Jhoan Sebastian Jiménez Estevez
Expediente 921/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 921/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/12/2022
Partes del expediente
- Jhoan Sebastian Jiménez Estevez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la constancia actuarial suscrita por la actuaria de la adscripción de la que se advierte la imposibilidad de localizar al directo quejoso ********************, en virtud de que mediante oficio ********************, de doce de noviembre de dos mil veintidós, signado por el Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Baja California, del cual da fe que se desprende que se concedió al directo agraviado ******************** permiso de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas durante el término que dure el expediente de amparo y se emita su resolución y que de firma la misma. DESECHAMIENTO Ahora bien, conviene precisar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo y en atención a la causa de pedir del quejoso, se obtiene que la parte promovente hace consistir el acto reclamado en: "1.- Privación de la Libertad Injustificada en contra del quejoso. Lo anterior se llevó a cabo por parte de las autoridades señaladas como responsables, las cuales detuvieron y/o alojaron al quejoso trasladándolo a la Estación Migratoria ubicada en el Boulevard Esmeralda sin número cruce con calle Cuarzo en el Fraccionamiento Esmeralda C. P. 22610 de la ciudad de Tijuana Baja California, lugar donde ha permanecido más de 36 horas, lo que contraviene a lo establecido en el artículo 21 párralo cuarto de nuestra Carta Magna la cual establece que el límite másimo de temporalidad para los arrestos o sanciones de carácter administrativo son 36 horas lo que resulta violatorio de garantías hacia el quejoso. 2.- La probable deportación, expulsión, repatriación asistida e incomunicación del quejoso. Resulta necesario establecer que el artículo 126 de la Ley de Amparo, prevé que la suspensión de oficio y de plano, se otorgará cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien cuando se tratare de un acto que si llegaran a consumar, haría lísicamente imposible restituir a los quejosos en el goce del derecho humano reclamado. 3. La fianza o garantía que solicitan las autoridades administrativas señaladas como responsables, requisito que se pretende aplicar al quejoso en términos del artículo 102 inciso a) de la Ley de Migración. Dicho acto de autoridad viola y excede lo estipulado por el artículo 21 constitucional la cual goza de supremacía constitucional frente a esta ley secundaria, disponiendo que únicamente compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad y no una fianza o garantía exigida al quejoso. 4. La aplicación inconstitucional del artículo 111 de la Ley de Migración. Dicho precepto legal faculta a las autoridades migratorias a resolver sobre la detención y/o alojamiento del impetrante de garantías en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de su presentación, dando pie a la inconstitucionalidad del acto que se reclama ya que dicho precepto legal conculca y daña su estera jurídica, contraponiéndose a lo establecido en el artículo 21 párrafo IV Constitucional en donde deja estrictamente establecido que la temporalidad a la que puede estar sujeta una persona a una autoridad Administrativa es un máximo 36 horas. 5.- La incomunicación a la que ha sido expuesto el quejoso. Hasta la fecha las autoridades señaladas como responsables han creado un ambiente de hermetismo y sigilo, al no permitir que el quejoso pueda realizar llamadas con sus familiares, visita y asesoría legal al interior de la Estación Migratoria ubicada en el Boulevard Esmeralda sin número cruce con calle Cuarzo en el Fraccionamiento Esmeralda C. P. 22640 de la ciudad de Tijuana Baja California; resulta violatorio a sus garantías a las luz de lo establecido en el numeral 22 de nuestra Carta Magna, en apego al artículo 15 de la ley de Amparo y relativo al 126 de la misma ley, los cuales en su estricta aplicación concuerdan con el cese inmediato de la incomunicación al cual está siendo objeto el quejoso. 6.- La falta de debido proceso en perjuicio del quejoso. En virtud de que hasta la presente fecha las autoridades señaladas como responsables no le han informado, cual es la infracción o violación que él ha cometido en perjuicio de algún reglamento o norma jurídica, debiendo las responsables fundamentar y motivar el acto que se les reclama, lo anterior resulta inconstitucional a la luz de lo estipulado en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, el cual deja establecido que los gobernados gozaran de garantía de seguridad jurídica antes de cualquier acto privativo de sus derechos, teniendo como primicia el derecho fundamental al debido proceso. 7. La presunción de inocencia del hoy quejoso. Se vulnera al ser expulsado, deportado o asistido o repatriado a su lugar de origen, transgrediendo el principio de presunción de inocencia consagradas en el artículo 20 apartado B fracción I, esto en virtud de que hasta la presente fecha no ha sido escuchado." Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2004, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, toda vez que de la actuaria de la adscripción se advierte la imposibilidad de localizar al directo quejoso ********************, en virtud de que mediante oficio ********************, de doce de noviembre de dos mil veintidós, signado por el Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Baja California, del cual da fe la actuaria judicial que se desprende que se concedió al directo agraviado ******************** permiso de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas durante el término que dure el expediente de amparo y se emita su resolución y quede firma la misma. De ahí que, resulta evidente que, el citado quejoso quedó en libertad desde el doce de noviembre de dos mil veintidós. De lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado; toda vez que se dejaron sin efecto los actos que en esta vía se combaten, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del directamente agraviado ********************; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que el acto reclamado en este juicio de amparo, consistente en: -La orden de deportación, expulsión o repatriación a su país de origen; -Incomunicación, -Violación a la libertad de tránsito y arbitraria detención. -Posible imposición de la Fianza. Actos que han cesado sus efectos, toda vez que la autoridad responsable emitió oficio de salida ********************, a través del cual el directo agraviado ********************, fue liberado en doce de noviembre del año en curso, al haberle otorgado permiso de visitante para realizar actividades remuneradas. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo del amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causa de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama el agraviado quejoso ********************, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional; de ahí que se deseche de plano la demanda promovida a favor del directo quejoso. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se considera de mayor beneficio para los directamente agraviados que tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo (no obstante de que ésta no haya sido ratificada por éstos) pues aun cuando se lograra su ratificación en nada variaría el sentido del fallo ante las actuaciones realizadas por las responsables y, a su vez, se evita la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que los directamente agraviados estén en posibilidad de promover oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos en caso de considerarlo necesario. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto del quejoso ********************; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Finalmente, toda vez que el quejoso se encuentran en libertad y no existe diverso domicilio donde pueda ser notificado, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa, el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Notifíquese; y por lista al quejoso
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por el promovente de amparo, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado el doce de noviembre del año en curso, informa que desconoce dónde puede ser localizado el directamente agraviado. Ahora, toda vez que del escrito inicial se demanda se advierte que el directo agraviado fue retenido en el Aeropuerto internacional de esta ciudad, en obvio de mayores dilaciones procesales y con el propósito de tener certeza de que en su caso no se haya realizado alguna actuación que pudiera desprender desacato a la suspensión de plano otorgada al directo quejoso y tener certeza del motivo de su ingreso y egreso en la Estación Migratoria de esta ciudad, se requiere a las autoridades responsables migratorias, realicen las gestiones necesarias a efecto de que brinden apoyo a los Actuarios de la adscripción para que éstos puedan realizar las siguiente encomiendas: - Acceder a la Estación Migratoria de esta ciudad, al área de alojamiento, con el propósito de que puedan vocear al directamente agraviado Jhoan Sebastián Jiménez Estevez, a efecto de que tales fedatarios puedan verificar que a la fecha aquél no se encuentra alojado en dicha estancia. - Tener a la vista el documento o en su caso el archivo que en sistema obre del cual se pueda advertir el motivo del ingreso y egreso del impetrante mencionado, así como en su caso la toma de fotografías y copias de tales archivos o documentos. En consecuencia, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios de la adscripción a efecto de que se traslade a la Estación Migratoria de esta ciudad, y con copia del acuse de recibo del oficio mediante el cual se notifica a las autoridades responsables el presente proveído, solicite el apoyo solicitado del personal que en su caso se haya comisionado para tal efecto. Asimismo, se encomienda al actuario respectivo que en el caso que con motivo de la carga laboral de las autoridades responsables no pueda dar cumplimiento a lo anterior en su primera búsqueda, entonces se coordine con dicho personal, a efecto de que a la brevedad se pueda realizar lo antes precisado o bien informen el impedimento legal que se tenga para ello, a efecto de que este Órgano Jurisdiccional pueda proveer lo conducente. Apercibidas las autoridades responsables, que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo, se harán acreedores -en lo particular-, a una multa de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización. Finalmente, el Actuario de la adscripción deberá elaborar acta circunstanciada de las gestiones realizadas a fin de lograr la encomienda planteada. Notifíquese.
