Jorge Aduna Villavicencio
Expediente 718/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 34 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 718/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 10/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jorge Aduna Villavicencio
- Fiscal General del Estado de Puebla
- JORGE ADUNA VILLAVICENCIO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil veintidós. Intégrese a los autos el oficio remitido por el Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República -por conducto de su representante-, a través del cual, devuelve el oficio 183-54 que contiene la transcripción del acuerdo dictado el siete de septiembre de dos mil veintidós, en sus razonamientos precisa que no existe la autoridad denominada "Director de la Policía Federal Ministerial, por su representación". No obstante, resulta innecesario realizar mayor pronunciamiento al respecto, porque el diecinueve de agosto pasado, se sobreseyó en el juicio fuera de la audiencia constitucional, mientras que en el auto de siete de septiembre pasado, se declaró firme dicha actuación, y precisamente el comunicado que devuelve era para comunicárselo; ergo, se torna innecesaria su reexpedición. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de siete de septiembre del año que transcurre, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, al tratarse de un asunto totalmente concluido, y al realizar la valoración relativa al original del incidente de suspensión se determinó que conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el referido cuaderno incidental era susceptible de depuración, en razón a que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, atendiendo a que el precepto antes indicado así lo establece. Empero, se precisa que en el punto 7.1.1. dígito 2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo la acotación en el sentido que en los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la suspensión provisional, pero se negó la suspensión definitiva el cuaderno incidental será "destruible". De ahí, que al actualizarse la hipótesis antes señalada en el presente asunto, en términos de lo dispuesto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se regulariza el procedimiento para el efecto de establecer la valoración correcta del original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, conforme en el punto 7.1.1. dígito 2 del citado Manual y se establece que es susceptible de destrucción una vez que transcurra el plazo de seis meses. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente relativo al original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, toda vez que no obran agregados los acuses de recibo de las autoridades 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 54 del auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, a efecto de evitar dilaciones procesales, se ordena notificar dicho auto por lista a las autoridades responsables identificadas con los números antes citados, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio del Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía general de la República, por su representación, a través del cual, devuelve el oficio 159-54, y comunica que no existe la autoridad denominada Director de la Policía Federal Ministerial. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que el diecinueve de agosto pasado, se resolvió el presente juicio de amparo, y este juzgado se pronunció sobre los actos reclamados a dicha autoridad, incluso el siete de septiembre siguiente se declaró firme la citada resolución, por lo que agréguese para que obre únicamente como corresponda. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de septiembre de dos mil veintidós. FIRME. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. No es obstáculo, que no obre el acuse de recibo de las autoridades identificadas con los numerales 47., 48., 49., 50., 51., 52. y 54., en virtud que carecen de legitimación para impugnar la sentencia recurrida. En efecto, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la legitimación procesal de las partes que pretenden actuar dentro de un juicio de amparo, es de orden público y, por ello, debe estudiarse inclusive de oficio. Lo anterior, tiene sustento en la tesis LIV/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 20, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO.". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió y negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva, en su orden), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa por conducto de su autorizada; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público Federal adscrito.
Quedan 30 actuaciones en este expediente
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