en contra de ********************, mediante el cual, dejó sin efectos la citación para sentencia ordenada en la audiencia de juicio celebrada el dieciocho del citado mes y año, bajo la consideración toral consistente en que se requerían mayores elementos para el esclarecimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos en el juicio y por ende ordenó recabar diversos medios de prueba. Por tanto, resulta evidente que ese acto no se encuentra en algunos de los casos de excepción que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, de modo que el término con el que contaba la parte quejosa para impugnar la resolución en cita, es de quince días. Para tal efecto, tenemos que el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Conforme a este numeral, el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo previsto en diverso 17 del mismo ordenamiento, para la promoción del juicio de amparo: a). A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame. b). A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de su acto de ejecución. c). A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Bajo ese contexto, de las constancias que obran en el asunto de que se trata, se advierte que el proveído de veinticuatro de mayo de dios mil veintitrés, y que constituye el acto reclamado, fue notificado a la parte quejosa mediante notificación personal que se realizó el veinticinco de ese mismo mes y año a su representante legal ********************, según se advierte de la notificación respectiva, del tenor literal siguiente: Por tanto, la regla que debe aplicarse para computar el término para la presentación de la demanda de amparo, es la establecida en el artículo 18, primer supuesto, de la Ley de la Materia, es decir, a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación a la parte quejosa del acto reclamado, ya que de las citadas constancias se advierte que es parte dentro del procedimiento de origen y como tal, le fue practicada la notificación de la resolución combatida en la presente instancia, en los términos prevenidos en la Ley Federal del Trabajo. Así las cosas, tenemos que el artículo 747del citado ordenamiento dispone lo siguiente: "Artículo 747. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente: I. Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la Ley; y II. Las demás; al día siguiente al de su publicación en el Boletín, o en la lista que se publique en los estrados del Tribunal; III. En dos días las que se realicen al buzón electrónico, y IV. Las realizadas por vía electrónica, se harán al buzón electrónico asignado a cada una de las partes, cuando se genere la constancia de la consulta realizada, la cual, por una parte, el órgano jurisdiccional digitalizará para el expediente electrónico y, por otra, hará una impresión que agregará al expediente impreso correspondiente como constancia de notificación. Se entiende generada la constancia cuando el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales locales, produzca (sic) el aviso de la hora en que se recupere la determinación judicial correspondiente, contenida en el archivo electrónico." Como se ve, las notificaciones personales surtirán efectos el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la Ley; lo que implica que la notificación a la parte quejosa de la resolución reclamada de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, practicada el veinticinco de mayo siguiente, surtió plenamente sus efectos este último día. En ese orden, si la referida notificación se realizó a la promovente del amparo en la fecha antes indicada, de manera personal (foja153 del Tomo de pruebas), y la demanda de amparo fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, -lo que se desprende de la evidencia criptográfica respectiva- es indudable que su presentación resulta extemporánea, al haber fenecido con exceso el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para tal efecto. Esto, pues dicho término empezó a contar el veintiséis de mayo de la anualidad que corre (día siguiente al en que surtió sus efectos) y concluyó el quince de junio siguiente, descontándose en dicho lapso sábados y domingos por ser inhábiles. Por ende, el acto reclamado debe considerarse tácitamente consentido para los efectos del juicio constitucional, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, y, por tanto, procede sobreseer en el juicio, en términos del diverso 63, fracción V, de dicha ley. Sin que obste estimar lo anterior, el hecho que la parte quejosa en el escrito inicial de demanda, manifestara que fue notificado el tres de julio del presente año, pues como se observó fue notificado de manera personal por conducto de su representante el veinticinco de mayo del mismo año. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por conducto de su representante legal ********************, en contra de la autoridad y actos que quedaron precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por los motivos expresados en el considerando cuarto del propio fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
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