Jonathan Delgado Orozco
Expediente 600/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 600/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jonathan Delgado Orozco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. ACUSA DE RECIBO. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que el Juez Segundo de Primera Instancia en materia Civil de este Distrito Judicial , acusa de recibo del oficio mediante el cual le fueron remitidas las constancias que remitió junto con su informe justificado; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Alfredo Montoya Revilla, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecinueve de julio al dos de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/1784/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de once de mayo de la presente anualidad, en la que se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE REMITEN CONSTANCIAS Por otra parte, como resulta innecesaria la permanencia de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se ordena devolver las constancias anteriormente señaladas a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA JONATHAN DELGADO OROZCO EL SIGUIENTE ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: . V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-600/2020, promovido por Jonathan Delgado Orozco, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y recibido en este Juzgado Tercero de Distrito en esa misma fecha, Jonathan Delgado Orozco, promovió demanda de amparo contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda en cuestión, misma que fue registrada bajo el número VIII-600/2020; se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su respectivo informe justificado; se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 35 y 107, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado; ."; es necesario precisar los actos reclamados, que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de garantías y de las constancias que integran el presente sumario. Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el peticionario de garantías reclama del Juez y Actuario, ambos adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial: El auto de exequendo dictado el seis de agosto de dos mil veinte, en el juicio ejecutivo mercantil 366/2020. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido de los informes justificados rendidos por el Juez y Actuario, ambos adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, se advierte que aceptan la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto el juez responsable remitió copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 366/2020, de donde deriva el acto reclamado. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CONSIDERACIONES PREVIAS. Cabe destacar que no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, que en la especie se reclama un auto de exequendo, contra el cual procede el recurso de revocación que prevé la legislación que rige el procedimiento natural; sin embargo, debe destacarse que de las constancias que integran éste, se advierte que el quejoso no ha sido emplazado aún al juicio ejecutivo mercantil del que deriva el auto reclamado. Bajo esa premisa, es menester tomar en cuenta lo establecido por la Segunda Sala Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 3/2009, formulada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la cual derivó como nuevo criterio, la jurisprudencia registrada con la nomenclatura 2a./J. 67/2009, publicada en la foja 265 del tomo XXIX, mayo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 167160, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003).". Al respecto, se tiene que la referida Sala, al estudiar el carácter de parte en un proceso, concluyó que la existencia de las partes actora y demandada, en un juicio, depende no sólo de que la primera presente una demanda ante el órgano jurisdiccional, solicitando su intervención respecto de otro contra quien endereza su acción, sino que es indispensable que al actor se le admita su demanda y que al demandado se le emplace a juicio, requisitos estos últimos que una vez satisfechos los convierte en partes, ya que la relación procesal se constituye a partir de que la demanda se comunica al demandado, es decir, a partir de que éste es emplazado a juicio. Por tanto, debe concluirse que al no estar emplazado a juicio el aquí quejoso aún no puede considerársele como parte en el juicio; y, por tanto, el quejoso no está obligado a observar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues dada la falta de emplazamiento no se le puede estimar como incorporado a la relación procesal y, por consiguiente, tampoco está en aptitud legal de defenderse en el sumario natural a través de la interposición de los medios ordinarios. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. SUPLENCIA DE LA QUEJA. Previo al análisis del acto que la parte quejosa señala como violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es necesario destacar que en la especie rige el principio de estricto derecho, conforme al cual este órgano de control constitucional deberá circunscribirse a examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los argumentos externados en los conceptos de violación expresados en la demanda, sin que exista la posibilidad de realizar libremente el examen del acto reclamado, pues tal estudio deberá limitarse únicamente a establecer si los citados conceptos de violación son o no fundados. Lo expuesto implica que no se está en aptitud de determinar si el acto reclamado es contrario a la Constitución General de la República, con base a un razonamiento no expresado en la demanda. OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. Son inoperantes los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, por las razones que a continuación se precisarán. Previo a demostrar dicho aserto, es menester recordar que el acto reclamado consiste en el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil 366/2020, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, a través del cual se admitió la demanda propuesta, y se ordenó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, en contra del aquí quejoso. Ahora bien, con el fin de demostrar la inoperancia de los motivos de disenso y atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se estima oportuno precisar que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1391 a 1414 del Código de Comercio, los juicios ejecutivos mercantiles se encuentran regidos por un procedimiento sumario por el que se trata de llevar a efecto, por embargo y venta de bienes, el cobro de créditos que constan en algún título que tiene fuerza suficiente para constituir, por sí mismo, plena probanza, puesto que no se dirige, en principio, a declarar derechos dudosos o controvertidos, sino a llevar a efecto los que se hayan reconocido por actos o en títulos de tal fuerza que constituyen una presunción juris tantum de que el derecho del actor es legítimo y está suficientemente probado para que sea desde luego atendido. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 1391 del Código de Comercio, el procedimiento ejecutivo mercantil tiene lugar cuando la demanda se funda en un documento que traiga aparejada ejecución, como puede ser una sentencia ejecutoriada, los títulos de crédito, las pólizas de seguro, entre otros documentos; precepto legal que es del tenor siguiente: "Art. 1,391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución. Traen aparejada ejecución: I. La sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada y la arbitral que sea inapelable, conforme al art. 1,346, observándose lo dispuesto en el 1,348; II. Los instrumentos públicos, así como los testimonios y copias certificadas que de los mismos expidan los fedatarios públicos; III. La confesión judicial del deudor, según el artículo 1,288; IV. Los títulos de crédito; VI. La decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro, observándose lo prescrito en la ley de la materia; VII. Las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor; VIII. Los convenios emitidos en los procedimientos conciliatorios que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor, así como los laudos arbitrales que la misma emite; y IX. Los demás documentos que por disposición de la Ley tienen el carácter de ejecutivos o que por sus características traen aparejada ejecución.". Presentada la demanda, acompañada del título ejecutivo, el Juez ordinario dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el deudor sea requerido de pago, y en caso de que no pague se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y las costas del juicio, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de la persona nombrada por éste. De esa manera lo establece el artículo 1392 del Código de Comercio, cuyo texto es como sigue: "Art. 1,392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste.". Así pues, de lo antes expuesto se obtiene que, la emisión del auto de exequendo debe derivar del examen que el juez del proceso realice respecto del instrumento con que se deduce la acción, es decir, del estudio de si el título que se invoca se encuentra comprendido en la enumeración del artículo 1391 del Código de Comercio; esto es, implica la comprobación por parte del juzgador del cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes. Resulta ilustrativa a lo antes narrado, la tesis que a continuación se transcribe: Registro digital: 180951 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: IV.3o.C.24 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Agosto de 2004, página 1555 Tipo: Aislada AUTO DE EXEQUENDO. EL JUEZ DEBE ADMITIR LA DEMANDA Y DICTARLO CUANDO EL TÍTULO EN QUE SE FUNDA REÚNE LOS REQUISITOS GENÉRICOS O DE FORMA ESTABLECIDOS POR LA LEY. De acuerdo con el artículo 1391, fracción VIII, del Código de Comercio, traen aparejada ejecución todos aquellos documentos que por disposición de la ley tienen el carácter de ejecutivos. Este supuesto normativo se actualiza en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece que los contratos o pólizas en los que se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones bancarias, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución acreedora, serán título ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito. Ahora bien, como se advierte de la literalidad del artículo 1392 