Johanna Isaura Arellano Ureta

Expediente 154/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
154/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
22/05/2023

Partes del expediente

  • Johanna Isaura Arellano Ureta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Certificación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a las partes a fin que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento del fallo protector dictado en este asunto, sin que lo anterior haya acontecido; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver de oficio con base en los elementos que obran en el expediente. Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida el trece de octubre de dos mil veintiuno, misma que fue modificada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, en sesión de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, empero, no respecto de los términos precisados por este juzgado, así por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a ********************, contra los actos que reclamó del Congreso del Estado de Baja California y otras autoridades, para lo siguiente: "Séptimo. Efectos de la protección constitucional. En las relatadas condiciones al establecerse que el Impuesto Ambiental Sobre Venta de Gasolina y demás derivados del Petróleo por Afectación al Medio Ambiente, previsto en la reforma en el artículo 8 bis de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte, contenida en el Decreto 40, es contrario a lo que disponen los numerales 73 fracción XXIX, ordinal "5", inciso "c" y G, así como el 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 77 fracción I y 78 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección constitucional solicitado por la parte quejosa ********************, para que las autoridades responsables, en su estricto ámbito competencial, realicen lo siguiente: I. No apliquen a la quejosa ********************, de forma presente y futura el Impuesto Ambiental Sobre Venta de Gasolina y demás derivados del Petróleo por Afectación al Medio Ambiente, previsto en las reformas al artículo 8 bis de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte, contenida en el Decreto 40, declarado inconstitucional, específicamente durante su vigencia, para lo cual, girarán las instrucciones necesarias a la autoridad correspondiente de recaudar esa contribución (Secretaría de Hacienda del Estado) a efecto de informarle que la peticionaria está exenta de su pago. II. En el supuesto de que la quejosa haya enterado o pagado el aludido impuesto, le sea devuelta la cantidad que haya sufragado por ese concepto, así como los restantes pagos que hubiese efectuado con posterioridad por la mencionada contribución, siempre y cuando los hubiere hecho, por lo que deberán instruir a la autoridad facultada para recolectar esa contribución (Secretaría de Hacienda del Estado) que la peticionaria tiene derecho a esa devolución. Se invoca como apoyo la jurisprudencia 2a./J.188/2004 (con número de registro electrónico 179675) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial dela Federación y su Gaceta a página 470 del Tomo XXI, Enero de 2005, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. [ .]". Así, como la diversa jurisprudencia P./J.112/99 (con número de registro electrónico 192846) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19 del Tomo X, Noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. [.]". Finalmente, es necesario puntualizar que el cumplimiento de la presente resolución, no implica anular la reforma a la norma tildada de inconstitucional, por lo cual, las autoridades responsables Gobernador y Congreso, ambas del Estado de Baja California, quedan exentas de nulificar las reformas a los gobernados en general. Se cita como apoyo la tesis P. CXXXVII/96 (con registro electrónico 200006) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION. [.]". Cabe hacer la precisión que la tutela protectora respecto de las normas declaradas inconstitucionales, es exclusivamente por lo que respecta al ejercicio fiscal dos mil veinte, porque al no estar establecidas en una ley fiscal específica, sino en la propia Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el referido ejercicio, es claro que éstas tienen un periodo fijo de vigencia de un año conforme al artículo primero de las referidas legislaciones, y si es reiterada en la ley de ingresos del próximo año, ello constituye un nuevo acto legislativo susceptible de impugnación, de ser el caso, a través de un nuevo juicio constitucional." Acciones realizadas para cumplir la sentencia. Por su parte, la autoridad responsable Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante oficio registrado con el folio 6122, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, esto es, que se realizaron las gestiones necesarias para desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa, el impuesto ambiental sobre venta de gasolina y demás derivados del petróleo por afectación al medio ambiente, previsto en las reformas al artículo 8 Bis de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte, contenida en el decreto 40, declarado inconstitucional, y para acreditarlo, remitió copia certificada del oficio ********************. Asimismo, informó que la quejosa no realizó pago alguno por concepto de dicha obligación, por lo que no hubo necesidad de realizar alguna devolución. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2º de esta última legislación, por haber sido expedida por funcionarios públicos en ejercicio de sus facultades legales conferidas. Declara cumplido fallo protector. En esas condiciones, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos ordenados por este órgano jurisdiccional en la sentencia de amparo, en razón de que la autoridad responsable: 1. Realizó las gestiones necesarias para desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa, el impuesto ambiental sobre venta de gasolina y demás derivados del petróleo por afectación al medio ambiente, previsto en las reformas al artículo 8 Bis de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte, contenida en el decreto 40, declarado inconstitucional; e, 2. Informó que la quejosa no realizó pago alguno por concepto de dicha obligación, por lo que no se realizó devolución de cantidad alguna. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos; háganse las anotaciones correspondientes en el rubro de observaciones del libro gobierno respectivo del índice de este juzgado. Certificación. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de depuración, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, ya que se concedió el amparo en este asunto. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción I, inciso a) del artículo 18 del mismo acuerdo; por tanto, consérvese el expediente en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo hágase su depuración, debiéndose conservar únicamente las determinaciones por las cuales se concedió la suspensión provisional y definitiva. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícense las anotaciones en el libro de gobierno. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE CONSTAR QUE LA PARTE QUEJOSA JOHANNA ISAURA ARELLANO URETA, EN EL JUICIO DE AMPARO 154/2020, NO ACUDIÓ PARA EFECTO DE SER NOTIFICADA, TAL Y COMO SE ORDENÓ EN EL ACUERDO DE CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, Y TODA VEZ QUE HAN TRANSCURRIDO LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL QUE SE ENTREGÓ EL CITATORIO CORRESPONDIENTE; POR TANTO, SE HACE LA NOTIFICACIÓN A LA CITADA PARTE DEL PROVEÍDO DE REFERENCIA, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO DECIMOCUARTODE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tijuana, Baja California, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la autoridad responsable, mediante el cual, se le tiene informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en este asunto, y al efecto remite las constancias con las que acredita su dicho. Vista con cumplimiento. En consecuencia, con el contenido del referido oficio y anexos, y con el resto de las constancias que obran en autos, dese vista a las partes por el plazo de tres días legalmente computado, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Solicitud de prórroga. Agréguese a los autos el oficio remitido por la secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual envía el diverso oficio proveniente de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, a través del cual solicita una prórroga al plazo concedido en autos para dar cumplimiento al fallo protector, por los motivos que informa en el oficio de cuenta. Asimismo, solicita que se le remita copia de la sentencia dictada en autos, así como de la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali. En atención ello, con fundamento en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se otorga el término improrrogable de diez días legalmente computado, para que informe el cumplimiento al fallo protector en los términos precisados. En el mismo orden, remítasele copia certificada de la sentencia dictada en autos, así como del testimonio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, a fin que se encuentre en posibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se requiere a superior jerárquico. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en el citado artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Gobernadora del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, a fin de que obligue a su subordinada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En el entendido de que la intervención del superior jerárquico no sólo se constriñe a enterarse de que su subordinado es renuente a acatar el fallo constitucional, ni tampoco se limita a que éste le envíe recordatorios o comunicados pidiéndole que cumpla con el mismo, sino que debe de hacer uso de todos los medios a su alcance, inclusive de las prevenciones y sanciones que conforme las disposiciones aplicables puede formular e imponer a su subalterno para conminarlo a cumplir con el fallo protector, ello a fin de una pronta y expedita administración de justicia. Apercibimiento. Apercibidas que en caso de no informar oportunamente sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, se les impondrá una multa de cien días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien corresponda. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de marzo de dos mil veintitrés. Se recibe ejecutoria. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, al que acompaña el cuaderno original del presente juicio de amparo y copia certificada del testimonio de ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión 142/2022; en consecuencia, estese a lo resuelto por el referido tribunal, el cual determinó lo siguiente: "623. PRIMERO. En la materia del recurso se modifica la sentencia impugnada. 624. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, por lo que hace a las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando sexto de la presente ejecutoria. 625. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la parte quejosa en los términos precisados en el fallo constitucional recurrido. 626. CUARTO. Ha quedado SIN MATERIA el recurso de revisión adhesivo. 