Johann Gael Ayala Rubio y Otros.

Expediente 107/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 31 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
107/2022
Año
2022
Actuaciones
31
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Johann Gael Ayala Rubio
  • Jaime Alejandro Pérez Vidales
  • Johann Gael Ayala Rubio y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra del auto ocho de septiembre del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de garantías promovido por LIZBETH PÉREZ RUBIO en representación de su menor hijo de nombre JOHANN GAEL AYALA PÉREZ; ANELLY YULIANA VIDALES ESQUIVEL en representación de sus menores hijos de nombres JAIME ALEJANDRO PÉREZ VIDALES y FERNANDO DANIEL PÉREZ VIDALES; y, JOSÉ ROBERTO VIVANCO JARAMILLO en representación de su menor hija de nombre ROBERTO VIVANCO SILVA, en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO. En consecuencia, y toda vez que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a) y c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído fuera de audiencia, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada provisional y definitiva respecto de algunos menores quejosos. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de septiembre de dos mil veintidós. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y, de los que se hace constar que el acto reclamado en el presente juicio lo constituye sustancialmente la omisión por parte de las autoridades de aplicar la Política de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, a los menores de 6 y de 12 a 17 años de edad, para que se les aplicara la vacuna de las farmacéuticas Biontech-Pfizer, quien suscribe estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como la circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica, de tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció o por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del promovente, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la peticionaria es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 9/98, con número de registro digital 196820, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Del criterio invocado se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo generaba deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa al cesar su actuación o actúa ante la omisión que se le reclama, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo y restituir a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura se reitera que, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 193758, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, como se indicó al inicio de esta actuación, la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables la omisión de aplicar la Política de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, al menor de 6 años, así como los adolescentes de 12 a 17 años de edad, para que se les aplicara la vacuna de las farmacéuticas Biontech-Pfizer. Ahora, dado que de las actuaciones del presente juicio de amparo y, precisamente a fojas de la 72 a la 77, obran las documentales con las cuales se acredita que a los menores quejosos ********************, ambos de apellidos ********************, ya les fueron aplicadas la primera y segunda dosis los días veintitrés de febrero y seis de abril del año en curso; y, de igual manera, en el escrito de cuenta, la representante del menor ********************, manifiesta que ya le fue aplicada la segunda dosis el día treinta y uno de agosto del presente año y, por ende, se completó su esquema de vacunación, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada. Por tanto, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del diecinueve de septiembre en curso . Apoya la determinación adoptada la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En virtud de lo anterior, no se le da curso al desistimiento de la demanda que solicita la representante legal del menor quejoso ********************, dado el sobreseimiento fuera de audiencia decretado en líneas que anteceden y por ser de estudio preferente. Y, por último, como lo solicita la ocursante, hágasele la devolución de los documentos originales que anexó a su escrito de demanda, debiendo dejar en su lugar copia certificada de los mismos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, ocho de septiembre de dos mil veintidós. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y, de los que se hace constar que el acto reclamado en el presente juicio lo constituye sustancialmente la omisión por parte de las autoridades de aplicar la Política de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, a los menores de 6 y de 12 a 17 años de edad, para que se les aplicara la vacuna de las farmacéuticas Biontech-Pfizer, quien suscribe estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como la circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica, de tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció o por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del promovente, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la peticionaria es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 9/98, con número de registro digital 196820, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO... En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo y restituir a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura se reitera que, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 193758, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.. En el caso, como se indicó al inicio de esta actuación, la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables la omisión de aplicar la Política de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, al menor de 6 años, así como los adolescentes de 12 a 17 años de edad, para que se les aplicara la vacuna de las farmacéuticas Biontech-Pfizer. Ahora, dado que de las actuaciones del presente juicio de amparo y, precisamente a fojas de la 72 a la 77, obran las documentales con las cuales se acredita que a los menores quejosos ********************, ambos de apellidos ********************, ya les fueron aplicadas la primera y segunda dosis los días veintitrés de febrero y seis de abril del año en curso; y, de igual manera, en el escrito de cuenta, la representante del menor ********************, manifiesta que ya le fue aplicada la segunda dosis el día treinta y uno de agosto del presente año y, por ende, se completó su esquema de vacunación, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada. Por tanto, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del diecinueve de septiembre en curso . Apoya la determinación adoptada la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En virtud de lo anterior, no se le da curso al desistimiento de la demanda que solicita la representante legal del menor quejoso ********************, dado el sobreseimiento fuera de audiencia decretado en líneas que anteceden y por ser de estudio preferente. Y, por último, como lo solicita la ocursante, hágasele la devolución de los documentos originales que anexó a su escrito de demanda, debiendo dejar en su lugar copia certificada de los mismos. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de septiembre de dos mil veintidós. DESAHOGA REQUERIMIENTO. Agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio de cuenta que suscribe el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, en representación del Gobernador del Estado, mediante el cual informa que envío requerimiento a la Secretaría de Salud del Estado, a fin de que dé cumplimiento al requerimiento que le fue formulado por auto de diecinueve de agosto pasado; de lo anterior este juzgado toma nota para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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