del Código de Comercio, para proveer auto de mandamiento de embargo es indispensable que el actor acompañe a su demanda un título ejecutivo. Esto obliga al juzgador a realizar un examen preliminar del documento que se adjunta a aquélla, a fin de determinar si es de aquellos que traen aparejada ejecución en términos del primero de los artículos en cita, o bien, si tienen ese carácter por disposición de otro ordenamiento jurídico que forme parte de la materia mercantil. Ese análisis previo debe hacerse sobre los aspectos formales o motivos notorios de improcedencia de la vía, por insuficiencia de requisitos, pero dicho análisis no debe incluir cuestiones que atiendan a su verosimilitud o referentes al fondo de la acción, porque éstos deben ser materia de estudio al momento de dictarse sentencia definitiva, y no al proveer sobre la admisión de la demanda, pues de otra manera se estaría prejuzgando antes de suscitarse la controversia respectiva sobre la procedencia de lo que se pide, conducta que contraría el principio de igualdad de las partes dentro del procedimiento, toda vez que a la actora se le desestimarían de plano las pretensiones sin ser oída y vencida en juicio. Por consiguiente, el Juez debe admitir la demanda en la vía ejecutiva mercantil y dictar auto de exequendo, cuando el título en que se funda reúna los requisitos genéricos o de forma establecidos por la ley relativos a la existencia de un contrato de crédito y un certificado contable que contenga un desglose de los movimientos que originen el saldo, así como los datos necesarios para establecer la vinculación entre ambos documentos, sin que pueda determinarse en ese momento procesal, si el referido desglose o los demás datos son insuficientes por omitir algún detalle específico, o bien, la falta de acompañamiento del título del contador público que elabore la certificación, máxime cuando corresponde al demandado demostrar que no tiene esa calidad al cuestionarla en vía de excepción. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 26/2004. Carlos Ismael Gallardo Martínez y otra. 12 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Munguía Padilla. Secretario: Sergio Ibarra Valencia. Apuntado lo previo, debe decirse que la inoperancia de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, estriba en el hecho de que los mismos no se encuentran encaminados a demostrar la ilegalidad del acto reclamado, pues para tal efecto estaba obligada a desvirtuar que en el caso resultaba improcedente dictar un auto de exequendo. En efecto, del análisis de las constancias que integran el juicio de origen, se advierte que el Juez responsable emitió el auto reclamado con fundamento, entre otros, en los artículos 1391 y 1392 del Código de Comercio, al estimar que resultaba procedente la vía ejecutiva mercantil intentada; esto es, previa corroboración de que en el caso se estaba ante la presencia de un documento que trae aparejada ejecución, la autoridad determinó oportuno admitir la demanda de origen y, por tanto, ordenó requerir al demandado, aquí quejoso, por el pago de las prestaciones reclamadas, y que de no hacerlo, se le embargaran bienes suficientes para cubrir lo requerido, así como que se le emplazara al juicio natural. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo en estudio, no se advierte motivo de disenso alguno tendente a evidenciar que, en el caso concreto, no se encontraban colmados los requisitos necesarios para la emisión del auto de exequendo que por esta vía se combate, esto es, que no se estaba en presencia de un título ejecutivo a los que se refiere el artículo 1391 del Código de Comercio. Contrario a ello, el peticionario del amparo se limita a señalar que las autoridades responsables vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, con motivo de la emisión del auto de exequendo reclamado, haciendo solamente alusión a que no se cumplen las formalidades del procedimiento en razón de que no tiene ninguna deuda ni ha firmado documento alguno por el que exista la posibilidad de requerir su pago mediante la ejecución de un embargo. No obstante, dichas manifestaciones constituyen meras aseveraciones sin sustento, traducidas en afirmaciones dogmáticas que no llegan a constituir razonamiento alguno que permita el estudio de constitucionalidad del acto reclamado, siendo que, para ello, era menester que el quejoso argumentara por que el auto de exequendo reclamado incumplía con el contenido de los preceptos en mención; o bien, que el documento exhibido por la parte actora no encuadra en aquellos que traen aparejada ejecución. Lo anterior, para así estar en aptitud de pronunciarse respecto a la constitucionalidad de tal acto impugnado, ya que es precisamente a la parte quejosa a quien corresponde exponer de forma razonada por qué la determinación de la autoridad responsable deviene transgresora de derechos fundamentales, pues en el caso concreto no opera la suplencia de la queja que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Registro digital: 185425 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 81/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 61 Tipo: Jurisprudencia CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Reclamación 32/2002-PL. Promotora Alfabai, S.A. de C.V. 27 de febrero de 2002. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Ángel Ponce Peña. Reclamación 496/2002. Química Colfer, S.A. de C.V. 29 de mayo de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez. Reclamación 157/2002-PL. Fausto Rico Palmero y otros. 10 de julio de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez. Amparo directo en revisión 1190/2002. Rigoberto Soto Chávez y otra. 11 de septiembre de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez. Amparo en revisión 184/2002. Adela Hernández Muñoz. 9 de octubre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras. Tesis de jurisprudencia 81/2002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de trece de noviembre de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Así pues, se estiman inoperantes los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, ya que si el acto reclamado lo constituye un auto de exequendo, que fue emitido previa la comprobación por parte del juez responsable de la existencia de un documento que trae aparejada ejecución, es precisamente dicho aspecto el que debe ser controvertido por el peticionario de amparo, para demostrar la ilegalidad de tal actuación combatida; siendo que, en el caso, el peticionario de amparo realiza meras afirmaciones sin sustento alguno, que de ninguna forma se encuentran encaminadas a desvirtuar tal cuestión. Sin que pase inadvertido para este juzgador federal que en su escrito inicial de demanda, la parte quejosa manifiesta que nunca firmó ningún documento; sin embargo, debe decirse que tal aspecto no puede ser dilucidado por este órgano de control constitucional, sino que en todo caso será competencia del juzgador de origen resolver sobre dicho cuestionamiento. Y, si bien es cierto que al no encontrarse todavía emplazado a juicio el quejoso desconocía el contenido del auto reclamado, no menos verídico resulta que estuvo en aptitud de imponerse de su contenido al momento en que el juez y el actuario responsables rindieron sus respectivos informes justificados y remitieron las constancias relativas al juicio de origen, por lo que a partir de ese momento pudo ampliar su demanda de amparo en lo que respecta a los conceptos de violación. En las relatadas condiciones, ante la ineficacia de los conceptos de violación hechos valer, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada por Jonathan Delgado Orozco, contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil 366/2020, por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. Negativa de amparo que se hace extensiva al inminente acto de ejecución reclamado al Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, toda vez que si el juicio de amparo se negó contra la autoridad que ordenó el acto que se estima violatorio de derechos, debe también negarse respecto de la autoridad a la que sólo le corresponde su ejecución. Lo anterior encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jonathan Delgado Orozco, contra los actos reclamados al Juez y Actuario, ambos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, hasta hoy once de mayo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-600/2020, promovido por Jonathan Delgado Orozco, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y recibido en este Juzgado Tercero de Distrito en esa misma fecha, Jonathan Delgado Orozco, promovió demanda de amparo contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda en cuestión, misma que fue registrada bajo el número VIII-600/2020; se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su respectivo informe justificado; se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 35 y 107, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado; ."; es necesario precisar los actos reclamados, que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de garantías y de las constancias que integran el presente sumario. Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el peticionario de garantías reclama del Juez y Actuario, ambos adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial: El auto de exequendo dictado el seis de agosto de dos mil veinte, en el juicio ejecutivo mercantil 366/2020. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido de los informes justificados rendidos por el Juez y Actuario, ambos adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, se advierte que aceptan la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto el juez responsable remitió copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 366/2020, de donde deriva el acto reclamado. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CONSIDERACIONES PREVIAS. Cabe destacar que no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, que en la especie se reclama un auto de exequendo, contra el cual procede el recurso de revocación que prevé la legislación que rige el procedimiento natural; sin embargo, debe destacarse que de las constancias que integran éste, se advierte que el quejoso no ha sido emplazado aún al juicio ejecutivo mercantil del que deriva el auto reclamado. Bajo esa premisa, es menester tomar en cuenta lo establecido por la Segunda Sala Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 3/2009, formulada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la cual derivó como nuevo criterio, la jurisprudencia registrada con la nomenclatura 2a./J. 67/2009, publicada en la foja 265 del tomo XXIX, mayo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 167160, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003).". Al respecto, se tiene que la referida Sala, al estudiar el carácter de parte en un proceso, concluyó que la existencia de las partes actora y demandada, en un juicio, depende no sólo de que la primera presente una demanda ante el órgano jurisdiccional, solicitando su intervención respecto de otro contra quien endereza su acción, sino que es indispensable que al actor se le admita su demanda y que al demandado se le emplace a juicio, requisitos estos últimos que una vez satisfechos los convierte en partes, ya que la relación procesal se constituye a partir de que la demanda se comunica al demandado, es decir, a partir de que éste es emplazado a juicio. Por tanto, debe concluirse que al no estar emplazado a juicio el aquí quejoso aún no puede considerársele como parte en el juicio; y, por tanto, el quejoso no está obligado a observar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues dada la falta de emplazamiento no se le puede estimar como incorporado a la relación procesal y, por consiguiente, tampoco está en aptitud legal de defenderse en el sumario natural a través de la interposición de los medios ordinarios. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. SUPLENCIA DE LA QUEJA. Previo al análisis del acto que la parte quejosa señala como violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es necesario destacar que en la especie rige el principio de estricto derecho, conforme al cual este órgano de control constitucional deberá circunscribirse a examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los argumentos externados en los conceptos de violación expresados en la demanda, sin que exista la posibilidad de realizar libremente el examen del acto reclamado, pues tal estudio deberá limitarse únicamente a establecer si los citados conceptos de violación son o no fundados. Lo expuesto implica que no se está en aptitud de determinar si el acto reclamado es contrario a la Constitución General de la República, con base a un razonamiento no expresado en la demanda. OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. Son inoperantes los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, por las razones que a continuación se precisarán. Previo a demostrar dicho aserto, es menester recordar que el acto reclamado consiste en el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil 366/2020, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, a través del cual se admitió la demanda propuesta, y se ordenó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, en contra del aquí quejoso. Ahora bien, con el fin de demostrar la inoperancia de los motivos de disenso y atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se estima oportuno precisar que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1391 a 1414 del Código de Comercio, los juicios ejecutivos mercantiles se encuentran regidos por un procedimiento sumario por el que se trata de llevar a efecto, por embargo y venta de bienes, el cobro de créditos que constan en algún título que tiene fuerza suficiente para constituir, por sí mismo, plena probanza, puesto que no se dirige, en principio, a declarar derechos dudosos o controvertidos, sino a llevar a efecto los que se hayan reconocido por actos o en títulos de tal fuerza que constituyen una presunción juris tantum de que el derecho del actor es legítimo y está suficientemente probado para que sea desde luego atendido. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 1391 del Código de Comercio, el procedimiento ejecutivo mercantil tiene lugar cuando la demanda se funda en un documento que traiga aparejada ejecución, como puede ser una sentencia ejecutoriada, los títulos de crédito, las pólizas de seguro, entre otros documentos; precepto legal que es del tenor siguiente: "Art. 1,391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución. Traen aparejada ejecución: I. La sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada y la arbitral que sea inapelable, conforme al art. 1,346, observándose lo dispuesto en el 1,348; II. Los instrumentos públicos, así como los testimonios y copias certificadas que de los mismos expidan los fedatarios públicos; III. La confesión judicial del deudor, según el artículo 1,288; IV. Los títulos de crédito; VI. La decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro, observándose lo prescrito en la ley de la materia; VII. Las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor; VIII. Los convenios emitidos en los procedimientos conciliatorios que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor, así como los laudos arbitrales que la misma emite; y IX. Los demás documentos que por disposición de la Ley tienen el carácter de ejecutivos o que por sus características traen aparejada ejecución.". Presentada la demanda, acompañada del título ejecutivo, el