Jesus Reyes Mellado (Defensor)
Expediente 319/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 319/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jesus Reyes Mellado (Defensor)
- Maria Jaqueline Hernandez Ramirez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Se le tiene informando que por acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dentro del juicio de amparo 481/2018 de su índice administrativo, dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada, y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. En tal virtud, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el presente asunto como concluido. Finalmente, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 12 DE abril DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, doce de abril de dos mil dieciocho. RADICACIÓN DEL JUICIO. Agréguense a los autos el oficio D. 0249 del índice de este juzgado, así como los oficios con que se da cuenta signados por el Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Sonora, a través de los cuales remite el juicio de amparo 481/2018 de su índice, promovido por María Jacqueline Hernández Ramírez, por conducto de sus defensores particulares, de su contenido se advierte que dicha autoridad federal, se declaró legalmente incompetente para conocer del citado sumario y lo envía a este juzgado para que se avoque a su conocimiento; al respecto se provee: Fórmese expediente de amparo, regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 319/2018-E, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). DETERMINACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA PLANTEADA. En primer término conviene precisar que en el presente asunto María Jacqueline Hernández Ramírez, por conducto de sus defensores particulares, promovió juicio de derechos fundamentales contra actos de las siguientes autoridades responsables: Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora (autoridad ordenadora); Subdirector de Identificación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora (autoridad ejecutora); Coordinación General de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México (autoridad ejecutora); y, Instituto Nacional Electoral, con sede en Hermosillo, Sonora (autoridad ejecutora). Como actos reclamados precisó lo siguiente: "De la autoridad ordenadora el ilegal AUTO DE FORMAL PRISIÓN decretado en contra de la hoy quejosa MARÍA JACQUELINE HERNÁNDEZ RAMÍREZ dentro de las actuaciones que integran la causa penal 69/2016 del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora (bajo el sistema tradicional). .- De la autoridad responsable ordenadora y ejecutora cualquier acto de ejecución que realicen cualquiera de las autoridades responsables y las consecuencias lógicas, naturales y legales que tenga dicho acto reclamado, derivado del ejercicio de la acción penal en contra de la quejosa, todo lo anterior sin que exista motivo o causa legal para ello, aún peor, violentando sus Derechos Humanos y sus garantías, infringiendo los principios de legalidad, seguridad, audiencia, sin que existan datos que permitan a las responsables atribuirme alguna conducta delictiva y en consecuencia, sin que existan elementos necesarios. .- Autoridad responsable ordenadora reclamo la ilegal orden de identificación por medios administrativos de su media filiación, ficha dactiloscópica y formas de estadística respectiva, consecuencia del auto de formal prisión que acá se reclama, misma que reclamo de la autoridad ejecutora responsable el cumplimiento que pretenda dar a la orden de identificación. .- Todas las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras reclamo la ilegal suspensión de los derechos civiles y políticos, así como la identificación administrativa que resulte, ambos hechos como consecuencia del auto de formal prisión." Por su parte, el juez oficiante consideró carecer de competencia legal por razón de turno, al referir lo siguiente: "En efecto, el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de enero de dos mil quince, y reformado el catorce de marzo de dos mil dieciséis, textualmente dispone: Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: II.- El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos. IV.- Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas. Ahora bien, se debe destacar que del escrito que se atiende se advierte que los promoventes señalan como reclamado el auto de formal prisión decretado en contra de la quejosa MARÍA JACQUELINE HERNÁNDEZ RAMÍREZ, dentro de la causa penal 69/2016 del índice del JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA, con sede en esta ciudad. Asimismo, manifiestan que con anterioridad promovieron demanda de amparo ante el JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, misma que fue radicada con el número de expediente 137/2018. En efecto, los promoventes señalan que en virtud de la resolución privativa de libertad en contra de la quejosa, se promovió demanda de amparo en contra de la misma autoridad responsable -Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, de esta ciudad- de quien reclamó la orden de aprehensión emitida dentro del proceso penal 69/2016. De lo relatado con antelación se desprende que al JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, al tramitar el juicio de amparo 137/2018, promovido por la propia quejosa, conoció