JOEL ANTONIO VARGAS BISONO y Otros.
Expediente 494/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 494/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/06/2023
Partes del expediente
- Joel Antonio Vargas Bisono
- JOEL ANTONIO VARGAS BISONO y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de junio de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de dicha normatividad, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hubieren hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Certificación. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración, tomando en consideración que aun cuando se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados; por tanto, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Feneció término legal. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal concedido a la parte quejosa, en el auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, sin que se haya presentado promoción alguna con la que hubiese dado cumplimiento a las prevenciones formuladas en el presente juicio de amparo. No presentada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en el citado proveído y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda. Notifíquese personalmente a los quejosos.
- Principal
Tijuana, Baja California, doce de mayo de dos mil veintitrés. Organismo auxiliar informa. Agréguese a los autos el oficio remitido por el organismo auxiliar de este juzgado, mediante el cual informa que no cuenta con registro de algún domicilio a nombre de la tercero interesada Mónica Quiñonez Echeverría, de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 494/2023-VI. Precisión Especial. Cabe precisar que únicamente se tendrán como autoridades responsables a las señaladas por el promovente, con excepción de: ". agentes federales y demás funcionarios adscritos en el aeropuerto internacional de Tijuana, Baja California." Lo anterior, en virtud de que su señalamiento es ambiguo, pues no menciona los nombres o cargos del personal, siendo necesarios esos datos para requerirlos a efecto de que rindan sus respectivos informes; por ende, no serán llamados al presente juicio. Sin perjuicio de lo anterior, se tendrá como autoridades responsables al Encargado del Instituto Nacional de Migración y al Subrepresentante Local de la Oficina del Instituto Nacional de Migración, ambas con sede en esta ciudad. Suspensión de plano. En la demanda de amparo los actos reclamados por el promovente se hacen consistir, esencialmente, en: - Detención, privación de la libertad o aseguramiento. - Repatriación, expulsión o deportación. De los que dice pueden ser objeto los quejosos Joel Antonio Vargas Bisono, Johanny Moreta López y María Elena Valdez Disla, con motivo de encontrarse a disposición del Instituto Nacional de Migración con sede en Tijuana, Baja California, al indicarse que es de nacionalidad extranjera. I. Deportación, repatriación o expulsión del país. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y los directamente agraviados no sean deportados, repatriados, expulsados o retornado del país. II.- Detención, aseguramiento o privación de la libertad. Ahora, previo a pronunciarse sobre la suspensión de plano relativa a la detención, aseguramiento o privación de la libertad de las personas en situación de migración, es necesario tener en cuenta que la Ley de Migración, establece las facultades de control, verificación y revisión migratoria a cargo del Instituto Nacional de Migración, entre las que se encuentra la instauración del procedimiento administrativo migratorio; éste comprende, entre otros aspectos, el control migratorio, consistente en la revisión de documentación de personas que pretendan internarse al país. Del mismo modo, implica la supervisión de los medios de transporte que se utilizan para internarse al país, lo que realizarán las autoridades migratorias con auxilio de las autoridades policiales, lo cual se efectúa en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por mar, aire y tierra y de manera excepcional, previa solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lugares distintos a estos. En ese contexto, es relevante tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 68, primer párrafo y 100 de la Ley de Migración, que establecen: "Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición. " De la anterior porción normativa se advierte que la presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por personal del Instituto Nacional de Migración, en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, lo cual deberá constar en actas y no podrá exceder del término de treinta y seis horas contadas a partir de su puesta a disposición, para lo cual, deberá dictarse acuerdo dentro de las veinticuatro horas derivado de la diligencia de verificación o revisión migratoria. En resumen, si la autoridad migratoria realiza una verificación en la que detecta a una persona migrante en situación irregular, debe dar inicio al procedimiento migratorio. A partir del momento de la revisión, la autoridad migratoria cuenta con un plazo de veinticuatro horas para dictar el acuerdo de puesta a disposición y hasta treinta y seis horas, de las que no se excluyen las primeras veinticuatro que se mencionaron, para que la persona continúe en la estación migratoria o estancia de alojamiento temporal, esto es, la autoridad cuenta con un máximo de treinta y seis horas, para que la persona continúe bajo la supervisión de la autoridad administrativa, en la estación migratoria o de alojamiento temporal. Por tanto, la suspensión de plano solicitada se puede conceder, bajo ciertos parámetros y condiciones, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el procedimiento, por lo que, esta juzgadora concede la suspensión de plano en los supuestos y para los efectos siguientes: a) En el caso de que la internación o alojamiento de Joel Antonio Vargas Bisono, Johanny Moreta López y María Elena Valdez Disla al país, no se considere irregular por la autoridad migratoria, o, en el caso de que se encuentren detenidos, y éstos no tengan relación con la comisión de un ilícito, las autoridades responsables deberá ponerlos en inmediata libertad. b) En el supuesto de que la detención de Joel Antonio Vargas Bisono, Johanny Moreta López y María Elena Valdez Disla derive de la comisión de un hecho que la ley señale como delito, las autoridades deberán ponerlo en inmediata disposición del agente del ministerio público competente a fin de que se dé inicio a la carpeta de