Joel Cardiel González y Otros.

Expediente 423/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
423/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
23/06/2016

Partes del expediente

  • Joel Cardiel González y Otros.
  • Joel Cardiel González

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el oficio ********************, suscrito por la Actuaria adscrita al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua, al que anexa los autos originales del juicio de amparo *******, promovido por ********************, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, dictado por este Juzgado, mediante el cual informa que ha quedado firme el auto de ocho de junio del año en curso, dictado por el Tribunal de Alzada, en el que desechó el referido medio de impugnación por ser improcedente. Acúsese recibo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, glósese el cuaderno de antecedentes y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En atención a la certificación, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes, no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el escrito de cuenta; se tiene por interpuesto el recurso de revisión intentado por la parte quejosa. Por ende, con sustento en lo estatuido por los ordinales 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, remítanse al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta localidad, los autos originales de este juicio de amparo 423/2016-IV, así como el escrito de expresión de agravios, con copia para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Superioridad, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, cabe señalar que no obstante se debe ordenar la notificación de la interposición de dicho recurso a las partes, en virtud de que el auto recurrido se trata del desechamiento de demanda, es inconcuso que no se llamó a las mismas, por tanto, no es el caso de notificarles la interposición del medio de defensa de que se trata. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por *************** y ***************, contra actos del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. En consecuencia, fórmese el expediente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y anotarlo en el Libro de Gobierno de este juzgado, bajo el juicio de amparo ***************. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, este órgano jurisdiccional procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia, o en su caso, la improcedencia del juicio. Así es, el citado artículo 113 de la Ley de la Materia, establece: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo sólo deberán concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia, y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Con relación a ello, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya, así como de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, con independencia de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. Del escrito de demanda, se advierte que los quejosos reclaman: III. AUTORIDADES RESPONSABLES: a) Juez de Garantías en turno del fuero común Penal b) Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especialista en Delitos Contra la Vida. c) Coordinador de la Fiscalía de Penas y Medidas Judicial d) Director del Centro de Inserción Estatal número 3 V.-ACTOS RECLAMADOS.- a) A la primera autoridad señalada como responsable le reclamo el Auto de Vinculación dictado en Contra de los suscritos *************** y ***************, por el delito de Homicidio Simple, en contra del C. ***************, con fecha 01 de septiembre de 2015; el cual, es ilegal e inconstitucional. (.) A todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables les reclamo el cumplimiento de lo ordenado por la primera. En la especie, respecto al acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo en vigor, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] 17. el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En términos de lo antes transcrito se advierte que el plazo genérico para demandar la acción constitucional será de quince días. Ese plazo, tiene como excepciones las siguientes: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; Cuando se reclamen actos tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el referido plazo empezara a contar 1. Al día siguiente en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; 2. Al día siguiente al que tuvo conocimiento el quejoso o 3. Se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. En la especie, los quejosos reclaman en esencia, del Juez de Garantía, el auto de vinculación a proceso dictado en su contra en la causa penal ***************, el uno de septiembre del año dos mil quince, por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de homicidio simple. Al respecto, el artículo 49, primer párrafo, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua, dispone que las resoluciones pronunciadas durante las audiencias judiciales se entenderán notificadas a los intervinientes en el procedimiento que hubieren asistido o debieron asistir a las mismas; por tanto, desde la emisión del auto de vinculación a proceso los quejosos tuvieron conocimiento de su existencia. Ante esta perspectiva, es inconcuso, que la presentación de la demanda que nos ocupa fue extemporánea, pues los promoventes reclaman el auto de vinculación a proceso emitido el uno de septiembre de dos mil quince, por lo tanto, fue a partir del día siguiente, esto es, el dos del citado mes y año, en que inició el cómputo del plazo de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo indirecto y concluyó el veintitrés de septiembre de dos mil quince, sin contar los días cinco, seis, doce, trece, dieciséis, diecinueve y veinte de septiembre de dos mil quince. En ese sentido, la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea, en tanto que se recibió en la Oficialía de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, fecha en que había transcurrido el plazo general de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor. Sin que se advierta que el referido acto reclamado, se ubica dentro de los supuestos de excepción al plazo general, pues no reclama una norma general autoaplicativa o el proceso de extradición, actos que pudieran afectar derechos agrarios representando a una población ejidal o comunal, o actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado al agente del Ministerio público, adscrito a la Unidad Especialista en Delitos Contra la Vida, Coordinador de la Fiscalía de Penas y Medidas Judiciales y Director del Centro de Reinserción Social Estatal número tres, consistente en la ejecución del auto de vinculación a proceso, dictado por el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis de jurisprudencia II.3º. J/69, publicada en la página 45, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 75, Marzo de 1994, Octava Época y número de registro 213005, del rubro y texto siguiente: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza en contra de actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos Lo anterior, en virtud de que el cumplimiento a dicho auto, no es sino una consecuencia del mismo y, ante ello, el amparo interpuesto resulta improcedente, por tratarse de un acto que deriva de otro que fue consentido. Así se sostiene, porque de conformidad con el criterio jurisprudencial citado en párrafos que anteceden, los supuestos para que se actualice la referida causa que hace improcedente el juicio de amparo, cuando la demanda de amparo se formula en contra de actos que derivan de otros que se reputan consentidos, son: 1. La existencia de un acto anterior consentido; y, 2. La existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. A este respecto, es aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 217-228, primera parte, página 9, del siguiente rubro y contenido: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Sobre la base de las anteriores consideraciones, este Juzgado considera que queda evidenciada por una parte, la existencia de un acto previo (auto de vinculación a proceso decretado el uno de septiembre de dos mil quince), que fue consentido por el peticionario de amparo; y, por la otra, el acto posterior (el cumplimiento a dicho auto, por parte de las autoridades ejecutoras), el cual es una consecuencia directa e inmediata de la orden previa. En virtud de lo antes expuesto, se estiman actualizadas de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia del juicio de amparo previstas en el artículo 61, fracciones XIV y XXIII, de la Ley de Amparo, por ende, se desecha la demanda en términos del numeral 113, de la propia ley. Robustece lo anterior, la diversa jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Asimismo, con fundamento en el numeral 27 fracción I, del ordenamiento legal antes citado, se le tiene señalando como domicilio el que indica en su demanda, y autorizando en amplios términos del artículo 12 a los licenciados *************** y ***************. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tenga el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia de personal del Juzgado, se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente, con excepción de las detalladas supra líneas, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las jurisdicciones y determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. De igual manera, con fundamento en los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

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