Jorge Aduna Villavicencio

Expediente 118/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
118/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
28/02/2019

Partes del expediente

  • Jorge Aduna Villavicencio

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de dieciocho de febrero del año en curso, en el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio de demanda signado por el quejoso Jorge Aduna Villavicencio, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención formulada el once de febrero pasado, manifiesta en esencia, lo siguiente: ".Una vez solicitada la mencionada corrección, el hoy quejoso manifiesta que es su deseo, que no se establezcan como acto reclamado las órdenes de aprehensión, reaprehensión, detención, comparecencia y/o presentación, que de manera errónea se mencionan en el Capítulo de Suspensión del acto reclamado." Asentado lo anterior, debe precisarse que el promovente acude a esta instancia constitucional, a reclamar únicamente lo siguiente: 1. Del Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la orden de remisión de pruebas que aduce el quejoso fueron declaradas ilícitas, e indicios obtenidos indirectamente de dichas pruebas y falta de observancia en la tutela de derechos humanos respecto de la ilegalidad de dichas pruebas e indicios, para la probable integración de una nueva investigación en su contra, derivado del juicio de amparo 497/2018 de su índice. 2. Del Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de Puebla, la remisión de pruebas que aduce fueron declaradas ilícitas, e indicios obtenidos indirectamente de dichas pruebas y falta de observancia en la tutela de derechos humanos respecto de la ilegalidad de dichas pruebas e indicios, para la probable integración de una nueva investigación en su contra, derivado de la causa penal 76/2016 y su acumulado 77/2016 de su índice, en cumplimiento al oficio FISDAI/UIDA/040/2019 de la diversa autoridad Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto impacto y su ejecución. DESECHAMIENTO. Al respecto se destaca que la acción constitucional ejercida mediante la demanda de amparo que se analiza deviene improcedente, pues se advierte en relación a los actos de autoridad que se reclaman, se actualizan dos causas notorias e indudables de improcedencia. I. Atinente al acto reclamado a la autoridad Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, consistente en la orden de remisión de pruebas que aduce fueron declaradas ilícitas, e indicios obtenidos indirectamente de dichas pruebas y falta de observancia en la tutela de derechos humanos respecto de la ilegalidad de dichas pruebas e indicios, para la probable integración de una nueva investigación en su contra, derivado del juicio de amparo 497/2018 de su índice; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" El precepto y fracción citados, son claros al establecer la improcedencia del juicio de amparo en contra de resoluciones dictadas en el juicio de garantías, o en ejecución de las mismas, lo que se traduce en el hecho que no puede intentarse el juicio de garantías en contra de actos que se reclamen a un Juzgador Federal. Lo anterior obedece a que los órganos de amparo ejercen la facultad de control constitucional de los actos dictados por las autoridades del Estado, por lo que sus resoluciones o actos no pueden ser cuestionadas por otro órgano de control constitucional, mediante la interposición del juicio de amparo, pues tal circunstancia implicaría permitir un juicio de amparo sobre otro diverso, provocando inseguridad jurídica, generando una cadena infinitiva de dichos juicios. De lo que se sigue que la acción constitucional ejercida mediante la demanda de amparo que se analiza es improcedente, pues en ella el inconforme se duele de la orden de remisión de pruebas que aduce fueron declaradas ilícitas, e indicios obtenidos indirectamente de dichas pruebas y falta de observancia en la tutela de derechos humanos respecto de la ilegalidad de dichas pruebas e indicios, para la probable integración de una nueva investigación en su contra, derivado del juicio de amparo 497/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. De lo expuesto se colige, la actualización de la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción IX de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado por la parte quejosa es atribuido a un Juez de Distrito, y dicho acto no se encuentra sujeto al control constitucional, debido a que precisamente fue dictado por un órgano que ejerce dicha función, como órgano de amparo. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente, son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o, en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el 'juicio' en lo principal." En consecuencia, es indudable que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado en la presente instancia constitucional es atribuido a un órgano de control constitucional (Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla); por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar el acto reclamado que se analiza, por ser notoria e indudable la causa de improcedencia anotada. II. Atinente al diverso acto reclamado a la autoridad Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de Puebla, consistente en la remisión de pruebas que aduce fueron declaradas ilícitas, e indicios obtenidos indirectamente de dichas pruebas y falta de observancia en la tutela de derechos humanos respecto de la ilegalidad de dichas pruebas e indicios, para la probable integración de una nueva investigación en su contra, derivado de la causa penal 76/2016 y su acumulado 77/2016 de su índice, en cumplimiento al oficio FISDAI/UIDA/040/2019 de la diversa autoridad Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto impacto y su ejecución; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso.". Del precepto legal trascrito se obtiene que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio de garantías, por lo que aquél debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, pues si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada el juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/87, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Cabe agregar que el interés jurídico para promover el juicio de amparo debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, según lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Y, en relación con dicho numeral debe citarse el diverso 6 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Así, de acuerdo con los preceptos transcritos, la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica; entendiéndose por perjuicio la afectación de un derecho legítimamente tutelado, por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano competente a fin de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y ello es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Por consiguiente, sólo tiene interés jurídico el particular a quien la norma le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir; y, b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. En ese sentido, no es factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Efectivamente, el interés legítimo es aquel que tienen las personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado, pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. Sentado lo anterior, es pertinente precisar que en el caso en particular, el Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de Puebla, al remitir las pruebas e indicios que aduce fueron declaradas ilícitas, para la probable integración de una nueva investigación en su contra, derivado de la causa penal 76/2016 y su acumulado 77/2016 de su índice, en cumplimiento al oficio FISDAI/UIDA/040/2019 del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto impacto, no causa una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, ya que las consecuencias que pudieran derivarse (restricción de su libertad), aún no se materializan; pues el Ministerio Público Investigador correspondiente, podría incluso, determinar el inejercicio de la acción penal, incluso, si el fiscal del conocimiento ejerciera acción penal en su contra, sería la determinación del Juez de Control a quien correspondiera resolver sobre el pedimento de la representación social, la que posiblemente generaría un perjuicio en la esfera jurídica del quejoso, no así la remisión de pruebas e indicios que aduce el quejoso fueron declaradas ilícitas, para la probable integración de una nueva investigación en su contra, derivado de la causa penal 76/2016 y su acumulado 77/2016 de su índice. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 1ª. CXXXV/2004, de rubro y tenor siguiente: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Así como las tesis XXVII.3º.47 P y XXVII.3º.48 P (10ª) sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, cuyos rubros y texto son del tenor siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente." "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión." Con base en lo anterior, es dable concluir que el acto reclamado al Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de Puebla, no constituye un acto de molestia o privativo contra el aquí quejoso, pues el acto reclamado no trasciende de manera irreparable a su esfera jurídica, ya que no le irroga un perjuicio actual e inminente y, en todo caso, se materializaría como ya se dijo, hasta que una vez que el Ministerio Público correspondiente solicite el ejercicio de la acción penal a la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la carpeta judicial, y este a su vez determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de citación, comparecencia o aprehensión. En las relatadas condiciones, respecto del acto reclamado analizado en párrafos precedentes, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 113 de la propia ley, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR LAS DOS CAUSALES DE IMPROCEDENTES DESCRITAS EN LA PRESENTE DETERMINACIÓN. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de febrero de dos mil diecinueve. FORMACIÓN. Visto lo de cuenta, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 118/2019-E, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar sobre la admisión de la demanda de amparo, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido en los artículos 108, fracción IV, 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Precise si señala como actos reclamados, en concreto, si reclama las órdenes de aprehensión, reaprehensión, detención, comparecencia y/o presentación libradas por las autoridades responsables ordenadoras; ya que en el capítulo relativo a los actos reclamados nada dice al respecto, y en el diverso capítulo correspondiente a la suspensión de los actos reclamados, el promovente se duele de las órdenes indicadas y solicita la suspensión para el efecto de que no sea privado de su libertad. Lo anterior es así, ya que de conformidad a lo establecido en el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, la parte quejosa en su demanda de amparo, debe precisar el acto u omisión que de cada autoridad se reclame; aunado a que de la interpretación sistemática del artículo 108, fracciones III y V, en relación con el 74 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, lo anterior a fin de que queden definidos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por él mismo, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." DOMICILIO. Toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír notificaciones los estrados de este Juzgado, los cuales, técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la Tesis aislada número XXII.1°.22k, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que se lee a foja 1067, del tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ramón Aduna García, Nora Estela Esquitin de la Madrid y Iván Solano Castillo, atento a que después de consultar la página de internet www.cedulaprofesional.sep.gob.mx, se constató que cuentan con cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho; asimismo, en términos del párrafo segundo, parte in fine, del citado artículo, se tienen como autorizados sólo para oír notificaciones e imponerse de autos, a las restantes personas designadas, quienes no gozarán de las demás facultades a que se refiere el párrafo primero de dicho numeral, por así haberlo solicitado el quejoso. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICAMENTE. En otro orden, toda vez que el quejoso en su escrito inicial de demanda solicitó que se le autorizara el acceso al expediente electrónico a su autorizado procesal Iván Solano Castillo, para lo cual con fundamento en el artículo 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal proporcionó el número de usuario "SOLANO". En mérito de lo anterior, a efecto de no irrogar perjuicio alguno a la parte promovente, al efecto se provee: En atención al artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, y después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acredita que Iván Solano Castillo es titular del usuario "SOLANO", el cual se encuentra vigente, con fundamento en el referido artículo 3 de la Ley de Amparo y en los artículos 77, 78, 93 y 94 del también mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, por lo que se concede a Iván Solano Castillo, el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Signifíquese a dicho autorizado que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 57 del acuerdo en conjunto aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS. Finalmente, respecto a la petición de la parte quejosa de utilizar cámaras fotográficas y de video, así como escáner y cualquier otro medio electrónico para obtener imágenes y/o fotografías de las actuaciones y documentos que obren en el presente juicio, resérvese acordar lo que en derecho resulte procedente, hasta en tanto, en su caso, se advierta la existencia del acto reclamado y si las constancias que remitan las autoridades responsables como justificación a sus informes, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 26/2015 siguiente sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo."

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