Jonathan Navarrete Aviña

Expediente 1049/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1049/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
23/05/2023

Partes del expediente

  • Jonathan Navarrete Aviña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zamora, Michoacán, las documentales con las cuales se formó un tomo de pruebas consistentes en las diligencias de jurisdicción voluntaria número ********************. ARCHIVO Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído en el juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. En relación con el original y duplicado del incidente, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva solicitadas, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), y 21, inciso c), del Acuerdo en mención, destrúyanse los mismos; el original transcurridos tres años, y el duplicado seis meses del periodo de conservación, ambos dentro de los treinta días siguientes, el cual será contado a partir de esta propia fecha. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, por conducto de su apoderado, contra el acto de la Jueza Primera de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnado en esa data a este Juzgado Tercero de Distrito, Fernando Navarrete Sandoval, en cuanto apoderado de ********************, compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto de la Jueza Primera de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; en los términos siguientes: "IV.- Actos Reclamados.- 1.- Del C. Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, se reclama la resolución de fecha (17) diecisiete de Agosto del año 2022 dos mil veintidós, en el cual la autoridad responsable sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, ordena requerir a mi representado de la entrega de la menor que responde al nombre de A.N.N., dictado dentro del Juicio Ordinario Familiar ******************** relativo a la Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre divorcio voluntario que tramitaron el quejoso y la ahora tercero interesada ante la autoridad responsable, cuando dicho trámite está concluido.". En ese ocurso, el promovente formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados en perjuicio de su representado, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. Por auto de veintiséis del mes y año mencionados, este órgano jurisdiccional radicó el asunto bajo el progresivo ********************, y determinó prevenir al promovente para que aclarara diversas inconsistencias de su libelo. Dicho requerimiento fue atendido en los términos del escrito de cinco de octubre de dos mil veintidós. TERCERO. Admisión y trámite. Así, en proveído de seis siguiente, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda, requirió a la autoridad responsable sobre su informe con justificación y otorgó intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Toda vez que en el presente asunto se encuentran inmiscuidos los derechos de la menor de iniciales A.N.N., a fin de garantizar sus intereses, se determinó designarle un representante especial designado por la Delegación Regional de la Defensoría Pública, quien aceptó y protestó el cargo conferido en el presente expediente. Asimismo, mediante acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercera interesada a Laura Sujey Negrete Silva, por sí y en representación de su menor hija de iniciales A.N.N., en términos de lo que dispone el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, quien se apersonó oportunamente al sumario. Finalmente, el tres de abril de dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional correspondiente que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y los diversos 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto emitido por una autoridad jurisdiccional del orden familiar, que reside dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal, con competencia mixta, ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: El auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, sobre diligencias de jurisdicción voluntaria familiar sobre divorcio por mutuo consentimiento, que promovieron Laura Sujey Negrete Silva y Jonathan Navarrete Silva. A través de dicha determinación la jueza familiar ordenó requerir a ********************, la entrega voluntaria de la menor de iniciales A.N.N. [en ejecución del convenio celebrado entre las partes sobre la custodia de la infanta]. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la jueza responsable, toda vez que en su informe justificado se hicieron manifestaciones de las que se infiere su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias certificadas del expediente ********************, del índice del juzgado responsable, en las que obra el auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, que se reclama en este juicio constitucional. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido autenticadas por un funcionario judicial que con arreglo a la ley goza de fe pública. CUARTO. Antecedentes. A fin de contextualizar el presente asunto se destacan las siguientes actuaciones que se desprenden de las constancias allegadas al sumario. Además, toda vez que el diverso juicio de amparo 1125/2022 de esta estadística y su incidente de suspensión, guardan estrecha relación con esta litis constitucional, se tienen a la vista las constancias relativas para dictar el presente fallo y se citan como un hecho notorio en términos del supletorio artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Diligencias de jurisdicción voluntaria 46/2019 1. El veinticinco de septiembre de dos mil catorce, Laura Sujey Negrete Silva y Jonathan Navarrete Silva promovieron en la vía de jurisdicción voluntaria la disolución del vínculo matrimonial que los une. En ese ocurso toralmente narraron: Que el veintiocho de abril de dos mil ocho, contrajeron matrimonio civil, bajo el régimen de separación de bienes. Que de dicha unión procrearon dos hijas de iniciales A.N.N. y L.N.N. Que era su deseo disolver voluntariamente el vínculo matrimonial; y, Que para garantizar los derechos de las infantas, presentaban propuesta de convenio en el que medularmente de común acuerdo pactaban, entre otras cosas, la custodia de las menores a cargo de la madre y un régimen de convivencias con el padre, quien a su vez se obligaba a cubrir una pensión mensual por dos mil quinientos pesos. 