Joel Francisco Lebaron Soto
Expediente 301/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 56 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 301/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 56
- Última actuación
- 14/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Joel Francisco Lebaron Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 56.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de junio de dos mil veintitrés. Acusa de recibo Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el oficio de cuenta, por medio del cual el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente en esta ciudad, hace partícipe de este juzgado el proveído de doce de junio del año en curso, a través del cual se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la licenciada *******, autorizada en términos amplios del quejoso *******, en contra de la sentencia de diez de abril de dos mil veintitrés, emitida en el presente juicio; recurso que se radicó bajo el consecutivo 184/2023 del índice del citado Tribunal de alzada. Lo anterior, de conformidad con los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 91, de la Ley de Amparo y 38, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Remisión recurso de revisión Vista la certificación de cuenta, se infiere que las partes quedaron notificadas, tanto de la sentencia emitida el diez de abril de dos mil veintitrés, como del auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, por el cual, se tuvo por presentado el recurso de revisión interpuesto por la licenciada *******, autorizada en términos amplios del quejoso *******. En mérito de lo anterior, y dado que a la fecha el recurso de revisión se encuentra debidamente integrado, de conformidad con los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, el escrito de agravios, el juicio de amparo 301/2021-I-1 y tres anexos. Acceso expediente electrónico Adicionalmente, deberá permitirse el acceso al expediente electrónico al tribunal que conozca del recurso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que tal vinculación le permita substanciar del recurso de revisión interpuesto, ello, en términos del Capítulo Octavo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Recurso de revisión Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por la licenciada *******, autorizada en términos amplios de la parte quejosa *******, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el diez de abril de dos mil veintitrés, en el presente expediente 301/2021-I-1. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes del presente recurso de revisión y de la sentencia, dentro del plazo de tres días remítase al Tribunal del Decimoséptimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo 301/2021-I-1, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer. Con fundamento en el artículo 88, del ordenamiento legal antes invocado, se ordena la distribución de las copias del medio de impugnación, entre las partes. Acceso expediente electrónico Se autoriza el acceso al expediente electrónico al tribunal que conozca del recurso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que tal vinculación le permita substanciar la revisión interpuesta, de conformidad con lo establecido en el ordinal 73, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese por lista electrónica, vía electrónica al tercero interesado, personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de abril de dos mil veintitrés. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 301/2021-I, promovido por *******, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 05, con sede en la ciudad de Chihuahua, capital. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado el mismo día, *******, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 05, con sede en la ciudad de Chihuahua, capital, a quien reclamó: 1. La reposición de los autos, hasta el acuerdo por el cual se admite la demanda presentada por *******, con la finalidad de que se le notifique dicha demanda como tercero extraño por equiparación. 2. Las garantías de audiencia, consistentes en el derecho de ser oído y vencido en juicio, como tercero extraño. 3. Todos los actos encaminados a despojar al suscrito de su derecho de posesión y propiedad, sobre la parcela identificada como ******* del Ejido Galeana del Municipio de Galeana del Estado de Chihuahua. 4. Todos los Actos encaminados a bloquear la servidumbre de paso establecida sobre la parcela identificada como ******* del Ejido Galeana del Municipio de Galeana del Estado de Chihuahua. Segundo. Derechos constitucionales que el quejoso estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneró en su perjuicio el derecho reconocido en el artículo 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Previa aclaración, en auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, se registró la demanda bajo el consecutivo 301/2021-I, se admitió a trámite, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se desahogó conforme al acta que. Cuarto. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar a la totalidad de las partes en este juicio, el oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. De tal determinación, tuvieron conocimiento de la siguiente forma: el agente del Ministerio Público de la adscripción y parte quejosa el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, al tercero interesado el veinticinco del citado mes y año, así como a la autoridad responsable el treinta de noviembre de dos mil veintidós, sin que hayan efectuado manifestación alguna al respecto. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclaman actos emitidos y ejecutados dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, la parte quejosa, reclama: 1. La reposición de los autos, hasta el acuerdo por el cual se admite la demanda presentada por *******, con la finalidad de que se le notifique dicha demanda como tercero extraño por equiparación. 