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Tijuana, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la autoridad responsable, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento de doce de noviembre de la presente anualidad, sin que haya lugar tener por rendido el informe en relación a la suspensión de plano decretada en el presente asunto, por sí y en representación de todas las autoridades señaladas como responsables de dicho Instituto, virtud de que de la constancia actuarial del fedatario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional de esa misma fecha, se desprende que no encontró registro de que el directo quejoso esté ingresado en dicha estancia migratoria. Notifíquese.Así lo acordó y firma Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria en Funciones de Jueza del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, autorizada mediante oficio CCJ/ST/5159/2022, quien actúa ante Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Tijuana, Baja California, doce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Ramón Sánchez Reyes, a favor de Jhoan Sebastián Jiménez Estevez, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo número 921/2022-F. Suspensión de plano. Ahora, toda vez que en el escrito inicial se señalan como actos reclamados destacados los siguientes: La orden de deportación, expulsión o repatriación a su país de origen; Incomunicación, Violación a la libertad de tránsito y arbitraria detención. Posible imposición de la Fianza. Se provee en los siguientes términos: I.- SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LA INCOMUNICACIÓN, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN O CUALQUIER OTRO ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO O 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Por cuanto hace a los actos reclamados por la parte promovente de amparo consistentes en la incomunicación, o cualquier otro acto prohibido por el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que dice ser objeto el directo quejoso Jhoan Sebastián Jiménez Estevez, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cesen de inmediato tales actos, en caso de que se estén ejecutando o, en su caso, no se lleven a cabo, si es que se ordenaron. Ahora, con relación a los actos consistentes en la retención del directo agraviado con fines de deportación o expulsión del país, así como su ejecución; y, considerando que hasta el momento no se tiene certeza de cuál es la situación migratoria del directo accionante, a fin de velar por una protección más amplia para el impetrante, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los ordinales 1, 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a Jhoan Sebastián Jiménez Estevez, la suspensión de plano, en los siguientes términos: 1. Se insiste, que al desconocerse en este momento la situación migratoria del agraviado, se concede para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo. 2. No se ejecute ningún acto que traiga como consecuencia la deportación del agraviado, y quede a disposición de este Juzgado de Distrito, sólo en lo que atañe a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias únicamente para los efectos de la determinación de su situación migratoria, en el sitio en que estime la misma de acuerdo a sus facultades administrativas, y bajo su más estricta responsabilidad deberán observar en todo momento las obligaciones que les impone la Ley de Migración y evitar tratos discriminatorios o violación de derechos, para lo cual están obligadas a respetar la dignidad inherente al ser humano. 3. En el entendido que los efectos de esta suspensión de plano no impiden a las autoridades responsables resolver lo conducente respecto de su situación migratoria. Es decir, la suspensión de plano concedida, únicamente es para el efecto de que no se ejecuten los actos de deportación del quejoso. 4. De igual manera, en caso de que el referido agraviado se encuentre en las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad, no deberá ser trasladado a diversa Estación Migratoria del país; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo, en términos de los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo. Empero, si al resolver la situación migratoria de aquél (sobre lo cual no se concede la medida suspensiva) las autoridades responsables, determinan que no procede la deportación, sino una figura diversa que califique el estatus en que se ubican el extranjero quejoso; e inclusive, a consecuencia de ello, resulte procedente ordenar su libertad, podrán realizarlo, al no abarcar la suspensión concedida tal aspecto, siempre y cuando derive de un proceso migratorio. 5. Así las cosas, si la detención del agraviado Jhoan Sebastián Jiménez Estevez, no tiene relación con la comisión de un delito ni con un procedimiento migratorio deberá ser puesto en libertad de inmediato, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. II. SUSPENSIÓN DE PLANO EN CASO DE QUE EL QUEJOSO ESTÉ SUJETO A UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO. 6. Se deberá dejar al quejoso en inmediata libertad, pero sólo en el caso de que ya hayan transcurrido más de las veinticuatro horas a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración, sin que existiera constancia de que se haya emitido el acuerdo de presentación al momento de la interposición de la demanda, así como las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 del referido ordenamiento, como término máximo para ello; lo cual, es acorde con el artículo 21, párrafo cuarto, Constitucional. Tal criterio derivó de la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en la ciudad de Mexicali, dentro del recurso de queja administrativa 193/2022, de su índice, interpuesto dentro del juicio de amparo 559/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, y se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, indicándole a las autoridades responsables que la seguridad y custodia del directo agraviado queda bajo su más estricta responsabilidad, debiendo además tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. 