Jhonatan Ricardo Elias Aquije
Expediente 914/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 914/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/02/2023
Partes del expediente
- Lucero Nathaly Maldonado Flores
- Jhonatan Ricardo Elias Aquije
- JHONATAN RICARDO ELIAS AQUIJE y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio; en consecuencia, el proveído de mérito, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Asimismo, tomando en consideración que en auto de once de noviembre de dos mil veintidós, se concedió la suspensión de plano a favor de los quejosos, se establece que el expediente principal es susceptible de depuración, en un plazo de tres años, ello conforme al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida de José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese al presente expediente para que obre como corresponda la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para notificar personalmente a los quejosos, en términos de lo ordenado en auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, por las razones que en ella expone. En consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele a los quejosos, el presente proveído y el auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, y las subsecuentes actuaciones, aun las de carácter personal por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Notifíquese; y cúmplase
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN III, INCISO A, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS: Tijuana, Baja California, a veinte de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido la vista otorgada al promovente mediante auto de uno de diciembre de dos mil veintidós. Desechamiento. Ahora bien, conviene precisar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo y en atención a la causa de pedir del quejoso, se obtiene que la parte promovente hace consistir los actos reclamados en esencia: Privación de la libertad. La incomunicación, malos tratos y tortura de los directos agraviados. La expulsión y deportación de los directos agraviados. El traslado a otra ciudad del país. Ahora, de autos se advierte la razón circunstanciada de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, de la cual se obtuvo que los directos agraviados ya no se encontraban alojados en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Esto con motivo de las resoluciones de retorno asistido dictadas el ocho de noviembre de dos mil veintidós, en los expedientes administrativos EM/BC/TIJ/11200/08-11-2022, EM/BC/TIJ/11201/08- 11- 2022 y EM/BC/TIJ/11202/08-11-2022, del índice de dicha estación migratoria, en la cuales se resolvió conceder el beneficio de repatriación voluntaria a favor de los directamente agraviados; y se ordenó el traslado de éstos, a la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco. Lo que se corroboró con las resoluciones que tuvo a la vista en original, y de las cuales anexó copias de las mismas, a la constancia de mérito. Posteriormente, en treinta de noviembre de dos mil veintidós, se recibió en este juzgado el oficio registrado con número de folio 15911, del cual se advierte de las constancias anexas al mismo la constancia actuarial de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en la cual el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, asentó que al trasladarse a la Estación Migratoria de esa ciudad, le fue informado que los quejosos Jhonatan Ricardo Elías Aquije y Lucero Nathaly Maldonado Flores, fueron puestos en libertad el catorce de noviembre de dos mil veintidós y Paulo Nicolás Neglia Maldonado, el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. En ese contexto, al tomar en consideración que los directos quejosos no se encuentran alojados en las instalaciones migratorias en esta ciudad y que han obtenido su repatriación voluntaria; resulta evidente que dichas personas se encuentran en libertad, por lo que se advierte que han cesado los efectos de los actos reclamados; pues éstos se dejaron sin efecto, como si no hubieran invadido la esfera jurídica de los directamente agraviados; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues basta imponerse del contenido de los autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman los quejosos han cesado en sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, se estima procedente desechar de plano la demanda promovida a favor de los directos quejosos Jhonatan Ricardo Elías Aquije, Lucero Nathaly Maldonado Flores y Paulo Nicolás Neglia Maldonado. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se considera de mayor beneficio para los directamente agraviados que tengan conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo (no obstante de que ésta no haya sido ratificada por aquellos) pues aun cuando se lograra su ratificación en nada variaría el sentido del proveído ante las actuaciones realizadas por las responsables. Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto de los quejosos Jhonatan Ricardo Elías Aquije, Lucero Nathaly Maldonado Flores y Paulo Nicolás Neglia Maldonado. Comuníquese lo anterior a las partes, y háganse las anotaciones en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Por otra parte, atendiendo a lo precisado en párrafos que preceden, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa él que se indicó en el escrito de demanda. En otro contexto, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que mediante oficio SEADS/669/2022 de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de la misma fecha, determinó la readscripción de la Jueza Martha Blake Valenzuela, al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del uno de enero de dos mil veintitrés. En consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo. Por último, sólo para su conocimiento, se hace saber a las partes que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, a partir del día dieciséis de enero del presente año, este Juzgado cambia su denominación a Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y conserva su actual jurisdicción territorial pero con competencia mixta, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente, la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por el licenciado José Alejandro Ortiz Monroy, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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