2. Las garantías de audiencia, consistentes en el derecho de ser oído y vencido en juicio, como tercero extraño. 3. Todos los actos encaminados a despojar al suscrito de su derecho de posesión y propiedad, sobre la parcela identificada como ******* del Ejido Galeana del Municipio de Galeana del Estado de Chihuahua. 4. Todos los Actos encaminados a bloquear la servidumbre de paso establecida sobre la parcela identificada como ******* del Ejido Galeana del Municipio de Galeana del Estado de Chihuahua. Tercero. Existencia de los actos reclamados. En su informe justificado, la Secretaria de Acuerdos, en suplencia por ausencia del Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 05, con sede en la ciudad de Chihuahua, capital, manifestó que es cierto el acto reclamado por la parte quejosa. Para corroborar su dicho, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco ofreció como prueba todo lo actuado en el juicio agrario ******* de su índice, probanza a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°; por ende, se tienen como ciertos los actos de que se duele la parte accionante para los efectos de este juicio de amparo. La valoración asignada a esas documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Cuestiones previas para resolver el asunto. De los autos y constancias que conforman el sumario se desprende lo siguiente: Ahora bien, en la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama todo lo actuado, la sentencia definitiva, la ejecución de la sentencia y la orden de desposesión dictada en el juicio agrario ******* promovido por ******* contra *******, esta última el doce de agosto de dos mil diecinueve, respecto de la parcela *******, ubicada en el poblado de Galeana, Municipio de Galeana, con una superficie de ******* (*******), del índice del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco, orden que se ejecutó el catorce de agosto de dicho año. Al respecto, afirmó ocupar el inmueble materia del litigio, en calidad de titular respecto de la parcela *******, ubicada en el poblado de Galeana, Municipio de Galeana, con una superficie de ******* (*******). El perjuicio que alega, lo hace derivar de que no fue oído ni vencido en el juicio agrario en donde se dictó la orden de desposesión del bien inmueble en mención. De las constancias del expediente *******, se advierte que: 1. ******* demandó a ******* la desocupación total y entrega con todos sus frutos, usos, costumbres, construcciones y accesiones de la superficie de ******* (*******), que constituye la parcela *******, ubicada en el poblado de Galeana, Municipio de Galeana, (foja 1 del expediente agrario *******). 2. Seguido el trámite, se dictó sentencia definitiva el once de julio de dos mil diecisiete, en la que se resolvió (fojas 426 a 507 del expediente agrario *******): [.] PRIMERO. Ha sido procedente la vía en que se tramitó el presente juicio agrario, en el que el actor en el principal *******, acreditó los elementos constitutivos de su pretensión, no así la actora en reconvención *******, quien si bien acreditó parcialmente la misma, ello solo es para los efectos declarativos y no constitutivos, esto al tenor de lo fundado y razonado dentro del SEXTO y SÉPTIMO considerando de la presente sentencia. SEGUNDO. Se absuelve al demandado en reconvención *******, de las pretensiones que le fueron reclamadas por parte de *******, en torno a la parcela número *******, ubicada dentro del poblado de GALEANA, municipio de su nombre, Chihuahua, conforme a los argumentos vertidos y esgrimidos dentro del SEXTO considerando de la presente sentencia. TERCERO. Se procede a condenar a *******, a que entregue y desocupe a *******, la parcela motivo de litis; por lo anterior una vez que cause estado la presente sentencia, cuentan (sic) la demandada en cita con un término de quince días, para entregar voluntariamente la parcela en litigio, con todos sus frutos, usos, costumbres, construcciones y accesiones con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá en términos del artículo 191 de la Ley Agraria. CUARTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES, entregándoles copia certificada de este pronunciamiento; y en su oportunidad ejecútese y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Así lo resolvió y firma la Licenciada *******, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 5, ante el licenciado *******, Secretario de Acuerdos quien autoriza y da fe. [.] 3. En contra de la sentencia de once de julio de dos mil diecisiete, *******, promovió demanda de amparo directo, de la que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, quien la registró como amparo directo administrativo ******* y en sesión de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, resolvió negar el amparo. 4. Por acuerdo dictado el doce de agosto de dos mil diecinueve, en el acta de audiencia en incidente, el Magistrado responsable ordenó con fundamento en el artículo 191 de la Ley Agraria que el actuario se constituyera en la superficie motivo de la controversia y procediera a la ejecución de la sentencia, debiendo al efecto poner en posesión a *******, para lo cual señaló las dieciséis horas del catorce de agosto de dos mil diecinueve (fojas 78 y 79 del cuaderno de amparo). 