investigación correspondiente. c) En el escenario de que la internación o alojamiento de Joel Antonio Vargas Bisono, Johanny Moreta López y María Elena Valdez Disla sea considerada irregular por parte de la autoridad migratoria, deberá, dentro del plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que les fue puesto a su disposición, dictar el acuerdo de presentación a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración. En el entendido de que su presentación (o cualquier acción que implique la restricción de su libertad de tránsito) no deberá exceder de treinta y seis horas, por lo que, si no resuelve el procedimiento administrativo migratorio dentro de dicho plazo, deberá fijarles las medidas contempladas en la Ley General de Migración, para que Joel Antonio Vargas Bisono, Johanny Moreta López y María Elena Valdez Disla continúen en libertad su procedimiento. Por tanto, las medidas que señale la autoridad deberán ser diversas a las que impliquen privación de la libertad personal de las personas en situación de migración, pero deberá tomar en cuenta aquellas que aseguren que éstas no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político; como puede ser, de manera enunciativa, más no limitativa, la obligación de presentarse ante la propia autoridad administrativa cuantas veces les sea exigido y, en el supuesto de que determine imponer una garantía económica, ésta deberá ser asequible, debidamente fundada y motivada, atendiendo a la situación específica de la persona, lo que deberá analizar y justificar la autoridad administrativa, sin que ello, sea impedimento para que las personas migrantes puedan seguir su procedimiento en libertad. Del mismo modo, en caso de que Joel Antonio Vargas Bisono, Johanny Moreta López y María Elena Valdez Disla opten por seguir su procedimiento alojados en la estación migratoria o en el alojamiento temporal con que cuente la autoridad administrativa, esta deberá hacerle saber los efectos y consecuencias de ello, en el entendido que, levantará un acta que así lo demuestre, así como, informarle que en cualquier momento (transcurridas las treinta y seis horas), pueden continuar con su procedimiento en libertad, bajo las condiciones que se les fijen. Estas consideraciones, se desprenden de un análisis del Protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional, emitido y publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de dos mil veintiuno, ya que en dicho documento, la Corte estableció que las restricciones a la libertad personal deben ser seriamente analizadas para determinar su validez constitucional, pues no es casualidad que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos la protejan con tanta intensidad y arrebato, por lo que se trata de un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, ya que garantiza a su vez el pleno ejercicio de otros derechos constitucional y convencionalmente reconocidos para un completo desarrollo y bienestar de las personas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVI.1o.A.5 K (11a.), de rubro y contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SU CONCESIÓN CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA, DEBE SER PARA EL EFECTO DE QUE SEA PUESTO EN LIBERTAD Y PARA QUE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DICTEN LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE NO SE SUSTRAIGA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO. Hechos: La quejosa migrante interpuso recurso de queja en contra del auto del Juez de Distrito mediante el cual le concedió la suspensión de oficio y de plano para que permaneciera en el alojamiento del Instituto Nacional de Migración (INM) y durante éste, las autoridades responsables le informaran y garantizaran en todo momento el cúmulo de derechos que prevé la legislación migratoria; argumentando que el efecto de la medida cautelar decretada debió ser para que fuera puesta en libertad, pues se encontraba en calidad de presentada en la estación migratoria en razón de un procedimiento administrativo que se siguió en su contra, no por la comisión de algún delito. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la concesión de la suspensión de oficio y de plano en el juicio de amparo indirecto contra el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, debe ser para el efecto de que sea puesto en libertad y para que el Instituto Nacional de Migración dicte las medidas de aseguramiento (diversas a las que impliquen la privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), a fin de asegurar que no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria o asilo político, entre ellas, la obligación de presentarse ante aquél cuantas veces le sea exigido, otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad, o establecer domicilio o lugar en el que permanecerá. Justificación: Lo anterior, porque la libertad de las personas se encuentra reconocida y se exigen garantías para evitar su afectación, en los artículos 14, párrafo segundo y 21, párrafo cuarto, de la Constitución General, de los que deriva que toda persona debe gozar de la libertad personal, la cual sólo puede ser restringida o privada mediante juicio previo en el cual se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y que tratándose de restricciones a la libertad personal como sanción administrativa, no puede durar más de treinta y seis horas. Ahora bien, en materia de personas migrantes y sujetas de protección internacional es indispensable atender a que las irregularidades derivadas de la internación irregular al país, por sí mismas no constituyen delito alguno, sino que se podrían considerar como una falta administrativa. Así, tomando en cuenta los principios constitucionales y convencionales que consagran el derecho fundamental a la libertad personal, aplicando el principio pro persona previsto en el artículo 1o. constitucional, debe privilegiarse la solución conforme al derecho a la libertad personal de la parte quejosa, lo que no impide que la autoridad con competencia legal dicte las medidas que aseguren que aquélla no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria o asilo político. En consecuencia, la tutela judicial debe considerar la especial relevancia de la libertad personal, a efecto de garantizar la eficaz protección a los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional." Informes. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, remitiéndoles para tal efecto copia simple del escrito de demanda. Apercibimiento. Apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Autorización de informe vía electrónica. Se autoriza a las autoridades responsables para que, en su caso, remitan el informe requerido al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien al correo electrónico 14jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; asimismo, se sirvan proporcionar un correo electrónico a fin de realizarle las subsecuentes notificaciones por esa vía, para privilegiar el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de que lo realicen mediante oficio que se envíe a este juzgado. Prevención. Por otra parte, en atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Requerimiento. Por tanto, atendiendo a que la demanda de amparo debe estudiarse como un todo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones II, III y V y 114 fracciones I y II de la Ley de Amparo, se requiere a Joel Antonio Vargas Bisono, Johanny Moreta López y María Elena Valdez Disla para que dentro del plazo de cinco días hábiles legalmente computado, realicen lo siguiente: A). Comparezcan a este órgano jurisdiccional de manera personal y con identificación oficial vigente a ratificar el contenido de la demanda de amparo, ello en atención a que no firmaron la misma y de su contenido no se aprecia que se encuentren imposibilitados para presentar la demanda, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, por encontrarse en libertad. Lo anterior, en virtud de que la demanda no se encuentra firmada autógrafa ni electrónicamente, lo que hace suponer que no existe la voluntad de los quejosos de presentarla. B). Amplíen los antecedentes del acto reclamado. A efecto que manifiesten lo siguiente: Si su ingreso al país fue regular o si por el contrario cuentan con algún procedimiento para regularizar su situación migratoria ante la autoridad responsable. Lo anterior, al manifestar en el primer acto reclamado señalan que el día veinte de abril de dos mil veintitrés, ingresaron al territorio Mexicano y no hace referencia si se ingresó de manera regular o si ya cuenta con algún procedimiento. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia J/18 (9a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA. A fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es menester que el quejoso señale el acto reclamado con claridad y precisión, pues sólo así podrá el juzgador fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar el acto cuya inconstitucionalidad alega, el Juez de Distrito está obligado a requerir al promovente en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo para que la aclare y, en caso de no hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión debe ordenar la reposición del procedimiento para que se formule el requerimiento de mérito, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano revisor velar por que se satisfaga tal extremo." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXVII.1º.3 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, treinta de noviembre de dos mil dieciocho, con número de registro 2018493, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO PUEDE PREVENIR AL QUEJOSO POR LOS MOTIVOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 114, EN RELACIÓN CON EL 108, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO PUES, DE LO CONTRARIO, VIOLENTA LAS FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 114 de la Ley de Amparo establece la facultad del Juez para mandar aclarar la demanda de amparo, cuando advierta deficiencias, irregularidades u omisiones que deben corregirse, y precisa las hipótesis en que ello procede. En tanto que el artículo 108 de la propia ley señala los requisitos que debe contener la demanda. Por tanto, si el juzgador previene al quejoso por un motivo no previsto en los preceptos citados, violenta las formalidades del procedimiento, por ejemplo, cuando para proveer sobre la admisión de la demanda, requiere a la autoridad responsable para que informe o remita los autos o constancias, incluso del acto reclamado, para acordar lo procedente, lo que en todo caso sería materia del informe justificado; a más de que con ese proceder, se presume que la pretensión es evitar la admisión de la demanda, indagando sobre una causa de improcedencia, lo cual contraviene el derecho humano a una tutela judicial efectiva, pues solamente en aquellos casos en que la causa de improcedencia es manifiesta e indudable, procede el desechamiento de plano de la demanda, en términos del artículo 113 de la ley invocada, sin que la ley autorice esa investigación, antes de admitirse la demanda." Por tanto, deberán exhibir copias suficientes de su escrito para correr traslado a cada una de las partes de este juicio, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por los numerales 110 y 114 de la ley de la materia. El requerimiento señalado deberá ser aclarado directamente por los promoventes, por ser un acto personalísimo y que sólo a ellos les corresponde. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), que dice lo siguiente "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Apercibimiento. De no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Señalamiento de autorizado. Se tiene por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Idalia Avalos Feliciano y Nimrod Marcelino Ortiz Sánchez, hasta en tanto los directamente agraviados ratifiquen la demanda de amparo y, en su caso, realicen la autorización respectiva. Datos de contacto. Téngasele señalando el correo electrónico y número de teléfono que indica única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Notificación a promovente. Ahora, a efecto de lograr la notificación de los promoventes Joel Antonio Vargas Bisono, Johanny Moreta López y María Elena Valdez Disla, atento a lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del mencionado Acuerdo General 12/2020, se le tiene autorizando la vía electrónica para que la notificación personal del presente proveído se le haga de esa manera; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que la presente notificación se le practique al promovente antes mencionado por ese medio. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A realice la autorización respectiva para notificación electrónica por conducto del usuario nimrodortiz. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese y personalmente a Joel Antonio Vargas Bisono, Johanny Moreta López y María Elena Valdez Disla.
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