7. Por otra parte, por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad del directo agraviado dentro de un procedimiento migratorio, debe destacarse que de una lectura integral al escrito de demanda, el promovente indicó que el quejoso se encuentra en las oficinas de Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Tijuana, Baja California, y que es de nacionalidad Colombiana. Así también, refiere que el directo quejoso -al parecer- fue detenido en esta ciudad, sin haber cometido delito en flagrancia. Por tanto, tomando en consideración que del ocurso de demanda -de manera indiciaria- se aprecia que el agraviado, hasta esta data en que se resuelve sobre la suspensión de plano solicitada, se encuentra sujeto a un procedimiento administrativo ante las autoridades del Instituto Nacional de Migración, o uno diverso. En este sentido, tomando en cuenta que el juzgador puede adoptar medidas cautelares en los términos de las legislaciones internacionales conforme a los artículos 2 y 5 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 y 102 de la Ley de Migración y el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas a protección internacional emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tanto, con fundamento en los artículos 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión a Jhoan Sebastián Jiménez Estevez, del acto consistente en la retención dentro de un procedimiento administrativo, para el efecto de que cese el alojamiento del que es sujeto en la Estación Migratoria de la Ciudad de Tijuana y sea puesto en libertad -siempre y cuando cumpla con los requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley de Migración, bajo los siguientes parámetros y sin limitar las facultades reglamentarias de la propia autoridad.- I.- Que el quejoso establezca un domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecerá residiendo. II.- Que se comprometa a permanecer en este domicilio, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio correspondiente. III.- Que se comprometa ante las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración, a presentarse ante ellas, cuantas veces le sea exigido. IV.- Que se presente en favor del quejoso la solicitud con responsiva firmada por un garante (ya sea ciudadano mexicano u organización social mexicana). V.- Que dicho garante o representante legal, en caso de una persona moral, se presente ante las autoridades migratorias, y ratifique su aceptación. VI.- Que el garante además de satisfacer los requisitos que la propia normatividad que rija a las autoridades responsables exijan, acredite lo siguiente Su nacionalidad Mexicana. No tener antecedentes penales. Residencia en los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito o Tecate, que conforman este Distrito judicial, con una antigüedad mínima de un año anterior a la fecha en que ratifique la aceptación del cargo de garante. Para ello, deberá de presentar ante las propias autoridades responsables, la documentación del domicilio que acredite su estabilidad en el mismo en el periodo indicado Informar y acreditar la realización de una actividad lícita y lucrativa estable, en un periodo no menor a un año, anterior a la aceptación de su cargo; o bien que cuenta con ingresos constantes y suficientes en el periodo indicado, que revelen su solvencia económica para fungir como aval durante todo el tiempo que dure el juicio de amparo y el procedimiento ante la autoridad responsable. Que al aceptar el cargo, además de afirmar bajo protesta de decir verdad que se conduce con verdad, exprese que acepta el cargo sin ánimo de lucro y con fin altruista. Acredite que cuenta con un lugar amplio y digno, en el que se comprometa a dar alojamiento el directo quejoso, en el caso de que el domicilio que éstos señalen coincida con el que proporcione el quejoso. Todos los anteriores requisitos deberán ser acreditados ante la autoridad Migratoria. VII.- De igual manera, se conmina a las autoridades responsables migratorias para efecto de que la garantía que en su caso se fije al directo quejoso, no exceda de $15,000.00 pesos (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), ello a fin de que pueda ser asequible para el promovente del amparo y no convertir el alojamiento en la regla general en demerito de la libertad del quejoso. Lo anterior sin perjuicio de que, por un lado, el impetrante pueda acreditar su insolvencia económica ante la autoridad, en cuyo caso ésta deberá resolver sobre la reducción de la garantía o bien eximirlo de presentarla; o en todo caso, si la autoridad recaba información que revele una capacidad económica mayor del quejoso y advierte otras circunstancias que hagan objetivo el aumento del riesgo de evasión, pueda, fundando y motivando, incrementar esa suma: lo cual deberá hacer saber de inmediato a este tribunal. En caso de que tras la liberación del