Jorge Alberto Romero Sanchez

Expediente 1009/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1009/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
13/05/2022

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Romero Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual acusa recibo del expediente de amparo del que deriva este cuaderno e informa que el veintisiete de abril del año en curso se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Jorge Alberto Romero Sánchez, en cuanto apoderado de la moral "Unión Nacional de Resineros A.C.". En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 20 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, con éste dése cuenta en la audiencia constitucional. Por otro lado, en virtud de la solicitud para que se le expida copia de la sentencia, dígase al promovente que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán carece de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, motivo por el cual el órgano jurisdiccional antes de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. En apoyo a lo anterior es de citar en lo conducente, la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2805, del Tomo LXXII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO, PUEDE SER ESTUDIADA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO. Aun cuando los acuerdos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, no hayan sido reclamados, conforme al artículo 103 de la Ley de Amparo, no causan estado y pueden ser reconsiderados por las Salas del mismo Alto Tribunal, cuando afectan a una cuestión de competencia; por tanto, el auto del mencionado presidente, en que indebidamente se hubiere admitido una demanda de amparo directo, que debió interponerse ante un Juzgado de Distrito, puede ser estudiado por la Sala correspondiente, para el efecto de declararse incompetente para conocer del juicio, ya que las cuestiones de competencia pueden ser resueltas en cualquier estado del mismo juicio, mientras no se pronuncie ejecutoria. Ahora bien, el referido artículo 37 de la Ley de Amparo señala lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la anterior transcripción se advierten tres supuestos para la competencia: a) Es competente el juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde se hubiere presentado la demanda, o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Respecto al criterio relativo a la ejecución material del acto reclamado se debe atender no sólo a que la resolución o acto reclamado por sí mismos tengan ejecución material, sino también al supuesto en que aun cuando la resolución reclamada no tenga ejecución material de manera directa o inmediata, sí lleve una ejecución implícita, lo cual implica analizar la naturaleza del acto o resolución reclamada y las consecuencias que produce. Esto es, sólo en el supuesto de que la resolución o acto reclamado no tenga por sí misma ni produzca consecuencias que lleven implícita una ejecución material, dichos actos o resoluciones se deberán estimar de carácter declarativo y a efecto de determinar la competencia se debe considerar el lugar donde reside la autoridad responsable. Luego, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, por territorio, para conocer del asunto atendiendo a las reglas previstas por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé que tratándose de actos, que como en el caso, requieren ejecución material, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de lo que se advierte, que el acto reclamado en esta instancia tendrá ejecución fuera del territorio en el que ejerce competencia legal este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, es decir, en Uruapan, Michoacán, lugar donde tienen competencia los Juzgados de esa ciudad. En efecto, en la especie la parte quejosa reclama la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de impugnación 125/2021, en la cual el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, determinó revocar el no ejercicio de la acción penal, en el sentido de que el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-6, encargado de la Célula II-6, Encargado de la carpeta de investigación FED/MICH/URU/0002126/2020; tenía el plazo de veinte días, para que elaborara una determinación de incompetencia a favor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán; y su ejecución. Lo que así se hizo, atento a que obra el oficio FED/MICH/URU/0002126/2020, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula III-6 Uruapan, Estado de Michoacán de Ocampo, en la que se resolvió: "Primero. Envíese el original de la carpeta de investigación número FED/MICH/URU/0002126/2020 iniciada en contra de QUIEN RESULTE RESPONSABLE POR SUPONERLO RESPONSABLE DEL (LOS) DELITO (S) DE ARTÍCULO 400 BIS FRACCIÓN II, OCULTE, ENCUBRA O PRETENDA OCULTAR O ENCUBRIR LA NATURALEZA, ORIGEN, UBICACIÓN, DESTINO, MOVIMIENTO, PROPIEDAD O TITULARIDAD DE RECURSOS, DERECHOS O BIENES, CUABNDO TENGA CONOCIMIENTO DE QUE PROCEDEN O REPRESENTAN EL PRODUCTO DE UNA ACTIVIDAD ILÍCITA, DEL Código Penal Federal en perjuicio de la sociedad al efecto de que sea resuelta su situación jurídica. Segundo. Una vez autorizado procédase a remitir la misma, a la Fiscalía Regional de Justicia, con residencia en esta ciudad, a fin de que ordene a quien corresponda continúe con la prosecución legal correspondiente." Atento a lo anterior la ejecución material del Juez responsable precisado como acto reclamado, es en el lugar en donde se integra la carpeta de investigación, radicada ante un Agente del Ministerio Público Federal con residencia en Uruapan y que ordenó remitir a la Fiscalía Regional, en esa misma ciudad. Consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que revoca el no ejercicio de la acción penal y concede un plazo para elaborar una determinación de incompetencia de una carpeta de investigación, se surte en favor del juez de Distrito en cuya jurisdicción reside la autoridad que conoce dicha carpeta. Esto, porque el acto emitido por el juez tiene una ejecución material, la cual no es de carácter simplemente declarativa, pues en virtud de dicha determinación, el quejoso queda sujeto a la continuación de la carpeta de investigación. Por tanto, la competencia se surte en favor del juez donde tiene ejecución el acto reclamado, en el caso, en Uruapan, Michoacán, atento a lo preceptuado en el artículo 37 de la Ley de Amparo y conforme a lo establecido en el Acuerdo General 03/2013, reformado y adicionado por el diverso 28/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 91, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 395560, consultable en la página 142, Parte VIII, del Apéndice de 1985, séptima época, materia común, de rubro y textos siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACION ANALOGICA INCORRECTA DEL ARTICULO 36, PARRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el numero VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, apoya a lo anterior la tesis I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, número de registro 189167, visible en la página 1299, novena época, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materias administrativa, común, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal declara carecer de competencia para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa y la declina a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán. En consecuencia, una vez que se notifique la presente determinación a las partes, mediante atento oficio que al efecto se gire, se ordena remitir el expediente en que se actúa formado con la referida demanda de amparo, así como sus anexos, y los cuadernos incidentales respectivos al juez que se considera con competencia legal por territorio, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas determine si acepta o no la competencia que se le plantea y se le solicita que haga del conocimiento de este juzgado la resolución que al respecto pronuncie, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista, personalmente y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio signado por el agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula III-6, con sede en Uruapan, Michoacán; lo anterior en virtud de que en proveído de once de marzo de dos mil veintidós se acordó lo conducente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

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