Jonathan Emanuel Cabrera Chávez
Expediente 858/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 858/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jonathan Emanuel Cabrera Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de marzo de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de veinte de febrero de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio de amparo en que se actúa, promovido por el menor Jonathan Emanuel Cabrera Chávez. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del cuaderno de prueba que la autoridad responsable adjuntó a su informe, lo anterior para los efectos legales procedentes. SOLICITA GIRAR OFICIO PARA NOTIFICAR LA SENTENCIA. Finalmente, en lo que respecta al escrito de cuenta mediante el cual el tercero interesado solicita que se gire oficio a la responsable para notificar el fallo emitido en este juicio, dígasele que con motivo de la sentencia se generó el oficio 2480 para hacerla del conocimiento de la responsable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 858/2018 promovido por Jonathan Emanuel Cabrera Chávez, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo se encuentran emplazados como terceros interesados Margarita Chávez Medina y Rafael Vega Hernández, en cuanto apoderado de la persona moral BBVA Bancomer, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero BBVA Bancomer. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. Secretaria, dé cuenta con el informe justificado que obra en autos. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa anexó dos documentales a su escrito inicial de demanda; y, la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en el Juicio Sumario Civil Hipotecario 1257/2013 e incidente de liquidación de sentencia, mismos que obran en cuadernos de pruebas por separado en la Secretaría de este juzgado. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente la Representante del menor quejoso Jonathan Emanuel Cabrera Chávez, formuló los alegatos que a su parte corresponden, a través de sus escritos presentados el catorce de diciembre de dos mil dieciocho y quince de enero de dos mil diecinueve. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, con lo cual se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 858/2018-IV, promovido por el menor de iniciales J. E. C. Ch., asistido por su representante especial, la asesora jurídica federal Olivia Benítez Reyes, contra los actos que reclama de la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el trece de septiembre de dos mil dieciocho, ante la autoridad responsable, el menor quejoso presentó demanda de amparo directo, por lo que se remitieron los autos y demanda al Tribunal Colegiado en Materia Civil de esta ciudad en turno, y por oficio 844 de diez de octubre del año en cita, el Primer Tribunal Colegiado, remitió los autos a la oficina de correspondencia común de los juzgados de Distrito, por considerar que carecía de competencia para conocer del juicio, al no tratarse de un acto que pusiera fin al juicio. Por razón de turno, el juicio fue remitido a este órgano jurisdiccional el once del mes y año en cita, del que se desprende que el menor J. E. C. Ch., acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, en los términos siguientes: "IV. ACTO RECLAMADO: El remate, escrituración y potencial orden de desalojo, llevados a cabo dentro del juicio sumario civil hipotecario registro número 1257/2013, radicado ante la responsable con fechas 21 de septiembre de 215 y 9 de noviembre de 2016". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y en proveído de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, previa aclaración, se admitió a trámite la demanda; se formó el expediente y lo registró bajo el número 858/2018; se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Protección a la intimidad y privacidad de los menores. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1° y 4°, párrafo noveno, de la Constitución Política Federal, en relación con los diversos 3.1. y 19.1. de la Convención sobre los Derechos del Niño, 5, primer párrafo, 7, 13, fracción XVII, 76, párrafos primero y segundo, 79 y 86, fracción IV, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y asimismo, como orientador -no vinculante- de este criterio, los puntos seis (privacidad) y siete (medidas para proteger la intimidad y el bienestar de niños, niñas y adolescentes), del capítulo III, del Protocolo de Actuación expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes; debe tomarse en consideración que el promovente de amparo es menor de edad, por lo que, para proteger su intimidad y la reserva de sus datos personales, se ha hecho referencia a él en esta sentencia como menor de edad o por las iniciales de sus nombres y apellidos, sin perjuicio de que, en adelante, se le cite