Jorge Alvarez Banderas
Expediente 127/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 127/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Alvarez Banderas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/1998/2021 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del veintiuno de julio de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 127/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con un escrito de la parte quejosa registrado bajo el número 9347, y con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes, y provéase lo relativo al escrito del quejoso en el apartado correspondiente. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que anexó a sus informes el apoderado legal del Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, así como con las que exhibió el quejoso con su escrito de cuenta y sus diversos escritos. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsable y por la parte quejosa. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con el escrito del quejoso registrado bajo el número 9347, mediante el cual realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos; asimismo, hace constar que tanto la autoridad responsable como la parte quejosa formularon los alegatos de su intención. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente el escrito presentado por el quejoso, mediante el cual realiza manifestaciones en vía de alegatos; asimismo, se tienen por formulados los diversos alegatos formulados por el quejoso y por la autoridad responsable, y se declara precluido el derecho de la agente del Ministerio Público de la Federación para formular los que a su parte corresponde. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Jorge Álvarez Banderas, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán. Actos que estimó violatorios de los artículos 1º, 8º y 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Segundo. Trámite del juicio. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 127/2021, se admitió mediante proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de trece de abril de dos mil veintiuno, se tuvo al quejoso ampliando su demanda respecto de un acto vinculado con el inicialmente reclamado, consistente en la falta de respuesta a la petición que formuló vía correo electrónico el veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos omisivos se reclaman a una autoridad que reside dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda y su ampliación, se advierte que Jorge Álvarez Banderas, reclama del Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, lo siguiente: La omisión de dar respuesta a la solicitud presentada por Miguel Maximiliano Guzmán Abrego, en cuanto representante de la sección sindical de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales SPUM, presentada ante la autoridad responsable el diecinueve de enero de dos mil veintiuno; y, Como acto vinculado al inicialmente reclamado, la omisión de dar respuesta a la diversa petición formulada por el quejoso a la misma autoridad, y remitida vía correo electrónico el veintisiete de febrero de dos mil veintiuno. Tercera. Existencia de los actos reclamados. El apoderado legal del Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al rendir sus informes justificados respecto de las omisiones reclamadas por el quejoso, negó la existencia de los actos reclamados, pues, por una parte, refirió que el peticionario del amparo carece de interés jurídico y legítimo porque respecto de la petición inicialmente reclamada, no acreditó ser apoderado o representante de Miguel Maximiliano Guzmán Abrego, por lo que no tiene legitimación para promover el presente juicio, y por otra, que sí se dio respuesta a la diversa petición enviada vía correo electrónico por el citado quejoso. Sin embargo, un aspecto es el tema del interés legítimo y jurídico y otro diverso la existencia de los actos reclamados, que en este caso deben tenerse por ciertos, pues a la fecha de presentación de la demanda y su ampliación, no existía respuesta alguna. Lo que se corrobora con las propias manifestaciones de la autoridad responsable, vertidas en sus informes justificados y las documentales que vía electrónica acompañó a los mismos, así como con las constancias que por la misma vía acompañó el quejoso a su demanda y ampliación de la misma, consistentes en copia del escrito y del correo electrónico que contienen las peticiones que reclama. Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Interés. La autoridad responsable Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de su apoderado legal, señala que en la especie, respecto del acto reclamado identificado con el ordinal I, consistente en la omisión de dar respuesta a la petición presentada el diecinueve de enero de dos mil veintiuno por Miguel Maximiliano Guzmán Abrego, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque el quejoso no demostró ni siquiera de forma presuntiva autorización o mandato por parte del solicitante original, ni acreditó ser apoderado o representante del mismo, por lo que no cuenta con interés jurídico ni legitimo para presentar demanda de amparo y solicitar la respuesta sobre la solicitud efectuada por la citada persona. La causal invocada resulta fundada, aunque por distintas razones a las expuestas por la autoridad responsable, como se verá a continuación. En primer término, debe precisarse que el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo); asimismo, que el interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. Precisado lo anterior, en primer lugar procede determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y al respecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, Novena Época, registro 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4º. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Pues bien, para pedir amparo la parte quejosa debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte que deben concurrir los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes [esfera de derechos], los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019, visible en la página 1598 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materia Común, Décima Época, registro 2019456; que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Concluyendo, la citada condición -como todas las previstas como improcedencias del juicio- al ser un presupuesto procesal es de estricta aplicación, el cual debe ser observado y valorado de forma contundente, real, material u objetiva y nunca establecer su existencia con base en presunciones ni comprendiendo en ellas casos distintos a los contemplados en las hipótesis previstas para tal efecto, pues su actualización acarrea consecuencias extremas para el solicitante de la protección constitucional. En ese orden, el interés jurídico está relacionado con el derecho afectado, por tal motivo no puede inferirse con base en presunciones, por tanto el promovente del juicio debe demostrar a plenitud ser el titular de ese derecho, así como que los daños o perjuicios afectan real y efectivamente los bienes amparados en su favor. Sin embargo, en el caso que nos ocupa la parte quejosa no acredita fehacientemente el interés jurídico que le asiste para reclamar el acto relacionado con la omisión de dar respuesta a la petición formulada el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, por Miguel Maximiliano Guzmán Abrego, pues al efecto cabe precisar que los elementos del denominado derecho de petición son: 1) Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; 2) Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; y, 3) El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. En ese sentido, si el acto reclamado en el amparo lo constituye la omisión de la autoridad responsable a dar respuesta al escrito que contiene la petición de Miguel Maximiliano Guzmán Abrego, es inconcuso que no se satisface el primer elemento citado pues para que se dé la conducta omisiva reclamada se requiere, necesaria y previamente, la existencia de la solicitud del particular, en este caso del quejoso Jorge Álvarez Banderas, y no de diversa persona. De ahí que no sea suficiente que el gobernado aduzca que la omisión reclamada viola sus derechos fundamentales y afecta su interés jurídico al no obtener respuesta por parte de la autoridad responsable a la petición realizada por Miguel Maximiliano Guzmán Abrego, ya que el derecho de petición es un derecho residual y se constriñe a obtener una respuesta de la autoridad a quien se dirige la petición, de ahí que no puedan incluirse otros derechos, y eso incluye a los que se contienen en la petición en sí. En segundo término, para sustentar que el quejoso carece de interés legítimo, tenemos que retomar lo establecido por la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 ya citada con antelación, la cual se trae nuevamente a contexto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Criterio que señala como elementos del interés legítimo los siguientes: a) Que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) Que el promovente pertenezca a esa colectividad. En el caso a estudio, no se advierte que el acto reclamado afecte un derecho colectivo o difuso, dado que quien hoy resuelve no advierte que el artículo 8º Constitucional contemple un derecho difuso, esto es, no tiene una dimensión colectiva como lo tienen otros derechos, como los económicos, sociales o culturales, sino que se trata de un derecho individual, en función del cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta, previa presentación de la misma ante la autoridad competente; de ahí que no exista un interés legítimo a favor del quejoso respecto de la petición realizada por Miguel Maximiliano Guzmán Abrego. En efecto, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Cinco Pensionistas" Vs Perú, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconocen que los derechos económicos, sociales y culturales tienen disposición individual y colectiva; esto es, las disposiciones constitucionales y las disposiciones de los tratados internacionales que en ellas se contienen son las normas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación denomina como aquellas que tutelan un derecho colectivo o difuso. Apoya lo anterior la tesis CXXVII/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 219 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Décima Época, registro 2025232 del epígrafe y texto: "DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. FORMA DE ACREDITAR LA EXISTENCIA DE LAS MEDIDAS REGRESIVAS DE RESULTADOS Y NORMATIVA. Puede distinguirse entre dos tipos de regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales: 1) la de resultados, que se presenta cuando las