Joel Brizuela Reyes

Expediente 817/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
817/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
28/03/2022

Partes del expediente

  • Joel Brizuela Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el vienticinco de marzo de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; sin que lo hubieren hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese y personalmente al quejoso o sus defensores.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de febrero de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remitió el Coordinador de Área Penal Zona Costa, Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa lo siguiente: 1) Designa a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, a fin de que brinden el servicio de defensa y asesoría al quejoso Joel Brizuela Reyes. 2) Señala autorizados para oír y recibir notificaciones. 3) Proporciona el domicilio de los defensores públicos asignados para oír y recibir notificaciones. Se designa defensor público. Atento a lo anterior, se tiene como defensores públicos del quejoso a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García; por tanto, con fundamento en los artículos 1 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos de los diversos numerales 2, fracción I, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente darles vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo; para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Domicilio. Túrnense los autos a cualquiera de los Actuarios de la adscripción, a fin de que se sirvan notificar en forma personal el contenido del presente proveído a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, quienes pueden ser localizados en el domicilio que para tal efecto se proporcionó en el oficio de cuenta. Autorizados. Asimismo, téngase como autorizados para oír y recibir notificaciones de los defensores públicos señalados a las personas que se precisan en el oficio de cuenta. Notifíquese y personalmente al quejoso y a sus defensores públicos

  3. Principal

    Cuenta. El treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se da cuenta con el estado de autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste.Tijuana, Baja California, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Se hace efectivo apercibimiento. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días que se otorgó al quejoso ********************, mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, para que nombrara un defensor que lo represente, sin que a la fecha lo hubiese hecho. En consecuencia, a fin de salvaguardar los derechos del peticionario del amparo, y no dejarlo en estado de indefensión, en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, gírese oficio al Coordinador del Nuevo Sistema de Justicia Penal en esta ciudad, al que se deberá anexar copia simple de la demanda, con la finalidad que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, asigne al quejoso un defensor público, a fin de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. Se invoca como apoyo la tesis de Jurisprudencia 1ª./J.43/2019 (10ª), de rubro y contenido siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. Apercibimiento. Apercibido que de no hacerlo así, o de no manifestar el impedimento que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Cuenta. El diecinueve de enero de dos mil veintidós, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; asimismo, que no ha empezado a transcurrir el plazo de ocho días otorgado a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. De igual modo, que no obra en autos constancia de notificación alguna realizada al quejoso, respecto de los proveídos de diecisiete de noviembre, quince, diecisiete y veintitrés de diciembre, todos de dos mil veintiuno; por tanto, túrnense los autos de nueva cuenta a cualquiera de los actuarios a efecto de que le notifiquen al quejoso los citados acuerdos. En ese sentido, se conmina a los actuarios que cumplan con la determinación que en esta fecha se emite y en los plazos legales otorgados para ello, ya que su omisión retrasa la impartición de justicia en contravención del artículo 17 Constitucional, independientemente de la responsabilidad que crea ese retraso. Diferimiento. En consecuencia, a fin de dar margen a que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese y personalmente al quejoso el presente proveído, así como los diversos de diecisiete de noviembre, quince, diecisiete y veintitrés de diciembre, todos de dos mil veintiuno.

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