como "el menor de edad de identidad reservada", "niño" o "infante". TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Conforme a lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, 75 y 76 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado. Sobre este tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la demanda de amparo debe interpretarse como un todo, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, pero sin cambiar su alcance y contenido. De manera que los datos que emanen del escrito inicial de demanda de amparo se armonicen en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, para atender preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión. Este criterio jurídico se encuentra contenido en la jurisprudencia y tesis siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Época: Novena Época; Registro: 192097; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XI, Abril de 2000; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 40/2000; Página: 32). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." (Época: Novena Época; Registro: 181810; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIX, Abril de 2004; Materia(s): Común; Tesis: P. VI/2004; Página: 255). Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo y las constancias que obran en autos se advierte que el quejoso menor de edad reclama los actos que atribuye a la autoridad responsable que se indican enseguida: De la Jueza Primera de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán de Ocampo. La audiencia de remate en primera almoneda de veintiuno de septiembre de dos mil quince, celebrada en los autos del juicio sumario especial hipotecario 1257/2013 de su índice, en la que se declaró la adjudicación del bien inmueble ubicado en la avenida Michoacán, número quinientos noventa y siete, interior cuarenta y dos, fraccionamiento Los Olivos, del municipio de La Piedad, Michoacán de Ocampo; en favor de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. El acuerdo de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en los autos del juicio sumario especial hipotecario 1257/2013, por el cual se designó al titular de la Notaría Pública Número Ciento cinco, a fin de que lleve a cabo la escritura respectiva. La eventual orden de lanzamiento que se dicte con la finalidad de entregar la posesión del inmueble en comento a la parte actora en el juicio natural BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Jueza Primera de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán de Ocampo, identificados con los incisos a) y b), pues así lo reconoció al rendir su informe con justificación (foja 22 del juicio de amparo), lo cual se corrobora con las documentales que remitió y que obran en dos tomos de pruebas por separado. Documental que en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º, segundo párrafo, merece eficacia probatoria plena. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." (Apéndice de 1995, Tomo VI, Quinta Época, tesis 226, página 153, registro 394182). En otro orden de ideas, también es cierto el acto reclamado consistente en la eventual orden de lanzamiento que se dicte con la finalidad de entregar la posesión del inmueble materia de litigio a la parte actora en el juicio natural BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer; pues si bien la autoridad responsable negó su existencia al manifestar que "hasta la fecha no ha dictado orden alguna", lo cierto es que ya se aprobó el remate y escrituración del citado bien, motivo por el cual es inminente el acto de desposesión que reclama el solicitante del amparo, al ser una consecuencia forzosa e ineludible. Es aplicable al caso la tesis X.3o.16 P emitida por el Tercer Tribunal Colegiado Del Décimo Circuito, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS INMINENTES. LO SON AQUELLOS DE CUYA REALIZACIÓN SE TIENE PLENA CERTEZA POR SER UNA CONSECUENCIA FORZOSA E INELUDIBLE DE HECHOS PROBADOS. La resolución dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que revoca el auto que negó la orden de aprehensión y detención en contra del quejoso por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar cometido en agravio de su cónyuge y menores hijos, por estimar que en la especie se acreditan los elementos del tipo penal, así como la presunta responsabilidad del inconforme, produce en el quejoso un agravio actual, pues si bien la resolución reclamada, por sí sola, no afecta la libertad del quejoso, también es cierto que por referirse a una situación que está pronta a suceder, como lo es la orden de aprehensión, seguramente se lo causará; esto es así, a virtud de que si la autoridad ordenadora consideró que en el caso con los elementos de prueba se acreditan tanto los elementos del tipo del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, cuanto