JOAO VÍCTOR GONCALVES y Otros.
Expediente 142/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 142/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 25/05/2023
Partes del expediente
- Stefania Moraes da Silva
- Marcus Vicente dos Santos
- Joao Víctor Goncalves
- ROSICLEIA DOS SANTOS FERREIRA y Otros.
- JOAO VÍCTOR GONCALVES y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal a pesar de haberse sobreseído, es catalogado como depurable en un plazo de tres años, a partir de esta fecha, conforme al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales de resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, al haberse concedido la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados por la parte quejosa. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 142/2023-E, promovido por 1. ********************, 2. ********************, 3. ********************, 4. ********************, 5. ********************e 6. ********************, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; RESULTANDO. Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, en esta ciudad, 1. ********************, 2. ********************, 3. ********************, 4. ********************, 5. ********************e 6. ********************, por propio derecho, interpusieron demanda de amparo contra la autoridad y acto reclamado que a continuación se mencionan: Autoridad responsable: 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad (en su correcta denominación). Acto reclamado: "Se reclama a las autoridades responsables como ordenadoras y ejecutoras, la orden, mandato, instrucción, consistente en CUALQUIER ACTO QUE TENGA POR OBJETO QUE SE NOS PRIVE DE LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO Y/U ORDEN DE DEPORTACION, en nuestro perjuicio, así come cualquier procedimiento administrativo que se haya iniciado sin habernos notificado y por lo tanto sin haber seguido un debido proceso legal, violando las formalidades esenciales del procedimiento, violación de la garantía de audiencia y a nuestros derechos humanos consagrado por la Constitución Federal y los tratados Internacionales, lo que por ende se deriva en una indebida fundamentación y motivación esto en base a los hechos que se expondrán a continuación." Segundo. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa estimó que con el actuar de la autoridad responsable, fueron violados los derechos fundamentales que a su favor consagran los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión de la demanda. Por auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, se registró la demanda de garantías en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 142/2023-E; se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por 1. ********************, 2. ********************, 3. ********************, 4. ********************, 5. ********************e 6. ********************, por su propio derecho; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le compete, se citó a las partes a la audiencia constitucional. Cuarto. Celebración de la audiencia constitucional. Sustanciado el trámite relativo al juicio, en esta fecha se celebró la audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la cual se llevó a cabo sin la asistencia de las partes, al tenor de lo asentado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, y conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado no tiene ejecución material al tratarse de una omisión y la demanda se interpuso en esta localidad. Segundo. Precisión de actos reclamados. Previo a verificar la certeza de los actos reclamados, conforme a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, es preciso señalar que de una lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que se reclama lo siguiente: La orden que tenga por objeto privar de la libertad fuera de procedimiento a los quejosos; la orden de deportación; y cualquier procedimiento administrativo que se haya iniciado sin haberlos notificado. Tercero. Análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente, debe analizarse y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para, por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia número XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 76, abril mil novecientos noventa y cuatro, página 68, registro 212775, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". No son ciertos los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado; sin que en el caso, la parte quejosa haya aportado medio de prueba alguno, tendente a desvirtuar la negativa de dicho acto. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (febrero de 2002), visible en la página 903, que establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." De igual forma, apoya lo anterior la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que se textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." En tales circunstancias, ante la inexistencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna que desvirtuara dicha negativa, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ello tiene sustento también, en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1989, foja 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Captura de sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, procédase a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 65, 73, 74, 75, 124 y 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por 1. ********************, 2. ********************, 3. ********************, 4. ********************, 5. ********************e 6. ********************, contra los actos precisados en el considerando segundo; y, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. En cumplimiento al último punto considerativo de esta resolución, procédase a la captura de esta en el módulo "Sentencias" contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a catorce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el informe justificado rendido por la autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por un término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Ahora, del contenido del oficio que se recibe, se advierte que la responsable informa que los aquí quejosos nunca se encontraron alojados en ninguna de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración en Baja California, razón por la cual no existe ningún procedimiento administrativo en su contra; por tanto, ya que a la fecha no se ha realizado el envío del oficio 8881/2023, ordenado por auto de doce del mes y año en curso, a fin de que la autoridad oficiante remitiera las constancias ahí solicitadas, omítase su envío, ya que el mismo resulta innecesario según lo manifestado por la responsable en cita. Notifíquese. Así, lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. GOD
- Principal
Tijuana, Baja California, a doce de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que el trece de marzo de dos mil veintitrés, al no obrar en autos el informe justificado de la autoridad responsable Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se le requirió para que remitiera a este órgano jurisdiccional, copia certificada y legible de la totalidad de las constancias que integran el expediente administrativo de su índice instruido en contra de los aquí quejosos, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello. A lo anterior, por oficio INM/ORBC/JDAJ/1970/2023, de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable informó quedar debidamente enterada de la suspensión de plano decretada a favor de los quejosos, acatando la misma; asimismo, manifestó que los agraviados no estuvieron alojados en las instalaciones de la estancia provisional de esta ciudad. Sin embargo, fue omisa en expresar si a los quejosos les ha sido instaurado en su contra algún procedimiento administrativo, en el que se hubiera ordenado privarlos de su libertad personal o su deportación, y en su caso, acompañar las constancias relativas. En ese tenor, requiérase al Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, de esta ciudad, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, dé cumplimiento a lo anterior, o en su caso, manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado, con fundamento en los numerales 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá una multa por la cantidad de cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional, que corresponde a cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las once horas del ocho de mayo de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así, lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. GOD
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