Joel Francisco Lebaron Soto

Expediente 656/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
656/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
09/05/2023

Partes del expediente

  • Joel Francisco Lebaron Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a nueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Encargada de la Administración Postal, Parque Central, en esta ciudad, al cual adjunta los sobres que contienen los oficios 10766/2023, 10767/2023 y 10768/2023, dirigidos al Director de la Dirección Local, Subdirector de Administración del Agua de la Dirección Local Chihuahua y los Inspectores, Ejecutores, Visitadores, Verificadores Notificadores adscritos a la Dirección Local, todos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), residentes en la ciudad del mismo nombre, de los cuales, se desprende que no fueron recibidos, destacando la leyenda "rechazada por falta de sistema". En este tenor, con fundamento en lo establecido por el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista a las autoridades en comento, la sentencia emitida el diez de abril del año que transcurre. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 de Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.IRS

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el diez de abril del presente año, se dictó sentencia en el presente asunto, sin que al día de hoy obren las piezas relativas a las autoridades responsables foráneas, Director de la Dirección Local, Subdirector de Administración del Agua de la Dirección Local Chihuahua y los Inspectores-Ejecutores-Visitadores-VerificadoresNotificadores adscritos a la Dirección Local, todos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), residentes en la ciudad del mismo nombre. Atento a lo anterior, requiérase a la Encargada de la Administración Postal Parque Central, del Servicio Postal Mexicano, Dirección Regional Norte, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído, remita las piezas postales identificadas con los oficios 10766/2023, 10767/2023 y 10768/2023, con registros bajo los códigos 400519, 400520 y 400521, o en su caso, remita, copias certificadas de los mismos. Apercibida que de incumplir con lo que aquí se ordena, o bien, no informar oportunamente el impedimento que tuviere para ello, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, que asciende a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de Amparo, previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad postal. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    SENTENCIA En Ciudad Juárez, Chihuahua, a diez de abril de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 656/2022-V, y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El veinte de julio de dos mil veintidós, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo presentada por **********, quien solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el 1) Director Local, 2) Subdirector de Administración del Agua e 3) Inspectores, Ejecutores, Visitadores, Verificadores o Notificadores, todos los anteriores adscritos a la Dirección Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Chihuahua capital, a las que sustancialmente reclamó: (.) De las autoridades señaladas en los puntos 1) y 2) en forma individual o en su conjunto, se les reclama: La ilegalidad de orden de inspección y los actos inminentes y demás actos de ejecución que conlleve a la clausura temporal o definitiva, demolición del aprovechamiento de agua subterránea para uso agrícola ubicado en las coordenadas 29º52´33.9 latitud Norte y 106º46´41.7 longitud Oeste, y que se localizan dentro del Rancho **********, de Municipio de **********, Estado de Chihuahua. De la autoridad señalada en el punto 3), se les reclama: El cumplimiento de la orden de verificación mencionada en el punto anterior que se le reclama a las otras autoridades, así como los actos inminentes y demás actos de ejecución que conlleve a la clausura temporal o definitiva, demolición del aprovechamiento de agua subterránea para uso agrícola ubicado en las coordenadas 29º52´33.9 latitud Norte y 106º46´41.7 longitud Oeste, y que se localizan dentro del Rancho **********, de Municipio de **********, Estado de Chihuahua. (.) SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. Mediante auto de veintiuno de julio de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo y el uno de agosto siguiente se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra de dicha determinación; así, el once de octubre del citado año, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, al resolver el recurso de queja administrativo 118/2022, lo declaró fundado. Atento a ello, el catorce de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada bajo el expediente 656/2022-V, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diferida, se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CUARTO. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar mediante lista a la parte quejosa y agente del Ministerio Público, y por oficio a las autoridades responsables, el oficio SEAD/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza **********, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin que hayan efectuado manifestación alguna. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 38 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana. Lo anterior, en virtud de que los actos reclamados tuvieron ejecución en el lugar en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados de las autoridades responsables. Del análisis de la demanda, así como de los informes justificados rendidos, se desprende que la quejosa reclama del 1) Director Local, 2) Subdirector de Administración del Agua e 3) Inspectores, Ejecutores, Visitadores, Verificadores o Notificadores, todos los anteriores adscritos a la Dirección Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Chihuahua capital: La clausura del aprovechamiento de agua subterránea para uso agrícola ubicado en las coordenadas 29º52'33.9" latitud Norte y 106º46'41.7" Longitud Oeste, que se localiza dentro del Rancho **********, del Municipio de Buenaventura, Chihuahua (coordenadas geográficas 29º52´33.8 latitud Norte y 106º46´41.6 longitud Oeste, datum WGS84 denominado **********, ubicado en carretera ********** (**********) a la altura del kilómetro ********** (********** -fijadas por la autoridad en su informe justificado) (fojas 125). Por ende, se tienen a tales actos como los reclamados en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Chihuahua, de la Comisión Nacional del Agua, en representación del Director Local Chihuahua, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos de que se duele el justiciable, pues en su escrito de demanda señaló como futuro el acto de que se duele, cuando lo cierto es que el justiciable tiene pleno conocimiento de las sanciones a que se hizo acreedor por extraer agua del subsuelo al amparo de un título de concesión vencido. Continúa diciendo la autoridad, que el quejoso promovió el diverso juicio de amparo 550/2022-V de la estadística de este órgano jurisdiccional, en el que reclamó la visita de inspección número PNI-2022-CHIH-044, en la que se llevó a cabo la clausura temporal de dicho cuerpo de agua; así, derivado de los resultados que arrojó dicha visita, el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se emitió la resolución administrativa VI/CH/CHIH/2022/00044, relacionada con el oficio BOO.906.01.-1523, en la que se le impusieron diversas sanciones, la cual le fue legalmente notificada al representante legal del justiciable. En este sentido, debe reputarse como cierto el acto que se endilga al Director Local, pues la demanda de amparo fue presentada el tres de agosto de dos mil veintidós, y fue el diecisiete del agosto en que se resolvió el procedimiento administrativo instaurado en contra del quejoso. Por otra parte, en relación con aquellas autoridades que fueron omisas en rendir sus informes justificados, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, y se tienen por ciertos los actos que se les endilgan en términos de los numerales 115 y 117 de la Ley de Amparo, pues la actuación del Subdirector de Administración del Agua de la Dirección Local Chihuahua -informe ejecutivo de visita de inspección- e Inspectores Ejecutores Visitadores y Notificadores adscritos, ambos de la Comisión Nacional del Agua -acta de visita número PNI-2022- CHIH-044-, se desprenden de las documentales anexas al informe justificado que obra en el expediente 550/2022-V. Medio de prueba este último que constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, al haberse desahogado en el citado juicio de amparo y por encontrase capturado en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE). Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 16/2018, del Pleno del Alto Tribunal del país, con registro digital 2017123, de la Décima Época, Materias Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, de junio de 2018, Tomo I, página 10, que a la letra dice: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. En consecuencia, deben tenerse por ciertos los actos que les reclama la parte quejosa; además, que, para corroborar su dicho, las autoridades responsables remitieron copia certificada de la resolución administrativa con número de expediente VI/CH/CHIH/2022/00044. Documentales cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°. Sirve de apoyo la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, tomo II, con número de registro 1002815, cuyo rubro y texto son: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable al tema, la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sobre el tema, es pertinente señalar que la improcedencia en el juicio de amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es o no constitucional, esto es, la improcedencia va a originar que el juzgador no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la constitución y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Plenos de Circuito -en casos de contradicción de tesis de estos últimos-. Sostiene lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 3/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, enero de 1999, página 13, registro digital 194697, de rubro y texto: IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. Previo al estudio de los conceptos de violación que expresa el quejoso, corresponde analizar si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispuesto en numeral 62 del mismo ordenamiento legal. Sobre el particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al existir un medio de defensa ordinario contra el acto reclamado por el que puede ser modificado, revocado o nulificado, dicho dispositivo establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. De lo transcrito con anterioridad se observan las siguientes reglas a fin de que se actualice el supuesto de improcedencia del juicio de amparo, a saber: I) que en contra del acto reclamado proceda un recurso que pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; II) que