la probable responsabilidad del quejoso, es evidente que dicha resolución obliga al Juez responsable a emitir la orden de aprehensión en contra del impetrante por el referido ilícito, porque ese tipo de mandamiento judicial ya no depende del análisis y valoración de las pruebas de autos por parte del Juez, quien ha de dictarla, pues no obstante de que la Sala Penal dejó plenitud de jurisdicción al Juez natural, enseguida precisó que debía dictar otra de acuerdo a los lineamientos de la resolución de segunda instancia; por tanto, se trata de un acto de realización inminente, por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados respecto del cual es procedente el juicio de amparo biinstancial. Estimar lo contrario implicaría que aunque el gobernado tuviera pleno conocimiento de la realización próxima de un acto lesivo, para intentar el amparo estaría obligado a esperar la realización de dicho acto, con todas las consecuencias perjudiciales que ello acarrea, so pena de que se sobreseyera en el juicio promovido con anticipación a dicho evento, lo que es contrario a la naturaleza del juicio de amparo." QUINTO. Oportunidad de la demanda. De acuerdo con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para la presentación de la demanda es de quince días y se computará, entre otros supuestos, a partir del día siguiente a aquél en que la parte quejosa se ostenta sabedora del acto que reclama. Pues bien, el menor de edad de iniciales J.E.C.Ch. manifiesta que el ocho de septiembre de dos mil dieciocho tuvo conocimiento de la existencia del juicio sumario especial hipotecario 1257/2013, instaurado en contra de su madre Margarita Chávez Marín, por lo tanto, se tomará en cuenta esa data para el respectivo cómputo, en virtud de que se ostenta como persona extraña en stricto sensu. Consecuentemente, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del diez al veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, descontándose sábados y domingos, por haber sido inhábiles, de conformidad con el arábigo 19 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces, si la demanda se presentó en la vía directa, ante el juzgado responsable, el trece de septiembre de dos mil dieciocho (foja 21 del expediente principal), inconcuso es que se promovió dentro del plazo de quince días que establece el mencionado artículo 17 de la ley de la materia. Sin que obste a la anterior consideración que el quejoso menor de edad promoviera la demanda en la vía directa ante la autoridad responsable, pues la equivocación en la vía no es motivo suficiente para imposibilitar su defensa, aun cuando el Tribunal Colegiado de Circuito que la recibió se haya declarado incompetente y remitiera los autos al juez de distrito en turno. Máxime que, en el caso, no se tiene que el quejoso haya presentado indebidamente por segunda ocasión una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; o bien, que se trate de un acto que constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto. Por tanto, debe atenderse a la fecha de presentación de la demanda ante la autoridad responsable. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, texto y datos de identificación: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causas de improcedencia del juicio de amparo deben acreditarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, y que la equivocación de la vía en que se presente la demanda correspondiente no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales. En ese sentido, cuando en la demanda se reclamen actos que se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 114 de la Ley de Amparo, pero se dirija al Tribunal Colegiado de Circuito, debe estimarse oportuna su promoción si es presentada dentro del plazo legal ante la autoridad responsable, a pesar de que a la fecha en que se reciba en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito haya transcurrido el plazo previsto para ello, y que en esa demanda se expresen los antecedentes del acto reclamado, la protesta de decir verdad o algún otro de los requisitos establecidos por el artículo 116 de la Ley citada para la promoción del amparo indirecto; pues pretender desentrañar la intención del impetrante con la mención de esos requisitos, llevaría a establecer la vía de impugnación bajo indicios que constituyen un criterio subjetivo, siendo que lo aplicable es un criterio objetivo que no dé lugar a dudas sobre la intención de promover el amparo directo, como es la autoridad a la que se dirige y el lugar donde se presenta la demanda. En consecuencia, si su presentación ante la responsable ocurrió en tiempo, debe considerarse que la demanda de garantías fue presentada oportunamente, con independencia de que el Tribunal Colegiado de Circuito que la recibió se declare incompetente y que