Jonny Arturo Baeza Lopez
Expediente 476/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 25 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 476/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 19/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jonny Arturo Baeza Lopez
- Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla Y Otras Autoridades
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, que sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión en virtud de que se concedió y negó la medida cautelar, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto, en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la Jueza de oralidad Penal y Ejecución, Región judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I y el disco DVD, sin que sea necesario requerir el acuse de recibo correspondiente, toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los documentos descritos.
- Principal
Primero. Esta sentencia no se ocupa de las autoridades responsables que se tuvieron inexistentes antes de la audiencia constitucional, en términos del considerando tercero de esta sentencia. Segundo. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por el quejoso Jonny Arturo Baeza López, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en los considerandos cuarto apartado I y sexto del propio fallo. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Intégrese a los autos, únicamente para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la autoridad responsable 6. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución Región Centro, toda vez que por auto de trece de junio pasado, se acordó lo conducente. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba de la referida autoridad responsable, la documental que anexa a su informe justificado y el disco versátil digital que remite, las cuales se relacionarán en el momento procesal oportuno; y sin que haya lugar a señalar fecha para la reproducción del citado disco, dada su naturaleza jurídica de éste. Guárdese en sobre cerrado el disco versátil digital que acompaña, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Y, dado el cuantioso número de fojas de las constancias que remite la autoridad responsable, fórmese el cuaderno de prueba I del presente juicio para la mejor facilidad de su manejo, respetando folio, sello y rúbrica del mismo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que han fenecido los términos de tres días que por autos de siete, diez y once de junio de dos mil diecinueve (fojas 133 a 135, 233 a 236 y 255 y 256), se otorgaron a la parte quejosa, para que precisara las denominaciones correctas de las autoridades responsables que señaló como "10. Titular de la Fiscalía General Metropolitana Zona Centro-Sur, 41. Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa 1 de Investigación de la Unidad Norte del Sistema Tradicional, 42. Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa 2 de Investigación de la Unidad Norte del Sistema Tradicional, 43. Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa 3 de Investigación de la Unidad Norte del Sistema Tradicional, 44. Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa 4 de Investigación de la Unidad Norte del Sistema Tradicional, 45. Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa 5 de Investigación de la Unidad Norte del Sistema Tradicional, 46. Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa 6 de Investigación de la Unidad Norte del Sistema Tradicional, 47. Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa 7 de Investigación de la Unidad Norte del Sistema Tradicional, 49. Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa 2 de Investigación de la Unidad Norte del Sistema Tradicional, 57. Titular de la Unidad de Investigación Norte adscrita a Fiscalía de Zona Metropolitana Centro-Norte, 58. Titular de Unidad de Investigación Norte, 59. Fiscalía de Zona Metropolitana Centro-Sur adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, 60. Titular de la Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata adscrita a Fiscalía de Zona Metropolitana Centro-Sur, 61. Titular de Unidad de Investigación Sur adscrita a la Fiscalía de Zona Metropolitana Centro-Sur, 62. Titular de Unidad de Investigación Central adscrita a la Fiscalía de Zona Metropolitana Centro-Sur, 63. Titular de Unidad de Apoyo e Investigación Complementaria adscrita a Fiscalía de Zona Metropolitana Centro-Sur, 64. Titular de Unidad de Investigación Poniente, 65. Fiscal de Zona Metropolitana Centro-Poniente adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, 66. Titular de Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata adscrita a Fiscalía de Zona Metropolitana Centro-Poniente, 67. Titular de Unidad de Investigación adscrita a Fiscalía de Zona Metropolitana Centro-Poniente, 68. Titular de Unidad de Apoyo e Investigación Complementaria adscrita a Fiscalía de Zona Metropolitana Centro-Poniente, 72. Supervisor General de Agencias del Ministerio Público Especializado en Formas Alternativas de Solución de Conflictos, 84. Fiscalía de Investigación de Zona Metropolitana Centro, 85. Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata Complejo Metropolitano C5, Módulo 1, 86. Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata Complejo Metropolitano C5, Módulo 2, 87. Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata Complejo Metropolitano C5, Módulo 3, 88. Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata Complejo Metropolitano C5, Módulo 4, 89. Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata Complejo Metropolitano C5, Módulo 5 y 105. Director adscrito a la Fiscalía General Regional"; lo anterior, en virtud de que dichos autos se le notificaron por lista de acuerdos el trece, catorce y diecisiete del actual, respectivamente, surtieron efectos el siguiente día hábil, por lo que los aludidos términos transcurrieron del diecisiete al diecinueve, del dieciocho al veinte y del diecinueve al veintiuno, todos de junio del presente año, respectivamente; sin que la parte quejosa haya dado cumplimiento a tales requerimientos. En tal sentido, háganse efectivos los apercibimientos decretados por autos de siete, diez y once de junio de dos mil diecinueve y, TÉNGANSE COMO INEXISTENTES a las autoridades anteriormente mencionadas, ordenando suspender cualquier comunicación procesal con las mismas, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que a la fecha en que se actúa no obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable 75. Agente del Ministerio Público Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Investigación Metropolitana Mesa II; además, se hace constar que en el cuaderno incidental derivado del presente juicio de amparo, obra el informe previo de la referida autoridad, en el cual negó la existencia de los actos que se les atribuyen. En tal virtud, a efecto de evitar mayores dilaciones en la tramitación del presente juicio de amparo y en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que es un hecho notorio que en autos del incidente de suspensión derivado del presente asunto, obra el informe previo de tal autoridad, se ordena traerlo a la vista, para que surta sus efectos en este juicio de amparo de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, agregando fotocopia certificada de éste para que obre como corresponda. Finalmente, no se inadvierte que la autoridad responsable 75. Agente del Ministerio Público Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Investigación Metropolitana Mesa II, al rendir su informe de ley negó los actos reclamados por Jonny Arturo Beaza López y no por Jonny Arturo Baeza López; sin embargo, no ha lugar a realizar mayor proveído al respecto, pues esta autoridad concluye que se trata de un error mecanográfico.
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