Joel Federico Cortéz Ramírez
Expediente 562/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 562/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 17/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Joel Federico Cortéz Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el escrito presentado por el autorizado del quejoso, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el presente asunto. Por lo que, de conformidad con los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el mismo, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia de referencia, como del presente recurso de revisión, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo número *****/2019-IV, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente. Finalmente, con fundamento en el artículo 88 del ordenamiento legal antes invocado, se ordena la distribución entre las partes de las copias del recurso de referencia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********.Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar a la parte tercero interesada del acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el escrito presentado por el autorizado del quejoso, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el presente asunto. Por lo que, de conformidad con los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el mismo, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia de referencia, como del presente recurso de revisión, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo número *****/2019-IV, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente. Finalmente, con fundamento en el artículo 88 del ordenamiento legal antes invocado, se ordena la distribución entre las partes de las copias del recurso de referencia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********.Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, que dice: Sentencia Visto para resolver el juicio de amparo 562/2019-IV, promovido por *********** Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el cinco de agosto de dos mil diecinueve, turnado a este juzgado en la propia fecha, *************, promovió demanda de amparo contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Coordinador de agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Zona Norte Especializada en Investigación y Persecución del Delito, Coordinadora Regional de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, Coordinadora de agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, Coordinador de la Policía Ministerial Investigadora de la Policía Estatal Única, de la Unidad de Ejecución de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito y agente Ministerial de la Policía Ministerial Investigadora de la Policía Estatal Única, División Investigación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delito, de quienes reclamó las órdenes de aprehensión y detención giradas en su contra. Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. El quejoso señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1º, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de seis de agosto de dos mil diecinueve (foja 14), se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se trata de un acto en materia penal, que fue dictado por una autoridad que realiza sus funciones en el territorio en el que este juzgador ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo , de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: a) Del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: - La orden de aprehensión emitida en su contra. b) Del Fiscal de Distrito Zona Norte, Coordinador Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Fiscalía de Distrito Zona Norte, agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual de la Fiscalía de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y Encargada de la Coordinación Regional de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género Zona Norte: - La orden de detención emitida en su contra. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, el Fiscal de Distrito Zona Norte (foja 23), Coordinador Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte (foja 23), agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Fiscalía de Distrito Zona Norte (foja 23), agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual de la Fiscalía de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (foja 28) y Encargada de la Coordinación Regional de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género Zona Norte (foja 29), con sede en esta ciudad, negaron categóricamente el acto que les atribuyó el quejoso, sin que éste haya aportado medio de convicción efectivo alguno a fin de desvirtuarlos. En consecuencia, lo que procede es sobreseer respecto a ellos en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos (foja 32), adujo que el acto que le fue reclamado, es cierto. Lo anterior se corrobora del disco compacto que remitió anexo a su informe con justificación, del que se desprende que, efectivamente, el cuatro de agosto de dos mil diecinueve, previa solicitud del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual Zona Norte, libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, por los hechos señalados en la ley como constitutivos del delito de violación con penalidad agravada. Tal probanza posee valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, en tal videograbación se registró de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la misma, cuyo contenido inserto fue videograbado de principio a fin, por lo que dicho registro digital es constancia válida y suficiente que dota de seguridad jurídica al imputado, en términos del precepto 19 de la Carta Magna, sin que deba necesariamente encontrar su reproducción en papel, pues si bien el artículo 16 de la Constitución Federal, prevé que el acto de molestia debe constar por escrito debidamente fundado y motivado, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresó la fundamentación y motivación de su acto, deba plasmarse ineludiblemente en papel, en virtud de que lo trascendental es que exista un registro para que se conozcan los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó su determinación. En ese orden, ante la armonía entre el ya citado precepto 19 constitucional y el diverso arábigo 20 que rige el nuevo proceso penal acusatorio y oral, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, es innecesario que se emita una diversa resolución en papel. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), Décima Época, septiembre de dos mil diecisiete, libro 46, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel. Ante lo anterior, resulta innegable la existencia del acto reclamado a la autoridad responsable en mención. Quinto. Procedencia. Ya que las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni el que suscribe advierte que se actualice alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Sexto. Examen constitucional del acto reclamado. Resulta oportuno acotar que en este asunto, debería operar la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, por tener el quejoso el carácter de imputado, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo ; empero, el único concepto de violación esgrimido resulta infundado, como se demostrará más adelante y no se advierte deficiencia de la queja que suplir de conformidad con el numeral aludido. Dicho lo anterior, como se estableció en el considerando segundo, el quejoso reclamó del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, la orden de aprehensión que emitió en su contra, el cuatro de agosto de dos mil diecinueve, en la causa penal ***/2019. Lo anterior, debido a que en la misma fecha, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual Zona Norte, con sede en esta ciudad, le solicitó la emisión de dicha orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, ante su probable participación en el delito de violación con penalidad agravada en perjuicio de las menores de edad cuyos nombres tienen las iniciales ******* y ********, aquí terceras interesadas. A partir de las señaladas circunstancias, el cuatro de agosto de dos mil diecinueve, el Juez de Control responsable dictó la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, en la que determinó que obraban datos de investigación que permitían establecer la existencia de hechos señalados en la ley como constitutivos del delito de violación con penalidad agravada, previsto en los artículos 172, fracción I, con relación al 175, fracción III, ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua y la probabilidad de que el ahora quejoso haya participado en su comisión, en perjuicio de las menores de edad cuyos nombres tienen las iniciales *********** y ***********. Contra esa determinación, el quejoso formuló la demanda de amparo que dio origen a este expediente y argumentó, en esencia, que al dictar la orden de aprehensión, la responsable violó el contenido de los artículos 14 y 16 Constitucionales, al ordenar su privación de la libertad, sin colmar los requisitos establecidos para ello. El único motivo de disentimiento plasmado por el quejoso, resulta infundado. Para evidenciar lo anterior, es pertinente señalar que el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Federal , establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Asimismo, establece que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido. Como se aprecia, dicho precepto prevé la obligación para toda autoridad, de fundar y motivar sus determinaciones, esto es, expresar detalladamente los motivos que produjeron la emisión de la misma y los preceptos legales en que la apoye, los cuales deben ser coherentes entre sí. En el caso, del disco compacto y de las constancias que se recibieron, relativas a la causa penal ya indicada, se advierte que el Juez responsable ordenó la aprehensión del quejoso en términos de los numerales 141, fracción III y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a petición del agente del Ministerio Público, por la comisión de hechos que la ley considera como delito de violación con penalidad agravada. Al respecto, es de precisarse que el artículo 141 del Código procesal aludido, uno de los numerales en que el Juez de Control apoyó su determinación, establece ciertos requisitos que deben colmarse para librar una orden de aprehensión. Dicho artículo, es del contenido siguiente: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. (.) De la intelección de dicho numeral se desprende que para la emisión de la orden de aprehensión se deben cumplir los requisitos que a continuación se apuntan: I. Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. II. Que el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión; y, III. Que exista la necesidad de cautela. Por supuesto, además de las referidas exigencias, deberá vigilarse, en su caso, que dicha determinación judicial no infrinja algún derecho constitucional contenido en diverso precepto. Aunado a ello, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, ya señalado, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan los derechos de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz los derechos fundamentales de la persona, tutelados en la Constitución Federal. Ello, dado que podrían darse las hipótesis siguientes: a) Que en la orden de aprehensión se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso. b) Que la orden fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. c) Que las autoridades jurisdiccionales, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense. d) Que la orden de captura no estuviere fundada y motivada. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 225, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 166, Tomo II, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del registro 904206, que estatuye: ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. Entonces, solo mediante el cumplimiento de esos requisitos, se podrá justificar la emisión de una orden de aprehensión. Dicho lo anterior, contra lo sostenido por el quejoso, la orden de aprehensión librada en su contra sí reúne los requisitos establecidos para su libramiento, como se demostrará a continuación. I. Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. El primero de los requisitos se encuentra plenamente satisfecho. Ello se desprende, en primer término, de la solicitud de orden de aprehensión en contra de ***************, formulada el cuatro de agosto de dos mil diecinueve, por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual Zona Norte, con sede en esta ciudad, recibida a las trece horas con quince minutos de esa fecha por el Juez de Control responsable (foja 18), de la que se colige: (.) comparezco a usted a efecto de solicitar ORDEN DE APREHENSIÓN en contra de *********** por el delito de VIOLACIÓN AGRAVADA, previsto y sancionado por el artículo 172 fracción I, en relación con el artículo 175 fracción III del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de las menores ******* y ******** a fin de formularle imputación. Para tal efecto, hago de su conocimiento el contenido de la totalidad de los antecedentes de investigación y/o registros de investigación recabados hasta el momento y que forman parte de la carpeta de investigación a rubro indicada, que sirven de justificación para considerar, en este momento procesal, se acreditó la probable comisión de los siguientes hechos: HECHOS PRIMER HECHO "Que en el mes de Marzo del año 2018, **********, le introdujo su pene en la vagina de la menor víctima *****., de trece años de edad al momento de estos hecho los cuales sucedieron dentro del ******* (.) aprovechando el imputado su posición religiosa toda vez que es el Encargado del ********** donde se encontraba temporalmente internada la menor víctima". SEGUNDO HECHO "Que en entre los meses de Mayo y Junio del año 2018, **********, le introdujo pene en la boca de la menor víctima *****, de 11 años de edad al momento de los hechos y los cuales sucedieron dentro de un domicilio ubicado dentro del *********(.) aprovechando el imputado su posición religiosa, toda vez que es el Encargado del ******** donde se encontraba temporalmente internada la menor víctima". ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 1.- DENUNCIA PRESENTADA POR LA C. **********, DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2019, QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO MANIFESTÓ LO SIGUIENTE.- QUE PRESENTO DENUNCIA POR VIOLACIÓN COMETIDO EN PERJUICIO DE MIS HIJAS (.) (.) (Sic). De lo previo se desprende que el veintinueve de julio del año en curso, **********, madre de las menores de edad cuyos nombres tienen las iniciales ******* y *******, compareció ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual Zona Norte, con sede en esta ciudad, y presentó denuncia en contra del aquí quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación agravada cometida en perjuicio de sus menores hijas. Asimismo, la orden de aprehensión motivo del presente juicio de amparo, fue librada por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, según se desprende de las constancias que integran la causa penal *****/2019, es decir, la generada precisamente con motivo de esa denuncia. II. Que el agente del Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. Como aspecto previo, es conveniente señalar que las bases primarias para la emisión de la orden de aprehensión están contenidas en los artículos 16, 19 y 21 de la Constitución Federal, las cuales es importante tener presentes conforme al sistema procesal penal acusatorio y oral a que se refiere la Constitución. El texto de las disposiciones constitucionales referidas, en lo conducente, es el siguiente: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.) Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. (.) Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a los policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. (.) Del contenido de los preceptos transcritos se advierte en lo que nos concierne, que a) el Ministerio Público tiene la facultad constitucional de investigar y perseguir los delitos, y b) en la solicitud de la orden de aprehensión de una persona, la autoridad judicial deberá tener conocimiento de que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, para resolver sobre la solicitud de la orden de aprehensión, el Juez de Control responsable se apoyó en los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que son del siguiente tenor: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. De la anterior reproducción, se colige, en lo que nos ocupa, que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público podrá, previo cumplimiento de diversos requisitos legales, solicitar al Juez de Control el libramiento de la orden de aprehensión. Para tal efecto, el Ministerio Público debe realizar una clasificación jurídica de los hechos, en la que se especificará el delito atribuido, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad se reclasifique. En tal solicitud, el representante social debe realizar una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes, así como exponer las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo 141 precitado. Por su parte, el Juez de Control se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud de orden de aprehensión. Las anteriores premisas permiten establecer que, en el caso, se encuentra satisfecho el segundo requisito para la emisión de la orden de aprehensión, esto es, que el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual Zona Norte, con sede en esta ciudad, haya expuesto las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo 141 invocado, es decir, que obran en la carpeta de investigación datos que establecen que se ha cometido el hecho que se configura como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. En efecto, la solicitud de orden de aprehensión en contra de ***********, formulada el cuatro de agosto de dos mil diecinueve, por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual Zona Norte, con sede en esta ciudad, se desprende que, entre otras cosas, expuso las razones por las que consideró que se cometió el hecho tipificado como violación -con penalidad agravada-, en contra de las menores aquí terceros interesadas, y que existe la probabilidad de que el aquí quejoso haya participado en su comisión, enunciando una serie de datos de prueba que le permitieron arribar a tal conclusión: (.) Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 141, fracción III y 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales del Estado, comparezco ante Usted a efecto de solicitar ORDEN DE APREHENSION en contra de ********** por el delito de VIOLACION AGRAVADA, previsto y sancionado por el artículo 172 Fracción 1, en relación con el artículo 175 Fracción III del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de las menores ******* a fin de formularle imputación. Para tal efecto, hago de su conocimiento, el contenido de la totalidad de los antecedentes de investigación y/o registros de investigación recabados hasta el momento y que forman parte de la carpeta de investigación a rubro indicada, que sirven de justificación para considerar, en este momento procesal, se acreditó la probable comisión de los siguientes hechos: HECHOS PRIMER HECHO "Que en el mes de Marzo del año 2018,***********, le introdujo su pene en la vagina de la menor víctima ********., de trece años de edad al momento de estos hecho los cuales sucedieron dentro del ********* aprovechando el imputado su posición religiosa toda vez que es el Encargado del ********** donde se encontraba temporalmente internada la menor víctima". SEGUNDO HECHO "Que en entre los meses de Mayo y Junio del año 2018, ***********, le introdujo pene en la boca de la menor víctima *****, de 11 años de edad al momento de los hechos y los cuales sucedieron dentro de un domicilio ubicado dentro del ******** aprovechando el imputado su posición religiosa, toda vez que es el Encargado del ********* donde se encontraba temporalmente internada la menor víctima". CALIFICACION JURIDICA: A juicio de la Representación Social, estos dos hechos, constituyen el delito de VIOLACION AGRAVADA, el cual está previsto y sancionado por el artículo 172, Fracción I, toda vez que el sujeto activo le introduce a la primera víctima su pene en la vagina y a la segunda víctima le introduce su pene por su boca, en relación con el articulo175 Fracción III, toda vez que el imputado era el encargado del **********. Conducta que se le atribuye en los dos hechos a **********, por cuanto a su grado de ejecución como DELITO INSTANTÁNEO, en los términos del artículo 17, fracción I, de naturaleza DOLOSA, en los términos del artículo 18, fracción I, y la forma de intervención como AUTOR MATERIAL o DIRECTO, en los términos del artículo 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, vigente al momento de la comisión del hecho. ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 1. DENUNCIA PRESENTADA POR LA C. *********** DE FECHA 29 DE JULIO DEL AÑO 2019, QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO MANIFESTÓ LO SIGUIENTE.- QUE PRESENTO DENUNCIA POR VIOLACIÓN COMETIDO EN PERJUICIO DE MIS HIJAS DE NOMBRES ********** Y ******** DE ******, EN CONTRA DEL PASTOR DE NOMBRE ********* QUIEN ES DIRECTOR O ENCARGADO DE *********, UBCADO EN LA CALLE ***********, POR LOS SIGUIENTES HECHOS. DESDE QUE TENÍA *****., MI MAMÁ DE NOMBRE **********, LA METIÓ A ESE CENTRO, QUE ES COMO UN INTERNADO, DONDE NOS AYUDAN A LAS MAMÁS, CUANDO NO PODEMOS CUIDAR A LOS NIÑOS POR TRABAJAR, DESDE ENTONCES **** ESTA AHÍ, TAMBIÉN ANTES ESTABA MI HIJA ***** DE *****, PERO DESDE JULIO DEL 2018 LA SAQUÉ, PORQUE TERMINÓ LA PRIMARIA, ADEMÁS ELLA ME DIJO QUE YA NO QUERÍA ESTAR AHÍ, QUE QUERÍA ESTAR CONMIGO, POR ESO SAQUE A ****, PERO A *** NO LA SAQUÉ, ELLA SE QUEDA AHÍ EN ESE CENTRO DE LUNES A VIERNES, Y LOS FINES DE SEMANA PUEDE SALIR O CUANDO NO LA DEJAN SALIR, YO LA PUEDO IR A VISITAR, PERO ES UN INTERNADO, DONDE LA LLEVAN Y RECOGER DE LA ESCUELA, PERO EL DÍA DE AYER 28 DE JULIO DEL 2019 SIENDO LAS SIETE DE LA TARDE ***** ME DIJO QUE EL PASTOR ***** LA TOCABA EN SUS PECHOS Y SU VAGINA, YO LE PREGUNTÉ QUE SI SOLAMENTE ESO, FUE CUANDO ELLA ME DIJO QUE TAMBIÉN LA HA PENETRADO CON SU PENE EN SU VAGINA, VARIAS VECES, QUE LA PRIMERA VEZ FUE CUANDO ELLA TENÍA ****, EN EL MES DE MARZO DEL 2018 AHÍ EN EL ********, ADENTRO DE LA CASA DEL PASTOR, YA QUE EL PASTOR TIENE SU CASA Y QUE LA ÚLTIMA VEZ FUE AHORA QUE TIENE ********, EL DÍA JUEVES 25 DE JULIO DEL 2019 AHÍ EN EL CENTRO, UN DÍA QUE REGRESARON DE VIAJE DE GUACHOCHI, QUE NUNCA LA HA AMENAZADO, PERO QUE ELLA LO HACE POR MIEDO, ADEMÁS DE QUE YO SÉ QUE EL PASTOR ***** LE PROMETE A MI HIJA QUE LE VA A CONSEGUIR VISA , PARA ESTUDIAR EN EL PASO, YA QUE TAMBIÉN A MÍ ME LO HA DICHO, ME HA DICHO QUE MI HIJA **** ES MUY INTELIGENTE Y LE ESPERA UN FUTURO MEJOR, QUE LE VA A CONSEGUIR VISA DE ESTUDIANTE, TAMBIÉN DICE **** QUE NO ME HABÍA DICHO NADA POR MIEDO, TAMBIÉN AYER EN LA NOCHE, MI HIJA ******, ME DIJO QUE TAMBIÉN A ELLA, EN VARIAS OCASIONES EL ********, LA METIÓ A SU CASA, LE VENDÓ LOS OJOS Y LE METIÓ UN CHOCOLATE Y QUE CUANDO LE SACÓ EL CHOCOLATE, LE PREGUNTO QUE A QUÉ SABÍA, QUE ELLA LE DIJO QUE ERA CHOCOLATE, QUE LUEGO LE METIÓ OTRA COSA, QUE ELLA NO SUPO QUE ERA, QUE CUANDO LE METIÓ ESA OTRA COSA, EL PASTOR LE DECÍA QUE ABRIERA BIEN LA BOCA, QUE LUEGO LE SACO ESA COSA Y LE PREGUNTÓ, QUE A QUÉ SABÍA, QUE ELLA NO SUPO QUE NO LE CONTESTÓ, PERO ME DICE MI HIJA QUE LE SUPO A CARNE DE PERSONA, COMO SI EL PASTOR LE HUBIERA METIDO UN BRAZO A LA BOCA, QUE ESTO SE LO HIZO VARIAS VECES, QUE LUEGO ESCUCHABA QUE EL PASTOR SE CERRABA EL ZÍPER DE PANTALÓN Y LA SACABA DE LA CASA, QUE ESTO PASÓ DESDE QUE ELLA ESTABA EN PRIMERO DE PRIMARIA, HASTA QUE ESTUVO EN SEXTO DE PRIMARIA, PERO QUE ELLA NO SABE FECHAS, SOLO QUE FUERON VARIAS VECES, TAMBIÉN ***** ME HA DICHO QUE VARIAS VECES EL PASTOR LE DIO PASTILLAS, QUE AHORA SABE QUE SON LAS DEL DÍA SIGUIENTE PARA NO EMBARAZARSE, PORQUE LE EXPLICARON EN LA SECUNDARIA. 2. COMPARECENCIA DE LA MENOR ******* DE FECHA 29 DE JULIO DEL AÑO 2019, QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO MANIFESTÓ LO SIGUIENTE.- QUE MI ABUELITA DE NOMBRE *********, CUANDO YO ESTABA EN SEXTO DE PRIMARIA ME INTERNÓ EN EL ****, DE AHÍ ME LLEVAN A LA ESCUELA Y EN ALGUNOS FINES DE SEMANA ME DEJAN SALIR A LA CASA DE MI MAMÁ, COMO ELLA NO ME PUEDE CUIDAR ESTOY AHÍ INTERNADA, QUIERO DECIR QUE HAN SIDO MUCHAS VECES, LAS QUE EL DIRECTOR DE ESE CENTRO ME HA VIOLADO, ÉL SE LLAMA ********** Y ÉL ES PASTOR, LA PRIMERA VEZ QUE ME HIZO ESO, YO TENÍA ********, NO RECUERDO LA FECHA EXACTA PERO FUE EN MARZO DEL 2018, EN ESE ENTONCES, ÉL ESTABA SOLO AHÍ EN EL CENTRO, YA QUE ÉL TIENE SU CASA AHÍ MISMO ADENTRO DEL CENTRO, YO ME ACUERDO QUE ESA VEZ, YO FUI A LA CASA DEL PASTOR, YA QUE LE FUI A PEDIR UN RASTRILLO PARA RASURARME LAS PIERNAS, TOQUÉ LA PUERTA, ME ABRIÓ EL PASTOR, AL ESTAR ADENTRO LE PEDÍ EL RASTRILLO, ME DIJO QUE LO AGARRARA DEL CAJÓN DE LA COCINETA, LO AGARRÉ, LE DIJE QUE GRACIAS, PERO ÉL ME DIJO QUÉDATE, LUEGO ME DIO UN BESO EN LA BOCA, YO NO HICE NADA, LUEGO EL PASTOR ME EMPEZÓ A TOCAR CON SUS MANOS MIS