el Juez de Distrito ordene su regularización, en cuanto a la satisfacción de los requisitos de la demanda de amparo indirecto." (Novena Época, Registro digital: 175619, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 25/2006, Página: 251). Así como la diversa jurisprudencia por contradicción de tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, texto y datos de localización siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo." (Décima Época, Registro digital: 2007052, Instancia: Primera Sala, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 13/2014 (10a.), Página: 275). SEXTO. Antecedentes relevantes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, resulta conveniente relacionar algunos de sus antecedentes, los cuales se desprenden de los dos tomos de pruebas que obran por separados y que a continuación se señalan: Por acuerdo de cinco de diciembre de dos mil trece, la Jueza Primera de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán de Ocampo, admitió a trámite a la demanda en la vía sumaria civil hipotecaria, instaurada por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por conducto de sus apoderados legales Rubén Rodríguez Prado, Rafael Vega Hernández y Juan José Cornejo Rubio, en contra de Margarita Chávez Marín, de quien reclamó, entre otras cosas, el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, así como el pago de la cantidad de un millón ciento once mil cuatrocientos ochenta y un pesos 03/100 moneda nacional (1´111,481.03 M.N.); demanda que quedó registrada con el expediente número 1257/2013 (fojas 54 y 55 del primer tomo de pruebas). El treinta de enero de dos mil catorce, la actuaria adscrita al juzgado responsable emplazó de manera personal a la demandada (foja 63 ibídem). Seguida las etapas del procedimiento, el dos de julio de la citada anualidad, la juez de primera instancia dictó resolución, la cual culminó con los siguientes resolutivos: "PRIMERO.- Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver en definitiva de este negocio jurídico. "SEGUNDO.- Han procedido las acciones personal de crédito y real hipotecaria que, en la vía civil hipotecaria, promueve la persona jurídica 'BBVA Bancomer', S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por conducto de sus apoderados jurídicos, frente a Margarita Chávez Marín, de quien no prosperaron sus excepciones ni defensas. "TERCERO.- En consecuencia, se declara el vencimiento anticipado del contrato base de la acción, celebrado entre la entidad financiera demandante y la aquí accionada, a quien se le condena al pago de la cantidad de $1'111.481.03 un millón ciento once mil cuatrocientos ochenta y un pesos 03/100 moneda nacional, por concepto de suerte principal al 23 veintitrés de julio de 2013 dos mil trece, que comprende los siguientes montos y conceptos, a saber: $961,134.97 novecientos sesenta y un mil ciento treinta y cuatro pesos 97/100 moneda nacional, como saldo insoluto; y, la cantidad de $37,963.84 treinta y siete mil novecientos sesenta y tres pesos 84/100 moneda nacional, como amortizaciones no pagadas; asimismo, se le condena a pagar la suma de $110,780.30 ciento diez mil setecientos ochenta pesos 30/100 moneda nacional, en concepto de intereses ordinarios vencidos; al igual que las cantidades de $500.00 quinientos pesos 00/100 moneda nacional, como gastos de cobranza; $80.00 ochenta pesos 00/100 moneda nacional como Impuesto al Valor Agregado de gastos de cobranza; y, el monto $1,021.92 un mil veintiún pesos 92/100 moneda nacional, como intereses moratorios no pagados; todas estas cantidades generadas a la fecha antes indicada, así como las que se sigan acumulando hasta la total liquidación del adeudo, lo cual será objeto de cuantificación en la etapa de ejecución de sentencia, conforme a las tasas y parámetros pactados en el contrato accionario y que el nuevo estado de cuenta en su momento así lo precise detalladamente. "CUARTO.- En su momento, sáquese a remate el inmueble dado en garantía, para que con su producto se el haga el pago a la parte acreedora de las prestaciones a las que se condenó a la aquí demandada o, en su caso, se opte por la adjudicación a favor de la persona jurídica demandante. "QUINTO.