Joel Napoles Gomez

Expediente 985/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
985/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/01/2023

Partes del expediente

  • Joel Napoles Gomez
  • REYSEL VENZAT FERNANDEZ y Otros.
  • JOEL NAPOLES GOMEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de enero de dos mil veintitrés. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Antecedentes. Previo a realizar la calificación del cumplimiento dado la ejecutoria de amparo, resulta pertinente establecer los antecedentes derivados de este asunto que se encuentran relacionados con el acatamiento al fallo protector, los cuales son: I. El doce de abril de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que por una parte se determinó sobreseer y por otra conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a 1) Alejandro Pérez Paredones, 2) María Trinidad Paco Lugo, 3) Héctor Abel Varela Bernal, 4) Martha Dalia Flores Hernández, 5) Alma Rosa Esparza Sánchez, 6) María Norma Alicia Belloso González, 7) Cirina Valdez Mendoza, 8) José María García Cota, 9) Marina Salgado Sánchez, 10) Francisco Ortiz Osuna, 11) José Gustavo Haro Veyna, 12) Teresa Rodríguez Martínez, 13) Martha Alicia González Olivas, 14) Blanca Estela Angulo Palomares, 15) Martha Rochín Salgado, 16) Guillermina Aguilar Quiroz, 17) Angélica Castañeda Meza, 18) Lázaro Pacheco Montes y 19) María Micaela Jiménez Camacho, contra el acto reclamado a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ambos en la ciudad de Mexicali, a efecto que realizará lo siguiente: Octavo. Efectos del fallo protector. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción V, de la Ley de Amparo, en la sentencia de amparo deben fijarse los efectos y medidas en que se traduce la concesión del amparo. Al respecto, el artículo 77, fracción II, de la misma ley, señala que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, se obligará a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En adición a lo anterior, el numeral 1º constitucional, dispone que: "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia." En el caso, es evidente que no es factible restituir en el goce del derecho violado a los quejosos, en cuanto a los pagos retrasados de septiembre y octubre de dos mil diecinueve, que ya se efectuaron según lo señalado en el considerando tercero, ya que no se puede retrotraer el tiempo ni reparar los perjuicios que durante ese lapso sufrieron los agraviados, al no recibir el pago oportuno. No obstante, la manera de restituir los derechos violados es evitando que se incurra en nuevas violaciones; para lo cual, es posible expandir los efectos de la protección constitucional, a fin de que se asegure que los pagos subsecuentes de pensiones a los quejosos, se realicen en tiempo, en virtud de que de ésta manera, se asegura la protección más amplia a que hace referencia el artículo 1º constitucional. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada, tiene el alcance de obligar a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ambas con sede en Mexicali, a dejar sin efecto cualquier acto que implique suspender, retener o retrasar el pago de las pensiones de los quejosos. Asimismo, ya que se reclamaron los subsecuentes retrasos en el pago de la pensión de los agraviados, es jurídicamente seguro que los efectos del fallo protector comprendan dichos desfases futuros por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que las autoridades responsables del Instituto mencionado, particularmente el Jefe del Departamento de Nómina de Pensiones y Jubilaciones, realicen los pagos de pensión futuros, de manera mensual, los dos últimos días hábiles de cada mes, como lo establece el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y el Manual de Procedimiento Específico para la Elaboración y Pago de la Nómina de Pensionados y Jubilados del mencionado Instituto. Para lo cual, deberán girar los oficios necesarios a las autoridades correspondientes, a fin de que se asegure el pago oportuno de las pensiones, y para lo cual, podrá vincularse al cumplimiento de la presente ejecutoria, a cualquier autoridad que con motivo de sus atribuciones tenga intervención en dicho pago. Sobre este aspecto, es aplicable por analogía, la tesis 2a./J. 139/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de encabezado y sinopsis siguientes: PENSIONES. PROCEDE OTORGAR EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS DESCUENTOS FUTUROS E INMINENTES EN APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA, SIEMPRE QUE SE HAYAN SEÑALADO COMO ACTOS RECLAMADOS. Cuando en un juicio de amparo indirecto se reclame un ulterior acto de aplicación consistente en un descuento efectuado al monto de una pensión de seguridad social fundado en un artículo declarado inconstitucional por jurisprudencia, los efectos de la protección constitucional únicamente deben consistir en que dicha ley no se aplique al caso concreto, sin poder extenderlos respecto de actos futuros, pues ello es propio del juicio de amparo contra normas generales. Sin embargo, cuando en la demanda de amparo se señalen como actos reclamados los descuentos subsecuentes a los realizados con anterioridad a su presentación o a su ampliación, es jurídicamente posible que los efectos del fallo protector comprendan a dichos descuentos futuros al monto periódico de la misma pensión por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que se reintegren a la quejosa los descuentos señalados como actos reclamados, en los que se incluyen los subsecuentes hasta que se cumplimente la ejecutoria, así