2. El conocimiento del asunto correspondió, por razón de turno, al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, el que mediante auto de uno de octubre de dos mil catorce, lo registró y admitió bajo el expediente número 1138/2014. 3. Seguido el procedimiento en todas sus etapas, el once de noviembre de dos mil catorce, se dictó resolución que declaró la disolución del vínculo matrimonial y aprobó el convenio presentado por los promoventes. 4. Mediante escrito de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, Laura Sujey Negrete Silva compareció ante el Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, quien ahora conocía del asunto en el expediente ********************, a solicitar la ejecución del convenio antedicho, a fin de decretar la restitución de su menor hija de iniciales A.N.N., así como reinstalarla en su domicilio de depósito. Ello, dijo, porque a pesar de que los progenitores pactaron la custodia de sus menores hijas a favor de la madre, quien desde el momento de la disolución del vínculo matrimonial ya las tenía bajo su cuidado, el trece de marzo de dos mil veintidós, el padre retuvo a la menor de iniciales A.N.N., contra lo acordado en el convenio. 5. A lo anterior recayó el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en el que la jueza familiar negó la ejecución solicitada, porque en realidad solicitaba la restitución de la menor que es una acción cautelar que debe promoverse por cuerda separada. 6. Posteriormente, el seis de julio de ese año, Negrete Silva volvió a insistir en el incumplimiento del convenio sobre guarda y custodia de sus menores hijas. 7. El once siguiente el juzgado familiar determinó otorgar vista a la contraria mediante notificación personal, quien hizo valer las manifestaciones al tenor de su escrito correspondiente. 8. El diecisiete de agosto de dos mil veintidós, la jueza del conocimiento ordenó requerir a ********************, la entrega voluntaria de la menor de iniciales A.N.N. Dicha auto constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. La encomienda pretendió efectuarse el trece de septiembre de ese año, en compañía de la tutora adscrita, psicóloga designada y elementos de seguridad pública; sin embargo, al constituirse en el lugar, nadie atendió al llamado del actuario. 9. El progenitor compareció al sumario a hacer manifestaciones y ofrecer como prueba la copia certificada de diversas actuaciones del diverso juicio especial familiar oral 194/2020 que promovió sobre pérdida de guarda y custodia; mientras que la progenitora insistió en que se llevara a cabo la restitución ordenada, en esta ocasión, en la Escuela Secundaria en donde estudia la menor. 10. Mediante auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, medularmente se determinó que, previo a ejecutar la diligencia ordenada, era necesario escuchar a la menor de iniciales A.N.N., por lo que señaló día y hora para tal efecto. 11. El dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, tuvo lugar la audiencia de escucha de la menor A.N.N. -que en ese momento contaba con 14 años de edad-, en la que medularmente manifestó vivir actualmente con su padre sin poder ver a su hermana, a quien extraña mucho, sin manifestar deseo de volver al lado de su madre; por ello, la juzgadora ordenó girar oficio al DIF municipal para que designara perito en psicología y proporcionara terapias al núcleo familiar, a fin de considerar si es factible decretar las convivencias provisionales entre la menor, su madre y su hermana, así como la entrega a favor de esta última. Juicio especial oral familiar 194/2020 1. El veintitrés de septiembre de dos mil veinte, ********************, por sí y en representación de sus menores hijas de iniciales A.N.N. y L.N.N., promovió demanda en la vía especial oral en contra de Laura Sujey Negrete Silva, entre otras, sobre las prestaciones siguientes: a) Pérdida definitiva de la guarda y custodia de las menores mencionadas. b) Guarda y custodia definitiva en favor de ********************. c) El pago del 50% de los gastos escolares sobre la educación de las menores. 2. De ese ocurso correspondió conocer, por razón de turno, al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, el que por auto de cinco de octubre de dos mil veinte, lo registró y admitió a trámite en el expediente 194/2019, y ordenó emplazar a la parte reo. 3. La reo contestó la demanda y seguido el procedimiento en todas sus etapas, el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se inició la audiencia de juicio correspondiente en la que, entre otras cosas, el juez familiar señaló fecha para que se llevara a cabo la escucha de las menores de iniciales A.N.N. y L.N.N.; y, posteriormente, decretó una convivencia provisional compartida entre las menores referidas que se encuentran correlativamente bajo la custodia de cada uno de los progenitores. QUINTO. Causales de improcedencia. Se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, esta Potestad Federal estima que el presente juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que han cesados los efectos del acto reclamado, actualizándose la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De la norma transcrita se desprende que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Al respecto, debe destacarse que la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado", hace referencia a la desaparición del acto de autoridad que originó el juicio de garantías y, en consecuencia, sus efectos, como si el acto reclamado nunca hubiese acontecido, y a la parte quejosa no se le hubiere vulnerado garantía constitucional alguna. Esto tiene sustento en la jurisprudencia 9/98 definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Conforme a tales previsiones y los antecedentes previamente expuestos, aun cuando en el presente juicio de amparo se encuentra acreditada la existencia del auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, dictado en expediente ********************, sobre diligencias de jurisdicción voluntaria familiar sobre divorcio por mutuo consentimiento, promovieron Laura Sujey Negrete Silva y Jonathan Navarrete Silva. A través del cual la jueza familiar ordenó requerir a ********************, la entrega voluntaria de la menor de iniciales A.N.N. [en ejecución del convenio celebrado entre las partes sobre la custodia de la infanta]. Cierto resulta también que con posterioridad a ello -y a la presentación de la demanda de amparo- el quejoso compareció en el procedimiento de origen a hacer diversas manifestaciones, entre ellas, a hacer del conocimiento la existencia del diverso juicio especial oral familiar número 194/20220, sobre guarda y custodia, que promovió frente a Laura Sujey Negrete Silva. En atención a ello fue que la jueza familiar emitió el auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en el que toralmente dejó sin efectos la restitución ya ordenada y señaló fecha para la escucha de la menor, a fin de proveer lo conducente. Así, este Juzgado Federal estima que dicha actuación dejó insubsistente la que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional, pues sus consecuencias jurídicas ya no rigen a las partes. Máxime que también obran diversas constancias con las que se acredita la prosecución que se ha dado a aquella cuestión, al ya haberse llevado a cabo la escucha de la menor y tomado diversas providencias para, en su momento, emitir un pronunciamiento sobre la guarda y custodia de la infanta. Circunstancia que se robustece con las actuaciones del señalado juicio especial oral familiar número 194/2020, sobre guarda y custodia, en el que el juez también ya determinó lo conducente sobre las medidas cautelares solicitadas por el aquí quejoso. En concreto, ahí se decretó una convivencia provisional entre las menores que se encuentran correlativamente bajo la custodia de cada uno de los progenitores. Por todo lo anterior, si ya se dejó insubsistente el requerimiento reclamado; así como el peticionario de derechos fundamentales compareció al procedimiento de origen a deducir sus derechos -con relación al auto que constituye el acto reclamado- y obtuvo la variación de la determinación asumida, es claro que se actualiza la causal de improcedencia analizada, pues se insiste, al acontecer la insubsistencia del requerimiento efectuado, el auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, es el que genera consecuencias jurídicas. Tanto es así que a la fecha ya se desahogó la escucha de la menor A.N.N., el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós como se aprecia de la constancia de dicha audiencia que obra en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1125/2022 de nuestro índice, que constituyen un hecho notorio para este Juzgado Federal. De ahí que el juicio constitucional es improcedente, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Por lo que lo se impone es decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento legal. Sin que esta forma de resolver cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia del quejoso, ya que éste principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". Ante tal conclusión, existe imposibilidad de estudiar los conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". No resta más que indicar que no se hará especial referencia a los alegatos formulados por representante social adscrito, en virtud de que no forman parte de la litis constitucional. Ello en términos de la tesis 26/2018 consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto y autoridad precisados, por los motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy once de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.LFSL

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, por conducto de su apoderado, contra el acto de la Jueza Primera de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; y... Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto y autoridad precisados, por los motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy once de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.LFSL

  4. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA LAURA SUJEY NEGRETE SILVA, POR SI Y EN CUANTO REPRESENTANTE LEGAL DE SU MENOR HIJA DE INICIALES A. N. N., LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, por conducto de su apoderado, contra el acto de la Jueza Primera de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; y... Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto y autoridad precisados, por los motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy once de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.LFSL

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