quejoso -por haber cumplido los requisitos señalados-, él o su garante moral incumplan o se sepa que incumplen alguno de tales requisitos, la presente medida cautelar quedará sin efectos, ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 167 de la Ley de Amparo, que faculta al órgano jurisdiccional a revocar la libertad otorgada por la medida suspensional cuando incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas para su otorgamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.20o.A.20 A (10a.), visible en la página 3550, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tom IV, emitida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 2016410 que señala: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada." Además, la suspensión se concede para que en el caso de que la parte quejosa ejerza algún recurso en su defensa, la detención no supere los sesenta días. Lo anterior es así, ya que el artículo 111 de la citada ley dispone que el Instituto deberá resolver la situación migratoria de los extranjeros presentado en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación, sin que el alojamiento en las estaciones migratorias pueda exceder de ese plazo, salvo en los casos en que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su condición migratoria en territorio nacional, supuesto en el que el alojamiento se torna indefinido, hasta en tanto no se resuelva el medio de defensa. Sin embargo, en los demás casos el alojamiento no puede exceder de sesenta días hábiles y, una vez transcurrido, deberá otorgarse la condición de visitante con permiso para recibir remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se otorgó dicha condición de estancia. 7.1 Luego, en el caso de que el directo quejoso se encuentre en el supuesto contemplado por el artículo 102 de la Ley de Migración, se solicita a las autoridades responsables a fin de que de manera inmediata informen a este órgano jurisdiccional si en términos del artículo 102 del citado ordenamiento legal han decretado alguna medida de aseguramiento al quejoso, a efecto de estar en aptitud de pronunciarse al respecto, toda vez que la parte promovente refiere en la demanda, que el quejoso al momento de su detención, se encontraban en territorio nacional. La suspensión se concede en el entendido de que el directo agraviado Jhoan Sebastián Jiménez Estevez, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. Con la precisión de que dicha medida cautelar no surte efectos si en contra del quejoso se hubiere emitido una alerta migratoria, al vincularse con el rubro de seguridad nacional. Por tanto hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán informar, además de lo destacado: Qué calidad migratoria tiene Jhoan Sebastián Jiménez Estevez. Cuál es el procedimiento específico al que -en su caso- se encuentre sujeto y su fundamento legal. Desde cuándo y cuánto tiempo lleva retenido el agraviado. Si en su caso se ubica o no en algunos de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 111 de la Ley de Migración, así como si ya se cumplió con los quince o sesenta días previstos en ese numeral. Si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, le informó al directo quejoso los derechos con los que cuenta desde su ingreso a la estación migratoria. Asimismo, hágasele saber a las responsables, que dentro del horario que al respecto se encuentre establecido en la normativa aplicable del procedimiento -que en su caso- se encuentre instaurado en contra del aquí quejoso, deberán permitir a quien comparezca en su carácter de autorizado de éste, la comunicación que sea necesaria para su defensa. En el entendido de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si el acto reclamado que se analiza es diverso o deriva de hechos distintos a la situación migratoria narrada por la parte quejosa en la demanda de amparo, como podría ser la comisión de un delito o, proviene de autoridades diversas a las señaladas como responsables. De igual materia la medida cautelar aquí decretada no surtirá efectos si con anterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto en un diverso juicio de amparo existe pronunciamiento de dichos actos reclamados. Asimismo, hágasele saber que la suspensión surtirá sus efectos, siempre y cuando el aquí quejoso, no se encuentre sujeto a un procedimiento de extradición o procedimiento judicial, que amerite su deportación o expulsión del país. Tampoco tendrá por efecto paralizar o suspender algún acto que se haya decretado en un procedimiento diverso al presente. Informes de suspensión de plano. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; debiendo informar dentro de dicho plazo sobre el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto de los actos reclamados o bien informen la imposibilidad jurídica que tenga para ello, apercibidas de que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual manera se les hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas.". Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentren ubicadas las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ratificación de la demanda. Por otra parte, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a Jhoan Sebastián Jiménez Estevez, para que manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su favor, lo que podrá realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes, legalmente computados, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona al actuario de este juzgado, a efecto de que proceda a la localización del agraviado en el lugar en que se encuentre detenido. De igual manera, el actuario de la adscripción deberá hacerle saber al directamente agraviado lo siguiente: 1. Requerirlo para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que surta efecto la notificación del presente proveído, manifieste si autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jhoan Sebastián Jiménez Estevez, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. 