como para que ya no se realicen los posteriores descuentos al monto periódico de la misma pensión respecto de la cual se solicite el amparo. Ahora bien, de conformidad con el numeral 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone que el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo de cumplimiento, tomando en cuenta su complejidad o dificultad, de manera razonable y estrictamente determinado, se procede a delimitar los efectos de la protección constitucional otorgada, con la finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de la presente ejecutoria, tomando como base también, lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, en el ya citado amparo en revisión número 309/2019. Para ello, debe considerarse que de no limitarse el periodo de vigilancia del cumplimiento del amparo, no se podría tener por cumplida la ejecutoria de amparo, quedando el expediente en trámite de ejecución por tiempo indefinido. Por lo que a fin de evitarlo, se estima que el plazo de cuatro meses, es razonablemente correcto, para que las autoridades responsables den cumplimiento puntual a la presente ejecutoria, y luego de agotado ese lapso, se podrá emitir pronunciamiento sobre si la sentencia de amparo se encuentra cumplida." II. Inconforme con dicha determinación, el ocho de junio de dos mil veintiuno, se tuvo a la delegada de las autoridades responsables interponiendo recurso de revisión, el cual por razón de turno le correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, quien por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, desechó por extemporáneo dicho recurso de revisión, auto que quedó firme el quince de julio de dos mil veintidós. III. El veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días a fin que manifestara lo que a su interés conviniera con el mismo; esto es, con los oficios con folios 11861 , 12968 , 13847 , 14418, 15858 , 16570 , 17096 , 18212 y 18536 anexos remitidos por la delegada de las autoridades responsables con los cuales estimó dar cumplimiento a la sentencia amparatoria. Documentales a la que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del examen de las citadas constancias se estima que la autoridad responsable cumplió con el fallo protector, ya que realizó lo siguiente: Mediante oficio registrado con folio 11861 la autoridad responsable delegada autorizada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y para ello remitió: 1.- Constancias que acreditan el pago de las pensiones relativas al mes de julio de dos mil veintidós. Mediante oficios registrados con folios 12968 y 13847 la autoridad responsable delegada autorizada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y para ello remitió: 1.- Constancias que acreditan el pago de las pensiones relativas al mes de agosto de dos mil veintidós. 2.- Acta de defunción de la quejosa Normina Belloso González. Mediante oficios registrados con folios 14418 y 15858 la autoridad responsable delegada autorizada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y para ello remitió: 1.- Constancias que acreditan el pago de las pensiones relativas al mes de septiembre de dos mil veintidós. Mediante oficios registrados con folios 16570, 17096 y 18212 la autoridad responsable delegada autorizada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y para ello remitió: 1.- Constancias que acreditan el pago de las pensiones relativas al mes de octubre de dos mil veintidós. Mediante oficio registrado con folio 18536 la autoridad responsable delegada autorizada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y para ello remitió: 1.- Constancias que acreditan el pago de las pensiones relativas al mes de noviembre de dos mil veintidós. De lo que se desprende que las autoridades responsables, realizaron el pago de las pensiones a los quejosos 1) Alejandro Pérez Paredones, 2) María Trinidad Paco Lugo, 3) Héctor Abel Varela Bernal, 4) Martha Dalia Flores Hernández, 5) Alma Rosa Esparza Sánchez, 6) Cirina Valdez Mendoza, 7) José María García Cota, 8) Marina Salgado Sánchez, 9) Francisco Ortiz Osuna, 10) José Gustavo Haro Veyna, 11) Teresa Rodríguez Martínez, 12) Martha Alicia González Olivas, 13) Blanca Estela Angulo Palomares, 14) Martha Rochín Salgado, 15) Guillermina Aguilar Quiroz, 16) Angélica Castañeda Meza, 17) Lázaro Pacheco Montes y 18) María Micaela Jiménez Camacho del período de julio a noviembre de dos mil veintidós, excepción de María Norma Alicia Belloso González, también conocida como Normina Belloso González, quien falleció el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que no existía obligación de pagar la pensión a la referida quejosa, sin que el autorizado hiciera manifestación alguna. Documentales que obran en autos y que tienen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; y que al haber sido expedidas por la autoridad responsable en el ejercicio de sus funciones, gozan de la presunción de plena legalidad en cuanto a las aseveraciones contenidas en ellas. Se declara cumplida. En atención a lo expuesto, en contraste con los efectos del fallo, se puede concluir que las autoridades responsables cumplieron con el mismo, por lo que de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración por haberse concedido la protección respecto de los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis del inciso a) de la fracción I artículo 18 del mismo acuerdo; por tanto, consérvese el expediente en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo procédase a su depuración, toda vez que la suspensión provisional y definitiva fue concedida y la definitiva se concedió y únicamente por lo que hace a Alejandro Pérez Paredones, se negó la suspensión definitiva. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California; en atención a su contenido, no es el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada al demanda de amparo; por lo que, se dejaron sin efecto las providencias dictadas en el mismo. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós.****************************************Imposibilidad. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que le asistió a la fedataria de la adscripción notificar personalmente el contenido del proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós, a los quejosos 1) ********************, 2) ********************, 3) ********************y 4) ********************, la que hizo consistir en que una persona que dijo ser oficial en turno de la Estación Migratoria le informó que los antes citados no se encontraban en dicho lugar, no obstante de haber efectuado varios llamados a los directamente agraviados. **************************************** No presentada. Por tanto, ante la aludida imposibilidad para notificar a los quejosos 1) ********************, 2) ********************, 3) ********************y 4) ********************, el auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, y precisamente porque no se encuentran ni alojados, ni detenidos en la Estancia Migratoria de esta ciudad, se hace efectivo el apercibimiento impuesto en el acuerdo en cita y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda y quedan sin efectos las providencias decretadas.****************************************Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 985/2022-I. Precisión. Previo a pronunciarse sobre la demanda promovida, cabe destacar que de la certificación de cuenta se observa que el escrito de cuenta carece del certificado digital de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), a que alude el artículo 2, fracción XVI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Sin embargo, esta juzgadora estima que debe proveerse respecto a la suspensión de plano solicitada en dicha demanda, aun cuando carezca de lo anterior, ya que de una lectura íntegra de ésta se advierte que los actos que se reclaman revisten las características de aquellos prohibidos por el artículo 22 constitucional y el numeral 15 de la Ley de Amparo. De ahí que, se considere que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 42 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; el cual dispone: "Artículo 42. El Portal contará con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Para ello, se deberá ingresar el nombre de la parte quejosa, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionar la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Además, se optará por adjuntar el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, utilizar el formato predeterminado o llenar el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición, tras lo cual se capturará un código de seguridad y se enviará el escrito de demanda. En cualquier opción, se podrán enviar los archivos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. De la lectura del precepto legal transcrito, se observa que tratándose de demandas de amparo en las que se reclamen actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, no resulta necesario que contenga el certificado digital de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), como lo obliga el artículo 45 del referido acuerdo, ya que únicamente bastará que se ingrese el archivo electrónico que contenga la demanda. Por tal motivo, si en el caso la demanda de amparo versa sobre actos considerados como prohibidos por el artículo 22 constitucional y se acompañó el archivo electrónico de la misma, se concluye que debe dársele el trámite correspondiente a la demanda, incluso al no estar firmada electrónicamente. Suspensión de plano. En otro aspecto, el signante ********************en representación de 1) ********************, 2) ********************, 3) ******************** y 4) ********************reclama de las autoridades responsables, entre otros actos los que se hacen consistir en deportación, expulsión, traslado de la estación migratoria donde se encuentran a una diversa, incomunicación, tortura física y psicológica y privación de la libertad, de los que dijo son objeto los mencionados quejosos con motivo de encontrarse a disposición del Instituto Nacional de Migración con sede en Tijuana, Baja California, al indicarse que son de nacionalidad extranjera. I. Traslado de una estación migratoria a una diversa, deportación o expulsión. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y los directamente agraviados no sean deportados o expulsados del país, así como para que no sean trasladados a una diversa estancia migratoria, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. II. Con relación a la incomunicación, malos tratos y tortura física y psicológica (intimidación). Las autoridades responsables deberán cesar todo acto de incomunicación infringidos en contra de los agraviados 1) ********************, 2) ********************, 3) ******************** y 4) ********************y, en su caso, se les permita mantener comunicación con su defensor o familiares, así como mantenerlos informados de su situación migratoria; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Ahora, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para que cese de inmediato el acto consistente en la intimidación, malos tratos, tortura física y psicológica, se concede