Jonathan Pérez Rebollar

Expediente 355/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
355/2020
Año
2020
Actuaciones
24
Última actuación
29/07/2022

Partes del expediente

  • Jonathan Pérez Rebollar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de julio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia constitucional de veintinueve de junio del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. ARCHIVO Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I del aludido acuerdo, así como lo establecido en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en el punto 7.4 del Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, que su único párrafo narra lo siguiente: "Por lo que hace a la suspensión de oficio cuando se decreta de plano, se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Consecuentemente, los expedientes en los que obre suspensión de plano se deberán valorar como "depurables". Con base a lo anterior, y toda vez que de autos se advierte que se CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANO; por lo tanto, el presente expediente es susceptible de DEPURARSE; una vez que se cumplan los tres años contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los incidentes de suspensión, toda vez que los mismos no fueron formados. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil veintidós. CUENTA CON SOBRE. Visto el sobre relativo al oficio 13938, dirigido al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación lV de Alto Impacto de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán, el cual contiene asentada la razón: "informan en el domicilio citado no existe la autoridad señalada". Sin embargo, de autos se advierte que en el libelo constitucional la parte quejosa, señaló un domicilio donde puede ser localizado al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación lV de Alto Impacto de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán; por tanto, a fin de evitar mayor dilación procesal y que la autoridad responsable sea notificado de la resolución de veintinueve de junio del presente año, reenvíese dicha pieza postal a la autoridad en cita en el domicilio conocido en 2nda Manzana, Tenencia Nicolás Romero, a un costado del Cereso Hermanos López Rayón, Zitácuaro, Michoacán, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.eeg