627. QUINTO. Este asunto no tiene relevancia documental en términos del último considerando". Acuse, anotaciones y cuaderno de antecedentes. Consecuentemente, acúsese recibo de estilo a la superioridad y háganse las anotaciones conducentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, glósese a los autos las actuaciones que no obran en este expediente y que se encuentran anexas al cuaderno de antecedentes que se ordenó formar con motivo del recurso de revisión. Sin que sea el caso de agregar al presente juicio de amparo las copias certificadas que fueron expedidas para formar el cuaderno de antecedentes respectivo, toda vez que se duplicarían las actuaciones por obrar los originales en autos; por tanto, se ordena la destrucción de las mismas. Efectos de la sentencia. Ahora, en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "Séptimo. Efectos de la protección constitucional. En las relatadas condiciones al establecerse que el Impuesto Ambiental Sobre Venta de Gasolina y demás derivados del Petróleo por Afectación al Medio Ambiente, previsto en la reforma en el artículo 8 bis de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte, contenida en el Decreto 40, es contrario a lo que disponen los numerales 73 fracción XXIX, ordinal "5", inciso "c" y G, así como el 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 77 fracción I y 78 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección constitucional solicitado por la parte quejosa Johanna Isaura Arellano Ureta, para que las autoridades responsables, en su estricto ámbito competencial, realicen lo siguiente: I. No apliquen a la quejosa Johanna Isaura Arellano Ureta, de forma presente y futura el Impuesto Ambiental Sobre Venta de Gasolina y demás derivados del Petróleo por Afectación al Medio Ambiente, previsto en las reformas al artículo 8 bis de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte, contenida en el Decreto 40, declarado inconstitucional, específicamente durante su vigencia, para lo cual, girarán las instrucciones necesarias a la autoridad correspondiente de recaudar esa contribución (Secretaría de Hacienda del Estado) a efecto de informarle que la peticionaria está exenta de su pago. II. En el supuesto de que la quejosa haya enterado o pagado el aludido impuesto, le sea devuelta la cantidad que haya sufragado por ese concepto, así como los restantes pagos que hubiese efectuado con posterioridad por la mencionada contribución, siempre y cuando los hubiere hecho, por lo que deberán instruir a la autoridad facultada para recolectar esa contribución (Secretaría de Hacienda del Estado) que la peticionaria tiene derecho a esa devolución. Se invoca como apoyo la jurisprudencia 2a./J.188/2004 (con número de registro electrónico 179675) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página 470 del Tomo XXI, Enero de 2005, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. [.]". Así, como la diversa jurisprudencia P./J.112/99 (con número de registro electrónico 192846) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19 del Tomo X, Noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. [.]". Finalmente, es necesario puntualizar que el cumplimiento de la presente resolución, no implica anular la reforma a la norma tildada de inconstitucional, por lo cual, las autoridades responsables Gobernador y Congreso, ambas del Estado de Baja California, quedan exentas de nulificar las reformas a los gobernados en general. Se cita como apoyo la tesis P. CXXXVII/96 (con registro electrónico 200006) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION. [.]". Cabe hacer la precisión que la tutela protectora respecto de las normas declaradas inconstitucionales, es exclusivamente por lo que respecta al ejercicio fiscal dos mil veinte, porque al no estar establecidas en una ley fiscal específica, sino en la propia Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el referido ejercicio, es claro que éstas tienen un periodo fijo de vigencia de un año conforme al artículo primero de las referidas legislaciones, y si es reiterada en la ley de ingresos del próximo año, ello constituye un nuevo acto legislativo susceptible de impugnación, de ser el caso, a través de un nuevo juicio constitucional." Se vincula al cumplimiento de la ejecutoria a diversa autoridad. Por tanto, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, se vincula al cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Requerimiento a la autoridad vinculada. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para que dentro del plazo de tres días hábiles legalmente computado, informe el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo al efecto copia certificada de las constancias que así lo acredite. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo otorgado; o bien, no comunique la imposibilidad que para ello tenga, en términos de los artículos 192, párrafo segundo y 193, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 258 del ordenamiento legal citado, y de conformidad con los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá a cada una, multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos moneda nacional), lo que resulta de multiplicar $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional) por cien; sin perjuicio de remitir los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, para dar inicio al trámite de inejecución de sentencia, conforme lo dispone el primero de los preceptos invocados. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Una vez transcurrido el plazo antes aludido, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos legales conducentes. Cambio de denominación y competencia. Finalmente, visto el estado de autos y la constancia secretarial que antecede, hágase del conocimiento de las partes que en cumplimiento al Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, cambió su denominación a Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y competencia mixta. Notifíquese.

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