2. Hacerle del conocimiento del directamente agraviado que, tiene el derecho de designar en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a diverso profesionista; 3. Requerimiento de domicilio. Ahora bien, toda vez que el quejoso actualmente se encuentra detenido en las instalaciones de la estación migratoria de la ciudad, las notificaciones de carácter personal que se ordenen se le estarán practicando en el lugar de alojamiento. No obstante lo anterior y toda vez que del escrito de demanda no se advierte que la parte promovente señale domicilio para oír y recibir notificaciones, requiérase a la parte quejosa para que en el acto de la notificación del presente auto, o en el plazo de tres días legalmente computado, manifieste si es su deseo señalar diverso domicilio en la ciudad para oír y recibir notificaciones; bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, las notificaciones a su autorizado y en su caso de obtener libertad, las notificaciones personales que a su nombre se ordenen, le serán practicadas por medio de lista, en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. 4. Y para el caso de que no se encuentre en posibilidad de realizar tal designación, hágasele saber que puede solicitar, se le designe a un Asesor Jurídico, dependiente del Instituto de Defensoría Pública Federal. Lo cual podrá hacer del conocimiento del Actuario de la adscripción, al momento de la notificación o por escrito en cualquier etapa del procedimiento. Igualmente, de advertirse que Jhoan Sebastián Jiménez Estevez se encuentra a disposición de alguna autoridad no señalada como responsable, se instruye al actuario que le requiera para que en el acto de la notificación, manifieste si es su interés ampliar su demanda por las autoridades correspondientes. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que se constituya en las instalaciones de las autoridades señaladas como responsables, así como en los separos de las mismas a efecto de que verifique que en el caso de que se apliquen o continúe aplicándose en perjuicio de Jhoan Sebastián Jiménez Estevez algún acto señalado por el numeral 22 constitucional, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables cumplan en sus términos la suspensión de plano concedida en este proveído y cesen de inmediato los mismos; además, para que asiente las condiciones físicas y de apariencia de salud en que se encuentra dicho agraviado. Obligatoriedad de recibir oficios. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que conforme lo dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está obligada a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar en que se encuentre; y que la notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entreguen los oficios respectivos, ya sea a las autoridades responsables o al encargado de recibir la correspondencia en sus oficinas; y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Días y horas inhábiles En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009 Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que de conformidad con el artículo 14 del acuerdo general del 12/2020, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional. Comunicaciones no procesales Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Transparencia y digitalización Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como del artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena priorizar la tramitación electrónica y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. Además, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Finalmente, hágase del conocimiento del promovente que de acreditarse que tuvo conocimiento de que con anterioridad ya se otorgó la suspensión en otro juicio de amparo promovido contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, y que de ello tenga conocimiento, se hará efectivo el apercibimiento a que alude el precepto 256 de la Ley de Amparo y en caso de acreditarse alguna declaración emitida en falsedad conforme a los hechos narrados en la demanda o que se desprenda algún diverso hecho constitutivo de delito, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para los efectos que a su representación corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/2017 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Oficio a la Oficina de Correspondencia Común. Por último, gírese oficio a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, para la equidad y proporcionalidad de cargas de trabajo, registre y remita la boleta de turno respectiva a este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, relativa a la demanda de amparo dirigida a este órgano jurisdiccional; lo anterior, a fin de reflejar estadísticamente la carga real de trabajo en este órgano jurisdiccional y equilibrar ésta en relación con los demás Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en esta ciudad. Notifíquese personalmente al directo agraviado Jhoan Sebastián Jiménez Estevez.
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