Jesus Rodolfo Coronel Garcia de Leon
Expediente 1232/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1232/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 26/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jesus Rodolfo Coronel Garcia de Leon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto, con conocimiento de las partes intégrese a los presentes autos la copia para conocimiento del oficio signado por el Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de la que se aprecia que envió el oficio 141-2, al Coordinador General de Asuntos Jurídicos de esa institución, para que se imponga de su contenido; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Cúmplase...
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16-05-22Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar la anterior valoración en las carátulas de los expedientes físicos, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. No es obstáculo, que no obre el acuse de recibo de la autoridad responsable 24. Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, perteneciente a la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México, en razón de que carece de legitimación para impugnar la sentencia recurrida. Marco Teórico. En efecto, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la legitimación procesal de las partes que pretenden actuar dentro de un juicio de amparo, es de orden público y, por ello, debe estudiarse inclusive de oficio. Lo anterior, tiene sustento en la tesis LIV/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 20, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO. El Tribunal 'ad quem', al resolver la procedencia de un recurso de revisión debe estudiar, de oficio, si quien promueve tiene personalidad para interponerlo, puesto que es de orden público en el juicio de garantías analizar si quien lo interpuso es parte o tiene personalidad acreditada, en particular en los amparos contra leyes en donde el artículo 87 de la Ley de la materia establece expresamente que sólo podrán interponer el recurso de revisión las autoridades responsables encargadas de su promulgación o quienes las representen." Ahora, el artículo 87 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; tratándose de amparo contra normas generales podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación." "Las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional." De la porción legislativa reproducida, atendiendo básicamente a su contenido literal, se evidencia que en ella se consagró por el legislador una regulación sobre la facultad de las autoridades responsables para recurrir las resoluciones, tratándose de amparos indirectos, al disponer como regla general, que sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que de cada una de ellas se haya reclamado, y que tratándose de amparos contra normas generales, como regla específica, los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación podrán interponer, en todo caso, tal recurso. Igualmente tratándose de autoridades judiciales o jurisdiccionales estas carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional. Así, las autoridades responsables, aun cuando en términos del numeral 5°, fracción II, de la legislación de la materia, son parte en el juicio de amparo, carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión, cuando la resolución que pretendan impugnar no afecte directamente el acto que de ellas se hubiere reclamado; pero, tratándose de amparos contra leyes, solo los titulares de los órganos de Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación, podrán interponer, en todo caso, tal recurso. Reglas de procedencia del recurso de revisión en amparo indirecto, que conllevan a la irrefutable conclusión que cuando la sentencia impugnada no afecte directamente al acto determinado atribuible a las autoridades recurrentes, o bien, tratándose de amparos contra leyes no asista a estas últimas la facultad de promulgación o actúen en representación de éstas en los términos de ley, el medio de inconformidad intentado será improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.3o.A. J/51, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que dice: "REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES EJECUTORAS CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA CUANDO SÓLO SE DECLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS ORDENADORAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo, carece de legitimación la autoridad que interpone el recurso de revisión contra la sentencia pronunciada en un juicio de garantías, si está señalada con el carácter de ejecutora y la resolución recurrida no declaró inconstitucional el acto de ejecución respectivo por vicios propios, puesto que sólo la ordenadora se encuentra facultada para ello en tanto fue su acto el declarado inconstitucional, y esto no varía aun en el supuesto de que también la ordenadora recurra el fallo, pues además de que esa variante no está prevista en la ley, no podría depender de la voluntad de una de las partes la legitimación de otra para recurrir; de ahí, entonces, que en la hipótesis aludida deba desecharse el recurso de revisión." Caso concreto. En el caso, en la sentencia dictada en autos se sobreseyó por lo motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. Por lo tanto, ningún agravio ocasiona a la referida autoridad responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no podría producir agravio alguno a la citada responsable. En consecuencia, no están legitimadas para interponer el presente recurso, conforme lo disponen los artículos 81 y 87 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), que dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita." También es aplicable a lo anterior las conclusiones apuntadas, en la resolución que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 44/98-PL, de la que emanó la jurisprudencia P./J. 22/2003, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, Materia(s): Común, Página 23 Novena Época, Registro 183709, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
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San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto, con conocimiento de las partes intégrese a los presentes autos la copia para conocimiento del oficio signado por el Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de la que se aprecia que envió el oficio 118-2, al Coordinador General de Asuntos Jurídicos de esa institución, para que se imponga de su contenido; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Cúmplase.
