Jesus Rosete Garcia
Expediente 1023/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 21 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1023/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 21/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jesus Rosete Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
*(PUBLICACIÓN AVISO)* SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 20 DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: (...) San Andrés Cholula, Puebla, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó el amparo solicitado por la parte quejosa; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Por tanto, en términos de lo dispuesto por dicho Acuerdo, hágase saber a la parte quejosa que deberá comparecer en el término de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a recoger la documental que anexó a su escrito de demanda (foja 21), con el apercibimiento que de no hacerlo, será destruida junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado sobre su cuidado. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión definitiva, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro orden, devuélvase la documental exhibida por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana (anexo I), y requiérasele para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Se apercibe a la citada autoridad que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo (...)
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó el amparo solicitado por la parte quejosa; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Por tanto, en términos de lo dispuesto por dicho Acuerdo, hágase saber a la parte quejosa que deberá comparecer en el término de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a recoger la documental que anexó a su escrito de demanda (foja 21), con el apercibimiento que de no hacerlo, será destruida junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado sobre su cuidado. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión definitiva, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro orden, devuélvase la documental exhibida por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana (anexo I), y requiérasele para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Se apercibe a la citada autoridad que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
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PRIMERO. Esta sentencia no se ocupa de las autoridades precisadas y por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables 1. Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, 4. Departamento de Servicios Periciales de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Puebla, 5. Departamento de Resguardo de Vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Puebla y 6. Contralor Municipal del Ayuntamiento de Puebla, en términos de los considerandos cuarto, fracción I y sexto de esta sentencia. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LOS PROVEÍDOS DE DOS DE ENERO Y VEINTE DE FEBRERO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALAN: (...)San Andrés Cholula, Puebla, dos de enero de dos mil diecinueve. Vistas las constancias que integran el presente juicio de amparo, esta autoridad de control de la constitucionalidad aprecia irregularidades que es necesario subsanar, a fin de evitar la reposición del procedimiento, en perjuicio del principio de inmediatez procesal, previsto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que trastocarían derechos fundamentales del peticionario de la protección de la Justicia Federal; por lo que se dejan sin efectos las dos primeras etapas de la audiencia constitucional celebrada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, por la autoridad declinante (fojas 88 a 95). Al respecto, es aplicable en su parte conducente, por los motivos que ahí se exponen, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuarenta y tres, Tomo XXIX, junio de dos mil nueve, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO UN JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS Y ALEGATOS PERO, POR UNA INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE, EL ASUNTO SE REMITE A UN JUZGADOR DIVERSO, ATENTO AL PRINCIPIO DE UNIDAD QUE RIGE A AQUÉLLA, ÉSTE DEBE, POR REGLA GENERAL LIMITARSE A RECONOCER LA VALIDEZ DE LAS ETAPAS CELEBRADAS ANTE EL PRIMERO Y DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo, señalan que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva habrán de llevarse a cabo en un acto procesal continuo, integrado por etapas establecidas, pero no ordenan que ello ocurra ante el mismo juzgador. Por tanto, cuando en un juicio de amparo un juez conoce de las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, esto es, el ofrecimiento y desahogo de las pruebas y la recepción de alegatos, pero por la declaración superveniente de incompetencia el asunto se remite a un juzgador diverso, atento al principio de unidad de la audiencia, por regla general y salvo que advierta irregularidades que subsanar, éste debe limitarse a reconocer la validez de las etapas ya celebradas ante el otro juzgador y dictar la sentencia que en derecho proceda. Ello es así porque la indicada unidad no es subjetiva, es decir, no significa que deba tratarse del mismo juez, sino que es objetiva y material en tanto que implica que se trata de un solo acto procesal cuya validez requiere la celebración de sus tres etapas (pruebas, alegatos y sentencia). Además, dada la naturaleza unilateral del dictado de la sentencia, nada impide que se dicte sin trastocar lo actuado en juicio. Lo anterior se fortalece atento al principio constitucional de justicia pronta y expedita que, aplicado analógicamente al juicio de amparo, conlleva la necesidad de evitar diligencias innecesarias que puedan retrasar ociosamente un procedimiento". En ese tenor, es pertinente destacar que los actos reclamados por el quejoso Jesús Rosete García destacan los siguientes: Retención del vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, modelo 2002, azul marino, cuatro puertas, número de serie 3N1EB31S12K459633, con placas de circulación TXT 8576, y La retención de la factura de este último. Ahora bien, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en representación de dicha Secretaría, al rendir su informe justificado refirió que emitieron el informe policial homologado con motivo del hecho de tránsito (colisión entre vehículos con heridos) acontecido el uno de agosto de dos mil dieciocho, en avenida 15 poniente frente al número 4315, colonia La Paz, de la ciudad de Puebla, en donde estuvo involucrado el vehículo Nissan, tipo Tsuru, modelo 2002, azul marino, cuatro puertas, número de serie 3N1EB31S12K459633, con placas de circulación TXT 8576. Motivo por el cual, elaboró el acta de aviso al Ministerio Público de hechos probablemente delictuosos, con el que al parecer, puso a disposición el referido vehículo ante la fiscalía. En ese contexto, toda vez que el contenido de las constancias que remitió la citada autoridad, no denota ante cuál Ministerio Público se puso a disposición el indicado automotor, así como tampoco se tiene información si se inició alguna carpeta de investigación. En consecuencia, requiérase al Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Puebla, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la recepción de la misiva que al efecto sea enviada, haga del conocimiento ante que agente del Ministerio Público, se puso a disposición el indicado automotor, el número de carpeta de investigación o administrativa le fue asignada a tal "aviso del Ministerio Público de Hechos Probablemente Delictuosos", para lo cual al comunicado que derive de este proveído adjúntese réplica simple del tal constancia. Apercíbase a dicha autoridad que, de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo vigente. En tales condiciones, se señalan las nueve horas con diez minutos del treinta de enero de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. (...) San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de dos de enero de dos mil diecinueve (fojas 212 y 213), se dejaron sin efectos las dos primeras etapas de la audiencia constitucional celebrada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, por el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla (fojas 88 a 95), y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que por auto de treinta de enero del año en curso, se difirió para las once horas con cincuenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Sin embargo, toda vez que dicho auto se notificó por lista a la parte quejosa, a fin de evitar posibles violaciones al procedimiento en materia de amparo, se ordena notificar personalmente el citado auto al quejoso; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. (...)
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