5. En diligencia de catorce de agosto de dos mil diecinueve, el Actuario hizo constar que se constituyó en la parcela *******, ubicada en el poblado de Galeana, Municipio de Galeana, con una superficie de ******* (*******) y procedió a poner en posesión material, física, legal y jurídica del inmueble objeto del contrato de arrendamiento materia del juicio a *******, quien presente recibió dicho bien (folios 80 y 81 del cuaderno de amparo). QUINTO. Actualización de causa de improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, el suscrito resolutor determina que respecto del acto que reclama *******, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor, que establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.] De conformidad con lo dispuesto en dicho precepto, para la procedencia del juicio de amparo se requiere, como presupuesto procesal, que el promovente del amparo acredite fehacientemente el perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución del acto reclamado, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos del impetrante; además, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En ese entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada, es decir, a la existencia de una afectación del interés legítimo que pudiera tener el peticionario o peticionarios. Un acto específicamente, puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas con relación a la formación, modificación o extinción de una relación de derecho, por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta su esfera jurídica, el juicio de amparo es improcedente, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6 de la ley de la materia. Sobre el particular, es aplicable la tesis 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época, con número de registro 170500, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Enero de 2008, página 225, cuyo tenor literal es el siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Asimismo, cobra aplicación la tesis 168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Enero de 2008, página 225, cuyo texto literal es el siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." De igual forma, la jurisprudencia sustentada por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Sala Auxiliar, página 97, cuyo texto literal es el siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial. Como se dijo en párrafos precedentes, el quejoso comparece al juicio constitucional como tercero extraño al juicio agrario ******* promovido por ******* contra *******, en el que el doce de agosto de dos mil diecinueve, se ordenó la desposesión, respecto de la parcela *******, ubicada en el poblado de Galeana, Municipio de Galeana, con una superficie de ******* (*******,), del índice del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco, orden que se ejecutó el catorce de agosto de dicho año. En este orden, el supuesto básico de procedencia del juicio de amparo es que se acredite un derecho legítimamente tutelado, y así la afectación a su esfera jurídica con la emisión del acto que se reclama y su ejecución. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia antes indicada, en primer término porque de las constancias que obran en el expediente *******, el quejoso ******* no fue señalado como demandado por la parte actora, y únicamente se condenó a *******, ejecutándose el catorce de agosto de dos mil diecinueve, la desposesión, respecto de la parcela *******, ubicada en el poblado de Galeana, Municipio de Galeana, con una superficie de ******* (*******), de la cual el peticionario no demostró con documento eficaz tener interés para defender en esta vía constitucional el derecho que le corresponde sobre la citada parcela. Ahora bien, el quejoso adjuntó a su demanda de amparo, el certificado parcelario ******* que ampara la parcela ******* del Ejido Galeana del Municipio de Galeana del Estado de Chihuahua; sin embargo, la probanza antes reseñada se considera ineficaz para acreditar -al menos de manera indiciaria- que es propietario o poseedor de la parcela ******* del Ejido Galeana del Municipio de Galeana del Estado de Chihuahua, relacionada con los actos reclamados en este asunto, ya que dicho certificado exhibido es por una parcela distinta, esto es, la identificada como ******* del Ejido Galeana del Municipio de Galeana del Estado de Chihuahua. En ese tenor, al no aportar prueba fehaciente que acredite el derecho que tiene para impugnar el embargo y al no ser parte en el juicio de origen, es claro que deviene improcedente el juicio de amparo por falta de interés jurídico, ello toda vez que la parcela en comento no fue motivo del embargo. Lo anterior, con independencia de que se haya tenido por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues esa circunstancia no relevaba al quejoso de la obligación de acreditar su interés jurídico. Cobra aplicación, el criterio jurisprudencial número 1a./J. 1/2002, de la Primera Sala del más alto Tribunal del País, consultable en la hoja 15, tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido indica: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Tampoco es óbice que en su escrito constitucional, el peticionario del amparo haya narrado, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, pues ello no acredita su interés jurídico, en la medida en que era necesario que aportara pruebas fehacientes en ese sentido, según así fue razonado. Lo que encuentra sustento jurídico, en la jurisprudencia 3a./J. 27/90, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inscrita a foja 229, tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés. Corolario de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, respecto de los actos anteriormente analizados, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, fracción V, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 301/2021-I promovido por *******, contra los actos emitidos por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco, con sede en Chihuahua, Chihuahua, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista electrónica, a través de juicio en línea al quejoso y tercero interesado, personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy diez de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
Quedan 52 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Joel Balandran Castillo294/2019
- Joel Cardiel González y Otros.423/2016
- Joel Espinoza Gutiérrez1028/2017
- Joel Fabian Sanchez Gordillo329/2013
- Joel Federico Cortéz Ramírez562/2019
- Joel Francisco Lebarón Soto y Otros.979/2017
- Joel Francisco Lebaron Soto656/2022
- Joel Francisco Lebaron Soto550/2022
- Joel Francisco Lebaron Soto227/2022
- Joel González Mata523/2018
- Joel Heriberto González Vázquez922/2023
- Joel Hijar Domínguez y Otros.545/2018