Joaquin Vargas De la Cruz

Expediente 859/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 20 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
859/2015
Año
2015
Actuaciones
20
Última actuación
20/07/2016

Partes del expediente

  • Joaquin Vargas De la Cruz y Otros.
  • Joaquin Vargas De la Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia en que se sobreseyó, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por ende, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa y se sobreseyó, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, no tiene valor jurídico, no constan documentos originales y no hubo oposición a la publicación de datos personales, así como que es susceptible de destrucción. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de destrucción. Asimismo, no se actualiza lo previsto en el punto Vigésimo Tercero del Acuerdo en cita, el cual estatuye que no será objeto de depuración o destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en la normativa aplicable, las constancias de un expediente judicial que se hayan determinado como información reservada con motivo de las solicitudes de acceso a la información planteada una vez que en el asunto respectivo haya concluido; en efecto, en el presente expediente no existe información reservada o confidencial en términos de lo previsto en los artículos 13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del numeral 37 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Atribuciones de los Órganos en Materia de Transparencia, así como los Procedimientos de Acceso a La información Pública y Protección de Datos Personales, de ahí que no tiene aplicación el precepto legal en cuestión. En otro orden, en virtud de que la parte quejosa no hizo manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase del conocimiento de las partes que la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, con el nombre y datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en mención. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, **********. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada de la sentencia de veintisiete de junio de dos mil dieciséis que dice: Sentencia Vistos los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo *, promovido por *, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, residente en la ciudad de Chihuahua, y otras autoridades. Resultado Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de diciembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado el día hábil siguiente, *, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos siguientes: III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES.- C. JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR PARA EL DISTRITO BRAVOS, con domicilio ubicado en domicilio ubicado en Eje Vial Juan Gabriel Esquina con Aserraderos s n, en esta Ciudad. C. MINISTRO NOTIFICADOR Y EJECUTOR ADSCRITO A LA CENTRAL DE ACTUARIOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, con domicilio en Calle Venustiano Carranza número 911, Colonia Centro, Código Postal 31000 dentro del Palacio de Gobierno en la Ciudad de Chihuahua. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, con domicilio ubicado en la calle Aldama 901, Colonia Centro, Código Postal Número 31009 en la Ciudad de Chihuahua. CONGRESO DEL ESTADO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, con domicilio ubicado dentro del Edificio Legislativo que se encuentra en Calle Libertad número 9 Colonia Centro, Código Postal 31000, en la Ciudad de Chihuahua. ENCARGADO DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, con domicilio ubicado en Calle 4, Numero 3013, Código Postal 31050, Colonia Santa Rosa, en Ciudad Juárez, Chihuahua. IV. ACTO RECLAMADO. Del C. JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR PARA EL DISTRITO BRAVOS, la indebida aplicación del Artículo 903-1, Fracción Primera del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, mediante el cual, determina como medida prejudicial dentro del juicio *******, radicado en el Juzgado Segundo de lo Familiar para este Distrito Bravos, el depósito de la C. *******, en el bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, mismo que es propiedad del Quejoso. Del C. MINISTRO NOTIFICADOR Y EJECUTOR ADSCRITO A LA CENTRAL DE ACTUARIOS PARA ESTE DISTRITO BRAVOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA todos los actos de ejecución para dar cumplimiento a la indebida determinación, dictada por la Autoridad responsable señalada en el inciso a, respecto al depósito de la C. OLGA PALACIOS GUTIÉRREZ, en el bien inmueble ubicado en la Calle Jumanos Número 1521-28 Fraccionamiento Parajes del Valle, en esta ciudad, mismo que es propiedad del Quejoso. Del GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, reclamo la abstención de vetar, la aprobación, refrendo, promulgación y publicación la expedición del Decreto No. 872 01 II P.O. mediante el cual se Reforma el Párrafo Primero del Artículo 903 1, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Chihuahua, de fecha 23 de marzo de 1974, el cual se tilda de inconstitucional. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, el refrendo y la publicación del Decreto No. 872 01 II P.O. mediante el cual se Reforma el Párrafo Primero del Artículo 903 1, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Chihuahua, de fecha 23 de marzo de 1974, el cual se tilda de inconstitucional. Del CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, se reclama, la aprobación, discusión, refrendo, publicación y expedición del Decreto No. 872 01 II P.O. mediante el cual se Reforma el Párrafo Primero del Artículo 903 1, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Chihuahua, de fecha 23 de marzo de 1974, el cual se tilda de inconstitucional. ENCARGADO DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, la publicación del Decreto No. 872 01 II P.O. mediante el cual se Reforma el Párrafo Primero del Artículo 903 1 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Chihuahua, de fecha 23 de marzo de 1974, el cual se tilda de inconstitucional. Segundo. Derechos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los previstos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veintiocho de diciembre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda de amparo foja 36, se registró bajo el número de juicio 859-2015-IV; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se ordenó dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y se fijaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la resolución correspondiente. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción III, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a la inconstitucionalidad de una norma cuya ejecución tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama los actos siguientes, de las autoridades que se señalan a continuación: Del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, la abstención de vetar, aprobación, refrendo, promulgación, publicación y expedición del Decreto número 872 01 II P.O., mediante el cual se reforma el párrafo primero del artículo 903 1, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, publicado el veintinueve de septiembre de dos mil uno, Del Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, el refrendo y la publicación del Decreto mencionado, Del Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación, discusión, refrendo, publicación y expedición, del Decreto mencionado, Del Jefe del Departamento de Talleres Gráficos del Estado de Chihuahua, la publicación del Decreto mencionado. Del Juez Segundo de lo Familiar y del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor, ambos del Distrito Judicial Bravos, la aplicación de la norma reclamada. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI 2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Son inexistentes los actos reclamados al Gobernador del Estado de Chihuahua, consistentes en la aprobación, refrendo, publicación y expedición, y del Congreso del Estado de Chihuahua, por los relativos a refrendar y publicar el Decreto número 872- 01 II P.O., en que se reformó el párrafo primero del artículo 903 1, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, que la parte quejosa combatió, a pesar de que, al remitir sus informes con justificación, manifestaron que son ciertos los actos que les reclamó, es decir, el proceso legislativo relativo dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Empero, por las razones que serán esgrimidas a continuación, se impone desvirtuar tales afirmativas. Primero, el Gobernador del Estado de Chihuahua, nada indicó respecto a los actos que la parte quejosa le atribuyó, consistentes en la aprobación, refrendo, publicación y expedición del decreto combatido. No obstante, no ha lugar a presumirlos ciertos, conforme al tercer párrafo, del artículo 117, de la Ley de Amparo, pues el refrendo de ordenamientos legales es facultad del Secretario General de Gobierno, mientras que al Congreso del Estado, al que le corresponde aprobarlos y expedirlos, ello, conforme a los artículos 69 y 97 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, respectivamente; además, es al Jefe del Departamento de Talleres Gráficos, le corresponde la publicación, conforme a los artículos 1, 2 fracción I y 5 fracción I, de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua. Por su parte, el Congreso del Estado de Chihuahua, en su informe justificado foja 27, manifestó de forma general, que es cierto el acto que se le reclama, expresando al efecto lo siguiente: ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, que la parte quejosa manifiesta en su escrito de demanda, consistente en la aprobación, discusión, publicación y expedición del decreto 872 01 II P.O, mediante el cual se reforma el párrafo primero del Articulo 903-1 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua sic . No obstante, conforme a los artículos 69, 93, fracciones I y II y 97, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, al Congreso del Estado de Chihuahua, no le corresponde refrendar ni publicar ordenamientos legales, actos que le fueron atribuidos, sino que son facultades, respectivamente, del Secretario General de Gobierno y Jefe del Departamento de Talleres Gráficos, como ya se indicó. Por lo tanto, se desvirtúan dichas afirmativas y se tienen por inexistentes los actos reclamados al: Gobernador del Estado de Chihuahua, por los consistentes en la aprobación, refrendo, publicación y expedición, y Congreso del Estado de Chihuahua, por los relativos a refrendar y publicar el decreto reclamado. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Se tienen por ciertos los actos reclamados al Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno, Congreso y Jefe del Departamento de Talleres Gráficos, todos del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, respecto a la existencia de la discusión, expedición, abstención de vetar, aprobación, refrendo y publicación del decreto que el quejoso combate. Luego, en el caso de los actos concernientes al proceso legislativo en que se generó el decreto tildado de inconstitucional, la afirmativa no sólo parte del hecho de que así lo hayan reconocido las autoridades responsables al remitir sus informes justificados, pues tal circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del precepto reclamado, pues, por tratarse de una norma general, abstracta e impersonal, no está sujeta a prueba, sino que es presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no son objeto de prueba, pues basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, en este caso, en el del Estado de Chihuahua. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, visible en el Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de dos mil, página 260, registro 191452, que dice: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que a la letra, dispone: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Asimismo, el Juez Segundo de lo Familiar foja 47 y Oficial Notificador y Ministro Ejecutor foja 74, ambos del Distrito Judicial Bravos, residentes en esta localidad, al remitir sus informes con justificación, manifestaron que son ciertos los actos que se les reclamó, es decir, la aplicación del Decreto número 872 01 II P.O., en que se reformó el párrafo primero del artículo 903 1, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, en el expediente 2168-2015, del índice del Juez responsable. Quinto. Actualización de causas de improcedencia. La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, la cual motiva que el juzgador federal no dirima la controversia planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. I. Improcedencia del juicio respecto de los actos reclamados al Secretario General de Gobierno y al Jefe del Departamento de Talleres Gráficos, ambos del Estado de Chihuahua, consistentes en el refrendo y publicación del decreto reclamado. Respecto de los actos reclamados al Secretario General de Gobierno refrendo y al Jefe del Departamento de Talleres Gráficos publicación, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; De los preceptos reproducidos se deduce, en primer término, que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Carta Magna o de la propia Ley de Amparo; en segundo término, que en el caso de que se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando impugnen sus actos por vicios propios. En la especie, la parte quejosa reclamó el Decreto número 872 01 II P.O., mediante el cual se reformó el párrafo primero del artículo 903 1, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, publicado el veintinueve de septiembre de dos mil uno, sin atribuirle a los actos legislativos de refrendo y publicación, vicios propios. De ahí que, se surta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, respecto del Secretario General de Gobierno y Jefe del Departamento de Talleres Gráficos, ambos del Estado de Chihuahua, de quien se tildó de inconstitucional el refrendo y publicación del decreto impugnado, respectivamente. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis aislada I.7.A.374 A, que sustentó Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXI, mayo de 2005, materia administrativa, página 1411, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se creó o reformó una ley, señalando como autoridad responsable a una secretaría de Estado, a la cual atribuyó la falta de refrendo respectivo, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta omisiva vulnera algún precepto constitucional; o en su defecto, que el decreto respectivo debió ser refrendado por el órgano del Estado al que se le imputa la omisión, y no por autoridad diversa, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, debe declararse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en lo que a tal acto y autoridad se refiere, sin que tengan aplicación los diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, en el sentido que de proceder los argumentos de inconstitucionalidad de fondo de una ley, también debe concederse el amparo contra su promulgación, refrendo y publicación; lo anterior tomando en consideración que si el acto reclamado se hizo consistir en la no participación del procedimiento legislativo, consecuentemente, se debieron formular conceptos de violación específicos e independientes de las cuestiones de fondo propuestas. II. Improcedencia del juicio respecto del acto reclamado al Gobernador del Estado de Chihuahua, consistente en la abstención de vetar del decreto combatido. Respecto del acto que se reclaman del Gobernador del Estado de Chihuahua, consistente en la abstención de ejercer su derecho de vetar el procedimiento legislativo que dio origen decreto combatido, opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Con el propósito de evidenciar lo anterior, es menester precisar que con la reforma al artículo 107, fracción I, Constitucional, contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, actualmente en vigor, incorporó como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, el interés legítimo, tal como quedó reflejado en el texto del precepto de que se trata, cuyo tenor es el siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; En la Ley de Amparo se recogió este principio como causa de improcedencia del juicio de amparo, al señalar el artículo 61, fracción XII, lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; La incorporación del interés legítimo como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, tuvo como propósito abrir nuevas posibilidades de impugnación de actos de autoridad a través del propio juicio y, con ello, ampliar su ámbito de protección. Tratándose de actos provenientes de autoridades diferentes a tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, para efecto de la procedencia del juicio de amparo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho o un interés legítimo, ya sea individual o colectivo, siempre que alegue que el acto trastoca derechos reconocidos en la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Luego, si en el caso la parte quejosa acudió a esta vía con el fin de combatir, entre otras cuestiones, la abstención de vetar y la promulgación del decreto reclamado, es inconcuso que la impetrante debía demostrar el interés legítimo respectivo, lo que, sin duda, no acontece en la especie. Así se sostiene, pues el interés legítimo es una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, o sea, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen un interés en que la violación del derecho sea reparada, cuyas características que permiten identificarlo son las siguientes: Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del promovente. Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. Debe existir una afectación a la esfera del particular. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y diferente de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés, se ajusten a derecho. Es un interés cualificado, actual y real, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Desde esta perspectiva, la aplicación de los apuntados lineamientos jurídicos, conduce a considerar que la parte quejosa no acreditó el interés legítimo necesario para justificar la procedencia de la vía constitucional de que se trata, en cuanto a la abstención del Gobernador de esta Entidad de vetar los ordenamientos legales reclamados, porque el derecho de veto consiste en la facultad conferida al titular del Poder Ejecutivo, para realizar libremente las observaciones a cualquier proyecto de ley o decreto emitido por el Legislativo, sin que se advierta disposición que limite el ejercicio de este derecho, en cuanto a su contenido, lo cual constituye un medio de control político que representa un contrapeso a la actividad del Poder Legislativo. Sobre este punto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando la materia de lo impugnado verse sobre asuntos que corresponden en su totalidad a cuestiones de índole política, ésta no estará sujeta a control jurisdiccional, pues de lo contrario se generaría la irrupción del Tribunal Constitucional en el sistema de pesos y contrapesos diseñado por el Constituyente del Estado, con la consiguiente afectación al cauce que debe seguir el proceso legislativo. Luego, si el derecho al veto consiste en la facultad conferida al titular del Poder Ejecutivo, para realizar libremente observaciones a cualquier proyecto de ley o decreto emitido por el Legislativo, tal acto se considera eminentemente político y, por ende, la parte quejosa no tiene interés legítimo que permita impugnarlo en sede judicial. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis aislada 1. LXXXVI-2009, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIX, de mayo de 2009, página 849, del siguiente tenor: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE VETO, PUES AL CONSTITUIR UN MEDIO DE CONTROL POLÍTICO, NO ES SUSCEPTIBLE DE ANÁLISIS EN SEDE JUDICIAL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando la materia de lo impugnado verse sobre asuntos que corresponden en su totalidad a cuestiones de índole política, éstos no están sujetos a control jurisdiccional. Así, la pretensión de que este Alto Tribunal califique las observaciones realizadas por el Ejecutivo local a un proyecto de ley o decreto emitido por el Legislativo, para determinar si puede o no considerársele como veto y, por tanto, si debe superarse mediante votación calificada del Congreso local, carece de sustento constitucional en tanto que obligaría a la Suprema Corte a establecer parámetros que ni siquiera se encuentran establecidos en la Norma Fundamental, ni en la Constitución local, para de ahí realizar un análisis sobre si tales observaciones satisfacen ese estándar, cuando el Constituyente Permanente local ha establecido el mecanismo idóneo para su superación, consistente en atender las observaciones realizadas por el Ejecutivo, o confirmar el proyecto de ley o decreto mediante la votación calificada requerida, lo cual constituye un medio de control político que representa un contrapeso a la actividad del Poder Legislativo. Por tanto, la controversia constitucional es improcedente contra el ejercicio del derecho de veto, pues al constituir un medio de control político, no es susceptible de análisis en sede judicial; además de que admitir la procedencia de la controversia constitucional en el supuesto indicado generaría la irrupción del Tribunal Constitucional en el sistema de pesos y contrapesos diseñado por el Constituyente del Estado, y la consiguiente afectación al cauce que debe seguir el proceso legislativo. Asimismo, resulta de aplicación analógica, el criterio aislado 1. LXXXVII-2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo: XXIX, de Mayo de 2009, página 851, de los siguientes rubro y texto: DERECHO DE VETO. AL NO EXISTIR ALGÚN PRECEPTO CONSTITUCIONAL QUE LÍMITE SU EJERCICIO EN CUANTO AL CONTENIDO, EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PUEDE REALIZAR LIBREMENTE SUS OBSERVACIONES A CUALQUIER PROYECTO DE LEY O DECRETO. El derecho de veto consiste en la facultad conferida al titular del Poder Ejecutivo para realizar libremente observaciones a cualquier proyecto de ley o decreto emitido por el Legislativo, con la única limitante de que lo haga dentro de los primeros diez días contados a partir de que recibió el documento respectivo y, en su caso, en razón de la materia con que éste se vincule, pero sin que se advierta alguna disposición constitucional que limite el ejercicio de este derecho en cuanto a su contenido; de ahí que se presuponga la libertad que el Constituyente Permanente le ha conferido al Ejecutivo para ejercerlo, derivado de su carácter eminentemente político. En ese sentido, se concluye que el titular del Poder Ejecutivo puede realizar libremente sus observaciones a cualquier proyecto de ley o decreto, en virtud de que la interpretación efectuada en el escrito que las contiene no puede reputarse jurídica, sino política, ya que no se sustenta necesariamente en motivos de derecho, sino de oportunidad, referidos a intereses económicos, sociales, políticos, etcétera, es decir, bajo argumentos y razones políticas, y no sujetas a un método jurídico, pues sólo así el derecho de veto representa un mecanismo de control político de poderes cuyo objeto es mantener el equilibrio entre ellos, al presuponer una limitación del poder por el poder mismo, representando su ejercicio el principal contrapeso que posee el Poder Ejecutivo para frenar el exceso en el ejercicio de las funciones del Legislativo. Sobre estas bases, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto a la abstención de vetar la expedición del decreto que tildó de inconstitucional, porque la quejosa no puede considerarse parte agraviada, en términos del artículo 107, fracción I, constitucional, al carecer del interés legítimo para acceder a la vía que nos ocupa. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer respecto a dicho acto. Continuando, conforme a la técnica que rige el juicio de amparo, el estudio de un ordenamiento legal reclamado con motivo de su primer acto de aplicación, no puede desvincularse de dicho acto, pues es precisamente éste, el que le causa perjuicio al quejoso y no la norma reclamada considerada por sí sola o en abstracto; de manera que, el suscrito debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del quejoso, la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él, no se actualiza alguna otra causa de improcedencia. Por lo tanto, en caso de no tratarse del primer acto de aplicación de la norma reclamada o de actualizarse alguna causal de improcedencia en cuanto al mismo, se impondrá sobreseer en el juicio respecto de éste y de la norma; en cambio, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la norma impugnada determinando lo conducente; y, sólo en caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio, en su caso, de los conceptos de violación enderezados por vicios propios en contra del acto de aplicación. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a.J. 71-2000, consultable en la página 235, agosto de 2000, Tomo XII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN., cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. III. Improcedencia del acto de aplicación y en consecuencia, de la norma reclamada. Ahora bien, en otro orden, por lo que hace a la aplicación de la norma reclamada al Juez Segundo de lo Familiar (foja 47) y al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor (foja 74), ambos del Distrito Judicial Bravos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Dicho numeral determina la improcedencia del juicio de amparo, cuando, como en el caso, cesen los efectos del acto reclamado, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación de derechos, tal como si se hubiere otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal, lo que ocurrió durante la tramitación este asunto. Al respecto, es necesario mencionar los antecedentes (de la aplicación del decreto que la parte quejosa tildó de inconstitucional, por parte de las autoridades responsables jurisdiccionales), que consisten esencialmente, en lo siguiente: El aquí quejoso Joaquín Vargas de la Cruz y la tercero interesada Olga Palacios Gutiérrez, promovieron un juicio de divorcio voluntario, dando origen al expediente 1923-15, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, solicitud respecto a la cual únicamente el aquí quejoso acudió a ratificar el seis de noviembre de dos mil quince, según lo que informó el titular de dicho juzgado (foja 69); Luego, como se advierte de las constancias que anexó a su informe con justificación el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, la aquí tercero interesada promovió juicio de depósito de persona, en favor suyo y de su menor hija, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, por lo que, el treinta del mismo mes y año, dicha autoridad, en atención a la conducta violenta que aseveró Olga Palacios Gutiérrez, ejercía en su contra el aquí quejoso, ordenó al actuario de su adscripción acudiera al domicilio ubicado en calle Jumanos número 1521 interior 28, del Fraccionamiento Parajes del Valle, en esta ciudad, a efecto de materializar el depósito judicial concedido, como medida cautelar a la aquí tercero interesada, de conformidad con el artículo 903, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua (reformado mediante el Decreto número 872-01 II P.O., que el aquí quejoso tildó de inconstitucional); Después, como se advierte de la constancia agregada a foja 65, el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor del Distrito Judicial Bravos, acudió acompañado de la fuerza publica al domicilio del aquí quejoso y previo informarle el contenido del auto de treinta de noviembre de dos mil quince, emitido por el Juez responsable de referencia, le desincorporó de tal inmueble, apercibiéndolo de abstenerse de causar actos de molestia en contra de la parte actora (aquí tercero interesada), en el domicilio del depósito o en cualquier otro lugar en que se encuentre. Constancias que, en términos de los artículos 197 y 202 el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuentan con valor probatorio pleno, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un funcionario en ejercicio de sus funciones, dotado de fe pública, como lo es la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos. Al respecto, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Posteriormente, en escrito presentado en este Órgano Jurisdiccional el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, el licenciado Arturo Blancas García, autorizado de la parte quejosa, informó, bajo protesta de decir verdad, que el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, había dejado sin efectos la medida cautelar dictada, es decir, el depósito de persona decretado en favor de la parte tercero interesada, en el inmueble ya referido, que medularmente constituyó el acto reclamado. Por lo anterior, se formó el cuadernillo respectivo y a través