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintidós. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo III-355/2020 promovido por Jonathan Pérez Rebollar, contra actos del (1) Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán; (2) Director de Policía de Investigación de la Región Zitácuaro, Michoacán; y, (3) Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación IV de Alto Impacto de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el uno de julio de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, Michelle Martínez Pérez, solicitó en favor de Jonathan Pérez Rebollar, el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades referidas, así como de los actos que precisó en el propio ocurso. Actos que consideró violatorios en perjuicio de las garantías y derechos fundamentales de la persona en favor de la cual promovía, consagrados en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. El uno de julio de dos mil veinte, se decretó la suspensión de plano; y, Previo requerimiento, por acuerdo de dos de julio de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda únicamente por lo que ve Jonathan Pérez Rebollar; asimismo, se ordenó requerir su informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. A las doce horas del diecisiete de junio de dos mil veintidós, tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente por materia, grado y territorio para conocer del presente asunto y resolverlo, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de naturaleza penal con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Ello de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional a las autoridades responsables consisten en: 1. Incomunicación; 2. Orden aprehensión; y, 3. Orden de detención y privación de la libertad. Todos en agravio del quejoso directo Jonathan Pérez Rebollar. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. I. INCOMUNICACIÓN. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, consistente en la incomunicación del directo quejoso Jonathan Pérez Rebollar. Se arriba a la anterior conclusión debido a que las autoridades responsables negaron la existencia de tal acto, sin que el quejoso aportara algún elemento de convicción a través del cual desvirtuara la señalada negativa. Además de la diligencia actuarial de dos de julio de dos mil veinte, la Actuaria adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, en cumplimiento a la encomienda ordenada por este Órgano Jurisdiccional, a través del despacho número 328/2020-184.D de nuestro índice, dio fe de lo siguiente: ".En la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, siendo las trece horas del día dos de julio de dos mil veinte, la suscrita Claudia Hernández Correa, Actuaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia de este Distrito Judicial, me constituí en legal y debida forma en las instalaciones que ocupa la Fiscalía Regional de esta ciudad. solicitándole me informe si en los separos de tal corporación se encuentra detenido el quejoso Jonathan Pérez Rebollar, informándome que efectivamente el citado quejoso se encuentra detenido a disposición de la Agente del Ministerio Público, por el delito de narcomenudeo; por lo que en atención a ello, le solicito me dé acceso a los separos con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado y, al hacerlo, estando constituida en tal lugar, procede a acercarse quien dice llamarse Jonathan Pérez Rebollar, ser de 23 años de edad, originario y vecino de esta ciudad, con domicilio en la calle de Andrés Landa y Piña, Sur 16 de esta ciudad, que sabe leer y escribir. pongo a la vista del mismo, la demanda de amparo promovida en su favor, manifestando que ratifica en todas y cada una de sus partes la citada demanda de amparo, promovida en su favor, sin tener nada más que agregar. Seguidamente, manifiesta que sí ha tenido comunicación con su abogado y el día que lo detuvieron también tuvo contacto con su esposa, sin tener nada más que agregar. Continuamente, doy fe de que el citado quejoso se encuentra en buenas condiciones físicas, manifestando que se encuentra bien, sin tener nada más que decir." (subrayado añadido). Como se advierte, la Actuaria citada dio fe del estado físico que presentaba el quejoso, en el que señaló que se encontraba en buenas condiciones físicas. Además el propio Jonathan Pérez Rebollar, señaló que no se encontraba incomunicado, porque sí había tenido comunicación con su abogado y con su esposa, el día de su detención. Máxime que se dio acceso a la citada actuaria judicial, a efecto de notificar la suspensión de plano al quejoso. De ahí que, contrario a lo aducido en la demanda de amparo, no existe el acto reclamado consistente en la incomunicación reclamada. II. ORDEN DE APREHENSIÓN, DETENCIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD (POR ALGUNAS AUTORIDADES). Tampoco es cierto el acto reclamado consistente en la orden aprehensión por lo que ve a todas las autoridades responsables, ni la orden de detención y privación de la libertad, únicamente por lo que respecta al Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán y al Director de Policía de Investigación de la Región Zitácuaro, Michoacán, lo anterior debido a que al rendir sus informes justificados negaron la existencia de dichos actos, sin que la parte quejosa aportara algún elemento de convicción a través del cual desvirtuara la señalada negativa. Por tanto, si no se acreditó con alguna documental, testimonial o diverso elemento de convicción, que existió la (1) incomunicación, la (2) orden de aprehensión por lo que respecta a todas las autoridades, o la (3) detención y privación de la libertad solo por las autoridades en cita, debe prevalecer la negativa de las autoridades responsables a que se hizo referencia con antelación. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 1917- septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, página 305, Sexta Época, con registro 1002350, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En esas condiciones, procede sobreseer dentro del presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo1, respecto a las autoridades responsables y por los actos aquí precisados. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado consistente en la detención y privación de la libertad del quejoso, por lo que respecta al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación IV de la Fiscalía Regional de Justicia de Zitácuaro, Michoacán, debido a que al rendir su informe justificado señaló que el quejoso directo sí fue detenido por el delito contra la salud cometido en flagrancia. Además, se acredita la existencia del acto reclamado con las constancias que allegó la autoridad responsable; prueba a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 188, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de actuaciones judiciales. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. 1 Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador de oficio, antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes; por lo que previamente al estudio del fondo del asunto, debe examinarse si en el caso se surte alguna causa de improcedencia, con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo2. Pues bien, en relación con la detención y privación del peticionario de amparo, atribuidas al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación IV de la Fiscalía Regional de Justicia de Zitácuaro, Michoacán, este operador constitucional se avoca de manera oficiosa al conocimiento de la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no solo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la 2 Artículo 62. Las causales de improcedencia, se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia siguiente: Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, de las constancias de autos, en específico de la carpeta de investigación ZIT/112/00976/2020, se advierte lo siguiente: 1. El treinta de junio de dos mil veinte, el peticionario del amparo fue detenido y puesto a disposición de la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación IV de la Fiscalía Regional de Justicia de Zitácuaro, Michoacán, por el delito de narcomenudeo, en su modalidad de posesión simple, por lo que se generó la carpeta de investigación citada3. 2. Mediante acuerdo de dos de junio de dos mil veinte, la citada Agente del Ministerio Público, ordenó la 3 foja 21 del tomo de pruebas. inmediata libertad del quejoso, lo que aconteció el mismo día, a las dieciocho horas, tal como se advierte de la constancia respectiva4, de la que se advierte obra firmada de conformidad por el aquí quejoso. 3. Incluso, el siete de octubre de dos mil veintiuno, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, decretó el sobreseimiento de la causa penal ZIT/315/2020, instruida al quejoso, con efectos de sentencia absolutoria, respecto del delito referido previamente5. Así, se desprende que la responsable dejó en libertad al accionista constitucional el dos de junio de dos mil veinte, lo que denota que si bien el acto reclamado existía al momento de presentar la demanda de amparo (uno de julio de dos mil veinte), lo cierto es que dejó de existir, dado que la responsable el día siguiente (dos de junio de dos mil veinte), puso en libertad al directo agraviado Jonathan Pérez Rebollar; acuerdo que le fue notificado en la misma data. En ese sentido, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, cristalizando la imposibilidad de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, porque se restituyó al quejoso citado, en el pleno goce del derecho humano violado, en el caso, su libertad y, con ello, se restablecieron las cosas al estado que guardaban antes de su violación. En ese sentido, se surte la causal de 4 fojas 59 a 62 del tomo de pruebas. 5 Fojas 73 y 74 ídem. improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al destruirse de forma total e incondicional el acto privativo combatido por el solicitante del amparo, restituyéndose el goce de la garantía violada. En consecuencia, ante la cesación de efectos de los actos reclamados a la autoridad responsable, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo6. Lo anterior sin que pase inadvertido que la carpeta de investigación de origen se encuentra concluida por sobreseimiento de siete de octubre de dos mil veintiuno, derivado de una suspensión condicional del proceso, decretada por el Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, en Zitácuaro, Michoacán, lo que confirma, aún más, la cesación de los actos reclamados. Al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea la peticionaria de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común). 6 Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Así, por lo expuesto y conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jonathan Pérez Rebollar, en relación con los actos reclamados precisados en el considerando segundo y por las razones señaladas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintinueve de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, que actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo III-355/2020 promovido por Jonathan Pérez Rebollar contra actos del Director Regional de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán. Director de Policía de Investigación de la Región Zitácuaro, Michoacán. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación IV de Alto Impacto de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Copia certificada de la carpeta de investigación NUC 1006202023768, que deriva de la causa penal ZIT/355/2020, de las que se ordenó formar un tomo de pruebas. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se constar que únicamente los formuló el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito mediante pedimento 245/2021. EL JUEZ: Se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. GUSTAVO ALLFADIR BALANZÁ KIDNIE

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