PECHOS Y MI ÁREA GENITAL, POR ENCIMA DE MI ROPA, LUEGO EL ME SEGUÍA BESANDO LA BOCA Y ASÍ BESÁNDOME ME CARGÓ Y ME LLEVÓ A SU CAMA , AHÍ ME ACOSTÓ, ME QUITO MI PANTALÓN Y MI CALZÓN Y ÉL SE BAJÓ SU PANTALÓN Y SU CALZÓN Y ME PENETRÓ CON SU PENE EN MI VAGINA, LUEGO ÉL SE ESTUVO MOVIENDO, LUEGO ÉL SE QUITÓ Y EYACULÓ AFUERA, LUEGO ME DIJO, QUE ESO ERA UN SECRETO ENTRE LOS DOS, QUE NO LE FUERA A DECIR A NADIE, QUE NADIE SE PODÍA ENTERAR, LUEGO ME LEVANTE Y SUBÍ MI PANTALÓN Y MI CALZÓN Y ME SALÍ, DESPUÉS DE ESA VEZ, OCURRIERON MUCHAS VECES, AHÍ MISMO EN EL INTERNADO, ÉL ME MANDABA HABLAR A VECES, PARA QUE FUERA A SU CASA, O A VECES QUE YO IBA CON ALGUIEN A LA COMPUTADORA, PARA HACER TRABAJOS, ÉL CORRÍA A LAS PERSONAS CON LAS QUE FUERA Y ERA CUANDO PASABA ESO, NO RECUERDO FECHAS, PERO SIEMPRE ME PENETRÓ CON SU PENE EN MI VAGINA, Y SIEMPRE ME DABA PASTILLAS, YO NO SABÍA PARA QUÉ ERAN LAS PASTILLAS, AHORA SÉ QUE ESAS PASTILLAS SON LAS DEL DÍA SIGUIENTE YA LAS CONOCÍ EN LA SECUNDARIA, LA ÚLTIMA VEZ QUE ME HIZO ESO EL PASTOR, FUE AHORA QUE YA TENGO 14 AÑOS EL DÍA JUEVES 25 DE JULIO DEL 2019 ERA EN LA TARDE, ÉL ME HABLÓ PARA QUE FUERA, SUS HIJAS NO ESTABAN, YO FUI A SU CASA, ÉL ME DIJO QUE FUERA, CUANDO FUI, ÉL ME BESO EN LA BOCA, LUEGO ME ACOSTÓ EN LA CAMA, ME BAJO MI PANTALÓN Y MI CALZÓN Y LUEGO ÉL ME PENETRÓ CON SU PENE EN MI VAGINA, LUEGO ME DIJO QUE NO LE PODÍA DECIR A NADIE, PERO AYER YA NO AGUANTÉ Y LE DIJE A MI MAMÁ, LO QUE ME ESTABA HACIENDO Y POR MIEDO ME DEJABA, Y POR ESO VENIMOS AQUÍ, YO NUNCA ANTES LO HABÍA DICHO POR MIEDO, TAMBIÉN QUIERO DECIR QUE EL PASTOR ME HABÍA DICHO QUE AHORA QUE SALIERA DE SECUNDARIA, ME IBA A CONSEGUIR UNA VISA DE ESTUDIANTE, PARA QUE ESTUDIARA EN EL PASO, POR ESO TAMBIÉN YO NO HABÍA DICHO NADA, TAMBIÉN QUIERO DECIR QUE SIEMPRE QUE ME HACÍA ESO QUE YA DIJE, ÉL ME PREGUNTABA QUE SI ME GUSTABA, YO LE DECÍA QUE SÍ, PERO EN VERDAD NO ME GUSTABA. 3.-. COMPARECENCIA DE LA MENOR ****** DE FECHA 29 DE JULIO DEL AÑO 2019, QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO MANIFESTÓ LO SIGUIENTE: QUE DESDE QUE YO ESTABA EN PRIMERO DE PRIMARIA YA ESTABA EN EL ******, QUE ES DONDE ESTÁ EL PASTOR ******, ÉL ES EL ENCARGADO, ESTUVE AHÍ HASTA QUE ESTUVE EN SEXTO DE PRIMARIA, EN ESE TIEMPO, EL PASTOR *******EN VARIAS OCASIONES ÉL ME MANDÓ HABLAR PARA QUE FUERA A SU CASA, LA CASA ESTÁ AHÍ MISMO ADENTRO, ENTONCES YO IBA A SU CASA Y CUANDO IBA, ÉL ME PONÍA UNA VENDA EN LOS OJOS, ME SENTABA EN UNA SILLA, LUEGO ME METIÓ UN CHOCOLATE Y ME PREGUNTÓ, QUE A QUÉ ME SABIA, LUEGO ME SACÓ EL CHOCOLATE Y YO LE DIJE QUE A CHOCOLATE, LUEGO METIÓ ALGO, UNA COSA QUE YO NO SUPE, PERO EL PASTOR ****** ME DECÍA QUE ABRIERA LA BOCA MÁS GRANDE, LUEGO ME SACO ESA COSA QUE YO NO SÉ QUÉ ERA Y ME DIJO QUE A QUE ME SABÍA, YO LE DIJE QUE NO SABÍA, PERO YO SENTÍ QUE ERA COMO CARNE DE PERSONA, COMO SI ME METIERA MI BRAZO EN LA BOCA, PERO YO LE DIJE A ÉL QUE NO SABÍA, LUEGO ESCUCHÉ QUE SE SUBIÓ LA BRAGUETA, PERO YO NO SUPE QUE ERA, ESTO ME LO HIZO MUCHAS VECES, NO SOLO A MÍ SINO TAMBIÉN A OTRAS NIÑAS QUE ESTABAN CONMIGO, RECUERDO QUE TAMBIÉN LE HIZO ESO A OTRA NIÑA QUE NO ME ACUERDO COMO SE LLAMA, YO NUNCA HABÍA DICHO NADA, PERO AHORA MI MAMÁ ME PREGUNTÓ QUE SI EL PASTOR ME HABÍA HECHO ALGO O ME HABÍA TOCADO, YO LE DIJE QUE SOLAMENTE ESTO, NUNCA ME TOCÓ. 4.-. COMPARECENCIA DE LA MENOR ******* DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO MANIFESTÓ LO SIGUIENTE: QUE DESEO MANIFESTAR QUE RECUERDO **** MUCHAS VECES ME METIÓ ESA COSA A MI BOCA, QUE ME SABIA A UNA PARTE DE SU CUERPO, YO ESCUCHABA CUANDO ÉL SE DESABROCHABA EL ZÍPER DE SU PANTALÓN Y CUANDO SE DESABROCHABA SU CINTURÓN DE SU PANTALÓN, ESTO YO LO ESCUCHABA, Y NADA MÁS ESTÁBAMOS LOS DOS EN UN CUARTO DE SU CASA, YO RECUERDO QUE ESTUVE EN ESE ALBERGUE HASTA QUE ME GRADUÉ DE PRIMARIA, QUE FUE EN EL MES DE MAYO O JUNIO DEL AÑO 2018, Y RECUERDO QUE COMO TRES DÍAS ANTES DE GRADUARME DE PRIMARIA EN EL MES DE MAYO O JUNIO DEL AÑO 2018, EL ***************** ME HIZO LO MISMO, ME LLEVÓ A SU CASA Y ME METIÓ A UNO DE SUS CUARTOS, CERRÓ LA PUERTA Y ME SENTÓ EN UNA SILLA Y LUEGO ME TAPÓ LOS OJOS CON UNA VENDA, LUEGO ÉL ME METE UN CHOCOLATE A LA BOCA, SUPE QUE ERA CHOCOLATE PORQUE LO PROBÉ, ERA COMO DE BARRA Y COMO QUE SE ESTABA DERRITIENDO PORQUE CHORREABA MI BOCA CUANDO ÉL METIÓ EL CHOCOLATE, Y LUEGO SACÓ EL CHOCOLATE DE MI BOCA, ESCUCHÉ YO QUE SE DESABROCHÓ SU CINTO Y SE ESCUCHÓ EL ZÍPER DE SU PANTALÓN Y LUEGO ME METIÓ ESA COSA QUE NO SÉ QUÉ ERA, PERO ERA ALGO DE SU CUERPO, LO METÍA Y LO SACABA DE MI BOCA Y DESPUÉS ESCUCHÉ OTRA VEZ SU ZÍPER Y SU CINTURÓN, COMO ABROCHÁNDOSELO Y DESPUÉS ME QUITÓ LA VENDA DE MIS OJOS Y ME DIJO, "YA SALTE", Y COMO A LOS 3 DÍAS FUE MI GRADUACIÓN DE PRIMARIA Y YA EN EL FIN DE SEMANA MI MAMÁ ME SACÓ DEL ALBERGUE, PORQUE YO LE DECÍA QUE YA QUERÍA ESTAR CON ELLA, TAMBIÉN EN ESE ALBERGUE ESTABA MI HERMANA ******* Y ELLA CUANDO YO SALÍ, ELLA SE QUEDÓ EN ESE ALBERGUE Y ES TODO LO QUE TIENE QUE MANIFESTAR. 5.- INFORME PERICIAL EN MATERIA DE AGRESIÓN SEXUAL DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2019, REALIZADO POR LA DRA. **********, EN EL CUAL INFORMA: MÉDICO LEGISTA: DRA. GABRIELA LIZETH FLORES SOLÍS, LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA REVISIÓN POR EL MÉDICO LEGISTA: CONSULTORIO MÉDICO. NOMBRE DE LA PERSONA EXAMINADA: *****. ACOMPAÑADA POR SU MADRE LA C. ********. EN EL APARTADO 2, MOTIVO DE LA REVISIÓN: REFIERE QUE ESTANDO EN EL INTERNADO, EL DIRECTOR DE ÉSTE ********* EN VARIAS OCASIONES LA BESABA EN LA BOCA Y LE HACÍA TOCAMIENTOS EN SUS PARTES ÍNTIMAS Y LUEGO LA DESVESTÍA DE LA CINTURA PARA ABAJO Y LA PENETRABA VÍA VAGINAL (.) EN CUANTO AL APARTADO EXAMEN GINECOLÓGICO: CON LA PACIENTE EN POSICIÓN GINECOLÓGICA SE APRECIA EL MONTE DE VENUS DE CARACTERÍSTICAS NORMALES PARA LA EDAD: CON PRESENCIA DE VELLO PÚBICO CON IMPLANTACIÓN NORMAL (.) ENCONTRANDO HIMEN DE FORMA ANULAR DE TIPO ELÁSTICO CON DESGARROS ANTIGUOS INCOMPLETOS (.) CONCLUSIONES: (.) LOS HALLAZGOS DESCRITOS EN LA EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA PRESENTA DATOS CLÍNICOS COMPATIBLES CON PENETRACIÓN DE DATA ANTIGUA (.). 6. DICTAMEN PSICOLÓGICO DE FECHA 29 DE JULIO DE 2019, REALIZADO POR LA LICENCIADA EN PSICOLOGÍA LA C. *********, QUIEN DICTAMINÓ LO SIGUIENTE: realizó dictamen psicológico de la menor ******* METODOLOGÍA. Se señala lo siguiente.