Jorge Aduna Villavicencio
Expediente 259/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 259/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jorge Aduna Villavicencio
- Agente del Ministerio Público Adscrito A la Unidad Especializada En Investigación de Delitos Fiscales Y Relacionados, Oswaldo Pedraza Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de agosto de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto, en el que se sobreseyó, no es de relevancia documental y es destruible cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20, fracción I, del acuerdo general señalado. DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto al cuaderno original único del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar definitiva, se decreta que es destruible, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20, fracción III, del Acuerdo General. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso dado que en ésta se ordena el archivo del expediente y genera notificaciones. Notifíquese electrónicamente al quejoso; por oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 259/2023, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, promovido por Jorge Aduna Villavicencio, por conducto de su defensor particular Iván Solano Castillo; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el trece de marzo de dos mil veintitrés (fojas 2 a 5), en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, turnado el catorce de marzo siguiente a este juzgado, Iván Solano castillo, en su carácter de defensor particular de Jorge Aduna Villavicencio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal a favor de éste, contra los actos y autoridades que precisó en su demanda en los términos siguientes: ".III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: Como autoridades responsables señalo a las siguientes: Lic. Oswaldo Pedraza Luna, Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de los Delitos Fiscales y Relacionados. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO Y OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De la autoridad responsable reclamo la NEGATIVA VERBAL DE DAR ACCESO a las carpetas de investigación FGE/CDI/UEIDORPI-I/000029/2021 y a la diversa FGE/CDI/UEIDORPI-I/000071/2021, en donde el quejoso es imputado, por habérsele formulado imputación y vinculado a proceso, con motivo de las indagatorias antes mencionadas.". La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación, desechamiento y recurso de queja. En acuerdo de quince de marzo de dos mil veintitrés (fojas 6 a 17), se radicó la demanda como juicio de amparo indirecto 259/2023 de este índice y se desechó, por considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1 y 5, todos de la Ley de Amparo. Inconforme, el promovente de la demanda interpuso recurso de queja, que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito; en ejecutoria de ocho de mayo de la presente anualidad (fojas 35 a 73), dicho órgano colegiado declaró fundado el recurso y ordenó a esta autoridad admitir a trámite la demanda. TERCERO. Separación de juicios y admisión y trámite del juicio de amparo. En acato a lo anterior, en acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés (fojas 74 a 80), primero, se ordenó la separación de juicios, debido a que en la demanda de amparo el quejoso reclama actos emanados de expedientes diversos, por lo que en el referido auto se precisó que este juicio de amparo se ocupa del acto derivado de la carpeta de investigación UEIORPI-I/000029/2021. En el mismo acuerdo, se admitió la demanda, se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión en cuaderno único, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado (foja 98). TERCERO. Parte tercera interesada. En el presente expediente no se reconoció el carácter de tercero interesado a persona alguna, dada la naturaleza de lo reclamado. CUARTO. Cita para audiencia. En acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (foja 100), la cual, en sus dos primeras etapas, se desarrolló al tenor del acta que antecede. QUINTO. Cambio de denominación de este juzgado. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambió de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto atribuido a una autoridad de esa naturaleza que reside dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que Jorge Aduna Villavicencio, reclama de Oswaldo Pedraza Luna, Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de los Delitos Fiscales y Relacionados: - La negativa verbal de permitirle acceder a la carpeta de investigación UEIORPI-I/000029/2021, que se sigue en su contra. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primero, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para, por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Ahora, en relación con el acto reclamado precisado en el considerando que antecede, la autoridad responsable rindió informe justificado en los términos siguientes: Orden Autoridad responsable Sentido del informe Foja 1 Oswaldo Pedraza Luna, Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de los Delitos Fiscales y Relacionados. Aceptó 88 Al rendir su informe, la autoridad responsable aceptó el acto que se le reclama, por lo que se tiene plena certeza de su existencia, pues al respecto informó que el trece de marzo de dos mil veintitrés, el quejoso solicitó el acceso a la mencionada carpeta, y de las constancias remitidas por el representante social responsable, consistentes en copia certificada de la carpeta de investigación UEIORPI-I/000029/2021, documentos que merecen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no se advierte que a la fecha de presentación de la demanda (trece de marzo de dos mil veintitrés), la autoridad responsable haya permitido al quejoso acceder a la carpeta de investigación de origen. CUARTO. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, aun cuando hubieren sido integradas con la Ley de Amparo abrogada, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la vigente. II. Normas aplicables. La carpeta de investigación de donde deriva lo reclamado se tramita conforme al sistema de justicia penal de corte oral y acusatorio. En consecuencia, el problema jurídico planteado será analizado conforme las disposiciones aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce y sus reformas; así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de la implementación del sistema penal acusatorio, esto es, posterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ya que el quejoso tiene el carácter de imputado en la causa penal de origen, pues así lo afirmó en su demanda y no obra constancia alguna que lo contradiga. QUINTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que esta autoridad de amparo pueda analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En la especie, este órgano de control constitucional advierte que respecto al acto reclamado consistente en la negativa a dar acceso a la carpeta de investigación UEIORPI-I/000029/2021, que la parte quejosa reclama de Oswaldo Pedraza Luna, Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de los Delitos Fiscales y Relacionados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. En el caso, como se dijo, la autoridad responsable aceptó que en la fecha en que se instó el presente juicio de amparo, no había concedido al quejoso acceso a la carpeta de investigación que se sigue en su contra. Empero, de la documental que el agente del Ministerio Público responsable remitió como justificación de su informe, ya descrita y valorada, se advierte que el diecisiete de abril de dos mil veintitrés (foja 92), esto es, posterior a la presentación de la demanda que originó este expediente, la representación social responsable hizo constar que Iván Solano Castillo (quien promovió este juicio de amparo en su carácter de defensor particular del quejoso), tuvo acceso a las constancias y registros de la carpeta de investigación UEIORPI-I/000029/2021; incluso, asentó que el citado profesionista tomó fotografías de las fojas 677 a 696 del tomo III, y de la foja 1 a la 467 del tomo IV, de dicha indagatoria. De lo anterior se obtiene que, si bien en la fecha de presentación de la demanda de amparo (trece de marzo de dos mil veintitrés), el agente del Ministerio Público no había dado acceso al aquí quejoso a los registros de la mencionada carpeta, lo cierto es que el diecisiete de abril del presente año, la autoridad responsable permitió el acceso y la consulta de la carpeta de investigación de origen al imputado, por conducto de su defensor particular. Por tanto, es evidente que han quedado destruidos todos los efectos de lo reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de su existencia, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales que estimó transgredidas. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, se sobresee en el presente juicio de garantías. Atento a lo anterior, esta autoridad se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, pues no obstante ser existente el acto reclamado, la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide al juzgador pronunciarse sobre cualquier cuestión que atañe al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia e integración de esta determinación al expediente físico. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Finalmente, en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso dada su trascendencia. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, y 79 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo, en los términos indicados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia e intégrese al expediente físico, en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese vía electrónica al quejoso por conducto de su autorizado, mediante oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil veintitrés. I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 259/2023, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por ********************quien se ostenta como defensor particular del quejoso ********************; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por ********************quien se ostenta como defensor particular del quejoso ********************, se requirió el informe previo a la autoridad responsable, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: - La negativa de dar acceso a la carpeta de investigación ********************, del índice del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Relacionados de la Fiscalía General del Estado de Puebla. TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión del acto reclamado, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye el acto reclamado -que quedó precisado en el considerando segundo- a la autoridad responsable siguiente: No. Oficio Autoridad responsable. Sentido del informe. 