- Se condena a la accionada a pagar en favor de la parte contraria los gastos y costas que haya erogado con motivo del presente juicio, previa su regulación y aprobación judicial." (104 a 112 del primer tomo de pruebas). Previa resolución de veintisiete de agosto de dos mil catorce, dictada en el toca de apelación I-215/2014, del índice de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo (fojas 135 a 142 del primer tomo de pruebas), la cual confirmó la diversa de dos de julio de la aludida anualidad; en auto de once de noviembre del precitado año, la jueza de primera instancia ordenó la ejecución forzosa de las prestaciones a las que fue condenada Margarita Chávez Marín, al no haber dado cumplimiento voluntario de éstas (foja 167 ibídem). Posteriormente, dentro de la secuela procesal de la ejecución de sentencia y una vez autorizada la planilla de liquidación de los intereses ordinarios y moratorios correspondientes, así como de amortizaciones vencidas pendientes de liquidar y de honorarios profesionales (fojas 18 a 24 del segundo tomo de pruebas); el seis de agosto de dos mil quince, la jueza responsable señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de remate en su primera almoneda (foja 220 del primer tomo de pruebas). Antepuesto recurso de apelación en contra de la audiencia de remate de veintiuno de septiembre siguiente (fojas 255 y 256, ibídem); en auto de once de diciembre de la precitada anualidad (foja 292), la jueza responsable ordenó adjudicar de manera directa el bien inmueble ubicado en la avenida Michoacán, número quinientos noventa y siete, interior cuarenta y dos, fraccionamiento Los Olivos, del municipio de La Piedad, Michoacán de Ocampo, a favor de la parte actora BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer; acuerdo que fue recurrido y desechado de plano por no proceder recurso en contra (foja 298 del segundo tomo de pruebas). Por otro lado, Margarita Chávez Marín promovió demanda de amparo indirecto en contra de la resolución de diez de noviembre de dos mil quince -la cual confirmó la audiencia de remate de veintiuno de septiembre de dos mil quince-, dictada en el toca I-330/2015 de la estadística de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, la cual fue desechada por el Juzgado Cuarto de Distrito en la aludida entidad federativa (fojas 300 a 302). Consecuentemente, en acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, la jueza de primera instancia otorgó la escritura del citado bien inmueble en rebeldía de la demandada, y a solicitud de la parte actora, en el diverso de nueve de noviembre siguiente, designó al titular de la Notaría Pública Número Ciento cinco, para llevar a cabo la escritura respectiva (fojas 305 y 315 del primer tomo de pruebas). SÉPTIMO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, este órgano jurisdiccional estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, penúltimo párrafo, de la ley de la materia aplicable, ya que la parte quejosa carece de interés para accionar en la vía de amparo. En efecto, los numerales citados en el párrafo que antecede establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. "El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. "Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. "La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." En relación a la causa de improcedencia en comento, es importante precisar que por imperativo del artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, y los diversos numerales 5º, fracción I, penúltimo párrafo, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Esto es, cuando en la demanda de amparo se reclamen actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, es un requisito de procedibilidad que el quejoso ostente un derecho subjetivo. Este requisito, a su vez, guarda íntima relación con el principio de afectación personal y directa que rige en el juicio constitucional y que, vistos en su conjunto, permiten afirmar que, cuando se reclama un acto o resolución emitida en un procedimiento jurisdiccional, su procedencia está sujeta a que se cause un agravio personal y directo a la persona que solicita la protección de la Justicia Federal, por estimar que es titular de un derecho subjetivo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el interés jurídico es la pretensión que se encuentra reconocida por las normas y se refiere a la titularidad de los derechos violados por el acto reclamado, de manera que el sujeto afectado solamente puede acudir al juicio de amparo. Es decir, el interés jurídico está en relación directa con el derecho subjetivo afectado y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho. Además, tal institución jurídica debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio constitucional y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. De manera que la comprobación del interés jurídico debe estar vinculado directamente con el bien que se dice afectado y con el carácter con que acude el quejoso al juicio de amparo. Es orientadora la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, página 1854, registro 2004501, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En el presente asunto, el tema a dilucidar es si el menor de edad -aquí quejoso- acredita tener a su favor un derecho de posesión sobre el inmueble objeto de adjudicación, escrituración y, en su momento, lanzamiento. Al respecto, cabe precisar