la ley que establezca el juicio o medio de defensa que rija el acto, no exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el amparo; III) que el plazo no sea mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional; IV) que no se aleguen violaciones directas a la Constitución; y, V) que dicho medio de impugnación se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente. Ciertamente, el principio de definitividad que rige al juicio de garantías en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos con anterioridad, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. Sentado lo anterior, conviene precisar que el principio de definitividad que rige el juicio de protección de derechos humanos, tiene que ver con la naturaleza jurídica de ésta, pues no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que sólo procede respecto a actos definitivos, con relación a los cuales no exista algún recurso cuya interposición pueda dar lugar a la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado; y en el supuesto del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que se examina, atañe a los actos de autoridades no judiciales, como lo son las administrativas o fiscales; el cual no es absoluto sino que admite algunas excepciones, a saber: a) Que no tendrán que agotarse esos recursos, juicios o medios de defensa legales, antes de promover el amparo, si en virtud de la interposición de ellos no se obtiene la suspensión de los efectos de los actos de las citadas autoridades. b) Tampoco tendrán que agotarse esos recursos, juicios o medios de defensa legales, antes de promover el amparo, para obtener la suspensión de los efectos de los actos de autoridad administrativa o fiscal, si se exigen mayores requisitos que los que la Ley de Amparo señala para conceder la suspensión provisional. c) De igual forma, no es indispensable la promoción del medio ordinario de defensa, cuando únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. d) Finalmente el supuesto en examen, prevé una excepción más al apuntado principio, que se actualiza en los casos en que el acto carezca de fundamentación, lo que se justifica, pues es inútil impugnar previamente lo carente de respaldo jurídico, que de suyo es inconstitucional en sí mismo, por violar el artículo 16 constitucional, dada la omisión de fundamentación; además por la propia naturaleza de los actos administrativos que de ordinario nacen de manera unilateral de parte de las autoridades sin intervención del particular, que de esa forma no tiene oportunidad de conocer, si la autoridad que la emite tiene competencia para hacerlo y si dentro de sus facultades se encuentra precisamente el actuar en la forma conocida, por lo que se hace imprescindible invocar su fundamentación para que el particular pueda defenderse de manera adecuada. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.),del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2017117, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, de rubro y texto: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. De ahí la importancia de que las partes interesadas agoten los medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. En ese sentido, el acto reclamado la resolución definitiva de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en que se impuso una sanción económica y la clausura total definitiva del pozo de agua que en esta vía se defiende, puede ser analizada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En relación con lo expuesto, es conveniente señalar que los preceptos señalados, prevén: Ley Federal de Procedimiento Administrativo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A. Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas. 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; De los preceptos transcritos se desprende que los afectados por resoluciones de autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento pueden interponer el recurso de revisión o cuando proceda intentar la vía jurisdiccional que corresponda, asimismo se advierte que procede el juicio contencioso contra las resoluciones dictadas por autoridades administrativas en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Así, tomando en consideración que el recurso de revisión es de naturaleza optativa, carece de obligatoriedad por lo que agotarlo no es exigible para el gobernado, de manera que si decide no hacerlo tiene expedita la vía contenciosa administrativa federal. En relación con el punto consistente en que puedan suspenderse los efectos del acto reclamado sin que se exijan mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, se destaca que de la interpretación del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y diversos 125, 128, 130, 132 y 135 de la Ley de Amparo, se pone de manifiesto que la suspensión en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no exige mayores requisitos de los que prevé la suspensión en el juicio de amparo indirecto, por tales razones, debió agotarse el juicio de nulidad ante el mencionado órgano antes de promoverse la instancia constitucional. Lo anterior se corrobora la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias Administrativa, Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, de marzo de 2016, Tomo II, página 1194, registro digital 2011289, del rubro y texto: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2ª./J. 19/2015 (10a.), consultable en la página 783, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Décima Época, registro 2008807 de contenido: RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado. Asimismo, el requisito señalado consistente en que los actos reclamados no carezcan de fundamentación también se cumple, pues la resolución reclamada de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se emitió con fundamento en diversos preceptos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento y el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, lo que pone de manifiesto que se encuentra fundada y, en su caso, lo alegado podría constituir una indebida o incorrecta fundamentación y motivación, en cuyo supuesto, la parte demandante está obligada a observar el principio de definitividad. Por lo que hace a que cuando se aduzcan violaciones directas e indirectas a la Constitución debe promoverse el juicio de nulidad, pues de otra forma imperaría el arbitrio de la quejosa, quien podría hacer nugatorio el principio referido. La disposición obedece a que el agraviado solamente podrá atacar adecuadamente la resolución respectiva ante el Juez de Distrito, pues no resultaría igualmente eficaz plantear transgresiones directas al pacto federal en los recursos ordinarios, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. Ahora, el quejoso alega esencialmente que se violan los derechos fundamentales de seguridad y certeza jurídica previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, debe impugnar los actos reclamados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, toda vez que dicho órgano jurisdiccional puede conocer de actuaciones que estén indebidamente fundadas y motivadas como refiere el quejoso aunque éstas reflejen en todos los casos violación a los derechos fundamentales mencionados. Cabe destacar que por disposición legal o de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales, existen algunas excepciones al principio de definitividad; en consecuencia, debe determinarse si en el caso se actualiza alguna de ellas: 1. Cuando se impugnan leyes con motivo del primer acto de aplicación. Dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el juez de distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma privativa al Poder Judicial de la Federación; en el caso, el quejoso no reclamó ley alguna. 2. En lo que toca a los actos que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan. Al respecto, debe destacarse que al quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño, toda vez que de su escrito de demanda y de la propia resolución se advierte, que con motivo de la clausura temporal del pozo de agua relacionada con el acta de visita PNI-2022-CHI-044, el quejoso presentó demanda de amparo, la cual se radicó bajo el expediente 550/2022; luego, ante el temor de que se decretara la clausura definitiva o demolición de dicha toma del vital líquido, el justiciable presentó diversa demanda, la cual dio origen a este juicio de amparo, del que destaca que el diecisiete de agosto de dos mil veintidós se decretó la clausura total definitiva del citado pozo, lo cual se notificó al promovente el dieciocho de los mismos; por tanto, se encontraba obligado a cumplir con el principio de referencia consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. 3. Cuando los actos importen violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Carta Magna, o que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, en el caso, el quejoso no adujo violación a tales preceptos constitucionales, aunado a que de la demanda no se desprende que se actualicen actos como los previstos en dichos preceptos constitucionales. En tales condiciones, previo a la interposición de la demanda de amparo, la quejosa debió agotar el juicio de nulidad respectivo, y, al no contar con alguna constancia que permita concluir que haya sido así, es evidente que no cumplió con las exigencias del principio de definitividad. En consecuencia; procede sobreseer en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy diez de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA,LA SENTENCIA DE DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SENTENCIA En Ciudad Juárez, Chihuahua, a diez de abril de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 656/2022-V, y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El veinte de julio de dos mil veintidós, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo presentada por **********, quien solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el 1) Director Local, 2) Subdirector de Administración del Agua e 3) Inspectores, Ejecutores, Visitadores, Verificadores o Notificadores, todos los anteriores adscritos a la Dirección Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Chihuahua capital, a las que sustancialmente reclamó: (.) De las autoridades señaladas en los puntos 1) y 2) en forma individual o en su conjunto, se les reclama: La ilegalidad de orden de inspección y los actos inminentes y demás actos de ejecución que conlleve a la clausura temporal o definitiva, demolición del aprovechamiento de agua subterránea para uso agrícola ubicado en las coordenadas 29º52´33.9 latitud Norte y 106º46´41.7 longitud Oeste, y que se localizan dentro del Rancho **********, de Municipio de **********, Estado de Chihuahua. De la autoridad señalada en el punto 3), se les reclama: El cumplimiento de la orden de verificación mencionada en el punto anterior que se le reclama a las otras autoridades, así como los actos inminentes y demás actos de ejecución que conlleve a la clausura temporal o definitiva, demolición del aprovechamiento de agua subterránea para