Jorge Alberto Paluchu Alcantara
Expediente 542/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 542/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 14/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Alberto Paluchu Alcantara
- Titular de la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera dependiente de la Fiscalía General del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito de la tercera interesada ********************y en atención a su contenido, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles expídansele a su costa las copias en los términos que solicita, previa identificación y recibo que se deje en autos para debida constancia legal. Por lo anterior, dígasele que para la entrega de las copias que solicita deberá realizarlo de acuerdo al esquema de citas, lo cual está definido en el Capítulo II, Artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Finalmente, respecto de las copias que solicita relativas a los tomos de prueba remitidos por la autoridad responsable, se le informa que este juzgado ya no cuenta con dichas documentales, ya que las mismas fueron devueltas a la autoridad responsable en cita cuando causo ejecutoria el presente asunto. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que por una parte se sobreseyó y por la otra se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiéranse éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Asimismo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase al Agente responsable las documentales que allegó al presente asunto, mismas que obran en tres tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del treinta de noviembre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 542/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con la prueba documental exhibida por el quejoso, la exhibida por la tercera interesada y la exhibida por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera perteneciente a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto; así como la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana ofrecidas por el quejoso. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, debido a su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas las documentales exhibidas así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que formularon alegatos la tercera interesada [Leticia Villicaña Maldonado] y el quejoso. Con relación a lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la tercera y del quejoso y por precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, Jorge Alberto Plauchú Alcantara, por conducto de su apoderado jurídico Leonardo Reyes Briseño, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Titular de la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera y de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera perteneciente a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto. Actos que estimó violatorios de los artículos 1°, 8°, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número de expediente 542/2021 y en auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno la admitió; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a las autoridades responsables; se reservó proveer respecto a la existencia de terceros interesados; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Reconocimiento de carácter terceros interesados. El diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercero interesado a César Ochoa Arellano y se ordenó su emplazamiento. En proveído de veintiséis siguiente, se hizo la aclaración que César Ochoa Arellano es apoderado jurídico de Guillermo Rosalío Villicaña Maldonado, por lo que se le reconoció a éste el carácter de tercero; asimismo, se le dio tal carácter a Leticia Villicaña Maldonado y se ordenó su emplazamiento. Seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado es omisivo y la demanda de amparo fue presentada en el lugar en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a fojas 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, Materia Común, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención además a los criterios transcritos, los actos reclamados por el quejoso, son: Al Titular de la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera, la falta de llamado al procedimiento de extinción de dominio iniciado en un inmueble de su propiedad, dentro de la carpeta de investigación MOR/053/28497/2021 con NUC 1003202118381. A la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera perteneciente a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, la negativa de expedirle copias simples de la totalidad de constancias que integran la carpeta de investigación así como pretender privarlo de la propiedad de su inmueble. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. El Titular de la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto consistente en la falta de llamado al procedimiento de extinción de dominio iniciado en un inmueble propiedad del quejoso, dentro de la carpeta de investigación MOR/053/28497/2021 con NUC 1003202118381. Respecto del acto atribuido al Titular de la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera consistente en pretender privarlo de la propiedad de su inmueble, dicha autoridad también lo negó. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión del acto reclamado, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por la autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Aunado a ello, de las constancias remitidas por la diversa autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera se advierte que la carpeta de investigación MOR/053/28497/2021 con NUC 1003202118381 se inició por los hechos que la ley señala como delito de despojo; esto es, no se trata de un procedimiento de extinción de dominio. En consecuencia, ante la inexistencia de los referidos actos reclamados al Titular de la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera y a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera perteneciente a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, al rendir su informe justificado adujo que era parcialmente cierto, ya que efectivamente no le había expedido las copias porque hasta este momento el quejoso no tiene carácter de imputado; de ahí que deba tenerse por cierto. Certeza que se corrobora con las constancias aportadas por dicha responsable al rendir su informe justificado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 749 del Apéndice de 2011, tomo II, Procesal Constitucional 1, Común, Primera Parte -SCJN Sexta Sección- procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, Materia Común, registro 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, como en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador advierte de oficio la actualización de alguna de ellas, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo a analizar los conceptos de violación, debe decirse que el artículo 20, fracción, apartado B, fracciones VI y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (...) B. De los derechos de toda persona imputada: (...) VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante Juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; (...) VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera." De la fracción IV del numeral transcrito deriva la obligación irrestricta de facilitar al imputado o a su defensor, todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Asimismo, en su fracción VIII, prevé y regula el derecho del imputado de contar con una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en el proceso y requiera para su defensa. A su vez el Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "Artículo 113. Derechos del imputado El imputado tendrá los siguientes derechos: [.] VIII. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código." "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme." "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial. Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente." Del marco constitucional y legal establecido, se advierte la obligación que tiene la autoridad ministerial de dar acceso al imputado y a su defensor a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener copias de éstos con la oportunidad debida para preparar su defensa. Esto es, se garantiza en favor del imputado, el derecho fundamental a la defensa adecuada, así como el principio de igualdad procesal, lo cual es acorde con lo establecido en el artículo 8, punto 2, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 149/2019, expresó que la negativa a expedir copias en favor del imputado o su defensor al comparecer ante el Ministerio Público, cuando tal calidad le ha sido reconocida por el Ministerio Público, constituye una restricción desproporcionada, que de permitirse generará que el proceso penal deje de estar en equilibrio, dejando al imputado en estado de indefensión. Por tanto, señaló que una vez que el investigado ha sido notificado para comparecer como indiciado, se le debe permitir obtener copias de los registros de investigación, porque de esta manera, las partes tienen una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer datos de prueba en apoyo a sus pretensiones en esa etapa procesal. Bajo la óptica jurídica anterior, el acto atribuido a la autoridad responsable, no contraviene las disposiciones constitucionales antes citadas, ni transgrede el derecho de defensa adecuada que le asiste al quejoso. Ello, porque de las documentales que envió la Agente del Ministerio Público responsable como complemento a su informe justificado se advierte que la carpeta MOR/053/28497/2021 se inició el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, derivado de la denuncia presentada por Guillermo Rosalío y Leticia Villicaña Maldonado, por hechos que la ley señala como delito de despojo en contra de quien resultara responsable. Esto es, si bien la responsable le negó la expedición de copias también es verdad que al quejoso no le asistía la calidad de imputado; por lo que contrario a lo señalado por él en su demanda no se vulnera su derecho a la defensa adecuada, en virtud que, al no tener reconocido el quejoso dicho carácter la agente responsable no se encontraba obligada, a dar acceso a la carpeta de investigación al imputado. Es aplicable a lo anterior, en sentido inverso, la jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.), sustentada por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 994, Materia penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2020891, que establece: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido." En ese contexto, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por las quejosas. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 74, 76, 217 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jorge Alberto Plauchú Alcantara respecto de los actos, autoridades y motivos contenidos en el considerando tercero de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jorge Alberto Plauchú Alcantara, respecto del acto, autoridad y motivos analizados en el considerando quinto de esta sentencia. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por Leonardo Reyes Briseño, en cuanto apoderado jurídico de la parte quejosa, mediante el cual aporta diversas pruebas documentales y realiza manifestaciones. En consecuencia, con fundamento en los numerales 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba de su parte las documentales que señala en escrito de cuenta, mismas que refieren que ya obran en autos y por formulados los alegatos del promovente, con lo anterior dése vista a las partes y se ordena relacionar al momento de celebrarse la audiencia de ley. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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