previamente de actos derivados de ese mismo asunto. Además, resulta un hecho notorio para este Juzgador que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", aparece que el juicio de amparo 137/2018, del índice del JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, fue promovido por la quejosa. Por ende, resulta incuestionable que se surte la hipótesis a que hace referencia el artículo 46 del General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación." Sin embargo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, respetuosamente no comparte el criterio del Homólogo Federal y por ende no acepta la competencia planteada, por los motivos siguientes: Se estima que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, no puede considerarse de conocimiento previo en virtud de que el hecho de haberse tramitado un diverso juicio de amparo promovido por la misma quejosa María Jacqueline Hernández Ramírez, respecto a los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión librada en su contra el siete de febrero del año en curso, dentro de la causa penal 69/2016 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, así como su ejecución; del cual conoció esta autoridad bajo el expediente de amparo 137/2018, juicio que se sobreseyó fuera de audiencia, mediante determinación pronunciada el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, al haberse actualizado un cambio de situación jurídica, con motivo del auto de formal prisión decretado el veintidós de marzo de dos mil dieciocho por dicho juez penal responsable (acto del que ahora se duele la quejosa). Lo anterior, de conformidad al siguiente criterio jurisprudencial: "COMPETENCIA POR TURNO. EL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, SÓLO ES APLICABLE PARA DECIDIR RESPECTO AL TURNO DE ASUNTOS COMPETENCIA DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES RESIDENTES EN EL MISMO CIRCUITO JUDICIAL. A partir del 9 de septiembre de 2008 entró en vigor el Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, instaurando nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que, previamente a su asignación aleatoria, los jefes de las indicadas Oficinas verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: a) Provenir de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado; b) Tratarse de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía; y, c) Cuando las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación, se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, excepto los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Sin embargo, el ordenamiento aludido resulta aplicable cuando tiene que decidirse respecto al turno que deba darse a asuntos competencia de órganos jurisdiccionales residentes en el mismo circuito judicial, quienes concurren en igualdad de facultades competenciales, en razón de grado, materia y territorio, y tienen una misma Oficina de Correspondencia Común que debe atender al sistema aleatorio y al de conocimiento previo que se describe en los acuerdos generales de referencia, pues la aplicación de estos últimos únicamente tiene como fin dirigir o reenviar un expediente a un órgano jurisdiccional en específico por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizando sus consideraciones y aprovechando ese conocimiento previo de los antecedentes del expediente respectivo, evitando el dictado de resoluciones contradictorias, sin que pueda hacerse extensiva su aplicación a un ámbito competencial diverso al que es propio del órgano jurisdiccional originariamente competente, ya que dichos acuerdos no pueden soslayar las diversas disposiciones que delinean la potestad de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación por razón de materia, grado o territorio." Del contenido de la jurisprudencia previamente invocada, se advierte que el acto reclamado que se estudia, no puede ni debe considerarse de conocimiento previo, pues la hipótesis con la cual sustentó el juez Federal declinante la competencia planteada, resulta aplicable cuando tiene que decidirse respecto al turno que deba darse a asuntos competencia de órganos jurisdiccionales residentes en el mismo circuito judicial, quienes concurren en igualdad de facultades competenciales, en razón de grado, materia y territorio, y tienen una misma Oficina de Correspondencia Común que debe atender al sistema aleatorio y al de conocimiento previo que se describe en los acuerdos generales de referencia. Pues, la aplicación de estos acuerdos generales únicamente tiene como fin dirigir o reenviar un expediente a un órgano jurisdiccional en específico por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizando sus consideraciones y aprovechando ese conocimiento previo de los antecedentes del expediente respectivo, evitando el dictado de resoluciones contradictorias, sin que pueda hacerse extensiva su aplicación a un ámbito competencial diverso al que es propio del órgano jurisdiccional originariamente competente, ya que dichos acuerdos no pueden soslayar las diversas disposiciones que delinean la potestad de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación por razón de materia, grado o territorio. Se invoca además en apoyo, la siguiente jurisprudencia: "CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUECES DE DISTRITO. LA APLICACIÓN DE LOS PARÁMETROS ADMINISTRATIVOS QUE