Jesús Tomás Fajardo Aispuro
Expediente 404/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 17 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 404/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 24/08/2021
Partes del expediente
- Jesús Tomás Fajardo Aispuro
- Dirección de Seguridad Pública Municipal de Playas de Rosarito, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio, ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo, dese los avisos de ley, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos que estimen necesarios, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos de los artículos décimo octavo, fracción I, inciso a), y vigésimo, fracción II, inciso a), ambos del Acuerdo General en cita, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y se negó y concedió la definitiva, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá´ seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo décimo octavo del Acuerdo General citado, y el duplicado, deberá´ destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegraran materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación, el presente proveído y demás que se consideren necesarios. Finalmente, se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino y en el duplicado del incidente la leyenda "destruible". Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, a las diez horas con diez minutos del veintidós de julio de dos mil veintiuno, hora y fecha señalados para la celebración de la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 404/2021-F, promovido por Jesús Tomás Fajardo Aispuro, contra actos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Playas de Rosarito y otras autoridades; ante la presencia de Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por el Secretario Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia de las partes, ni representante legítimo de ellas, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia. Conviene señalar que acorde con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, resulta innecesario que la presente audiencia constitucional se desahogue por videoconferencia; lo anterior, al no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo, y máxime que como se expondrá, para analizar el presente asunto habrá de tomarse en cuenta las manifestaciones vertidas por las partes, el análisis -en su caso- de las constancias remitidas por la autoridad responsable como justificación de sus actos y considerar el acto reclamado en forma valorada y concreta; siendo el caso que, con independencia de ello, las partes se encontraban en posibilidad de comparecer por escrito. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: A) Escrito inicial de demanda; B) Auto de siete de junio de dos mil veintiuno, por el que se admitió a trámite la demanda de amparo; C) Constancias de notificación a las autoridades señaladas como responsables; D) Informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, y; E) Auto de veinticuatro de junio de la presente anualidad en el que se tuvieron por inexistentes a las autoridades agente del Ministerio Público Supervisor de Playas de Rosarito, Baja California, Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida. Playas de Rosarito, Baja California, Fiscalía Especializada de Unidades Especializadas. Playas de Rosarito, Baja California, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Playas de Rosarito, Baja California, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Playas de Rosarito, Baja California, Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales. Playas de Rosarito, Baja California, Dirección General de Policía de Proximidad Social de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California. Playas de Rosarito, Baja California, Dirección General de Protección Institucional Y de Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California. Playas de Rosarito, Baja California, Dirección de Grupo Especial de Operaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California. Playas de Rosarito, Baja California, Dirección de Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California. Playas de Rosarito, Baja California, Dirección de Cumplimiento de Mandatos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California. Playas de Rosarito, Baja California, Coordinador de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Playas de Rosarito, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 1-1. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 1-2. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 1-3. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 1-4. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 1-5. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 1-6. Tijuana,Baja Claifornia, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 11-1. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 11-2. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 11-3. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 11-4. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 11-5. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 11-6. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 111-1. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 111-2. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 111-3. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 111-4. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 111-5. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 111-6. Tijuana, Baja California, Comandante de la Policía Ministerial de la Policía Ministerial de Playas de Rosarito de La Fiscalía General de Justicia del Estado. Playas de Rosarito, Baja California , Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial de Playas de Rosarito de La Fiscalía General de Justicia del Estado. Playas de Rosarito, Baja California y Comandante de la Guardia Estatal de Seguridad Playas de Rosarito, Baja California. Enseguida, el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación que antecede para todos los efectos legales conducentes. Abierto el periodo de pruebas el Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de prueba, por lo que se declara cerrado este periodo. En período de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la manifestación que realiza el Secretario y por precluido el derecho de las partes a formular alegatos; en consecuencia, al no haber alegatos pendientes por desahogar, se cierra el presente periodo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponde. Vistos, para resolver los autos del juicio de 404/2021-F, promovido por Jesús Tomás Fajardo Aispuro, contra actos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Playas de Rosarito y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el cuatro de junio de dos mil veintiuno por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido el siete de junio siguiente en este órgano jurisdiccional, Jesús Tomás Fajardo Aispuro, contra actos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Playas de Rosarito y otras autoridades. Cuyo acto reclamado hizo consistir en: "[.] IV.- ACTO Y/O OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME, se expresa con base en el siguiente cuadro. Reclamo lo siguiente: ( Los actos de molestia irreparable ( Actos de detención y/o captura. ( Posible privación de mi libertad personal, en previo proceso. ACTO DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMA En contra de: Todas las autoridades responsables ordenadoras. Se reclama la ejecución de cualquier acto en mi contra con el objeto de molestarme, y/o privarme de mi libertad [.]" ACTO DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMA De todas las autoridades ejecutoras. Segundo. Derechos humanos y garantías cuya violación se reclama. El quejoso señaló como derechos fundamentales constitucionales violados, los consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional en proveído de siete de junio de dos mil veintiuno, admitió la demanda de amparo; solicitó a las autoridades señaladas como responsables los informes justificados, quienes lo rindieron oportunamente; se dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Cuarto. Inexistencia de autoridades. Mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se tuvieron por inexistentes a las autoridades que el quejoso denominó agente del Ministerio Público Supervisor de Playas de Rosarito, Baja California, Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida. Playas de Rosarito, Baja California, Fiscalía Especializada de Unidades Especializadas. Playas de Rosarito, Baja California, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Playas de Rosarito, Baja California, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Playas de Rosarito, Baja California, Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales. Playas de Rosarito, Baja California, Dirección General de Policía de Proximidad Social de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California. Playas de Rosarito, Baja California, Dirección General de Protección Institucional Y de Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California. Playas de Rosarito, Baja California, Dirección de Grupo Especial de Operaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California. Playas de Rosarito, Baja California, Dirección de Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California. Playas de Rosarito, Baja California, Dirección de Cumplimiento de Mandatos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California. Playas de Rosarito, Baja California, Coordinador de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Playas de Rosarito, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 1-1. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 1-2. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 1-3. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 1-4. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 1-5. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 1-6. Tijuana,Baja Claifornia, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 11-1. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 11-2. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 11-3. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 11-4. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 11-5. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 11-6. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 111-1. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 111-2. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 111-3. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 111-4. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 111-5. Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de La República, Titular de la Célula 111-6. Tijuana, Baja California, Comandante de la Policía Ministerial de la Policía Ministerial de Playas de Rosarito de La Fiscalía General de Justicia del Estado. Playas de Rosarito, Baja California, Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial de Playas de Rosarito de La Fiscalía General de Justicia del Estado. Playas de Rosarito, Baja California y Comandante de la Guardia Estatal de Seguridad Playas de Rosarito, Baja California; motivo por el cual la sentencia que se dicte en el presente asunto no se ocupará de los actos atribuidos a ellas. Quinto. Mediante Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; y, en su artículo 1°, se estableció como nueva fecha límite para reanudación total de las actividades jurisdiccionales el treinta de junio de dos mil veintiuno; sin embargo, mediante diverso Acuerdo General 5/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudada en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante PJF), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de agosto de 2020 al 16 de agosto de 2021, a las 8:00 am, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el presente caso, del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que el peticionario del amparo señala como acto reclamado, el siguiente: La orden privativa de libertad girada en contra del quejoso y su ejecución. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del Tomo 76, del mes de Abril de 1994, correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto disponen "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En ese tenor de ideas, no es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables que a continuación se enlistan: No. Autoridad responsable Sentido 1 Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio, con residencia en esta ciudad. Niega. 2 Agente del Ministerio Público Federal Titular de la Célula IV-6 Tijuana, Baja California. Niega. 3 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-2 Tijuana, Baja California. Niega. 4 Agente del Ministerio Público de la Federación Encargado de la Célula V-II Investigadora con sede en Tijuana, Baja California. Niega. 5 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-1 Tijuana, Baja California. Niega. 6 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-4 Tijuana, Baja California. Niega. 7 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-6 Tijuana, Baja California. Niega. 8 Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Baja California. Niega. 9 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-1 Tijuana, Baja California. Niega. 10 Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Playas de Rosarito. Niega. 11 Director de Planeación, Prevención y Combate al Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playas de Rosarito, autoridad que el quejoso denominó Dirección de Seguridad Pública Municipal Playas de Rosarito. Niega. 12 Fiscal Regional de Playas de Rosarito. Niega. 13 Delegado Estatal en Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en Tijuana. Niega. 14 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-4 del Equipo de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Baja California. Niega. 15 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia IV-3 Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación el Estado. Niega. 16 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-5 Tijuana, Baja California. Niega. 17 Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Atención a Delitos Contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo, Playas de Rosarito, autoridad que el quejoso denominó Fiscalía Especializada en Narcomenudeo Playas de Rosarito. Niega. 18 Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República, titular de la célula IV-5, con residencia en esta ciudad. Niega. Ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara dichas negativas. Lo anterior es así ya que, la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, más no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de amparo, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal. De ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad de éste. Entonces, al no estar demostrado que con motivo de los hechos que relata la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, las autoridades responsables de que se trata hayan ordenado la ejecución de las ordenes privativas de libertad de las que se duele, es inconcuso que no son ciertos los aludidos actos reclamados. Apoya lo anterior, la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que se textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades de mérito, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya la presente determinación, la tesis de jurisprudencia: 36/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, Página: 5, con número de registro 196072 de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fec-ha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Asimismo, sirve de apoyo por los motivos que la integran, la jurisprudencia 2a./J. 3/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 15, Julio de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Cuarto. Son ciertos los actos reclamados a la diversa autoridad agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República, titular de la célula V-3, con residencia en esta ciudad, toda vez que, no obstante de encontrarse debidamente notificada para tal efecto, fue omisa en rendir el informe justificado requerido, por lo que con fundamento en el artículo 117 tercer párrafo, de la Ley de Amparo, procede presumir la certeza del acto que se le atribuye. Sobre el particular, es aplicable la tesis II.1o.P.35 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal". No obstante, cabe precisar que la presunción de certeza que se declara sólo es atribuible a los actos reclamados y no a los hechos en los cuales el quejoso basa su acción de amparo; por ende, aún corresponde al peticionario de amparo probar la inconstitucionalidad de los actos que reclama de la mencionada autoridad responsable. Lo anterior, en términos del precepto 149, de la Ley de Amparo y de conformidad con la jurisprudencia 7/94, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo." Quinto. Análisis de causas de improcedencia. Las causales de improcedencia deben analizarse de manera preferente e incluso oficiosamente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial número 814, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En virtud de lo anterior, y dado que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia del juicio de amparo, este Juzgado de Distrito procederá a examinar la legalidad del acto reclamado y los conceptos de violación respectivos. Sexto. Estudio de fondo. En el caso, el acto cuya existencia se presume, no resulta inconstitucional en sí mismo, por lo que el quejoso tenía la carga de demostrar que tal orden se dictó al margen del procedimiento legalmente establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que hayan cumplido con dicho extremo. En efecto, el artículo 117 de la Ley de Amparo, en sus párrafos primero, segundo y cuarto, dispone: "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. [.] Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1º de esta Ley". De la porción normativa transcrita, se tiene que la autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días más. También establece que entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. De igual forma, prevé que los informes rendidos fuera de los plazos establecidos podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos y que, si no se rindió el informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, correspondiendo al quejoso acreditar la inconstitucionalidad del acto, por no ser inconstitucional o inconvencional en sí mismo. En ese tenor, se estima, que la presunción de certeza recae sólo sobre el acto reclamado, más no respecto de las circunstancias que lo rodean, ya que la porción normativa en estudio establece de manera clara que ante la falta de informe con justificación "se presumirá cierto el acto reclamado" excluyendo, implícitamente, otro tipo de cuestiones, como son las relativas a la inconstitucionalidad de los actos. Entonces, al producirse la presunción prevista en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, lo único que el juzgador debe tener por cierto es el acto reclamado, más tal presunción no comprende los demás aspectos que lo rodean, al no existir precepto que así lo establezca. Debe señalarse, que un acto es en sí mismo violatorio de los derechos humanos y las garantías previstas para su protección en la Constitución Federal y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto por dicha Carta Magna, o a alguno de esos Tratados. En cambio, cuando la autoridad puede dar motivos, datos o pruebas conforme a las cuales dicho acto resultaría conforme a la Ley Fundamental o a los Tratados aplicables, entonces no es en sí mismo violatorio. Por ende, la inconstitucionalidad de un acto que en sí mismo es violatorio de derechos y garantías no está sujeto a prueba, ya que la contravención a la Ley Fundamental o al respectivo Tratado surge por la mera existencia del acto, de su naturaleza intrínseca, con independencia de otros elementos; como ejemplos de esto se pueden citar, la tortura, malos tratos o incomunicación, la orden de aprehensión que no proviene de autoridad judicial, el arresto por más de 36 horas, etcétera. Sería ilógico que ante un acto inconstitucional en sí mismo se recabaran pruebas, porque, con independencia de éstas, de cualquier manera, sería procedente conceder el amparo, por lo que el ofrecimiento y admisión de pruebas, en este caso, resultaría ocioso; lo anterior, porque precisamente en el presente asunto, el directo quejoso fue el que firmó su demanda de amparo, alegando como acto destacado la orden privativa de libertad girada en su contra, no obstante de que haya señalado como acto reclamado alguno de los proscritos por el artículo 22 Constitucional; sin embargo, éste no controvirtió dichos actos de manera autónoma y destacada, sino únicamente como consecuencia de la orden privativa de libertad que adujo las autoridades responsables giraron en su contra. De ahí que, se reitera, el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de la materia, establece que corresponde al quejoso probar la inconstitucionalidad de los actos que en sí mismos no son violatorios de derechos humanos y garantías; en cambio, no hace referencia expresa al caso contrario, ya que, cuando los actos son violatorios de tales derechos y garantías en sí mismos, no se requiere más prueba que la relativa a su existencia. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5910, tomo LXXII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. Según el artículo 49 de la Ley de Amparo, la falta de informe de la autoridad responsable, establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa, la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, es decir, no releva a dicha parte quejosa de la carga de la prueba, sino cuando el acto sea en sí mismo violatorio de garantías. En consecuencia, los Jueces de Distrito no pueden dar por probados los conceptos de violación, cuando la inconstitucionalidad dependa de ciertos hechos susceptibles de ser acreditados en el juicio, no siendo correcto que se exprese "de los términos de la demanda, el acto reclamado resulta notoriamente violatorio de las garantías de la quejosa", pretendiendo fijar como hechos constitutivos del acto mismo las violaciones que se invocaron, porque dentro de este criterio, todos los actos reclamados resultarían violatorios de garantías, y lo que la ley requiere, es que el acto en sí, sea violatorio, como por ejemplo cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal". Establecido lo anterior, este juzgador estima que, si bien se tuvo por cierta la orden privativa de libertad emitida en contra del aquí quejoso (con motivo de la omisión de la autoridad responsable agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República, titular de la célula V-3, con residencia en esta ciudad, de rendir su informe justificado), ésta no es un acto inconstitucional en sí mismo, por lo que correspondía a ésta aportar las pruebas conducentes