Joaquín Ayon Rivera

Expediente 153/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
153/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Joaquín Ayon Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, se advierte que no le ha sido posible al actuario de la adscripción, notificar de manera personal al quejoso Joaquín Ayón Rivera, el auto de doce de diciembre del año en curso, por las razones vertidas en la misma; en consecuencia, túrnense los autos a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, a fin de que a la brevedad posible, se constituyan en las instalaciones del Centro de Reinserción Social, en esta ciudad, y notifiquen de manera personal al quejoso, el referido proveído. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexos de cuenta, remitido por el Juez de Control Especializado en Ejecución, del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que en la carpeta de ejecución con número 1754/2019, iniciada con motivo de la controversia sobre el régimen de visita, planteada por la persona privada de su libertad personal Joaquín Ayón Rivera, aquí quejoso, tanto su defensa como aquél, en audiencia de veintisiete de diciembre de año en curso, se desistieron de la controversia planteada por cuanto a su régimen de visita, pues manifestaron que actualmente ya se encuentra regularizada la visita que recibe el privado de su libertad por parte de la de nombre Angelina Flores Pérez. Asimismo, la autoridad responsable ofrece como prueba un disco compacto relativo a la audiencia celebrada el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de ejecución 1754/2019; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, lo que se relacionará al momento de celebrarse la audiencia constitucional. No obstante lo anterior, una vez reproducido el mismo, se advierte que contiene una diversa diligencia a la que menciona en su oficio, esto es, contiene la videograbación de la audiencia celebrada el uno de octubre de dos mil diecinueve, a las once horas con cuarenta y ocho minutos, correspondiente a la carpeta de ejecución 1356/2019, instruida en contra de Alberto Regalado Ojeda, por el delito de privación ilegal de la libertad. En consecuencia, requiérase a la autoridad judicial mencionada para que en el plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional, el disco compacto relativo a la audiencia celebrada el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de ejecución 1754/2019, iniciada con motivo de la controversia sobre el régimen de visita, planteada por la persona privada de su libertad personal de nombre Joaquín Ayón Rivera, aquí quejoso. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo solicitado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que equivalen a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada en diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, ello, conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, al resultar innecesaria la retención del disco compacto que acompañó la autoridad responsable a su oficio de mérito, devuélvase el mismo a su remitente. Notifíquese.