que a fin de que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere este derecho, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que posee el bien de que se trate. Esto último no ocurre en el caso, pues el solicitante de amparo ni siquiera acreditó que efectivamente habita el domicilio materia de litigio en el juicio natural; pues para ello únicamente presentó copia certificada de su acta de nacimiento, en la que consta -en lo que interesa- que es hijo de las personas de nombre José Ignacio Cabrera Bravo y Margarita Chávez Marín; y una constancia expedida por la Directora del colegio "Genesis", de la que se desprende que el ahora quejoso es alumno de esa institución y que vive en el inmueble ubicado en la avenida Michoacán, número quinientos noventa y siete, interior cuarenta y dos, de la colonia México en La Piedad, Michoacán. Pero la constancia de domicilio emitida por la institución escolar no es idónea ni suficiente para demostrar que el infante efectivamente habita en el inmueble que se indica, ya que los datos con los que cuenta dicho colegio son únicamente los aportados por los alumnos y sus padres. Además, aun y cuando el menor de edad quejoso efectivamente acreditara que habita en el domicilio ubicado en la avenida Michoacán, número quinientos noventa y siete, interior cuarenta y dos, de la colonia México, fraccionamiento Los Olivos, del municipio de La Piedad, Michoacán de Ocampo; lo cierto es que aún en ese supuesto el infante sería solamente un ocupante que no detenta ningún derecho propio sobre el bien en cuestión, que pueda ser protegible por la Justicia Federal; pues no exhibió título alguno que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, febrero de 2002, página 5, que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Así como la tesis del entonces Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, página 403, que se lee: "POSESION. LA QUE DEL INMUEBLE POR LOS FAMILIARES DEL TITULAR LES DA EL CARACTER DE SIMPLES OCUPANTES, SIN DERECHO PARA DEFENDERLA EN EL JUICIO DE GARANTIAS. Es evidente que la esposa y los hijos del titular de un derecho de posesión, quiénes solamente están viviendo en el inmueble por su relación con éste, son simples ocupantes que no detentan ningún derecho propio sobre el bien, que pueda ser protegible por la justicia federal, por lo que si el titular del derecho fue demandado en el juicio de origen y con la ejecución de la sentencia se ordena la desocupación y entrega del inmueble a actor, tales actos no les deparan perjuicios que puedan reclamar mediante el juicio de garantías, el que debe sobreseerse, al surtirse la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, puesto que la cónyuge y sus menores hijos carecen de interés jurídico." Ahora, si bien es cierto que existe como criterio rector para la aplicación de las normas por parte de las autoridades jurisdiccionales, el interés superior del menor, es decir, garantizar y proteger el pleno goce de sus derechos, lo cierto es que la legislación civil no prevé la posibilidad de que el juzgador reconozca o constituya a favor de un menor de edad un derecho que no esté debidamente acreditado en el procedimiento judicial, sólo por el hecho de que pertenece a un sector considerado como vulnerable; de ahí que, no obstante que quien comparece al presente juicio a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, sea menor de edad, al no haberse acreditado con justo título tener un derecho de posesión sobre el inmueble objeto de ejecución en la controversia de origen, carece de interés jurídico para accionar la vía constitucional, pues el hecho de ser hijo de la demandada en el juicio natural, únicamente le da el carácter de simple ocupante de dicho inmueble. Es aplicable al caso, por las razones que contiene, la tesis I.5o.C.96 C (10ª.), con número de registro 2014049, pronunciada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo IV, Libro 40, en el mes de marzo de dos mil diecisiete, página 2725, que es del rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUSPENSIONAL. LA CALIDAD DE SIMPLE DETENTADOR MATERIAL DEL INMUEBLE, SIN TÍTULO JURÍDICO QUE AVALE LA POSESIÓN NO PUEDE ACREDITAR AQUÉL, AUNQUE EL QUEJOSO SEA MENOR DE EDAD. El interés superior del menor obliga al juzgador a tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo, así como el pleno ejercicio de sus derechos, fundándose en la dignidad del ser humano, en las características de aquél y en la situación particular en que se halle, pero cuando el quejoso menor se ostenta como persona extraña al juicio civil y dice poseer el inmueble litigioso, porque lo ocupa en compañía de sus padres, su pertenencia a un sector considerado como vulnerable no genera la existencia de derechos posesorios, si no se acredita una calidad distinta a la de simple