Jorge Alvarez Banderas
Expediente 633/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 633/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Alvarez Banderas
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio que remite el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el original del juicio de amparo 633/2021 y testimonio de la ejecutoria de diez de diciembre de dos mil veintiuno dictada en la queja administrativa 121/2021 de su índice, de la que se advierte que declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de veintiuno de julio del presente año, por el cual se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa. En virtud de lo anterior, resulta innecesario glosar a los autos el cuaderno que se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado, por lo que se ordena destruir desde ahora el mismo, previa integración al juicio de las constancias originales que obren en éste, toda vez que el principal ya fue devuelto a este juzgado y dicho cuaderno no se considera de antecedentes al contar con los autos originales. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio que remite el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el que se le remitió el juicio de amparo ********************, para la substanciación del recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo del que deriva el presente cuaderno e informa su admisión, el cual quedó registrado con el número ********************. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese copia del escrito presentado por el quejoso Jorge Álvarez Banderas, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de veintiuno de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el proveído de veintiuno de julio de la presente anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, para lo cual se ordena rendir el informe respectivo sobre la materia de la queja en el sentido de que es cierto que en el citado acuerdo se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dentro de los tres días siguientes remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado correspondiente, el escrito original de agravios y una copia del mismo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/1998/2021 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Jorge Álvarez Banderas, por su propio derecho. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número II-633/2021-R. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. En ese sentido, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. En ese contexto, del escrito de demanda presentada por el peticionario de amparo se advierte que pretende señalar como autoridad responsable a: Luis Fernando Rodríguez Vera, apoderado del Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A quien le reclama el oficio número UM/JUR/1116/2021, de veinticuatro de junio del año en curso, por el cual se declara rescindida la relación trabajo entre el aquí quejoso y la señalada institución educativa. De lo señalado con anterioridad, se advierte que toralmente la parte quejosa reclama el oficio por el cual se determinó que por haber incurrido en una falta de probidad u honradez, señalada como causa de recisión en la cláusula 40, fracción II, del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (SPUM), la rescisión de su relación laboral con la señalada casa de estudios. Ahora bien, los artículos 1°, 5, fracción II y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5. Son partes en el juicio: I.- (.) II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos, se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Se instituye que autoridad responsable para los efectos del amparo, lo es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, se prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos establecidos en el numeral 5°, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Siendo este último supuesto en el que la parte quejosa asevera encuadra la actuación de Luis Fernando Rodríguez Vera, quien en el oficio reclamado se ostentó apoderado del Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En ese tenor, no porque se trate de una universidad privada sino porque en dicho precedente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./65/2018 (10a.) visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 56, Julio de 2018, Tomo I, página 647, de rubro: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO", estableció como elementos a tomar en cuenta para considerar que el particular se equipara a una autoridad para efectos del juicio de amparo los siguientes: Que el particular dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; Que omita actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas; y, Que esas funciones que los particulares realizan estén determinadas por una norma general. Lo que es acorde con el diverso criterio de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, número Tesis: 1a. XXI/2020 (10a.), con número registro digital: 2021955, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo IV, página 3041, de rubro y tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: El juicio fue promovido en contra de una escuela privada de nivel básico. La materia de la revisión consistió en determinar el estándar aplicable para determinar cuándo un acto de particular puede ser impugnado en amparo. Criterio jurídico: El precepto legal citado establece que los particulares tendrán dicha calidad si se reúnen dos condiciones: 1) Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos; y, 2) Que sus funciones estén determinadas por una norma general. La textura abierta de los términos utilizados por el legislador genera la necesidad interpretativa, la que debe abordarse mediante la exclusión de los extremos y optarse por una modalidad interpretativa intermedia. Justificación: Así, con