- para obtener el dictamen psicológico preliminar de la víctima en relación a su estado emocional al momento de tener contacto con ella se realizó lo siguiente: a) entrevista clínica; b) observación clínica; c) aplicación de los criterios clínicos para diagnostico especificados según la norma internacional MANUAL DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICO DE LOS TRASTORNOS MENTALES (DSM-V) y aplicación de instrumentos psicológicos en cuanto al apartado II. INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS UTILIZADOS EN LA ESCALA DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO: instrumento no verbal para la obtención de criterios en relación a sintomatología y posibilidad de re experimentación del evento traumático. ESCALA DE AUTOESTIMA: Instrumento no verbal para la obtención de criterios relacionados al auto concepto de la víctima. PRUEBA DE LA FIGURA HUMANA.- Prueba proyectiva de personalidad CONCLUSIÓN SUJETO DEL SEXO FEMENINO, MENOR DE EDAD, CON AUSENCIA DE ALTERACIÓN EN SUS FACULTADES MENTALES (.) AL MOMENTO DE LLEVAR A EFECTO ESTA ENTREVISTA SE OBSERVA QUE PRESENTA: AFECTACIÓN EMOCIONAL GRAVE REFLEJANDO ALTOS ÍNDICES DE ANSIEDAD Y ESTRÉS COMO CONSECUENCIA DE LA EXPERIENCIA DE VIOLACIÓN QUE REFIERE (.). 7. DICTAMEN PSICOLÓGICO DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2019, REALIZADO POR LA LICENCIADA EN PSICOLOGÍA LA C. *************************; QUIEN DICTAMINÓ LO SIGUIENTE: realizó dictamen psicológico de la menor *******. CONCLUSIÓN SUJETO DEL SEXO FEMENINO, MENOR DE EDAD, CON AUSENCIA DE ALTERACIÓN EN SUS FACULTADES MENTALES AL MOMENTO DE LLEVAR A EFECTO ESTA ENTREVISTA SE OBSERVA QUE PRESENTA: AFECTACIÓN EMOCIONAL GRAVE REFLEJANDO ALTOS ÍNDICES DE ANSIEDAD Y ESTRÉS; LO CUAL SI OCASIONA DETERIORO SIGNIFICATIVO EN ÁREAS DE DESEMPEÑO COMO CONSECUENCIA DE LA EXPERIENCIA DE VIOLACIÓN QUE REFIERE . 8.- PARTE INFORMATIVO DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, ELABORADO POR EL AGENTE DE LA POLICÍA ESTATAL ÚNICA **********, ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD SEXUAL Y NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL(.) (.) Para acreditar que se cometió el hecho tipificado como delito de violación, y que existe la probabilidad de que el aquí quejoso haya participado en su comisión, el representante social consideró que en la carpeta de investigación existían datos que permitían establecer la existencia de hechos que se encuadraban en el mencionado delito, previsto en el artículo 172, fracción I, con relación al 175, fracción III, ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua, que estatuyen: Artículo 172. Se aplicarán de diez a treinta años de prisión a quien: I. Realice cópula con persona menor de catorce años de edad o con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o (.) Artículo 175. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se aumentarán en dos terceras partes, cuando fueren cometidos: (.) III. Por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su profesión o posición que le conceda cualquier tipo de autoridad laboral, académica o religiosa, utilizando los medios o circunstancia que su cargo o situación personal le proporcionen. Además de la pena de prisión, el sentenciado será, en su caso, destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de dicha profesión; A la luz de esos preceptos, el Juez responsable se pronunció sobre los elementos planteados en la solicitud y determinó que de los datos que fueron puestos bajo su conocimiento, era posible establecer la existencia de hechos configurativos del referido delito. Primero, debido a que estimó de la redacción normativa del ilícito en mención y los antecedentes de los que se impuso, que fueron integrados los elementos de tal delito, a saber: a) Que el sujeto activo realice cópula con persona menor de catorce años de edad, o que no comprenda el significado de aquél acto, o por su posición le sea imposible resistirlo y; b) Que dicha cópula se haya materializado por la ventaja del sujeto activo del delito, en cuanto a su autoridad académica y religiosa respecto de la víctima (elemento constitutivo de la agravante). Es conveniente precisar, que la cópula no solo se constituye con la introducción del pene vía vaginal, sino también por conducto anal o bucal. El Juez responsable arribó a esa conclusión, toda vez que de los antecedentes que fueron hechos de su conocimiento por el agente del Ministerio Público, se desprende que: 1. ********, abuela de las menores terceras interesadas ****** y *******, las ingresó al ********* (una vez que entraron a la educación primaria, respectivamente), un internado donde apoyan a las madres trabajadoras con el cuidado de sus hijos; dicha institución es una estancia temporal para los menores, donde habitan veinticuatro horas al día, de lunes a viernes y algunos fines de semana. 2. , La menor de edad ******* adujo que en marzo de dos mil dieciocho, el aquí quejoso, quien es pastor religioso y director del mencionado centro, una ocasión que ella acudió a su casa (que se encuentra dentro de las instalaciones de dicho albergue), para pedirle un objeto de higiene personal, éste, luego de brindárselo, le pidió que se quedara. Comenzó a besarla, a tocarla en sus pechos y área genital por encima de la ropa; posteriormente la llevó a su cama y luego de bajar su ropa interior, la penetró vía vaginal. Terminado el acto, le daba a tomar pastillas (que después supo que eran "del día siguiente" ) y le pidió que guardara el secreto. 3. Aduce dicha menor que el aquí quejoso la violó en múltiples ocasiones a partir de entonces, siempre penetrándola vía vaginal y dándole las pastillas; dice que nunca la amenazó, pero que por miedo, nunca contó lo ocurrido. Asimismo, adujo que el aquí quejoso le prometió reiteradamente que le conseguiría una visa de estudiante, por lo que optó por guardar silencio. 