para lo siguiente: Ordenar de forma inmediata el cese de la intimidación, malos tratos, tortura física y psicológica, así como de todos aquellos actos que pongan en peligro la integridad física y la vida de los peticionarios de amparo, así como cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, de los que el promovente refiere pueden ser objeto los agraviados 1) ********************, 2) ********************, 3) ******************** y 4) ******************** En el entendido que esto es, sin perjuicio de la continuación de algún procedimiento migratorio, en el que se encuentren involucrados los quejosos, debiendo acompañar las constancias que acrediten el cumplimiento a la suspensión de plano. Con independencia de la medida suspensiva decretada, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, autorizándose copia certificada de la totalidad de las actuaciones de este asunto, para que en el ámbito de sus atribuciones inicie una investigación respecto de la afectación relacionada con la tortura que dice son objeto los quejosos 1) ********************, 2) ********************, 3) ******************** y 4) ******************** Es aplicable en la especie la tesis aislada 1a. CCVII/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo de rubro dice: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA." Se reitera que queda a cargo y bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, la integridad física de los quejosos, a fin de que no sufran ningún atentado contra su vida, de conformidad con los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Asimismo, es importante destacar que tal circunstancia también se previene en términos del artículo 5 referente al Derecho a la Integridad Personal, puntos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que se establece que toda persona que se encuentre privada de su libertad, como acontece en el asunto que nos ocupa, deberá ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, por lo que tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, así como a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, como la naturaleza de los actos que le atribuye el promovente a las autoridades señaladas como responsables. III. Privación de la libertad. Con relación a la petición del promovente en el sentido de que se decrete la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la privación de la libertad, con fundamento en el artículo 15 y 126 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, no ha lugar a decretar dicha medida cautelar, en razón de que la orden de detención y restricción de la libertad por parte de las autoridades migratorias responsables, no encuadran en ninguna de las hipótesis de procedencia que al efecto contemplan los referidos preceptos legales. Por su parte, el artículo 15 de la ley de la materia en lo que aquí acontece, señala: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. [.]" Así como el párrafo primero del artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." De los dispositivos en cita, se advierte que el órgano jurisdiccional de amparo concederá la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, cuando estos se encuentren en alguna de las hipótesis siguientes: a) importen peligro de privación de la vida; b) ataquen a la libertad personal fuera de procedimiento; c) incomunicación; d) deportación; e) expulsión; f) proscripción o destierro; g) extradición; h) desaparición forzada de personas; i) la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; o, j) alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. De ahí que, si la parte quejosa reclama la ilegal privación de la libertad por parte de las autoridades migratorias responsables, este no es un acto que amerite la concesión de la suspensión de plano, ya que no encuadra en una privación de la libertad "fuera de procedimiento", pues del escrito que se atiende, el propio promovente refirió que 1) ********************, 2) ********************, 3) ******************** y 4) ********************fueron detenidos en el aeropuerto de la ciudad de Mexicali, Baja California y posteriormente fueron trasladados a esta ciudad; acto que se lo atribuyen a las autoridades migratorias, es decir, las responsables son autoridades competentes para emitir las ordenes reclamadas en procedimientos migratorios, en términos del artículo 99 de la Ley de Migración. Sin perjuicio, que una vez que los quejosos ratifiquen la demanda de amparo se proveerá en relación a dichos actos en el incidente de suspensión que al efecto se apertura. Sirve de apoyo a lo anterior, en virtud que no contraviene las disposiciones vigentes de la Ley de Amparo e incluso el dispositivo legal interpretado es de similar redacción a la que actualmente dispone el artículo 126 de dicha legislación, la jurisprudencia I.3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Así como la diversa tesis I. 1o.P.6 P (11a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE OTORGARLA DE PLANO CONTRA LA MEDIDA DE ALOJAMIENTO DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO. Hechos: El quejoso afirmó ser extranjero y estar alojado en una estación migratoria; por ese motivo promovió amparo ante un Juez de Distrito en materia penal y solicitó la suspensión de plano para que fuera puesto en libertad. El referido juzgador se pronunció sobre esa petición de suspensión y la negó y, enseguida, declinó la competencia hacia un Juez de amparo en materia administrativa por estimar que tal acto era de esa materia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que no procede otorgar esa