ocupante. Ello es así, toda vez que ningún ordenamiento prevé la posibilidad de que el juzgador reconozca o constituya a favor de un menor un derecho que no esté debidamente acreditado en el procedimiento judicial, por el solo hecho de ser menor de edad. En el juicio de amparo la posesión es susceptible de protegerse, pero será aquella definida por el derecho común y el quejoso que se ostente como persona extraña al juicio civil y poseedor de un inmueble objeto de una controversia, debe exhibir un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer. Ahora bien, respecto de la suspensión del acto reclamado existe la posibilidad de que el quejoso reclame la orden de desposesión de un inmueble y solicite la medida cautelar, pero le corresponde la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de esa posesión sustentado en una causa legal que podría afectarse con la ejecución del acto. El marco jurisprudencial y legal permite concluir que la posesión de un inmueble es susceptible de protegerse a través del juicio constitucional, siempre y cuando derive de un título basado en alguna figura jurídica o precepto de la ley común y puede decretarse la suspensión del acto reclamado que pretenda despojar de esa posesión cuando el quejoso acredite, al menos de forma presuntiva o indiciaria, la titularidad de ese derecho posesorio sustentado en una causa legal que podría afectarse con la ejecución de dicho acto. Por el contrario, si un menor sostiene que posee el inmueble basado en la titularidad de un derecho de esa naturaleza y sustenta la acción constitucional en una posesión de hecho, entendida como aquella que se ejerce sobre un inmueble por la circunstancia de que en ese lugar vive en compañía de sus padres, como simple detentador material de éste, sin título jurídico que avale dicha posesión o, en su caso, invoca un derecho del que hace derivar la posesión, pero no la acredita, la suspensión definitiva no será procedente, pues en términos del artículo 131 de la Ley de Amparo, el otorgamiento de la suspensión no puede tener como efecto constituir derechos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda de amparo, aun tratándose de menores de edad; es decir, el juzgador estará obligado a garantizar los derechos del niño, siempre y cuando existan y estén acreditados pues, de lo contrario, no existe derecho que garantizar." De ahí que, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5°, fracción I, penúltimo párrafo, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento jurídico. Finalmente, cabe precisar que los criterios judiciales citados en la presente sentencia resultan aplicables, en razón del artículo Sexto Transitorio de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en la segunda sección del Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, que señala: "[.] Sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley [.]"; de ahí la aplicabilidad de la jurisprudencia y, por extensión, de las tesis en que se sustenta la presente resolución, en tanto que no contravienen la Ley de Amparo vigente. OCTAVO. Disposiciones relativas a Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por otra parte, en términos de los artículos 1º al 6º, 9º, 11,110,113 y 118 a 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo establecido en los artículos 14, 25, 26, 32 al 34, 54 al 59, 65 y 149 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, toda vez que la parte quejosa no se opuso ni hizo manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente, queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes. Sin que resulte aplicable el principio de reserva de los expedientes judiciales hasta en tanto no hayan causado estado, señalada en términos del artículo 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación a la publicidad de la resolución que nos ocupa, toda vez que ésta culminó con el juicio respectivo, y dicho principio únicamente resulta de aplicación cuando la divulgación pueda ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto. Lo anterior encuentra apoyo en los criterios 1/2011 y 15/2009, emitidos por la Comisión de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en las respectivas sesiones de veintisiete de enero de dos mil once y uno de octubre de dos mil nueve, cuyos rubros y textos son los siguientes: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Así como el diverso criterio: "SENTENCIA. SU PUBLICIDAD NO DEPENDE DE QUE ESTÉ TRANSCURRIENDO EL PLAZO PARA RECURRIRLA. Si bien es cierto que el artículo 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que los expedientes judiciales estarán reservados hasta en tanto no hayan causado estado, ello en modo alguna significa que la publicidad de la resolución que culmina el juicio respectivo dependa de que se encuentre firme, pues esa hipótesis