4. Por su parte, su hermana ********., quien cuenta actualmente con doce años, señaló que desde cuando estaba en primero de primaria, esto es, cuando tenía seis años, el aquí quejoso la llevó a su casa (que, como ya se dijo, se encuentra dentro del mismo albergue), la sentó en una silla, le vendó los ojos y le colocó un chocolate en la boca, le pidió que lo lamiera y que le dijera a qué sabia, a lo que la infante le contestó que a chocolate; posteriormente, aduce haber escuchado el sonido de un cinturón y un zíper, y que luego el quejoso le introdujo otra cosa a la boca, que le pidió que la abriera más, señaló que se sentía como carne humana, como un brazo, a lo que él le preguntó que a qué sabía y ella le dijo que no sabía, luego de ello se volvieron a escuchar los mismos sonidos, le quitó la venda y le pidió que se fuera. 5. Dicha infante aduce que desde ese momento, desde los seis años, hasta que salió de la primaria en mayo o junio de dos mil dieciocho, el aquí quejoso le hizo eso en reiteradas ocasiones, usando siempre la misma metodología: vendarle los ojos e introducirle ese objeto extraño en la boca. Dice que le comentó que no contara lo ocurrido o que le pegaría. 6. A la postre, el veintiocho de julio de dos mil diecinueve, la menor de edad de iniciales *******, quien actualmente cuenta con catorce años de edad, confesó a su madre, ******, que desde marzo de dos mil dieciocho, es decir, cuando tenía aún ******, el pastor del internado la violaba, introduciéndole el pene vía vaginal; le contó sobre las pastillas y lo reiterado de la acción, así como que se abstuvo de decirlo antes por miedo. 7. Ante lo anterior, *******, cuestionó a su otra hija si el aquí quejoso la había tocado, a lo que ********. le dijo que no, pero le comentó sobre los objetos que introducía a su boca y que lo hacía desde que estaba en primero de primaria hasta que se graduó y que por ese motivo le pidió que la sacara del centro. 8. Al día siguiente, veintinueve de julio de dos mil diecinueve, la madre de las menores terceros interesadas acudió a denunciar la violación de sus dos menores hijas ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual Zona Norte, con sede en esta ciudad. Asimismo, el agente del Ministerio Público responsable relacionó diversos medios de convicción, parte de los cuales fue transcrito líneas arriba, entre los que destacan: 1. Denuncia de la madre de las menores de edad de referencia, referida supra líneas. 2. Comparecencia de las mencionadas menores, que resulta coincidente con el dicho de la madre. 3. Informe pericial en materia de agresión sexual efectuado a la menor **********., el veintinueve de julio de dos mil diecinueve, donde la profesional que lo realizó, concluyó, con base en los exámenes ginecológico y proctológico que le practicó, que presentó datos clínicos compatibles con penetración de data antigua vía vaginal. 4. Dictámenes psicológicos realizados a las dos menores de edad, donde la profesional que los practicó, sustentó su informe en: a) una entrevista clínica con ellas (por separado, por supuesto), b) observación clínica, c) aplicación de criterios clínicos especificados en el manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales (DSM-V) , que incluye: escala de estrés postraumático, escala de autoestima, prueba de la figura humana. Metodología científica que le permitió concluir -respecto a ambas menores de edad-, que presentan una afectación emocional grave, altos índices de ansiedad y estrés, lo cual les ocasionó un deterioro importante en diversas áreas de desempeño. 5. Parte informativo elaborado por el agente de la Policía Estatal Única adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual Zona Norte, donde se colige que se entrevistó con las menores, su madre y tía (esta última, quien escuchó una parte del relato de la menor ********* ya que ocurrió en su casa), y concluyó que la narrativa de los hechos fue coincidente entre ellas. De lo anterior, el Juez responsable determinó la probabilidad de que el indiciado, aquí quejoso, hubiera cometido el hecho que se le atribuye, concatenando los datos de prueba ofrecidos por el agente y los razonamientos que fueron vertidos, dictando la mencionada orden de aprehensión. Asimismo, expuso las razones específicas respecto a las cuales consideró que se había cometido en ambas menores el delito de violación con penalidad agravada, e hizo relación de ello respecto de la probabilidad de que el aquí quejoso, hubiera participado en su comisión, para lo cual fundamentó su determinación en los numerales ya señalados; es decir, expresó detalladamente las razones por las cuales tomó su determinación e indicó las hipótesis normativas aplicables al caso concreto, tanto las relativas a los elementos del delito en cuestión (172, fracción I, con relación al 175, fracción I, ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua), valoración de pruebas (artículos 264 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales), las relativas al mandato de aprehensión (artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 141 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales), como la necesidad de cautela (167 y 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Sobre estas bases, a juicio de quien resuelve, se encuentra justificado el segundo de los elementos que la legislación procesal exige para la emisión de la orden de aprehensión, esto es, que el Ministerio Público haya anunciado que obran en la carpeta de investigación datos que establecen que se ha cometido ese hecho y que sí exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. III. Que exista la necesidad de cautela Finalmente, es necesario establecer que otro de los requisitos para la emisión de la orden de aprehensión, en el caso, lo constituye la necesidad de cautela. Cabe precisar que, si bien la redacción de la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que podrá librarse orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela -lo cual parece indicar que quien debe advertir dicho elemento es el Ministerio Público-, lo cierto es que el mandato va dirigido a la autoridad jurisdiccional penal, debido a que: a) La autoridad que resolverá y, en su caso, emitirá la orden de aprehensión es el juez penal y no el Ministerio Público, b) Bajo la lógica del sistema penal acusatorio, cuando el Ministerio Público dirige peticiones a la autoridad jurisdiccional lo hace en calidad de parte procesal y no de autoridad. Conjuntamente con lo anterior, el Juez de Control debe atender lo estipulado en los numerales 165, 167 y 168 del citado Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen en lo que interesa: Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. (.) Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los (.) III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad. Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: (.) II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste; (.) En el caso a estudio, al analizar la necesidad de la medida de cautela, la Juez de Control consideró lo siguiente (1:03- 1:05) Ahora bien, para establecer la necesidad de cautela, este juzgador considera que le asiste la razón a la agente del Ministerio Público, puesto que efectivamente, de conformidad con lo que establecen los artículos 168, fracción II, la pena que le pudiera corresponder por cada uno de estos dos ilícitos, va desde los dieciséis años seis meses hasta los cincuenta años por cada uno de ellos; aunado a esto debemos establecer que como ya lo refirió este juzgador de las denuncias presentadas por la madre de las menores víctimas y las narrativas realizadas por las mismas se desprende por lo menos un tercer hecho de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, que fue el que detonó el actuar de la menor víctima G., que fue la que impulsó para que ésta diera conocimiento a su madre de los hechos que acontecieron en su contra. Aunado a esto que de igual manera establece la razón puesto que el artículo 167, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 19 de la Constitución Política de os Estados Unidos Mexicanos, exigen e imponen la obligación a la agente del Ministerio Público y a este juzgador de poner la medida cautelar de prisión preventiva, puesto que no hay otra medida cautelar que sea más proporcional al caso en concreto, motivo por el cual al contar el sujeto del cual se está solicitando la orden de aprehensión, tener conocimiento de esta situación, difícilmente podría comparecer ante el tribunal para presentar el proceso penal y menos lo presentaría en libertad; aunado a esto debemos establecer que este juzgador está obligado a garantizar la máxima protección que en Derecho proceda en favor de las menores víctimas y no sólo en favor de las que denunciaron sino de igual manera, en favor de todas las que se encuentran en el centro educativo, de conformidad con lo que establece el artículo 270 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que debe garantizarse que no se repita la conducta reprochable del sujeto activo del ilícito y no sea acontecida en contra de otras menores niñas que se encuentren en dicha institución. Entonces, en su estudio de la necesidad de la medida de cautela, la Juez de Control estimó que dadas las altas penalidades que el quejoso obtendría si resultara culpable de los ilícitos que se le atribuyen, cuya pena mínima, por cada uno, es de dieciséis años y seis meses y la máxima de cincuenta años, éste no comparecería a dicho órgano al ser citado o bien, buscaría ocultarse, por lo que la consideró como idónea y proporcional para el caso que se sometió a su estudio. Aunado a ello, el análisis sistemático del contexto que envuelve la supuesta comisión de las acciones ilícitas que se atribuyen al aquí quejoso, en cuya particularidades se encuentra la situación de autoridad donde está colocado éste dentro de la institución en que labora, donde se encuentran internos temporalmente otros niños y jóvenes, robustecieron la determinación del juzgador, en aras de proteger a éstos ante el peligro de que la conducta que se le reprocha se presente nuevamente. En efecto, se estima colmado también dicho requisito, toda vez que ciertamente existía un riesgo latente de que el quejoso buscara sustraerse de la acción de la justicia, al tener conocimiento de las altas penalidades que le serían impuestas -en caso de determinarse, en el momento oportuno, que si cometió los ilícitos que se le adjudican y de que la mencionada conducta se viera repetida; máxime que los ilícitos de que se trata conllevan prisión preventiva oficiosa (como se advierte del tercer párrafo del artículo 167 del citado Código Nacional de Procedimientos Penales, ya citado). Así, la consideración plasmada por la autoridad responsable en su mandato de captura se estima correcta, porque las razones que tomó en consideración para justificar la necesidad de cautela, a juicio de quien resuelve, revelan que se satisfacen los elementos que le exige la Ley para determinar una orden de esa naturaleza; de ahí que, en este aspecto, la orden de aprehensión reclamada no lesione los derechos del quejoso. En las relacionadas condiciones, desestimado el concepto de violación expresado, sin que se advierta deficiencia de la queja que deba ser suplida, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, con relación al acto reclamado y autoridades responsables precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **************, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma ***********, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **************, hoy veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que con esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, el veintisiete de agosto del año en curso (foja 4 del cuadernillo de sigilo), se tuvo a las menores terceros interesadas de iniciales ******* y ******* por emplazadas al presente juicio de amparo, por lo que, de la última fecha indicada, a la actual, no han transcurrido los ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional, para que tengan cabal conocimiento de los informes con justificación que rindieron las autoridades responsables y puedan ofrecer pruebas, conforme a sus intereses convengan. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y se señalan las nueve horas con diez minutos del veinte de septiembre de dos mil diecinueve, para dar margen a lo anterior. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época y número de registro 191995, del tenor literal siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 21/2008, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 253/2007-SS, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, y la cual es visible en la página 590, del Tomo XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época y número de registro 170081, que dice: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. - En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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