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V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 1232/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Jesús Rodolfo Coronel García de León, por derecho propio; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitida al siguiente día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en San Andrés Cholula, Puebla, en archivo digital a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Jesús Rodolfo Coronel García de León, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Se ostentan con tal carácter, en su doble aspecto como ordenadoras y ejecutoras, las siguientes: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA (.). FISCALÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS, ADSCRITA A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA (.). FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA, ADSCRITA A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA (.). FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN REGIONAL, ADSCRITA A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA (.). FISCALÍA DE SECUESTRO Y DELITOS DE ALTO IMPACTO, ADSCRITA A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA (.). FISCALÍA ESPECIALIZADA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, ADSCRITA A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA (.). AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, ADSCRITA A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA (.). CENTRO ESTATAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA PENAL (.). ADMINISTRADOR DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA (.). SUBDELEGADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DELEGACIÓN PUEBLA (.). TITULAR DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERTENECIENTE A LA FISCALÍA I DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DELEGACIÓN PUEBLA (.). TITULAR DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERTENECIENTE A LA FISCALÍA II DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DELEGACIÓN PUEBLA (.). TITULAR DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERTENECIENTE A LA FISCALÍA III DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DELEGACIÓN PUEBLA (.). TITULAR DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERTENECIENTE A LA FISCALÍA IV DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DELEGACIÓN PUEBLA. TITULAR DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERTENECIENTE A LA FISCALÍA V DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DELEGACIÓN PUEBLA. TITULAR DE LA AGENCIA PERTENECIENTE A LA POLICÍA MINISTERIAL FEDERAL. ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA (.). DIRECTOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA (.). JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL, CON SEDE EN PUEBLA (.). SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA (.). JUZGADO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA (.). JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA (.). JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA (SIC). JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA (SIC). JUEZ ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA (. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA (.). JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA (SIC). TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS FISCALES Y FINANCIEROS PERTENECIENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (.) IV. ACTOS RECLAMADOS. La presunta orden de detención y/o aprehensión librada en contra del suscrito por las Autoridades Responsables ya mencionadas. (.)" La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 20 Constitucionales, así como los diversos 1, 7, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Segundo. Radicación y prevención de la demanda de amparo. Por tanto, en auto de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 8 a 17), se radicó la demanda con el juicio de amparo indirecto número 1232/2021. En el mismo proveído se previno a la parte quejosa para que realizara lo siguiente:"(.) PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido por los artículos 108, fracción III, y 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente Jesús Rodolfo Coronel García León, para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a lo siguiente bajo protesta de decir verdad: ÚNICO. Precise qué juez o jueces señala como autoridades responsables, pues la parte quejosa en su demanda de amparo refirió lo siguiente:"III. AUTORIDADES RESPONSABLES.-(.) S) JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL, CON SEDE EN PUEBLA a través de quien legalmente lo represente, con domicilio ampliamente conocido.(.) U) JUZGADO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTCIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA. a través de quien legalmente lo represente, con domicilio ampliamente conocido. V) JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA, a través de quien legalmente lo represente, con domicilio ampliamente conocido. W) JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA, a través de quien legalmente lo represente, con domicilio ampliamente conocido. X) JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON RESIDENCIA EN LA CUDAD DE PUEBLA, a través de quien legalmente lo represente, con domicilio ampliamente conocido.(.) Z) JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON RESIDENCIA EN LA CUDAD DE PUEBLA, a través de quien legalmente lo represente, con domicilio ampliamente conocido. AA) JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON RESIDENCIA EN LA CUDAD DE PUEBLA, a través de quien legalmente lo represente, con domicilio ampliamente conocido. (.)