Jonatan Lizarraga Rodriguez

Expediente 705/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
705/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Jonatan Lizarraga Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; sin que lo hubiera hecho. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los preceptos ya mencionados y en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso d) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse dictado un auto que desechó la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el plazo de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    , hago constar: que en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, y en atención a que la parte quejosa, ni sus abogados autorizados, compareció a este órgano jurisdiccional a notificarse, no obstante el aviso que el nueve de octubre de dos mil veintiuno, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara a notificarse, por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido de la determinación de treinta de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el Juicio de Amparo 705/2021-V, del índice de esta Juzgado. "...Tijuana, Baja California, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 705/2021- V. Desechamiento de la demanda. Una vez analizado, el escrito en cuestión, se advierte que la quejosa reclama en esta instancia constitucional lo siguiente: ? El acuerdo de tres de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 1419/2019- 2A, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Precisado lo anterior, es necesario tener presente que el artículo 113 de la ley de la materia confiere facultad al juez de distrito que conozca de una demanda de amparo, para desecharla de plano si de su examen se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En efecto, el precepto en mención es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo sólo deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia; y; b) Que ese motivo sea manifiesto e indudable. El máximo tribunal del país ha establecido en reiteradas ocasiones, que las características destacadas en el anotado inciso b) se actualizan cuando de la simple lectura de la demanda aparece comprendido alguno de los supuestos de improcedencia que señala el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien, la demanda misma no encuadra en las hipótesis de procedencia que el artículo 107 de dicha legislación prevé. En esa tesitura, es claro que a la decisión de desechar una demanda de amparo, debe antecederle un examen acucioso de todos sus componentes, que finalmente provoque plena convicción de que aún ordenando la substanciación del juicio, sería imposible arribar a una conclusión diversa. Ello, pues basta con tener en cuenta, que precisamente, en términos específicos, lo manifiesto radica en que la improcedencia se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, en virtud de que, por ejemplo, los hechos en que se apoya la improcedencia hayan sido manifestados claramente por el promovente, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Con base en este marco normativo, quien aquí resuelve determina que en el caso a estudio, se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia previsto en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De lo anterior, se colige que los últimos tres artículos citados, prevén lo que se conoce como el principio de "instancia de parte agraviada" y también el diverso de "agravio personal y directo"; el primero, consistente en que sólo la persona a quien perjudica el acto reclamado está legitimada para promover el juicio de amparo; el segundo, se refiere a que debe existir una afectación real y actual en la esfera jurídica del gobernado, para la procedencia del juicio de amparo, el cual se refleja en el diverso numeral 61, fracción XII, como causal de improcedencia. Entonces, de una interpretación armónica del referido artículo 61, fracción XII, de la Ley de la Amparo, se advierte que el juicio de amparo indirecto, es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. En el caso, los quejosos señalan como acto reclamado, textualmente el siguiente: "Tijuana, Baja California, a tres de septiembre del dos mil veintiuno. Por recibido escrito presentado y signado por los CC. Jonatan Lizárraga Rodríguez, Susana García Villanueva y Liliam Yadira Rodríguez Gómez, en calidad de testigos ofrecidos por la parte actora dentro del juicio que nos ocupa. Derivado lo anterior. La Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, Acuerda: Agréguese a su expediente escrito de cuenta para que obren como legalmente corresponda, y en relación a su contenido dígasele no ha lugar acordar de conformidad, toda vez los testigos ofrecidos por las partes ya sea actora o demandada una vez que sean legal y debidamente notificados por conducto del C, Actuario adscrito a este tribunal deberán comparecer ante este Tribunal y rendir su declaración, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por tratarse den un acuerdo de trámite, solamente se firma por el Auxiliar, asistido del secretario de Acuerdos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 620 fracción II inciso a) de la Ley Federal del Trabajo. Notifíquese a la parte actora en su domicilio procesal que de autos se desprende y Cúmplase. Así lo acordó la licenciada Ana Rosa Flores Cepeda, Auxiliar de esta Junta Especial, ante secretario de acuerdos que autoriza y da fe, por tratarse de un acuerdo de tramites Ana Rosa Flores Cepeda Cynthia Georgina Zamarrón Guevara Auxiliar Secretaria de Acuerdos" Proveído que fue emitido a efecto de acordar el escrito que los propios quejosos presentaron a la junta responsable, al cual acompañaron declaraciones ratificadas ante el Notario Público Número Dos de esta ciudad. Proveído, escrito y anexos que en copia simples acompañó la parte quejosa, de los que se obtiene que Jonatán Lizárraga Rodríguez, Susana García Villanueva y Liliam Yadira Rodríguez Gómez, fueron ofrecidos como testigos en un juicio laboral, donde la junta hizo de su conocimiento, que una vez que fueran debidamente notificados por el actuario adscrito, deberían comparecer a dicho tribunal a rendir su declaración. Por lo que de lo expuesto se advierte que los quejosos tienen la calidad de testigos en el expediente laboral 1419/2019-2A, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Por tanto, el hecho de que se les haya comunicado que fueron designados como trestigos en un juicio laboral, por sí solo, no es un acto que afecte su esfera jurídica, al tratarse de una simple comunicación de la junta laboral, en el sentido de que se requiere su presencia para rendir su declaración en el juicio laboral ya citado. Asimismo, de la transcripción del acto reclamado no se observa que se les haya hecho algún apercibimiento. De ahí que, contra el auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se les comunica a los quejosos que fueron designados como testigos por una de las partes en el juicio laboral 1419/2019-2A, es improcedente el juicio de amparo indirecto puesto que, como se indicó previamente no afecta a su interés jurídico, en la medida que aun siendo terceros llamados al procedimiento de origen, lo acordado por la junta responsable no vulnera algún derecho subjetivo de los que les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que México es parte, como la vida, la propiedad, entre otros, que amerite su conocimiento en el juicio de amparo biinstancial. Ello es así, pues el acto reclamado es simplemente una declaración de la calidad que tienen los quejosos en el juicio laboral, que deben comparecer ante la autoridad para rendir su declaración, con motivo del desarrollo de un proceso laboral seguido por diversas personas, donde los aquí quejosos, únicamente participarán como testigos, con la aclaración ya anunciada de que tampoco el proveído reclamado contiene apercibimiento alguno en su contra. Y si bien, los impetrantes deben comparecer transitoriamente ante la autoridad responsable; ello no puede considerarse que afecte su esfera jurídica, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en otras palabras, el auto reclamado no constituye en sí un agravio personal y directo para los quejosos. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I y 6, primer párrafo, todos la Ley de Amparo, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por Jonatán Lizárraga Rodríguez, Susana García Villanueva y Liliam Yadira Rodríguez Gómez, atento a los razonamientos expuestos. Cabe destacar que ningún fin práctico tendría admitir la demanda de amparo dado que desde este momento procesal los quejosos acompañaron a su demanda de amparo la copia del escrito presentado ante la junta local de conciliación y arbitraje, sus anexos y el proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno, mismo que constituye el acto reclamado, por lo que puede practicarse el análisis de su naturaleza jurídica al radicar el juicio. Incluso, en el caso, es evidente que ninguna prueba que pudiese allegar la parte quejosa durante el procedimiento de amparo, podrá cambiar la naturaleza del acto reclamado para hacer procedente el juicio de amparo en su contra. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de los promoventes para oír y recibir notificaciones, el que se indica en el escrito de demanda. Autorizados. Asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Víctor Manuel Rubio Patiño y Francisco Javier García Sánchez, dado que de la certificación de cuenta, se advierte que tienen cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a prudente árbitro, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese personalmente a los promoventes.

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