Jorge Aduna Villavicencio
Expediente 1794/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1794/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jorge Aduna Villavicencio
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, en el recurso de queja Q-6/2017, interpuesto por la parte quejosa en contra del auto dictado el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, en el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías; misma que en su punto resolutivo señala: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja." En tales condiciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de revisión; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual comunica que por auto dictado el once de enero de dos mil diecisiete, se admitió el recurso de queja, hecho valer por el quejoso JORGE ADUNA VILLAVICENCIO, en contra del proveído de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo, de lo que queda enterada la suscrita Jueza de Distrito, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el escrito de expresión de agravios signado por el quejoso JORGE ADUNA VILLAVICENCIO, por medio del cual, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo vigente, interpone recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 50 a 51) dictado en este juicio de amparo. Ahora bien, atento a que el auto impugnado es aquél por el cual se desechó la demanda de amparo, resulta evidente que no hay parte alguna a la que deba notificarse la interposición del recurso de mérito a efecto de que señale las constancias que deban remitirse para la substanciación de la queja, como lo dispone el artículo 101 de la Ley de Amparo, al no haberse dado intervención a alguna de ellas. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, todos de la Ley de Amparo, ríndase el INFORME JUSTIFICADO respectivo, manifestando que ES CIERTO que el veintinueve de diciembre de la anualidad próxima pasada se dictó el proveído impugnado, el cual se estima apegado a derecho. Para tal efecto, remítase copia certificada de todo lo actuado en este expediente 1794/2016-II-C, el original del aludido escrito de agravios y el informe sobre la materia de la queja al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Finalmente, no ha lugar a suspender el procedimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo, pues como ya se dijo, el presente asunto no se encuentra en trámite, al haberse desechado la demanda que dio origen al expediente en que se actúa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1794/2016-II-C. En primer término, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado por el quejoso en esta instancia constitucional, consiste en: La resolución interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, dictada dentro de la causa penal 77/2016 del índice del Juzgado Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, que se le instruye al aquí quejoso por el delito de secuestro y otro, mediante el cual el juez responsable determinó no revocar el auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciseis, por el que se determinó no llevar a cabo el desahogo del interrogatorio a cargo del Licenciado Héctor Alejandro Betz Valencia. En ese sentido, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos preceptos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De una interpretación sistemática de las normas transcritas (interpretación que radica en considerar el derecho como un sistema, en el que cada norma tiene una función), se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en éste se reclamen actos dentro del procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así, conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto sólo procede contra actos procesales de imposible reparación. Entendiéndose por "actos procesales de imposible reparación", las actuaciones cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Federal por medio de las garantías individuales. Por lo mismo, esa afectación, o sus efectos, para que sean considerados de imposible reparación no deben destruirse con el solo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Y, por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, como sucede en la especie. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto la jurisprudencia por contradicción de tesis 3/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que a continuación se transcribe: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Sobre la base expuesta, es evidente que el acto de procedimiento que se pretende combatir en esta instancia constitucional que es la resolución interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, dictada dentro de la causa penal 77/2016 del índice del Juzgado Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, que se le instruye al aquí quejoso por el delito de secuestro y otro, mediante el cual el juez responsable determinó no revocar el auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, por el que se determinó no llevar a cabo el desahogo del interrogatorio a cargo del Licenciado Héctor Alejandro Betz Valencia, sólo produce efectos meramente intraprocesales que no causan en sí mismos, un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte procesada (aquí quejoso), ya que, evidentemente, no afectó sus derechos de propiedad, ni de posesión, sino sólo produce efectos intraprocesales, en el sentido de no desahogarse la prueba que ofreció. Por tanto, la suscrita Jueza de Distrito concluye que la resolución interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, dictada dentro de la causa penal 77/2016 del índice del Juzgado Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, que se le instruye al aquí quejoso por el delito de secuestro y otro, mediante el cual el juez responsable determinó no revocar el auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, por el que se determinó no llevar a cabo el desahogo del interrogatorio a cargo del Licenciado Héctor Alejandro Betz Valencia, no es impugnable a través del juicio de amparo indirecto, pues no encuadra en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b) Constitucional en relación con el diverso precepto 107, fracción V de la Ley de Amparo, aplicadas estas fracciones a contrario sentido, porque, simplemente, no le causa al peticionario de garantías un daño de imposible reparación dentro del proceso penal, según las razones que ya fueron precisadas, y tampoco se advierte que se trate de una afectación procesal de carácter exorbitante. Efectivamente, de acuerdo al concepto de irreparabilidad que ha sido desarrollado en este auto, el acto combatido que ahora se analiza no es impugnable en amparo indirecto, pues es un acto intraprocesal. En ese tenor, al tratarse de un acto intraprocesal que obliga a que el procedimiento continúe hasta el dictado de la resolución definitiva, en el que de resultar favorable a los intereses de la hoy parte quejosa, la posible afectación que hoy reclama quedaría reparada, y de serle desfavorable podría reclamarla en vía de amparo directo, tal y como lo establecen las fracciones VII y XIV del artículo 173 de la Ley de Amparo, y como concepto de violación, por violaciones procesales. En efecto, las fracciones VII y XIV del artículo 173 de la Ley de Amparo, establecen uno de los supuestos jurídicos, que debe ser impugnable en amparo directo, y que a saber dicen: Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto (.) VII. No se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho; (.) XIV. En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio del órgano jurisdiccional de amparo. (.)." De las fracciones transcritas se desprende, que constituye una violación procesal, el que no se admita la prueba ofrecida, o no se reciba con arreglo a la Ley, o en casos análogos a éste, como el que se analiza, en que el juez natural determinó no llevar a cabo el interrogatorio a cargo del licenciado Héctor Alejandro Betz Valencia en la causa penal 77/2016 de su índice; pues, una vez resuelto de manera definitiva la causa penal, si la sentencia le fuere favorable a la parte quejosa, la posible violación que reclama habría desaparecido, y si le fuese adversa, tal resolución la puede reclamar en amparo directo que en su oportunidad promueva, como violación procesal. Además, las consecuencias del acto reclamado de ninguna manera afectan en grado predominante o superior los derechos procesales del inculpado (hoy promovente), pues no puede considerarse que con la resolución que reclama se haya variado en forma alguna la litis de origen. Luego, la resolución reclamada corresponde a un acto dentro del proceso, de carácter intraprocesal, que no tiene una ejecución de imposible reparación, por lo que no procede en su contra el juicio de amparo indirecto, ya que no se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el diverso numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo; y en cambio, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 173, fracción VII de la mencionada ley, como ya se dijo, se trata de una violación intraprocesal impugnable vía amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia. Consecuentemente, al actualizarse de modo indudable y manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS con fundamento en el artículo 113 de la citada ley. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír notificaciones los estrados de este Juzgado, los cuales, técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la Tesis aislada número XXII.1°.22k, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que se lee a foja 1067, del tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público. Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ramón Aduna García, toda vez que cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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