taxativa encuentra sustento en el hecho de restringir el acceso a determinada información, como pudieran ser pruebas o promociones que son aportados por las partes, porque su divulgación antes de que aquélla cause estado, puede ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto; por ende, el hecho de que esté transcurriendo el plazo para que la sentencia pueda ser recurrida, no constituye imposibilidad alguna para otorgar el acceso a su contenido." Lo anterior, no infringe derecho alguno del menor quejoso, ni lo deja en estado de indefensión, toda vez que en su calidad de menor, son precisamente sus progenitores o quienes tengan a su cargo el ejercicio de la patria potestad y custodia del mismo, quienes habrían de velar por satisfacer su derecho a tener un hogar digno donde vivir. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XII, en relación con el numeral 5°, fracción I, penúltimo párrafo, 63, fracción V, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E PRIMERO: Se SOBRESEE el presente juicio de garantías promovido por el menor de edad de iniciales J.E.C.Ch., asistido por la asesora jurídica federal Olivia Benítez Reyes, en contra de los actos y la autoridad señalados en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el apartado séptimo considerativo de este fallo. SEGUNDO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a la elaboración de la versión pública con fines de publicación, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes, en términos del considerando relativo de esta resolución. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de febrero de dos mil diecinueve. DEVUELVE DESPACHO, DARLO DE BAJA Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta mediante el cual la autoridad que lo signa devuelve diligenciado en sus términos el despacho 119/2018-425.D, girado a efecto de notificar la radicación del presente juicio y requerir a la parte tercero interesada en el presente juicio. Dése de baja el comunicado de mérito. POR NOTIFICADA LA RADICACIÓN DEL PRESENTE JUICIO. Ahora, como de las constancias acompañadas al oficio de cuenta, se advierte que en diligencias de veintidós de enero de dos mil diecinueve, la actuaria del tribunal auxiliar oficiante, notificó personalmente la radicación del presente juicio a Rafael Vega Hernández en cuanto apoderado de la persona moral tercero interesada BBVA Bancomer, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero BBVA Bancomer, así como a la diversa tercero con interés Margarita Chávez Medina, asentando los datos de los documentos con los que se identificó cada una de las personas físicas indicadas y, en el caso de la persona moral, se recabó copia del instrumento notarial con el que acredito la personería ostentada; asimismo, les requirió para que dentro del término de tres días siguientes, señalara domicilio en esta ciudad. En tal virtud, se tiene cumplida en sus términos la encomienda contenida en el despacho de mérito y por ende, se tiene a la referida parte tercera interesada notificada de la radicación del presente juicio. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS DE LA PERSONA MORAL TERCERO INTERESADA. Ahora, como el apoderado de la persona moral tercero interesada antes mencionada, cumplió con el requerimiento de señalar domicilio procesal, se le tiene señalada como tal el ubicado en la calle Teniente Alemán número 551, interior 7, esquina con boulevard García de León, colonia Chapultepec Oriente de esta ciudad y como sus autorizados para tal efecto a Arturo Ruiz Álvarez, Nancy Gabriela Barriga Herrera, Rubén Rodríguez Galván, Alejandro Rodríguez Galván, José Ramón García Olivares, Ignacio Cornejo García y Jesús Pérez Zaragoza, sin la plenitud de facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de que no les fueron conferidas expresamente. SE ORDENA NOTIFICAR POR LISTA En cambio, como la diversa tercero interesada Margarita Chávez Medina, no señaló domicilio procesal al momento de la aludida diligencia ni en el plazo concedido para ello, con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, se ordena practicarle por lista las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Rcl
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. ALEGATOS. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la representante especial del menor quejoso, formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se obtiene que se encuentra pendiente la devolución del despacho 1149/2018-425.D, enviado al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, mismo que fue girado a fin de notificar la radicación del presente juicio y requerir para que señale domicilio en esta ciudad la parte tercero interesada; en tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy FeRcl
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