." Así, por escrito presentado el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa manifestó lo siguiente: "(.) En vista del acuerdo de fecha veintidós de diciembre del año en curso, acudo ante usted por medio del presente ocurso, para manifestar, bajo protesta de decir verdad, que las denominaciones correctas de las autoridades responsables son: S) JUZGADO DE ORALIDAD Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA (.). U) JUZGADO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA (.). V) JUZGADO DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN EL ESTADO DEPUEBLA (.). W) CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA (.). X) JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. (.)" Atento a lo anterior, en proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo al quejoso Jesús Rodolfo Coronel García de León, pretendiendo desahogar el requerimiento de veintidós del mes y año en cita, en atención a que nuevamente omitió señalar el nombre correcto y completo de los jueces a los que señaló como como autoridades responsables. Con motivo de lo anterior, se le requirió nuevamente a la parte quejosa, para que cumpliera de manera integral al auto de prevención de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, sin que ello significara que cambiara, modificara o ampliara su escrito inicial de demanda (fojas 25 a 27). Así, por escrito presentado el cuatro de enero de dos mil veintidós, la parte quejosa a través de su autorizado en términos amplios manifestó lo siguiente:"(.) REQUERIMIENTO En auto de fecha treinta de diciembre del dos mil veintiuno, que bajo protesta de decir verdad me fue debidamente notificado en fecha tres de enero del año dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito requirió al suscrito para que, en un término de un día a partir de la notificación del auto, desahogue íntegramente la prevención de fecha veintidós de diciembre del año dos mil veintiuno, debiendo precisar a qué juez o jueces (nombres) pretende señalar como responsables, pues resulta un hecho notorio para el suscrito juzgador, que existe más de un juez de control en las región judicial Centro; así como un Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO En vista del acuerdo antes mencionado, por medio del presente escrito hago de su conocimiento que se desconoce el nombre de los jueces de control de la Región Judicial Centro, así como los nombres de los Jueces de Distrito adscritos al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado; motivo por el cual, señalo como autoridad responsable a todos los jueces de control adscritos a la Región Judicial Centro y a todos los Jueces adscritos al Centro de Justicia Penal, precisión hecha por el suscrito que resulta procedente en virtud de que cualquiera de los jueces enlistados cuentan con facultad para emitir orden de detención y/o aprehensión librada en contra del C. JESÚS RODOLFO CORONEL GARCIA DE LEON. (.)" Atento a lo anterior, en proveído de cinco de enero de dos mil veintidós, se tuvo a Israel Calva Corro, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual pretendió dar cumplimiento al requerimiento preventivo de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, sin embargo, este juzgador determinó hacer efectivo el apercibimiento con que se conminó al promovente en dicho acuerdo y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tuvo por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haber dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en el proveído antes citado (fojas 31 a 33). Tercero. Recurso de queja, admisión y trámite de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado electrónicamente el trece de enero del año en curso, Israel Calva Corro, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, interpuso recurso de queja. Así, en proveído de catorce de enero de dos mil veintidós (fojas 42 y 43), se tuvo al quejoso Israel Calva Corro, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, interponiendo recurso de queja en contra del auto dictado el cinco de enero pasado, en el presente juicio de amparo, por el cual se tuvo por no presentada su demanda de amparo. Medio de impugnación que se substanció ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el número Q-15/2022 de su índice. Atento a lo anterior, mediante proveído de siete de marzo del año en curso, se tuvo por recibido (registro 3858), el testimonio de la ejecutoria pronunciada el diecisiete de febrero de dos mil veintidós (fojas 68 a 71), en el recurso de queja Q-15/2022, del índice de la superioridad citada, y quien resolvió en los términos siguientes: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja hecho valer por Jesús Rodolfo Coronel García de León a través de autorizado en términos amplios Israel Calva Corro.". Por lo que, en el mismo proveído, se admitió a trámite por los actos reclamados consistentes en la orden de detención y/o aprehensión librada en contra del aquí quejoso; formándose por separado y duplicado incidente de suspensión, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, y se le dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 105). Cuarto. Autoridades inexistentes. Mediante proveídos once de marzo de dos mil veintidós (fojas 93 y 94), se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que precisara la denominación completa y correcta de las autoridades "11. Titular de la Agencia del Ministerio Público, perteneciente a la Fiscalía I de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República Delegación, Puebla, 12. Titular de la Agencia del Ministerio Público, perteneciente a la Fiscalía II de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República Delegación, Puebla, 13. Titular de la Agencia del Ministerio Público, perteneciente a la Fiscalía III de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República Delegación, Puebla, 14. Titular de la Agencia del Ministerio