base en una interpretación teleológica y sistemática del referido precepto, para caracterizar a un acto de particular como acto de autoridad debe cumplirse un estándar de dos pasos. El primero exige relacionar el reclamo de la violación constitucional al ejercicio de una prerrogativa o poder normativo cuya fuente sea de una autoridad estatal en términos generales, en otras palabras, debe comprobarse que la autoridad pública -a través de alguna norma jurídica- haya otorgado los medios (un respaldo normativo) para posicionar a ese particular en una situación diferenciada para generar un acto con el potencial de actualizar una violación a un derecho humano. Este primer paso puede denominarse del "nexo", el cual es formal y busca excluir dentro del ámbito de actos justiciables en amparo, aquellos de los particulares cuyo único fundamento es una relación de coordinación solamente. El segundo paso es material y exige evaluar la materialidad de dicha prerrogativa, es decir, si el acto reviste un interés público diferenciado, ya sea porque su ejercicio cuenta con privilegios o beneficios asociados al ejercicio de una autoridad estatal -por ejemplo, gozar de un reconocimiento jurídico especial o acceder a una ejecución equivalente al de una orden de autoridad-, o bien porque la función es una que corresponda tradicionalmente a la autoridad y se ejerza de manera delegada por un particular, o bien, porque la materialidad de la acción se vincule con el tipo de obligaciones cuyo correlativo sea una de las prestaciones nucleares de un derecho social cuya responsabilidad sea del Estado Mexicano. Este segundo paso busca verificar que el Estado no es neutral respecto del contenido del acto, sino que lo apuntala afirmativamente como relevante, desde una perspectiva pública, que es la propia de las autoridades. Este segundo paso puede denominarse de la constatación de la función pública". De la tesis transcrita se advierte que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que como primer paso para analizar si un acto realizado por particular puede ser considerado como de autoridad, lo es establecer si en el caso alguna autoridad estatal por medio de una norma jurídica proporcionó los medios legales a algún particular como para posicionarlo en una situación de subra a subordinación respecto de otros particulares, de tal manera que el facultado legalmente pueda generar un acto violatorio de derechos a otro particular. En el caso que nos ocupa la parte quejosa pretende señalar como autoridad responsable a la señalada persona física, al emitir la determinación contenida en el oficio antes señalado por el cual se rescindió su relación laboral con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. No obstante este órgano jurisdiccional considera que el tercer punto de los establecidos con antelación no se encuentra colmado, es decir, que la determinación contenida en el oficio que se comenta no se realizó en razón de funciones que le hayan sido encomendadas en alguna norma general. Se sostiene lo anterior, en razón de que del oficio en comento medularmente se sostiene en que se ha llevado a cabo la investigación administrativa a que se refiere el inciso a) de la cláusula 108 del Contrato Colectivo de Trabajo, el cual regula las relaciones laborales entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y profesores. También se deduce del oficio que constituye el acto reclamado que la persona señalada como autoridad responsable precisó que el aquí quejoso actuó en contravención de su obligación contenida en el artículo 50 fracción XIX del Reglamento General del Personal Académico, y que por ello se colmaba la causa de rescisión contemplada en la fracción II de la Cláusula 40 del Contrato Colectivo de Trabajo que regula las relaciones laborales entre la multicitada casa de estudios y sus trabajadores académicos. De lo anteriormente expuesto se desprende que tal determinación reclamada por el aquí quejoso no puede ser considerada como acto de autoridad, pues la investigación Administrativa y la recisión de la relación de trabajo fue emitida con base en las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Sindicato de Profesores de tal institución. Contrato colectivo que no contiene normas emitidas por el Estado, sino por particulares y si bien éstas pueden ser analizadas en amparo primero deben ser judicializadas en la vía ordinaria, que es donde se ventilan ese tipo de cuestiones, concretamente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda. Esto es, el juicio de amparo puede proteger el llamado efecto horizontal de los derechos humanos que se da entre particulares, pero ello será una vez que se judicialice por la vía ordinaria, como ya se dijo con antelación. No está demás agregar, que las autoridades ordinarias son las competentes en primer orden para proteger esa afectación de derechos humanos ocurrida entre particulares. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 2/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, Febrero de 2020, Tomo I, página 953, con número de registro 2021563, de rubro y tenor siguiente: "CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. EL PLANTEAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD O INCONVENCIONALIDAD DE SUS CLÁUSULAS PUEDE INTRODUCIRSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN SE HAYA DEMANDADO SU NULIDAD. Tanto la reforma constitucional en materia de derechos humanos como en la de amparo -ambas de junio de 2011- tienen como finalidad reforzar la posición jurídica de los derechos humanos desde la perspectiva sustantiva y adjetiva, respectivamente, lo que define la interpretación que debe darse a las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Así, si bien las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo no constituyen disposiciones