Juez ordinario dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el deudor sea requerido de pago, y en caso de que no pague se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y las costas del juicio, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de la persona nombrada por éste. De esa manera lo establece el artículo 1392 del Código de Comercio, cuyo texto es como sigue: "Art. 1,392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste.". Así pues, de lo antes expuesto se obtiene que, la emisión del auto de exequendo debe derivar del examen que el juez del proceso realice respecto del instrumento con que se deduce la acción, es decir, del estudio de si el título que se invoca se encuentra comprendido en la enumeración del artículo 1391 del Código de Comercio; esto es, implica la comprobación por parte del juzgador del cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes. Resulta ilustrativa a lo antes narrado, la tesis que a continuación se transcribe: Registro digital: 180951 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: IV.3o.C.24 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Agosto de 2004, página 1555 Tipo: Aislada AUTO DE EXEQUENDO. EL JUEZ DEBE ADMITIR LA DEMANDA Y DICTARLO CUANDO EL TÍTULO EN QUE SE FUNDA REÚNE LOS REQUISITOS GENÉRICOS O DE FORMA ESTABLECIDOS POR LA LEY. De acuerdo con el artículo 1391, fracción VIII, del Código de Comercio, traen aparejada ejecución todos aquellos documentos que por disposición de la ley tienen el carácter de ejecutivos. Este supuesto normativo se actualiza en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece que los contratos o pólizas en los que se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones bancarias, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución acreedora, serán título ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito. Ahora bien, como se advierte de la literalidad del artículo 1392 del Código de Comercio, para proveer auto de mandamiento de embargo es indispensable que el actor acompañe a su demanda un título ejecutivo. Esto obliga al juzgador a realizar un examen preliminar del documento que se adjunta a aquélla, a fin de determinar si es de aquellos que traen aparejada ejecución en términos del primero de los artículos en cita, o bien, si tienen ese carácter por disposición de otro ordenamiento jurídico que forme parte de la materia mercantil. Ese análisis previo debe hacerse sobre los aspectos formales o motivos notorios de improcedencia de la vía, por insuficiencia de requisitos, pero dicho análisis no debe incluir cuestiones que atiendan a su verosimilitud o referentes al fondo de la acción, porque éstos deben ser materia de estudio al momento de dictarse sentencia definitiva, y no al proveer sobre la admisión de la demanda, pues de otra manera se estaría prejuzgando antes de suscitarse la controversia respectiva sobre la procedencia de lo que se pide, conducta que contraría el principio de igualdad de las partes dentro del procedimiento, toda vez que a la actora se le desestimarían de plano las pretensiones sin ser oída y vencida en juicio. Por consiguiente, el Juez debe admitir la demanda en la vía ejecutiva mercantil y dictar auto de exequendo, cuando el título en que se funda reúna los requisitos genéricos o de forma establecidos por la ley relativos a la existencia de un contrato de crédito y un certificado contable que contenga un desglose de los movimientos que originen el saldo, así como los datos necesarios para establecer la vinculación entre ambos documentos, sin que pueda determinarse en ese momento procesal, si el referido desglose o los demás datos son insuficientes por omitir algún detalle específico, o bien, la falta de acompañamiento del título del contador público que elabore la certificación, máxime cuando corresponde al demandado demostrar que no tiene esa calidad al cuestionarla en vía de excepción. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 26/2004. Carlos Ismael Gallardo Martínez y otra. 12 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Munguía Padilla. Secretario: Sergio Ibarra Valencia. Apuntado lo previo, debe decirse que la inoperancia de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, estriba en el hecho de que los mismos no se encuentran encaminados a demostrar la ilegalidad del acto reclamado, pues para tal efecto estaba obligada a desvirtuar que en el caso resultaba improcedente dictar un auto de exequendo. En efecto, del análisis de las constancias que integran el juicio de origen, se advierte que el Juez responsable emitió el auto reclamado con fundamento, entre otros, en los artículos 1391 y 1392 del Código de Comercio, al estimar que resultaba procedente la vía ejecutiva mercantil intentada; esto es, previa corroboración de que en el caso se estaba ante la presencia de un documento que trae aparejada ejecución, la autoridad determinó oportuno admitir la demanda de origen y, por tanto, ordenó requerir al demandado, aquí quejoso, por el pago de las prestaciones reclamadas, y que de no hacerlo, se le embargaran bienes suficientes para cubrir lo requerido, así como que se le emplazara al juicio natural. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo en estudio, no se advierte motivo de disenso alguno tendente a evidenciar que, en el caso concreto, no se encontraban colmados los requisitos necesarios para la emisión del auto de exequendo que por esta vía se combate, esto es, que no se estaba en presencia de un título ejecutivo a los que se refiere el artículo 1391 del Código de Comercio. Contrario a ello, el peticionario del amparo se limita a señalar que las autoridades responsables vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, con motivo de la emisión del auto de exequendo reclamado, haciendo solamente alusión a que no se cumplen las formalidades del procedimiento en razón de que no tiene ninguna deuda ni ha firmado documento alguno por el que exista la posibilidad de requerir su pago mediante la ejecución de un embargo. No obstante, dichas manifestaciones constituyen meras aseveraciones sin sustento, traducidas en afirmaciones dogmáticas que no llegan a constituir razonamiento alguno que permita el estudio de constitucionalidad del acto reclamado, siendo que, para ello, era menester que el quejoso argumentara por que el auto de exequendo reclamado incumplía con el contenido de los preceptos en mención; o bien, que el documento exhibido por la parte actora no encuadra en aquellos que traen aparejada ejecución. Lo anterior, para así estar en aptitud de pronunciarse respecto a la constitucionalidad de tal acto impugnado, ya que es precisamente a la parte quejosa a quien corresponde exponer de forma razonada por qué la determinación de la autoridad responsable deviene transgresora de derechos fundamentales, pues en el caso concreto no opera la suplencia de la queja que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Registro digital: 185425 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 81/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 61 Tipo: Jurisprudencia CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Reclamación 32/2002-PL. Promotora Alfabai, S.A. de C.V. 27 de febrero de 2002. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Ángel Ponce Peña. Reclamación 496/2002. Química Colfer, S.A. de C.V. 29 de mayo de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez. Reclamación 157/2002-PL. Fausto Rico Palmero y otros. 10 de julio de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez. Amparo directo en revisión 1190/2002. Rigoberto Soto Chávez y otra. 11 de septiembre de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez. Amparo en revisión 184/2002. Adela Hernández Muñoz. 9 de octubre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras. Tesis de jurisprudencia 81/2002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de trece de noviembre de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Así pues, se estiman inoperantes los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, ya que si el acto reclamado lo constituye un auto de exequendo, que fue emitido previa la comprobación por parte del juez responsable de la existencia de un documento que trae aparejada ejecución, es precisamente dicho aspecto el que debe ser controvertido por el peticionario de amparo, para demostrar la ilegalidad de tal actuación combatida; siendo que, en el caso, el peticionario de amparo realiza meras afirmaciones sin sustento alguno, que de ninguna forma se encuentran encaminadas a desvirtuar tal cuestión. Sin que pase inadvertido para este juzgador federal que en su escrito inicial de demanda, la parte quejosa manifiesta que nunca firmó ningún documento; sin embargo, debe decirse que tal aspecto no puede ser dilucidado por este órgano de control constitucional, sino que en todo caso será competencia del juzgador de origen resolver sobre dicho cuestionamiento. Y, si bien es cierto que al no encontrarse todavía emplazado a juicio el quejoso desconocía el contenido del auto reclamado, no menos verídico resulta que estuvo en aptitud de imponerse de su contenido al momento en que el juez y el actuario responsables rindieron sus respectivos informes justificados y remitieron las constancias relativas al juicio de origen, por lo que a partir de ese momento pudo ampliar su demanda de amparo en lo que respecta a los conceptos de violación. En las relatadas condiciones, ante la ineficacia de los conceptos de violación hechos valer, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada por Jonathan Delgado Orozco, contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil 366/2020, por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. Negativa de amparo que se hace extensiva al inminente acto de ejecución reclamado al Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, toda vez que si el juicio de amparo se negó contra la autoridad que ordenó el acto que se estima violatorio de derechos, debe también negarse respecto de la autoridad a la que sólo le corresponde su ejecución. Lo anterior encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jonathan Delgado Orozco, contra los actos reclamados al Juez y Actuario, ambos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, hasta hoy once de mayo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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