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Relacionados de la Fiscalía General del Estado de Puebla, ********************. Aceptó CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Se niega la suspensión definitiva solicitada, pues el acto reclamado tiene el carácter de negativo, como se explicará más adelante. Para efectos de la suspensión dentro del juicio de garantías se encuentran, entre otros: los actos positivos y los negativos; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; y los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos. Por tanto, si tomamos en consideración que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, es evidente que la procedencia de la suspensión no se actualiza ante la negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como ocurre con el acto reclamado; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos estitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad deben concurrir los siguientes requisitos, que a saber, son: 1. Que se solicite la suspensión; y, 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; también lo es que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, lo que no ocurre en el caso, pues el acto reclamado por la parte quejosa constituye una negativa simple, por traducirse en un no hacer o el rechazo a una solicitud de los quejosos por parte de la autoridad responsable, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, no existiría, como en el presente asunto, materia que suspender; de ahí que, como se dijo, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender". QUINTO. Integración de expediente. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente incidente de suspensión. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************quien se ostenta como defensor particular del quejoso ********************, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables identificadas en el considerando tercero. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa; mediante oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. CAMBIO DE DENOMINACIÓN. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambia de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. RECEPCIÓN DE RECURSO DE QUEJA. Agréguese a sus autos el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada el ocho de mayo de dos mil veintitrés, en el recurso de queja Q-66/2023 de su índice, interpuesto por ********************, por conducto de su autorizado, en contra del auto dictado el quince de marzo de dos mil veintitrés, en el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías; misma que en su punto resolutivo señala: "ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja hecho valer por ********************, por conducto de su autorizado ********************, contra el proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, dentro del juicio de amparo indirecto ********************, en el que desechó la demanda de amparo." Los efectos de la ejecutoría son los siguientes: "lo procedente es declarar fundado el presente recurso de queja y ordenar al juez federal, proveer lo conducente en relación con la admisión de la demanda de amparo respecto del acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Relacionados, ********************, que se hizo consistir en la negativa de dar acceso a las carpetas de investigación ******************** y ********************." En tales condiciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de revisión; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). SEPARACION DE JUICIOS. Previo a dar cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, es oportuno señalar que, en realidad, el quejoso se duele de actos que derivan de diversas carpetas de investigación, en ese sentido, de conformidad con el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles -a contrario sensu-, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta procedente decretar, de oficio y de plano, la separación de juicio. Al respecto, sirve de apoyo el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de 2015, tomo III, página 2356 (registro digital 2009070), cuyo rubro dispone: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. AUN CUANDO DICHA FIGURA JURÍDICA NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NO HAY IMPEDIMENTO PARA DECRETARLA CUANDO LOS JUICIOS NO GUARDAN RELACIÓN ENTRE SÍ. La figura de la separación de juicios de amparo fue instaurada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 76/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 118, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA.", a partir de una institución jurídica distinta, como es la acumulación de los procedimientos constitucionales, establecida en el artículo 57 de la Ley de Amparo abrogada; figura que no prevé la vigente. No obstante, ello no impide que conforme a este último ordenamiento se decrete la separación de los juicios de amparo cuando el quejoso reclame actos distintos atribuidos a autoridades diferentes. Lo anterior, porque aun cuando la figura de la acumulación no tenga sustento en la Ley de Amparo, sí lo tiene en el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente (artículo 72, primer párrafo). En este sentido, la regla contenida en dicho numeral, leída en sentido negativo, consiste en que cuando dos o más juicios no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente; en consecuencia, debe decretarse su separación, porque, aun cuando en la ley de la materia, publicada el 2 de abril de 2013, no se encuentre expresamente prevista la figura de la acumulación de juicios, ello no puede llevar a concluir que dos juicios constitucionales derivados de actos reclamados atribuidos a autoridades diferentes deban sustanciarse en un mismo procedimiento, cuando no guardan relación entre sí." En virtud de lo anterior, es necesario precisar que, la separación de juicios versará respecto del acto reclamado consistente en la negativa de dar acceso a las carpetas de investigación, acto reclamado a la autoridad responsable siguiente: Juicio. Autoridad responsable. Expediente de Origen (proceso penal). 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Relacionados, ********************. ******************** 2. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Relacionados, ********************. ********************. Por consiguiente, se ordena formar un cuaderno de antecedentes con el oficio en el que se inserte la presente separación de juicios mismos que deberán tener fotocopia de la demanda de amparo y del presente auto. Hecho lo anterior, se instruye remitir el cuaderno de antecedentes respectivo -una vez realizadas las gestiones administrativas para su reproducción- a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, para que los registre con el oficio respectivo y lo turne aleatoriamente al juzgado que deba conocer de la demanda respecto del acto y autoridades señalados en este apartado. Ello de conformidad con las disposiciones vigentes que ha emitido el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ACTOS DE LOS QUE SE OCUPARÁ ESTE SUMARIO CONSTITUCIONAL - LOS CUALES DERIVAN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ********************. En el entendido que en el presente juicio de amparo se analizarán únicamente el acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Relacionados, ********************, consistente en la negativa de dar acceso a la carpeta de investigación ********************. En consecuencia, fórmese el cuaderno de antecedentes con motivo de la presente separación de juicios, el que deberá contener copia certificada de todo lo actuado en este sumario constitucional. ADMISIÓN. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por********************quien se ostenta como defensor particular del quejoso ********************, contra los actos reclamado a el 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Relacionados, ********************. VISTA MINISTERIAL. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las diez horas con treinta y dos minutos del veintinueve de junio de dos mil veintitrés. INFORME(S) JUSTIFICADO(S). Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) informe con justificación, el que deberá(n) rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; en la inteligencia, que la copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se remiten al requerir el informe previo. En dicho informe justificado deberá(n) exponer las razones y fundamentos que estime(n) pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del(los) acto(s) reclamado(s), y remitirá(n), copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En el entendido, que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s) que podrá(n) remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico o Fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s) que ante la falta del informe justificado, se presumirá(n) cierto(s) el(los) acto(s) reclamado(s), salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho(s) acto(s) no sea(n) en sí mismo(s) violatorio(s) de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) que al rendir su(s) informe(s) no podrá(n) variar o mejorar la fundamentación y motivación de los acto(s) reclamado(s), ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo(s), salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rinda(n) el informe con justificación o lo haga(n) sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita(n) referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), que en el caso de que se niegue(n) a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le(s) impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercera(s) interesada(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". AUTORIZACIÓN DE EMPLEADO Se autoriza al Actuario adscrito o empleado, para el caso de ser necesario, en el acto de la notificación señale la denominación correcta de la autoridad responsable. OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS OFICIOS Se precisa a la autoridad responsable que está obligada a recibir el oficio que el Actuario o empleado adscrito a este órgano jurisdiccional, le hace entrega, en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, con apercibimiento que de no hacerlo del diverso numeral 245, se le impondrá una multa de cien días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, cero centavos, moneda nacional). INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Tal como lo solicita la parte quejosa, fórmese por separado el cuaderno único de la medida cautelar que se solicita. TERCERO INTERESADO. Una vez que se reciba el informe justificado respectivo se estará en condiciones de advertir la existencia de la parte tercera interesada y la necesidad de emplazarla o no al presente juicio de garantías, en relación con el sentido del fallo. PERSONALIDAD DE QUIEN SE OSTENTA COMO DEFENSOR PARTICULAR DEL DIRECTO QUEJOSO. En razón de que el promovente********************se ostenta como defensor particular del quejoso ********************, en las carpetas de investigación carpetas de investigación ******************** y ********************, atento a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Relacionados, ********************, para que en el término de tres días, siguiente a la notificación del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional la constancia correspondiente en la que conste la personalidad con la que se ostenta********************esto es, que se trata del defensor público del mencionado quejoso. Así mismo, se hace saber al promovente********************que si apareciere que carece del carácter con el que se ostenta, se le impondrá una multa de cincuenta a quinientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 241 de la Ley de Amparo; y, se ordenará la ratificación de la demanda por parte del quejoso directo ********************. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que: De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DE EXPEDEINTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; mediante oficio al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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