de proveído de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, se requirió al Juez responsable pronunciarse respecto a lo afirmado por la parte quejosa, debiendo acompañar las constancias que acreditaran su dicho. Así pues, mediante oficio y anexo remitidos por el Juez responsable, recibidos en este Juzgado el treinta de mayo del año en curso, se advirtió lo siguiente: El doce de abril de dos mil dieciséis, el Juez responsable ordenó el levantamiento del depósito de persona que había decretado el treinta de noviembre de dos mil quince (foja 75, cuadernillo); Como se desprende de la constancia agregada a foja 80 (cuadernillo), una vez constituido el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor del Distrito Judicial Bravos, en el domicilio ubicado en calle Jumanos número 1521 interior 28, del Fraccionamiento Parajes del Valle, en esta localidad, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el proveído referido supra líneas, fue informado de que la aquí tercero interesada había abandonado el domicilio y ya no vivía en tal lugar. Constancias que, de igual forma, cuentan con valor probatorio pleno, pues también fueron certificadas respecto de sus originales por un funcionario en ejercicio de sus funciones, dotado de fe pública, como lo es la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado responsable. Como puede advertirse, el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, en auto de doce de abril de dos mil dieciséis, ordenó el levantamiento del depósito de persona que había emitido en favor de la aquí tercero interesada, al apoyarse en el artículo 903, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, mismo que fue reformado mediante el Decreto número 872-01 II P.O., que el aquí quejoso tildó de inconstitucional; mientras que el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor del Distrito Judicial Bravos, por su parte, actuó en concomitancia con tal instrucción. Por ende, tales actuaciones, tanto la del Juez responsable, como la del Oficial notificador de su adscripción, generaron que cesara la ejecución material del decreto de carácter general combatido. En consecuencia, se puede aseverar que durante la tramitación de este juicio de amparo, cesaron los actos de aplicación atribuidos al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos y al Oficial Notificador de su adscripción, restituyendo con ello, en el goce del derecho vulnerado al quejoso, tal como si se le hubiere otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal, misma que hubiera tenido en su caso, el único efecto de ordenar que se levantara la medida cautelar consistente en el depósito de persona que se otorgó en favor de Olga Palacios Gutiérrez. En razón de lo expuesto con antelación, respecto a los actos de aplicación reclamados al Juez Segundo de lo Familiar y Oficial Notificador y Ministro Ejecutor, ambos del Distrito Judicial Bravos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el dispositivo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer al respecto en el presente asunto. No se pierde de vista que tales constancias fueron recibidas en este Juzgado después de celebrada la audiencia constitucional, sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 25-2012, determinó la posibilidad de tomar en cuenta pruebas ofrecidas en dicha circunstancia; en efecto, el citado criterio es el siguiente, publicado en la página 1279, Tomo 2, Mayo de 2012, que dice: SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia. Asimismo, conforme a la técnica que opera en el juicio de amparo contra leyes, ya descrita, procede sobreseer en relación al Decreto número 872-01 II P.O., mediante el cual se reforma el párrafo primero del artículo 903-1, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, publicado el veintinueve de septiembre de dos mil uno; tal como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 71/2000, del rubro LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN, ya citada. Por lo anteriormente expuesto y fundado con apoyo en los artículos 76, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se resuelve: R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Joaquín Vargas de la Cruz, en relación a los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerando tercero y cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, Yara Isabel Gómez Briseño, hasta el día de hoy, veintisiete de junio de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos del presente cuadernillo formado con motivo de encontrarse celebrada la audiencia constitucional respectiva, el escrito signado por el licenciado ***************, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, bajo protesta de decir verdad, informa que ha quedado sin materia el acto reclamado. Por tanto, a efecto de corroborar la veracidad de dicha información, se requiere al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, para que de inmediato y hasta por el termino de tres días, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se pronuncie respecto a lo aseverado por la parte quejosa y de ser posible acompañe las constancias que acrediten su dicho, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá como sanción una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de los referidos artículos 251, en relación con el 238 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ***************. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el informe justificado remitido por el Jefe del Departamento de Talleres Gráficos del Estado de Chihuahua, residente en la ciudad del mismo nombre; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad de referencia, a las personas propuestas. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ***************. Doy fe.

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