generales en cuya creación haya intervenido un órgano del Estado, lo cierto es que tienen una naturaleza materialmente normativa, por lo que para efectos exclusivos del juicio de amparo directo, basta que se señale como acto reclamado el laudo dictado en un juicio laboral en el que, a su vez, se haya planteado alguna pretensión con base en una de esas cláusulas contractuales, para que su oposición con la Constitución Federal o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte pueda introducirse en el juicio de amparo, independientemente de que en el juicio ordinario se haya demandado la nulidad respectiva. Lo anterior, en el entendido de que para que proceda el estudio de esos temas, es indispensable que el quejoso haga un planteamiento efectivo, cuando menos como causa de pedir advertida de los argumentos opuestos en la demanda de amparo, pues sólo así surgirá la actualización de un problema de constitucionalidad". En conclusión, la persona física señalada como autoridad responsable no tiene tal carácter para los efectos del juicio de amparo, pues el acto cuya emisión se le reclama no deriva de una norma otorgada por diversa autoridad estatal de tal manera que lo posicione en una relación de supra a subordinación respecto del aquí quejoso, puesto que el acto reclamado tiene sustento en un contrato colectivo de trabajo celebrado entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el sindicato de profesores de tal institución, lo que evidencia que la facultad ejercida por la persona señalada como autoridad responsable no deriva de una norma general que lo ubique en una relación de entidad pública respecto del aquí quejoso. Por todo lo anterior, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa por su notoria e indudable improcedencia. No se soslaya que la existencia de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a./J. 54/2012 (10a.), de rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO", o de otras con el mismo rubro. No obstante ello, es preciso señalar que el rubro de la citada tesis fue aclarado en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, pronunciada en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, declarada procedente pero infundada por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ahora decir: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.", la cual puede ser localizable en la página 829, Libro 31, junio de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. De dicha ejecutoria se puede advertir que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, limitó el tema sobre si es que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, constituye la actuación procesal oportuna para establecer si el acto reclamado proviene de una autoridad para la procedencia del juicio de amparo, pues estableció que ello no es así cuando el acto reclamado consiste en el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica; es decir, la tesis solamente se constriñe a ese supuesto, para corroborar tal aserto se transcribe una parte sustancial de la ejecutoria emitida en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, citada con antelación: "(.) ".En primer término, del análisis en específico del contenido de la propia jurisprudencia, en relación con la consideraciones que sustentan la contradicción de tesis 297/2011 que le dio origen, esta Sala no advierte que alguna de ellas (jurisprudencia o ejecutoria) transmitan la idea de que lo ahí sostenido sea aplicable, de manera generalizada, a cualquier juicio de amparo y, que por ende, nunca sea posible resolver en el auto inicial del juicio constitucional si un acto reclamado tiene o no el carácter de autoritario. Ello, pues tal como quedó fijado el punto de contradicción en la ejecutoria respectiva, se podrá apreciar con meridiana claridad, que la intención de esta Segunda Sala al precisar la interrogante a despejar consistente en "dilucidar si el auto inicial de trámite de la demanda de amparo era la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo", no fue establecer, de manera generalizada, que en dicha actuación, los Jueces están impedidos para determinar que un acto proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, sin importar el supuesto que se someta a su consideración, como pretende sustentarlo el Pleno solicitante. Sino por el contrario, lo que se advierte es que en todo momento se delimitó dicho punto de divergencia, tanto en la ejecutoria como en el texto de la jurisprudencia respectiva, a los supuestos que en concreto dieron origen a la contradicción de tesis, esto es, a los casos en los que en la demanda de amparo se señale como acto reclamado el "Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración, a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas", de diecinueve de enero de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año, atribuido al secretario de Hacienda y Crédito Público, resolviéndose en relación con tal acto, que el Juez Federal en el auto inicial de trámite que se dicte con motivo de su presentación, no está en condiciones jurídicas y materiales, para llevar a efecto el estudio de ese acto, con el propósito de resolver si constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. De ahí que si el planteamiento jurídico discrepante, consistió en determinar, en primer lugar, si el Juez de Distrito en el acuerdo inicial a la presentación de una demanda de amparo indirecto, podía realizar el análisis del acto reclamado con el propósito de verificar si constituía un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo y, en segundo lugar, si en virtud de dicho análisis, tenía facultades para desechar de plano la demanda de amparo por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo cual quedó acotado siempre al caso concreto del que emanaron los criterios de los