  2. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, en audiencia pública Juan Domingo Valadez Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, encargado del despacho, por vacaciones de la Titular, conforme al oficio número CR./CJD./002/7219/2019, signado por el Secretario de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Claudia Lilia Álvarez González, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procedió a celebrar la audiencia incidental en el artículo 144, de la Ley de Amparo, sin la comparecencia de las partes. Abierta la audiencia incidental: la Secretaria hace una relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: copia del auto donde se tuvo por admitida la demanda de amparo (fojas 1 y 2), escrito de demanda (fojas 3 a 4); auto donde se concede la suspensión provisional de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 5 a 8). El Secretario encargado del despacho acuerda: téngase por hecha la relación de constancias de autos. Abierto el periodo probatorio, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de prueba. Por lo que se cierra la presente etapa. El Secretario encargado del despacho acuerda: con lo anterior se da por concluido dicho periodo. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria da cuenta al Secretario encargado del despacho por vacaciones de la Titular, que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. El Secretario encargado del despacho acuerda: Téngase por hecha la manifestación que antecede, asimismo, por precluido el derecho de las partes para hacerlo, con lo que cierra el periodo. Por último, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar resolución. Doy fe. V I S T O S, para dictar resolución dentro de los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 153/2019-E, promovido por Joaquín Ayón Rivera, por propio derecho, contra actos del Juez de Control en Ejecución del Poder Judicial de Baja California; y, R E S U L T A N D O: Primero. El quejoso solicita la suspensión definitiva del acto reclamado, consistente en:  La omisión de no dictar resolución en el cuaderno de ejecución 1754/2019. Segundo. En auto de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se proveyó lo conducente respecto de la suspensión provisional de los actos reclamados, se requirió a la autoridad responsable para que rindiera el informe previo, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 36, 114, y demás relativos de la Ley de Amparo, así como 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Certeza del acto reclamado. Se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Control en Ejecución del Poder Judicial de Baja California, toda vez, así lo manifestó al rendir su informe previo. Tercero. Suspensión definitiva. A fin de resolver sobre conceder o negar la suspensión definitiva, es necesario precisar para qué efectos se solicita y cuál es el acto reclamado. La parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, la omisión de no dictar resolución en el cuaderno de ejecución 1754/2019. El artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos que deben concurrir para decretarse la suspensión, los cuales son básicamente: I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, se reúnen los requisitos previstos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, ya que la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa; además, con el otorgamiento de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. Por tanto, con fundamento en los artículos 147 y 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable provea lo necesario a efecto de emitir la resolución respectiva, en el expediente de ejecución 1754/2019. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial pendiente de publicar, número 70/2019, Decima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Contradicción de tesis 85/2018. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito y el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 16 de enero de 2019. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Leticia Guzmán Miranda. Tesis y/o criterios contendientes: El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 123/2017, en el que sostuvo que no era procedente otorgar a suspensión en contra de la omisión de ejecutar una sentencia dictada en el juicio de origen, porque los actos reclamados medularmente tienen el carácter de omisivos, los que se caracterizan porque la autoridad se abstuvo de actuar, esto es, se rehusó a hacer algo, o no contestó no obstante existir una solicitud expresa del gobernado, por lo que de concederse la suspensión se darían efectos restitutorios al obligar a la autoridad a actuar en el sentido que ordena la garantía, lo cual es propio de la sentencia que se dicte en el juicio principal. El emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 122/2013-245, que dio origen a la tesis aislada I. 1o.A.3 K (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES EN RELACIÓN CON CIERTOS ACTOS DE ABSTENCIÓN EN LOS CASOS EN QUE SEA POSIBLE JURÍDICA Y MATERIALMENTE, CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY DE AMPARO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, página 1911, con número de registro digital 2004808. LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA, SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 78, fracción XXVIII, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis jurisprudencial, fueron aprobados en sesión privada de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Ciudad de México, a dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Doy fe Ahora bien no pasa inadvertido que la autoridad responsable Juez de Control en Ejecución del Poder Judicial de Baja California, en oficio registrado con el número de correspondencia 1366, del índice de este Juzgado Federal, rindió su informe previo, donde se aprecia que señalo las diez horas del veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, para resolver respecto a la carpeta de ejecución 1754/2019, sin embargo no se advierte que a la fecha hubiese emitido la resolución respecto a la petición del quejoso lo que pone de manifiesto que no ha dejado su actitud omisiva. Por tanto, lo conducente es conceder la suspensión definitiva para los efectos ya precisados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138, 141, 144 y 146, todos de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: Único. Se concede la suspensión definitiva a Joaquín Ayón Rivera, por propio derecho, contra actos del Juez de Control en Ejecución del Poder Judicial de Baja California, en los términos precisados en el segundo y tercer considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de demanda de amparo presentada por Joaquín Ayón Rivera, contra actos del Juez de Control en Ejecución del Poder Judicial de Baja California, con sede en esta ciudad, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia al día siguiente; esto es, el tres de abril de dos mil trece, aplicable en el presente asunto; se admite la demanda en sus términos y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 153/2019-E. Incidente de suspensión Fórmese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo. Audiencia constitucional Se señalan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del quince de enero de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. Informe justificado Pídase a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que reciba el oficio con transcripción del presente auto, manifestando categóricamente si es o no cierto el acto reclamado. Asimismo, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo; de igual forma, hágasele saber que el informe deberá estar agregado a los autos ocho días anteriores a la celebración de la audiencia constitucional. Apercibida que de no cumplir, o rinda su informe fuera del término señalado, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el artículo 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa de $8.449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), equivalente a cien unidades de medida y actualización, la cual se utiliza como referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, misma que en el año dos mil diecinueve, asciende cada una a la cantidad diaria de ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Tercero interesado Sin que por el momento haya lugar a designar tercero interesado en el presente juicio de amparo, hasta en tanto se rinda el informe justificado, en virtud de que hasta este momento no se tienen datos para corroborar si se actualiza alguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Causas de sobreseimiento Con fundamento en los artículos 64, 238 y 251, de la Ley de Amparo, se apercibe a las partes, que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, o notorias causa de improcedencia y no la comuniquen, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el artículo 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos moneda nacional), equivalente a treinta unidades de medida y actualización, la cual se utiliza como referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, misma que en el año dos mil diecinueve, asciende cada una a la cantidad diaria de ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Agente del Ministerio Público de la Federación Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente corresponde, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 5, de la Ley de Amparo. Obligatoriedad de recibir oficios Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que conforme lo dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está obligada a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar en que se encuentren; y que la notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y si se negare a recibir dichos oficios, se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga. Asimismo; en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables y de aquéllas autoridades que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por la importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por los delegados o autorizados. Domicilio y autorizados Ahora bien, del escrito de demanda se desprende que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social, con sede en esta ciudad; por consiguiente, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente al quejoso, en dicho centro carcelario, el presente proveído así como los subsecuentes que se dicten, entregándole copia del proveído que se le notifique. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones del quejoso en donde está recluido; esto es, en el Centro de Reinserción Social, de esta ciudad. Con fundamento en el artículo 110, último párrafo de la Ley de Amparo, expídanse las copias faltantes del ocurso de cuenta; toda vez, que la parte quejosa se encuentra privada de su libertad. Días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los Actuarios adscritos a este Juzgado, estén en posibilidad de notificar las actuaciones dictadas en este juicio, que por su carácter lo requieran, lo anterior, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de la materia. Designación de defensor público A efecto de salvaguardar los derechos de Joaquín Ayón Rivera, atento a lo dispuesto con fundamento en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, gírese oficio al Coordinador del Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, anexando copia simple de la demanda, para que dentro de plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, designe a un profesionista que pueda fungir como autorizado del quejoso en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 43/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, agosto de dos mil diecinueve, Tomo II, página 1301, cuyo rubro y texto son los siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. Por otro lado, con fundamento en el artículo 110, último párrafo de la Ley de Amparo, expídanse las copias faltantes del ocurso de cuenta; toda vez, que la parte quejosa se encuentra privada de su libertad. Transparencia y digitalización Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Por último, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente al quejoso.