uso agrícola ubicado en las coordenadas 29º52´33.9 latitud Norte y 106º46´41.7 longitud Oeste, y que se localizan dentro del Rancho **********, de Municipio de **********, Estado de Chihuahua. (.) SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. Mediante auto de veintiuno de julio de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo y el uno de agosto siguiente se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra de dicha determinación; así, el once de octubre del citado año, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, al resolver el recurso de queja administrativo 118/2022, lo declaró fundado. Atento a ello, el catorce de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada bajo el expediente 656/2022-V, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diferida, se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CUARTO. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar mediante lista a la parte quejosa y agente del Ministerio Público, y por oficio a las autoridades responsables, el oficio SEAD/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza **********, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin que hayan efectuado manifestación alguna. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 38 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana. Lo anterior, en virtud de que los actos reclamados tuvieron ejecución en el lugar en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados de las autoridades responsables. Del análisis de la demanda, así como de los informes justificados rendidos, se desprende que la quejosa reclama del 1) Director Local, 2) Subdirector de Administración del Agua e 3) Inspectores, Ejecutores, Visitadores, Verificadores o Notificadores, todos los anteriores adscritos a la Dirección Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Chihuahua capital: La clausura del aprovechamiento de agua subterránea para uso agrícola ubicado en las coordenadas 29º52'33.9" latitud Norte y 106º46'41.7" Longitud Oeste, que se localiza dentro del Rancho **********, del Municipio de Buenaventura, Chihuahua (coordenadas geográficas 29º52´33.8 latitud Norte y 106º46´41.6 longitud Oeste, datum WGS84 denominado **********, ubicado en carretera ********** (**********) a la altura del kilómetro ********** (********** -fijadas por la autoridad en su informe justificado) (fojas 125). Por ende, se tienen a tales actos como los reclamados en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Chihuahua, de la Comisión Nacional del Agua, en representación del Director Local Chihuahua, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos de que se duele el justiciable, pues en su escrito de demanda señaló como futuro el acto de que se duele, cuando lo cierto es que el justiciable tiene pleno conocimiento de las sanciones a que se hizo acreedor por extraer agua del subsuelo al amparo de un título de concesión vencido. Continúa diciendo la autoridad, que el quejoso promovió el diverso juicio de amparo 550/2022-V de la estadística de este órgano jurisdiccional, en el que reclamó la visita de inspección número PNI-2022-CHIH-044, en la que se llevó a cabo la clausura temporal de dicho cuerpo de agua; así, derivado de los resultados que arrojó dicha visita, el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se emitió la resolución administrativa VI/CH/CHIH/2022/00044, relacionada con el oficio BOO.906.01.-1523, en la que se le impusieron diversas sanciones, la cual le fue legalmente notificada al representante legal del justiciable. En este sentido, debe reputarse como cierto el acto que se endilga al Director Local, pues la demanda de amparo fue presentada el tres de agosto de dos mil veintidós, y fue el diecisiete del agosto en que se resolvió el procedimiento administrativo instaurado en contra del quejoso. Por otra parte, en relación con aquellas autoridades que fueron omisas en rendir sus informes justificados, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, y se tienen por ciertos los actos que se les endilgan en términos de los numerales 115 y 117 de la Ley de Amparo, pues la actuación del Subdirector de Administración del Agua de la Dirección Local Chihuahua -informe ejecutivo de visita de inspección- e Inspectores Ejecutores Visitadores y Notificadores adscritos, ambos de la Comisión Nacional del Agua -acta de visita número PNI-2022- CHIH-044-, se desprenden de las documentales anexas al informe justificado que obra en el expediente 550/2022-V. Medio de prueba este último que constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, al haberse desahogado en el citado juicio de amparo y por encontrase capturado en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE). Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 16/2018, del Pleno del Alto Tribunal del país, con registro digital 2017123, de la Décima Época, Materias Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, de junio de 2018, Tomo I, página 10, que a la letra dice: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. En consecuencia, deben tenerse por ciertos los actos que les reclama la parte quejosa; además, que, para corroborar su dicho, las autoridades responsables remitieron copia certificada de la resolución administrativa con número de expediente VI/CH/CHIH/2022/00044. Documentales cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°. Sirve de apoyo la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, tomo II, con número de registro 1002815, cuyo rubro y texto son: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable al tema, la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sobre el tema, es pertinente señalar que la improcedencia en el juicio de amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es o no constitucional, esto es, la improcedencia va a originar que el juzgador no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la constitución y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Plenos de Circuito -en casos de contradicción de tesis de estos últimos-. Sostiene lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 3/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, enero de 1999, página 13, registro digital 194697, de rubro y texto: IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. Previo al estudio de los conceptos de violación que expresa el quejoso, corresponde analizar si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispuesto en numeral 62 del mismo ordenamiento legal. Sobre el particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al existir un medio de defensa ordinario contra el acto reclamado por el que puede ser modificado, revocado o nulificado, dicho dispositivo establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. De lo transcrito con anterioridad se observan las siguientes reglas a fin de que se actualice el supuesto de improcedencia del juicio de amparo, a saber: I) que en contra del acto reclamado proceda un recurso que pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; II) que la ley que establezca el juicio o medio de defensa que rija el acto, no exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el amparo; III) que el plazo no sea mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional; IV) que no se aleguen violaciones directas a la Constitución; y, V) que dicho medio de impugnación se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente. Ciertamente, el principio de definitividad que rige al juicio de garantías en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos con anterioridad, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. Sentado lo anterior, conviene precisar que el principio de definitividad que rige el juicio de protección de derechos humanos, tiene que ver con la naturaleza jurídica de ésta, pues no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que sólo procede respecto a actos definitivos, con relación a los cuales no exista algún recurso cuya interposición pueda dar lugar a la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado; y en el supuesto del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que se examina, atañe a los actos de autoridades no judiciales, como lo son las administrativas o fiscales; el cual no es absoluto sino que admite algunas excepciones, a saber: a) Que no tendrán que agotarse esos recursos, juicios o medios de defensa legales, antes de promover el amparo, si en virtud de la interposición de ellos no se obtiene la suspensión de los efectos de los actos de las citadas autoridades. b) Tampoco tendrán que agotarse esos recursos, juicios o medios de defensa legales, antes de promover el amparo, para obtener la suspensión de los efectos de los actos de autoridad administrativa o fiscal, si se exigen mayores requisitos que los que la Ley de Amparo señala para conceder la suspensión provisional. c) De igual forma, no es indispensable la promoción del medio ordinario de defensa, cuando únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. d) Finalmente el supuesto en examen, prevé una excepción más al apuntado principio, que se actualiza en los casos en que el acto carezca de fundamentación, lo que se justifica, pues es inútil impugnar previamente lo carente de respaldo jurídico, que de suyo es inconstitucional en sí mismo, por violar el artículo 16 constitucional, dada la omisión de fundamentación; además por la propia naturaleza de los actos administrativos que de ordinario nacen de manera unilateral de parte de las autoridades sin intervención del particular, que de esa forma no tiene oportunidad de conocer, si la autoridad que la emite tiene competencia para hacerlo y si dentro de sus facultades se encuentra precisamente el actuar en la forma conocida, por lo que se hace imprescindible invocar su fundamentación para que el particular pueda defenderse de manera adecuada. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.),del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2017117, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, de rubro y texto: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. De ahí la importancia de que las partes interesadas agoten los medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. En ese sentido, el acto reclamado la resolución definitiva de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en que se impuso una sanción económica y la clausura total definitiva del pozo de agua que en esta vía se defiende, puede ser analizada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En relación con lo expuesto, es conveniente señalar que los preceptos señalados, prevén: Ley Federal de Procedimiento Administrativo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A. Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas. 