Público, perteneciente a la Fiscalía IV de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República Delegación, Puebla, 15. Titular de la Agencia del Ministerio Público, perteneciente a la Fiscalía V de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República Delegación, Puebla y 18. Director de la Policía Municipal del Estado de Puebla", apercibida que de no hacerlo, se tendrían por inexistentes. En diverso aspecto, mediante proveído de seis de abril de dos mil veintidós (fojas 165 y 166), se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que precisara la denominación completa y correcta de la autoridad "16. Titular de la Agencia perteneciente a la Policía Ministerial Federal", apercibida que de no hacerlo, se tendría por inexistentes. Por lo que, en proveídos de dieciocho de marzo y dieciocho de abril (respectivamente) ambos de dos mil veintidós, esto es con anterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, se tuvo por inexistentes a las autoridades antes citadas (fojas 131 a 133 y 167 y 168); por tanto, se excluyen de la materia de este juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN." Quinto. Cita para audiencia. En auto de seis de abril de dos mil veintidós (165 y 166), se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades en materia penal con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en:- -La orden de detención y/o aprehensión librada en contra del aquí quejoso. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan y, por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO."La parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: No. de orden Autoridad responsable Sentido del informe1 Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega Foja 116 2 Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega Foja 85 3 Fiscalía de Investigación Metropolitana adscrita a la Fiscalía General del Estado de Puebla, por conducto de su representante. Niega Foja 154 4 Fiscalía de Investigación Regional adscrita a la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega Foja 86 5 Coordinadora de Litigación en funciones por ausencia del Fiscal Especializado en Investigación de Secuestro y Extorsión. [En su denominación correcta]. Niega Foja 128 6 Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega Foja 84 7 Titular de la Agencia Estatal de Investigación, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega Foja 114 8 Centro Estatal de Medios Alternativos de Solución de Conflictos en Materia Penal, por medio de su representante. Niega Foja 117 9 Isaí Rivas López, Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de todas las Regiones Judiciales del Estado. Niega Foja 121 10 Subdelegado de la Fiscalía General de la República, Delegación Puebla. Niega Foja 113 17 Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. Niega Foja 79 y 80 19 Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por conducto de su representante. Niega Foja 150 20 Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. Niega Foja 77 21 Todos los Jueces de Control adscritos a la Región Judicial Centro (por conducto de Enrique López Criollo). Niega Foja 115 22 Todos los Jueces de Distrito adscritos al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, por su representación. Niega Foja 155 23 Juez Administrador del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en la Ciudad de Puebla, por su representación. Niega Foja 155 24 Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, perteneciente a la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México. Niega Foja 135 y 136 Las autoridades responsables señaladas, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. Este juzgador no desatiende que la autoridad responsable 6. Jesús Castro Jácome, Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado (registro 4283), informó que derivado de las notificaciones realizadas a dicha autoridad, dentro de las actuaciones del juicio de amparo 651/2021 del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, tiene conocimiento que fue materia de amparo la orden de aprehensión librada en la causa penal 1387/2021/PUEBLA, sin embargo, no ha decretado alguna orden de detención o aprehensión en contra del quejoso. Por otro lado, la autoridad responsable 21. Jueces de Control adscritos a la Región Judicial Centro por conducto de Enrique López Criollo, al rendir su informe justificado (registro 4416), informó que el quejoso Jesús Rodolfo Coronel García León, se encuentra a disposición de esa autoridad, debido a que en audiencia pública de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se le dictó auto de vinculación a proceso, por su probable participación en el hecho con apariencia de delito de ejercicio indebido de funciones públicas, sin embargo, informa que no se encuentra vigente orden de detención o aprehensión en contra del quejoso. Asimismo, la autoridad responsable 9. Isaí Rivas López, Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado (registro 4523), informó que hay un registro en la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, a nombre del aquí quejoso, dentro de la carpeta judicial administrativa 1387/2021/UVFYDG, a cargo del abogado Javier Vázquez Fernández, en la que el quejoso fue vinculado a proceso, por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, sin embargo, al realizar una búsqueda minuciosa de las regiones judiciales a su cargo, no encontró registro de haberse decretado orden de aprehensión o detención en contra del citado quejoso. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI. 2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice:"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Jesús Rodolfo Coronel García de León, por derecho propio, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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