suspensión porque ese caso no se trata de un ataque a la libertad fuera de procedimiento y, en todo caso, es materia de suspensión incidental. Justificación: El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión de plano procede (para que el quejoso sea puesto en libertad inmediatamente) sólo cuando el ataque a la libertad personal ocurra fuera de procedimiento, y eso no es lo que sucede cuando el quejoso está sujeto a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria, porque conforme a los artículos 3, fracción XXIX, 68, 99, 111, 118, 132 y 143 de la Ley de Migración y 222 del reglamento de esa ley, aunque sí se trata de un ataque a la libertad porque está materialmente detenido, ello ocurre dentro de procedimiento, el denominado procedimiento administrativo migratorio; éste inicia con la puesta a disposición de una persona extranjera en situación migratoria irregular; a continuación, dentro del plazo de 36 horas siguientes se emite el acuerdo de presentación, y si ese acuerdo es en el sentido de que continúa el procedimiento, aquélla puede continuar detenida bajo la figura de "alojado" o ser puesta en libertad bajo una medida diversa; en caso de que la autoridad opte por el alojamiento dispone de quince días hábiles, por regla general, o de sesenta días hábiles en los casos de excepción expresamente previstos, para resolver su situación migratoria (que podrá ser en el sentido de regularizarla, el retorno asistido o la deportación); de no emitir esa resolución en tales plazos, se otorgará al migrante la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras se resuelve." Informes. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, remitiéndoles para tal efecto copia simple del escrito de demanda. Apercibimiento. Apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Autorización de informe vía electrónica. Se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe al correo electrónico 5jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx; asimismo, se sirvan proporcionar un correo electrónico a fin de realizarle las subsecuentes notificaciones por esa vía, para privilegiar el uso de los medios electrónicos durante la contingencia sanitaria decretada en el país, sin perjuicio de que lo realicen mediante oficio que se envíe a este juzgado. Ratificación de demanda. Se faculta a cualquiera de los actuarios judiciales de este juzgado para que se traslade a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración Delegación Baja California con sede en esta ciudad, así como a aquellos lugares de los que tenga noticia en que pudieran encontrarse la parte agraviada, a fin de que notifiquen personalmente el presente acuerdo a 1) ********************, 2) ********************, 3) ******************** y 4) ********************y los requiera para que en el momento de la notificación manifiesten si ratifican o no la demanda interpuesta a su favor, así como el nombramiento de autorizado señalado en el escrito inicial. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda y quedaran sin efectos las providencias decretadas. Señalamiento de autorizado. Se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************hasta en tanto los directamente agraviados ratifiquen la demanda de amparo y, en su caso, realice la autorización respectiva. Expedición de copias. Además como lo solicita, expídase una copia certificada del presente proveído, lo anterior de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, recabándose la razón que por su recibo se deje en autos para constancia. Consulta y notificaciones vía electrónica. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en vigor a partir del seis de mayo de dos mil veinte, se autoriza al promovente el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio, en la modalidad de juicio en línea, así como para recibir notificaciones por esa vía. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial "A" adscrita, realice la autorización respectiva para la consulta y notificación del promovente a través de la vía electrónica, por conducto del usuario "********************". Correo electrónico y número telefónico. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, téngasele señalando el correo electrónico y número telefónico que indica única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Requerimiento. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérasele al promovente para que dentro del término de tres días, legalmente computados, informe a este órgano jurisdiccional si promovió diversa demanda de amparo en los municipios de Ensenada o Mexicali, o en su defecto, en otro Estado de la República, por los mismos quejosos y actos reclamados. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, o de no informar el impedimento legal que tenga para no hacerlo, en el plazo que se le concede, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalentes a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos, moneda nacional), lo que resulta de multiplicar $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos, moneda nacional) por cincuenta; acorde a la fracción I, del artículo 237, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Por otro lado, de conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento cobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, en caso de presentarse físicamente. Notifíquese personalmente a los quejosos 1) ********************, 2) ********************, 3) ******************** y 4) ******************** y por vía electrónica al promovente.

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