RESUELVEN LAS CUESTIONES DEL TURNO DE LOS ASUNTOS NO RELACIONADOS NO CONSTITUYE UN CRITERIO QUE DÉ SUSTANCIA A AQUÉL. No se actualiza un conflicto competencial cuando dos jueces de distrito se niegan a conocer de un juicio de amparo indirecto, si ambos comparten la misma competencia en razón de territorio y materia para resolverlo, con la particularidad de que el acto reclamado fue dictado en cumplimiento de una sentencia de amparo emitida previamente por uno de ellos. Lo anterior toda vez que para que se considere legalmente planteado un conflicto competencial y puedan dirimirlo los Tribunales Colegiados de Circuito, en términos de los artículos 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es necesario que la negativa de las autoridades contendientes para conocer de un asunto se refiera exclusivamente a un punto concreto jurisdiccional, es decir, que se trate de una cuestión de grado, territorio o materia y no de una de mero trámite o de turno que regula el Consejo de la Judicatura Federal por medio de acuerdos administrativos. Lo anterior es así, en virtud de que el turno constituye sólo una forma de distribuir la labor judicial, consistente en el reparto de los expedientes entre varios juzgados que tienen igual circunscripción territorial de competencia, o la tienen por razón de la materia o del grado; consecuentemente, la aplicación de los parámetros administrativos que resuelven las cuestiones del turno de los asuntos relacionados no constituye un criterio que dé sustancia a un conflicto competencial, pues la competencia de los órganos jurisdiccionales debe plantearse y resolverse con base en criterios legales, siendo que en las cuestiones de turno dicha competencia se surte en favor de cualquiera de los Juzgados de Distrito de las mismas materia y territorio involucrados." Y, como en el caso en particular, la demanda de garantías fue presentada por la quejosa ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo (quinto circuito), circuito judicial diverso al de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla (sexto circuito), y por ende, ante una distinta Oficina de Correspondencia Común, conociendo de la misma en razón al sistema aleatorio el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Sonora, es evidente que por razón de territorio le corresponde a dicho órgano jurisdiccional conocer de la citada demanda de amparo. Máxime que la quejosa únicamente señala autoridades responsables con residencia en Sonora y una más en la ciudad de México, lugares diversos a los cuales tiene competencia este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Ahora bien, resulta conveniente transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado artículo transcrito establece las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, pues precisa que cuando conforme a las prescripciones de esa ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. En ese contexto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, la suscrita jueza de Distrito, respetuosamente no acepta la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por María Jacqueline Hernández Ramírez, por lo que corresponde al Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Sonora conocer de la demanda de amparo en cuestión. En consecuencia, devuélvanse de inmediato los autos del juicio de amparo en que se actúa, al Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Sonora, a quien se le solicita atentamente el acuse de recibo correspondiente e informe si insiste en la competencia planteada. Por lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Siete Sur, número cuatro mil novecientos treinta y cuatro, fraccionamiento Prados Agua Azul, en la ciudad de Puebla. AUTORIZADOS. En términos del párrafo segundo, parte in fine, del artículo 12 de la Ley de la Materia, se tienen como autorizados sólo para oír notificaciones e imponerse de autos, a las personas designadas, quienes no gozarán de las demás facultades a que se refiere el párrafo primero de dicho numeral, al no acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, ni proporcionarse los datos correspondientes de su cédula profesional. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico..."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de abril de dos mil dieciocho. Vista la comparecencia de cuenta, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar y, atento a su contenido, téngase a ****, perito oficial en materia de valuación de bienes inmuebles, dando cumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo de tres de abril del año en curso, pues ratifica en todas sus partes y reconoce como puesta de su puño y letra la firma que calza el dictamen pericial rendido por su parte mediante escrito presentado en este juzgado Federal el dos de abril de dos mil dieciocho, relativo a la prueba pericial en materia de valuación de bienes inmuebles; en consecuencia, téngase por rendido en tiempo y forma su dictamen, el que será tomado en consideración en el momento procesal oportuno. En ese sentido, de conformidad con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el plazo de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga en relación con el referido dictamen y, una vez fenecido el plazo en mención, acuérdese lo que conforme a derecho corresponda.
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