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; De los preceptos transcritos se desprende que los afectados por resoluciones de autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento pueden interponer el recurso de revisión o cuando proceda intentar la vía jurisdiccional que corresponda, asimismo se advierte que procede el juicio contencioso contra las resoluciones dictadas por autoridades administrativas en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Así, tomando en consideración que el recurso de revisión es de naturaleza optativa, carece de obligatoriedad por lo que agotarlo no es exigible para el gobernado, de manera que si decide no hacerlo tiene expedita la vía contenciosa administrativa federal. En relación con el punto consistente en que puedan suspenderse los efectos del acto reclamado sin que se exijan mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, se destaca que de la interpretación del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y diversos 125, 128, 130, 132 y 135 de la Ley de Amparo, se pone de manifiesto que la suspensión en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no exige mayores requisitos de los que prevé la suspensión en el juicio de amparo indirecto, por tales razones, debió agotarse el juicio de nulidad ante el mencionado órgano antes de promoverse la instancia constitucional. Lo anterior se corrobora la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias Administrativa, Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, de marzo de 2016, Tomo II, página 1194, registro digital 2011289, del rubro y texto: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2ª./J. 19/2015 (10a.), consultable en la página 783, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Décima Época, registro 2008807 de contenido: RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado. Asimismo, el requisito señalado consistente en que los actos reclamados no carezcan de fundamentación también se cumple, pues la resolución reclamada de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se emitió con fundamento en diversos preceptos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento y el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, lo que pone de manifiesto que se encuentra fundada y, en su caso, lo alegado podría constituir una indebida o incorrecta fundamentación y motivación, en cuyo supuesto, la parte demandante está obligada a observar el principio de definitividad. Por lo que hace a que cuando se aduzcan violaciones directas e indirectas a la Constitución debe promoverse el juicio de nulidad, pues de otra forma imperaría el arbitrio de la quejosa, quien podría hacer nugatorio el principio referido. La disposición obedece a que el agraviado solamente podrá atacar adecuadamente la resolución respectiva ante el Juez de Distrito, pues no resultaría igualmente eficaz plantear transgresiones directas al pacto federal en los recursos ordinarios, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. Ahora, el quejoso alega esencialmente que se violan los derechos fundamentales de seguridad y certeza jurídica previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, debe impugnar los actos reclamados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, toda vez que dicho órgano jurisdiccional puede conocer de actuaciones que estén indebidamente fundadas y motivadas como refiere el quejoso aunque éstas reflejen en todos los casos violación a los derechos fundamentales mencionados. Cabe destacar que por disposición legal o de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales, existen algunas excepciones al principio de definitividad; en consecuencia, debe determinarse si en el caso se actualiza alguna de ellas: 1. Cuando se impugnan leyes con motivo del primer acto de aplicación. Dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el juez de distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma privativa al Poder Judicial de la Federación; en el caso, el quejoso no reclamó ley alguna. 2. En lo que toca a los actos que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan. Al respecto, debe destacarse que al quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño, toda vez que de su escrito de demanda y de la propia resolución se advierte, que con motivo de la clausura temporal del pozo de agua relacionada con el acta de visita PNI-2022-CHI-044, el quejoso presentó demanda de amparo, la cual se radicó bajo el expediente 550/2022; luego, ante el temor de que se decretara la clausura definitiva o demolición de dicha toma del vital líquido, el justiciable presentó diversa demanda, la cual dio origen a este juicio de amparo, del que destaca que el diecisiete de agosto de dos mil veintidós se decretó la clausura total definitiva del citado pozo, lo cual se notificó al promovente el dieciocho de los mismos; por tanto, se encontraba obligado a cumplir con el principio de referencia consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. 3. Cuando los actos importen violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Carta Magna, o que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, en el caso, el quejoso no adujo violación a tales preceptos constitucionales, aunado a que de la demanda no se desprende que se actualicen actos como los previstos en dichos preceptos constitucionales. En tales condiciones, previo a la interposición de la demanda de amparo, la quejosa debió agotar el juicio de nulidad respectivo, y, al no contar con alguna constancia que permita concluir que haya sido así, es evidente que no cumplió con las exigencias del principio de definitividad. En consecuencia; procede sobreseer en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy diez de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

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