  4. Incidental

    Tijuana, Baja California, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la copia simple de la demanda, fórmese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 153/2019-E, promovido por Joaquín Ayón Rivera, contra actos del Juez de Control en Ejecución del Poder Judicial de Baja California, con sede en esta ciudad. Audiencia incidental Se fijan las once horas con treinta y cinco minutos del once de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Informes previos Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 136, 138, 140 y 260, todos de la Ley de Amparo, aplicable en el presente asunto, pídase a la autoridad responsable el informe previo, mismo que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, y manifestar categóricamente si son o no ciertos los actos reclamados, expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión provisional, y proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes conforme lo establecido en el artículo 140 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que conforme lo dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que se le dirijan, en materia de amparo, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar en que se encuentren. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y si se negare a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga, el actuario deberá hacer constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia, y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. De igual forma se les hace saber que la falta de la rendición oportuna de su informe, esto es, antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción I, de la ley de la materia se le impondrá una medida de apremio consistente en multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8.449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), la cual se utiliza como referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, misma que en el año dos mil diecinueve, asciende cada una a la cantidad diaria de ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo En el entendido, que la falta de la rendición de los informes hará presumir cierto el acto reclamado, de conformidad con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y se impondrá a la autoridad responsable, multa similar a la descrita en el párrafo anterior. Por otra parte, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2 012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en el presente incidente de suspensión, únicamente les serán notificadas por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por los delegados o autorizados. Concesión de la suspensión provisional La parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, la omisión de no dictar resolución en el cuaderno de ejecución 1754/2019. El artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos que deben concurrir para decretarse la suspensión, los cuales son básicamente: I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, se reúnen los requisitos previstos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, ya que la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa; además, con el otorgamiento de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. Por tanto, con fundamento en los artículos 147 y 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable provea lo necesario a efecto de proveer lo conducente a efecto de emitir la resolución respectiva, en el expediente de ejecución 1754/2019, formado con motivo de la solicitud presentada por el ahora quejoso Joaquín Ayón Rivera. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial pendiente de publicar, número 70/2019, Decima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Contradicción de tesis 85/2018. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito y el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 16 de enero de 2019. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Leticia Guzmán Miranda. Tesis y/o criterios contendientes: El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 123/2017, en el que sostuvo que no era procedente otorgar a suspensión en contra de la omisión de ejecutar una sentencia dictada en el juicio de origen, porque los actos reclamados medularmente tienen el carácter de omisivos, los que se caracterizan porque la autoridad se abstuvo de actuar, esto es, se rehusó a hacer algo, o no contestó no obstante existir una solicitud expresa del gobernado, por lo que de concederse la suspensión se darían efectos restitutorios al obligar a la autoridad a actuar en el sentido que ordena la garantía, lo cual es propio de la sentencia que se dicte en el juicio principal. El emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 122/2013-245, que dio origen a la tesis aislada I. 1o.A.3 K (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES EN RELACIÓN CON CIERTOS ACTOS DE ABSTENCIÓN EN LOS CASOS EN QUE SEA POSIBLE JURÍDICA Y MATERIALMENTE, CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY DE AMPARO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, página 1911, con número de registro digital 2004808. LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA, SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 78, fracción XXVIII, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis jurisprudencial, fueron aprobados en sesión privada de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Ciudad de México, a dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Doy fe Domicilio y autorizados Ahora bien, del escrito de demanda se desprende que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social, con sede en esta ciudad; por consiguiente, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente al quejoso, en dicho centro carcelario, el presente proveído así como los subsecuentes que se dicten, entregándole copia del proveído que se le notifique. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones del quejoso en donde está recluido; esto es, en el Centro de Reinserción Social, de esta ciudad. Con fundamento en el artículo 110, último párrafo de la Ley de Amparo, expídanse las copias faltantes del ocurso de cuenta; toda vez, que la parte quejosa se encuentra privada de su libertad. Días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los Actuarios adscritos a este Juzgado, estén en posibilidad de notificar las actuaciones dictadas en este juicio, que por su carácter lo requieran, lo anterior, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de la materia. Solicitud de copias Finalmente; en atención a la solicitud del impetrante de amparo; entréguese por conducto del actuario judicial adscrito, copia simple del presente auto, al quejoso Joaquín Ayón Rivera, toda vez que se encuentra privado de su libertad. Transparencia y digitalización Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Por último, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese.

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