tribunales contendientes, esto es, en relación a cuando se presenta una demanda de amparo indirecto, en la que se señala como acto reclamado el acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración, a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, de diecinueve de enero de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año, atribuido al secretario de Hacienda y Crédito Público. Luego, es claro que el examen relativo a si el auto inicial de la demanda de amparo es la actuación procesal oportuna para analizar, de manera particular, si un acto reclamado proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, no se llevó a cabo de manera abstracta, ni así tampoco puede considerarse que se generalizó para todos los casos donde tenga que determinarse si el acto reclamado, proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino lo que se advierte de la ejecutoria relativa, es que lo ahí sostenido, derivó del análisis que realizaron los tribunales contendientes, respecto de un caso singular, en donde se señaló como reclamado un acto de autoridad determinado. Lo anterior se corrobora, como se acaba de evidenciar, de las propias consideraciones que sustentan la ejecutoria de la contradicción de tesis 297/2011, pero sobre todo, del contenido mismo de la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), cuya sustitución se solicita, pues basta leer esta última, para advertir que en ella, específicamente se precisó que en el auto inicial de trámite de la demanda, el Juez no está en posibilidad jurídica y material de precisar si el acto reclamado "... consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de la autoridad para efectos del juicio de amparo ...", explicando al respecto, que en esa etapa del procedimiento, únicamente constan en el expediente, argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta, razón por la cual el Juez Federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo, bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo, para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual, debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento, lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos. Lo cual debe interpretarse, si es que ello pudiera dar margen a alguna interpretación, en el sentido de que es ese supuesto en particular (donde se reclame el referido acuerdo), en el que los Jueces, en ningún caso, podrán desechar demandas desde el auto inicial de trámite, pues como el desechamiento combatido, implicó un análisis exhaustivo que no era propio del auto de inicio, sino de la sentencia de fondo, entonces, era evidente que la causal de improcedencia, invocada por el Juez de amparo no resultaba manifiesta e indudable y, por ende, debía admitirse la demanda de amparo. Ello es congruente con lo que ha sustentado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a lo que debe entenderse por dichos términos, en el sentido de que "manifiesto" consiste en algo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara e "indudable" que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, es decir, que no puede ponerse en duda por claro y evidente que es, tal como quedó sustentado en la tesis 2a. LXXI/2002, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO."(7) En tal criterio se precisó que un motivo de improcedencia "manifiesto" e "indudable", es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Es decir, se debe tener certeza y plena convicción de que alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo indirecto, se actualiza en el caso concreto, de modo que aun de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. En ese sentido, si con base en tales premisas, esta Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 297/2011 determinó que, para que se pueda configurar una causa notoria e indudable de improcedencia, se debe atender al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya, hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Entonces, es claro que lo resuelto en dicha contradicción -y que quedó reflejado en la jurisprudencia en examen-, no transmite una idea generalizada y es congruente con los criterios que ha sostenido este Alto Tribunal en diversas ejecutorias en el sentido de que si para demostrar la actualización de una causal de improcedencia se requiere de un análisis exhaustivo, entonces el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, no es la actuación procesal oportuna para analizar, no sólo si el acto reclamado proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino ninguna otra causal que se ubiquen en el supuesto señalado. De ahí que, resulte infundado que la redacción de la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), transmita la idea de que resulta aplicable a cualquier juicio de amparo, con independencia de cuál sea el acto reclamado y de a quién se señale con carácter de autoridad responsable; pues se insiste, el criterio relativo, versó específicamente sobre juicios de amparo en los que se reclamó el Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas de diecinueve de enero de dos mil nueve, atribuido al secretario de Hacienda y Crédito Público. Además, tampoco es verdad que su redacción, impida que los Jueces de Distrito, determinen desde el auto que recae a la presentación de la demanda, si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sin importar el supuesto que se ponga a su consideración, lo cual sujeta a las partes y al órgano jurisdiccional a tramitar un procedimiento notoria e indudablemente improcedente; pues se insiste, la premisa de la que partió dicho criterio jurisprudencial, fue que si un motivo de improcedencia, manifiesto e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones y se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no será posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, empero, en el caso, contrario a ello, el pronunciamiento correspondiente, exigió un análisis exhaustivo; entonces era claro que no se estaba frente a una causa notoria y manifiesta que autorizara al Juez a desechar la demanda de amparo. (.)" Entonces queda claro, que el criterio reproducido no es absoluto para todos los supuestos, es decir, que el juez de distrito se encuentre impedido para llevar a cabo un análisis integral de la demanda y de las constancias que obran en el expediente, en el acuerdo de recepción de la demanda y desecharla al estimar que no es acto de autoridad, pues esa limitación fue constreñida cuando se combate el acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas de diecinueve de enero de dos mil nueve, atribuido al secretario de Hacienda y Crédito Público. Por ende, es evidente que en el caso concreto este Juzgador puede llevar a cabo un análisis integral de la demanda y de las constancias que acompañó el quejoso y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, estará facultado para desechar. En el caso a estudio, se tienen todos los elementos para en auto inicial advertir la improcedencia, pues el propio quejoso acompañó a su demanda el Contrato Colectivo de Trabajo y el acto reclamado, entonces aun dejando correr el proceso hasta la audiencia constitucional en nada cambiaría el sentido, pues la naturaleza de las cláusulas del contrato colectivo seguirá siendo la misma. Apoya lo anterior, los diversos criterios cuyos datos de localización, rubro y texto son del tener siguiente: "Registro digital: 2021644 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: XXIV.2o. J/5 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, página 2067 Tipo: Jurisprudencia AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio." "Registro digital: 2012952 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: III.5o.A. J/6 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, página 2505 Tipo: Jurisprudencia AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE DESECHARLA, ARGUMENTANDO QUE SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE ÉSTA SE ADVIERTA EN FORMA PATENTE Y ABSOLUTAMENTE CLARA, Y SE TENGA LA CERTEZA Y PLENA CONVICCIÓN DE QUE ES OPERANTE. El auto indicado no es la actuación procesal oportuna para determinar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando para demostrar la actualización de esa causal de improcedencia se requiere de un análisis exhaustivo, pues, por regla general, en esa etapa del procedimiento el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de efectuar esa precisión, ya que, únicamente en el expediente constan los argumentos planteados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, no debe desechar la demanda de amparo indirecto bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, porque no es evidente, claro ni fehaciente, de manera que se requerirá hacer un estudio profundo para establecer su improcedencia, propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitirse la demanda, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento realice el análisis exhaustivo de esos supuestos, salvo que se advierta en forma patente y absolutamente clara, y se tenga la certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia es operante, de modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes." "Registro digital: 2007580 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: PC.III.L. J/5 L (10a). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, página 1224 Tipo: Jurisprudencia AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Lo que se robustece, con la infinidad de criterios que existen dentro del Semanario Judicial de la Federación respecto de la investigación administrativa que debe hacerse previo a decretar la recisión laboral, pero de todos ellos se advierte que tal cuestión se ventiló previamente ante la autoridad laboral ordinaria. Por ende, como fue adelantado se desecha la demanda intentada por la parte quejosa, en virtud de lo anteriormente expuesto. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizada para tal efecto a la persona que designa, quien podrá gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acredite dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se le tendrá como autorizada para recibir notificaciones e imponerse de los autos. De conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como el diverso 4, fracción V, del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se autoriza practicarle las notificaciones de carácter personal vía electrónica al correo electrónico director@alvarezmoreno.com.mx, con constancia que para ello genere el actuario adscrito a este juzgado; lo anterior, de manera excepcional y durante todo el plazo que continué vigente la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte promovente el acceso al expediente electrónico a través del "Nombre de Usuario" "Damocles", registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, proporcionado para tal efecto, por lo que se ordena asociarlo al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; lo anterior, en el entendido de que ello no implica que se le realicen las notificaciones de manera electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que se señaló domicilio en esta ciudad para tal efecto. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Jorge Alejandro Garcia Ochoa840/2023
- Jorge Alejandro Garcia Ochoa978/2023
- Jorge Alejandro Garcia Ochoa662/2023
- Jorge Alejandro Plancarte Andrade71/2019
- Jorge Alvarez Banderas282/2020
- Jorge Alvarez Banderas358/2018
- Jorge Alvarez Banderas127/2021
- Jorge Alvarez Banderas456/2021
- Jorge Alvarez Banderas891/2021
- Jorge Amezcua Alejo166/2022
- Jorge Andrés Martínez Selley524/2017
- Jorge Andres Martínez Selley923/2018