consecuencias de una política pública empeoran la satisfacción de un derecho social; y, 2) la normativa, cuando una norma posterior suprime, limita o restringe los derechos o beneficios otorgados anteriormente al amparo del derecho social. En ese sentido, para acreditar una regresividad de resultados es necesario demostrar que: i) existe una menor satisfacción generalizada del derecho, ya que como lo sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Cinco Pensionistas" Vs. Perú, los derechos económicos, sociales y culturales tienen una dimensión tanto individual como colectiva, por lo que es necesario demostrar que existe una regresión hacia un grupo o una demarcación territorial, siendo insuficiente para ello que sólo se haya afectado a ciertos individuos; ii) los quejosos se encuentran afectados por esa regresión generalizada; y, iii) la medida sea la causa de la regresión de la que se duelen los quejosos. En cambio, para acreditar la regresividad normativa sólo debe demostrarse que algún derecho económico, social o cultural, o alguna prestación de la que eran titulares los quejosos les fue suprimida, limitada o restringida, de conformidad con el contenido de una disposición normativa." Asimismo, como ejemplos de la dimensión colectiva o difusa de tales normas o derechos, tenemos los siguientes criterios: "Registro digital: 2018635 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CCXCII/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 308 Tipo: Aislada DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. SU DIMENSIÓN COLECTIVA Y TUTELA EFECTIVA. El derecho humano a un medio ambiente sano posee una dimensión individual, pues su vulneración puede tener afectaciones directas e indirectas sobre las personas en conexidad con otros derechos como a la salud, a la integridad personal o a la vida, entre otros, pero también cuenta con una dimensión colectiva, al constituirse como un interés universal que se debe a generaciones presentes y futuras. No obstante, el reconocimiento de la naturaleza colectiva y difusa de este derecho humano, no debe conducir al debilitamiento de su efectividad y vigencia, ni a la ineficacia de las garantías que se prevén para su protección; por el contrario, conocer y entender esta especial naturaleza debe constituir el medio que permita su tutela efectiva a través de un replanteamiento de la forma de entender y aplicar estas garantías." "Registro digital: 2012524 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. LXXXIV/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, página 838 Tipo: Aislada DERECHO A LA INFORMACIÓN. DIMENSIÓN INDIVIDUAL Y DIMENSIÓN COLECTIVA. El derecho a la información tiene una doble dimensión. Por un lado, tiene una dimensión individual, la cual protege y garantiza que las personas recolecten, difundan y publiquen información con plena libertad; formando parte indisoluble de la autodeterminación de los individuos, al ser una condición indispensable para la comprensión de su existencia y de su entorno; fomentando la conformación de la personalidad y del libre albedrío para el ejercicio de una voluntad razonada en cualquier tipo de decisiones con trascendencia interna, o bien, externa. Por otro lado, la dimensión colectiva del derecho a la información constituye el pilar esencial sobre el cual se erige todo Estado democrático, así como la condición fundamental para el progreso social e individual. En ese sentido, no sólo permite y garantiza la difusión de información e ideas que son recibidas favorablemente o consideradas inofensivas e indiferentes, sino también aquellas que pueden llegar a criticar o perturbar al Estado o a ciertos individuos, fomentando el ejercicio de la tolerancia y permitiendo la creación de un verdadero pluralismo social, en tanto que privilegia la transparencia, la buena gestión pública y el ejercicio de los derechos constitucionales en un sistema participativo, sin las cuales no podrían funcionar las sociedades modernas y democráticas." "Registro digital: 2019358 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 8/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 486 Tipo: Jurisprudencia DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras." "Registro digital: 2015299 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 81/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, página 184 Tipo: Jurisprudencia DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA. TIENE UNA DIMENSIÓN SUBJETIVA COMO DERECHO INDIVIDUAL Y UNA DIMENSIÓN SOCIAL O INSTITUCIONAL, POR SU CONEXIÓN CON LA AUTONOMÍA PERSONAL Y EL FUNCIONAMIENTO DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA. El contenido mínimo del derecho a la educación obligatoria (básica y media superior) es la provisión del entrenamiento intelectual necesario para dotar de autonomía a las personas y habilitarlas como miembros de una sociedad democrática. Por ello, el derecho humano a la educación, además de una vertiente subjetiva como derecho individual de todas las personas, tiene una dimensión social o institucional, pues la existencia de personas educadas es una condición necesaria para el funcionamiento de una sociedad democrática, ya que la deliberación pública no puede llevarse a cabo sin una sociedad informada, vigilante, participativa, atenta a las cuestiones públicas y capaz de intervenir competentemente en la discusión democrática. Así, el derecho humano a la educación, al igual que otros derechos como la libertad de expresión e información, tiene además una dimensión social que lo dota de una especial relevancia, porque es una condición necesaria para el funcionamiento de una sociedad democrática de tipo deliberativo, por lo que cualquier afectación a este derecho exige una justificación y un escrutinio especialmente intensos." Sin embargo, como ya se dijo con antelación, quien ahora resuelve no advierte que el derecho de petición tenga esa dimensión colectiva o difusa, de ahí que falte el primero de los elementos del interés legítimo; lo que hace válido sostener que el quejoso carece de él. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que en la petición puedan contenerse aspectos vinculados con derechos sociales, pues en este caso, el acto reclamado es la petición en sí, no su contenido. Por lo que si en la especie, no se acreditó el perjuicio que sufre el quejoso como gobernado en su esfera jurídica con los actos reclamados, tampoco se acredita su interés legítimo para comparecer al juicio de amparo y, por ende, no existe violación alguna que reparar en una hipotética sentencia que le conceda el amparo. En esas condiciones, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, lo que se impone es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de la omisión materia de este apartado. Cesación de efectos. Continuando con el análisis respectivo, en la especie, este juzgador de oficio advierte que respecto del acto identificado con el número II. consistente en la omisión de dar respuesta a la diversa petición formulada por el quejoso a la misma autoridad, y remitida vía correo electrónico el veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El precepto y fracción citados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. La cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Tiene aplicación a lo expuesto la jurisprudencia III.2o.C. J/22 consultable en la página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, de texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En la especie se actualiza la causal invocada pues la parte quejosa en ampliación de demanda reclamó la omisión de dar respuesta a la diversa petición que formuló al propio Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la cual remitió vía correo electrónico el veintisiete de febrero de dos mil veintiuno; no obstante, al rendir el informe justificado relativo a la citada ampliación de demanda, el apoderado legal de la autoridad responsable remitió copia del oficio 375/2021 de fecha veinticinco de mayo del año en curso, suscrito por el Secretario General de la referida Universidad, mediante el cual dio contestación a la petición formulada por el quejoso, en los siguientes términos: Por lo anterior, se estima que dicho oficio suscrito por el Secretario General de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien actuó en ausencia del Rector de la referida institución educativa, en términos del artículo 20 de la Ley Orgánica de la universidad en cita, satisface el elemento relativo a la respuesta solicitada por el peticionario del amparo, misma que fue enviada al correo electrónico jorge.alvarez@umich.mx señalado por el propio quejoso para recibir notificaciones y además, acusó recibo de la misma, como se advierte de la constancia que al efecto también fue exhibida con el referido informe y que se ilustra a continuación: De suerte que, el derecho de petición se integra con los elementos petición-respuesta, el cual se advierte colmado en el caso en estudio pues como se dijo, la respuesta a la petición formulada por el quejoso en el sentido de solicitar a la responsable una reunión o audiencia virtual con el objeto de que se le informe sobre diversos aspectos relativos a sus prestaciones económicas, se notificó al peticionario el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio fechado en esa propia fecha, lo cual se realizó en el sentido de que la gestión e interlocución respecto de las diversas prestaciones laborales estipuladas en el contrato colectivo de trabajo que regula las relaciones entre la Universidad y sus trabajadores académicos, se lleva a cabo entre dicha institución y los representantes sindicales acreditados y registrados ante la autoridad laboral competente, por lo que no ha lugar a la celebración de la reunión virtual que solicita y en ese sentido, quedaron satisfechos los elementos del derecho de petición ejercido por el solicitante. En tal virtud, se aprecia que con la respuesta emitida por la autoridad responsable, el acto reclamado cesó en sus efectos, pues al haberse emitido la respuesta notificada al quejoso, se destruyeron en forma inmediata, total, incondicional y material sus efectos, restituyendo en el pleno goce de sus garantías al quejoso como si le hubiera concedido la protección constitucional. Consecuentemente, como en la especie -respecto de la omisión materia de este apartado- se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable. Sustenta lo anterior, la tesis aislada I.16o.A.1 K, consultable en la página 1665, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Novena Época, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTA UN ACUERDO QUE RESUELVE SOBRE LO PEDIDO Y LO HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PARTICULAR. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, deriva que para que se actualice la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto que se le atribuye violatorio de garantías, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Así, tratándose del derecho de petición contenido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, la autoridad a la que se dirigió la petición debe dictar un acuerdo por escrito, el cual debe ser congruente con lo pedido y hacerse del conocimiento del peticionario, por tanto, no se actualiza la causa de improcedencia correspondiente a la cesación de los efectos del acto reclamado cuando el quejoso reclama violación al derecho de petición y la autoridad responsable emite formalmente una respuesta en la que no existe un pronunciamiento sobre lo pedido, pues en ese supuesto la autoridad responsable aún se mantiene en silencio respecto de la petición formulada por el particular." En este punto es necesario precisar que no es inadvertido para este juzgador el criterio jurisprudencial que obliga a dar vista a la parte quejosa con la respuesta de la responsable a efecto de que precise si desea ampliar su demanda; sin embargo, en la especie se estima innecesario, pues en este caso la respuesta no puede ser considerada como acto de autoridad, ya que involucra cuestiones laborales entre la Universidad y sus trabajadores académicos, lo cual debe dirimirse en sede ordinaria ante el tribunal de trabajo competente y conforme a la ley que rige este tipo de relaciones, no en el juicio de amparo. Aunado a que el quejoso mediante escrito presentado vía electrónica el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, manifestó que no deseaba señalar como responsable a la autoridad Secretario General de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Finalmente, no se analizarán las diversas causas de improcedencia hechas valer por el representante legal de la autoridad responsable, ya que al quedar demostrada la causal de improcedencia en estudio, sería ocioso analizarlas, pues no cambiaría en sentido del presente fallo. De ahí que también resulte irrelevante lo manifestado por el quejoso en su escrito presentado vía electrónica el veinte de julio actual, en relación con la notificación del recurso de apelación que interpuso ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que señala, así como las documentales que anexó a su ocurso pues las razones por las cuales se decretó el sobreseimiento del juicio no rondan a su condición o no de profesor. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414 del Tomo VIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Agosto de 1998, Materia Común, Novena Época, registro 195744, que establece: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jorge Álvarez Banderas, contra actos del Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por las razones expuestas en la consideración cuarta de esta resolución. Segundo. Publíquese este fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, dieciséis de julio de dos mil veintiuno.****************************************Vista la cuenta precedente, agréguese en autos el escrito de ********************, en su calidad de apoderado jurídico del rector de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad, por medio del cual adjunta el dictamen de la Comisión Mixta General de Conciliación y Resolución ******************** que resuelve el recurso de apelación interpuesto por el quejoso****************************************Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva.****************************************Notifíquese por lista.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos que guarda el presente asunto, se advierte que en auto de trece de abril dos mil veintiuno, se ordenó enviar el oficio 4882 al Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para que estuviera en condiciones de rendir su informe respecto de la ampliación realizada por el quejoso. Ahora bien, de la constancia del acuse electrónico de recibo, consta que el oficio relativo a dicho auto fue enviado al correo electrónico rectoría@umich.mx, el dieciséis de abril del presente año; sin embargo, del diverso oficio enviado por la autoridad responsable el veintiséis de marzo del año en curso , se advierte que proporciono el correo electrónico miguel.pita@umich.mx, para recibir notificaciones electrónicas dentro del presente juicio. Por tanto, como no se tiene certeza que se haya recibido el oficio 4882, dirigido al Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se ordena al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, se envié el oficio y los anexos al correo miguel.pita@umich.mx, a fin de que esté debidamente integrado el presente juicio y la autoridad responsable este en condiciones de rendir su informe respectivo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las once horas con treinta minutos del veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito firmado por el quejoso Jorge Álvarez Banderas, por el cual realiza diversas manifestaciones. Por tanto, de conformidad con los artículos 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones a manera de alegatos. Con lo anterior, hágase nueva relación en la audiencia constitucional respectiva Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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