para evidenciar su falta de regularidad constitucional. Es decir, aunque su certeza se presumió por la falta de informe justificado de la autoridad precisada con anterioridad, ésta sólo comprende el acto reclamado y no los demás aspectos que lo rodean, ya que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas que tienen las responsables (ordenadoras) para emitir las órdenes restrictivas de libertad, circunstancia que impone una carga al quejoso con la cual, en la especie, no cumplió. Ahora bien, si se parte de la premisa de que tales actos no son inconstitucionales en sí mismos, pues el artículo 16, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a las autoridades como lo son las responsables ordenadoras para emitir órdenes de tal naturaleza fundando y expresando los indicios que motivaron su proceder. Por tanto es indiscutible que en el evento de reclamarse por la vía del amparo indirecto un mandato de esa naturaleza, como la inconstitucionalidad de la misma dependerá de los motivos, datos o pruebas en que se haya motivado el propio acto de autoridad, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo le correspondería a la parte quejosa probar esos motivos, datos o pruebas, y al no haber satisfecho el impetrante esa carga procesal, este Juzgador no se encuentra en posibilidad de analizar si tales actos reclamados son inconstitucionales. Ello es así, pues la inconstitucionalidad de tal acto depende de que no se hubiesen colmado las formalidades previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales, todas las personas gozan, entre otros, del derecho a la libertad personal que, en su ámbito más básico, es entendida como la capacidad de una persona de llevar a cabo sin intromisiones injustificadas sus propios actos, incluyendo la libertad de movimiento o libertad deambulatoria. Su ejercicio, como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es absoluto, sino que puede ser restringido o limitado con base en criterios de proporcionalidad. En cuanto a su restricción, se ha sostenido que para la afectación a la libertad de una persona deben concurrir una serie de requisitos constitucionales como la emisión de una orden de por escrito, debidamente fundada y motivada, emitida por autoridad competente. En el caso, entonces, si bien se tuvo como cierto el acto positivo consistente en la orden privativa de libertad emitida en contra del aquí quejoso, lo cierto es que éste no produce por sí mismo ninguna violación a sus derechos humanos o garantías de protección previstas en el parámetro de regularidad constitucional (constitución y tratados, así como su interpretación). Por tanto, dado que no aportó ninguna prueba para demostrar lo anterior, deben estimarse ineficaces en su conjunto sus conceptos de violación, toda vez que la parte quejosa debió demostrar que no se ajustó a las exigencias constitucionales para su dictado. Cabe agregar que, en la especie, no se actualizó la obligación oficiosa de este órgano judicial de amparo de recabar pruebas o actuaciones procesales prevista en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, pues ésta sólo opera cuando la autoridad responsable ya rindió su informe con justificación y siempre que se estimen necesarias para la emisión de la sentencia constitucional. Sin embargo, cuando las autoridades responsables son omisas en rendir su informe, como en la especie, debe aplicarse el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, el cual establece que corresponde la parte quejosa demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, cuando no sean violatorios de derechos humanos en sí mismos. En consecuencia, debe negarse el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al quejoso en contra del acto que reclamó al agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República, titular de la célula V-3, con residencia en esta ciudad, consistente en la orden privativa de libertad emitida en contra del aquí quejoso. Séptimo. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Atento a lo expuesto, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y aplicables de la Ley de Amparo, es procedente resolver y, por ende, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jesús Tomás Fajardo Aispuro, por los actos reclamados a las autoridades señalados en el considerando segundo; por los fundamentos y motivos expuestos en el diverso tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a Jesús Tomás Fajardo Aispuro, respecto del acto atribuido a la autoridad responsable precisada en el considerando cuarto, por los razonamientos vertidos en el considerando sexto de este fallo. Tercero. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha aún no transcurre el término que refiere el segundo párrafo del artículo 117, de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable en auto de treinta de junio último. Atento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con diez minutos del veintidós de julio de dos mil veintiuno, para la celebración. Notifíquese.
- Incidental
Tijuana, Baja California, seis de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha feneció el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa en resolución de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, para que exhibiera ante este juzgado la garantía fijada a efecto de que surtiera efectos la suspensión definitiva; en consecuencia, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, se determina que deja de surtir efectos la suspensión definitiva, por lo que se le deberá hacer del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables que queda expedita su jurisdicción para la ejecución del acto reclamado, sin responsabilidad alguna. Notifíquese.
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