Jesus Salazar Mendoza
Expediente 745/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 745/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jesus Salazar Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
seis de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS De la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención a los artículos 15 y 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, el expediente es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese; por lista a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL DE AUTOS De la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días, concedido al promovente Jesús Salazar Mendoza, para que cumpliera con el requerimiento preventivo que se le formuló el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, sin que lo hubiera realizado. DEMANDA NO PRESENTADA En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó a la parte promovente en dicho acuerdo y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo con la que se formó este expediente, al no haber dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de octubre de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos el escrito remitido -al parecer- por el quejoso Jesús Salazar Mendoza, el cual se ingresó a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin firma electrónica. Al respecto, dado que el escrito en cuestión no cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de los expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; no ha lugar a proveer de conformidad lo que solicita. Al respecto, el artículo 3 de la ley de la materia dispone que las promociones en el juicio de amparo podrán ser promovidas mediante la modalidad de juicio en línea, haciendo uso de las tecnologías de la información, mediante la firma electrónica regulada por el Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, que al presentarlas en esta vía, deberá ingresarse el documento que contenga la promoción respectiva, acompañado, de la firma electrónica, que es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico. Por su parte, el artículo 2 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo -publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte- establece que la firma electrónica es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. De ahí que, como se dijo, si la promoción de cuenta, no cuenta con la firma electrónica de la persona quien promueve, no es posible atender su contenido. Por analogía, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 7/2021 (11a.), sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, de rubro siguiente: "FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL). TODO DOCUMENTO ELECTRÓNICO QUE SE FIRME A TRAVÉS DE ELLA, DEBE GENERAR UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA PROPIA, A FIN DE VINCULAR SU AUTORÍA Y PRODUCIR EFECTOS JURÍDICOS". INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE OFICIO. Intégrese a sus autos el oficio 627/2023, signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual refiere que se encuentra disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes la ejecutoria dictada el siete de septiembre de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial suscitado entre el juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala y este juzgado federal. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ante ello, se ordena la impresión de la referida ejecutoria, a efecto de que obre agregada físicamente en el presente juicio. RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA Comuníquese a las partes la llegada de dicha ejecutoria, en la que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en su único punto resolutivo, determinó lo siguiente: "PRIMERO. Sí existe el conflicto competencial planteado. SEGUNDO. Se declara legalmente competente para conocer de la demanda de amparo de que se trata, el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, acorde con las consideraciones expresadas en la presente resolución. TERCERO. De igual forma, remítase copia autorizada de la presente resolución al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, para su conocimiento. ANOTACIONES DE RIGOR En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes CONSIDERACIÓN DE LA EJECUTORIA La resolución respecto del conflicto competencial de mérito, definió -esencialmente- que este juzgado federal era el competente para conocer del presente asunto, debido a los siguientes motivos: ".En esa virtud, este tribunal colegiado considera que resulta legalmente competente para conocer del juicio de amparo materia del presente conflicto, al Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. Lo anterior, no obstante que el referido juzgador al declararse incompetente, como se dijo, tomó su determinación en términos de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo, al considerar que al haber sido señalado como autoridad responsable, justificaba su incompetencia para conocer del asunto, por lo que el conocimiento correspondía al juez de distrito más cercano dentro del circuito al que pertenezca, es decir, al Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco. Ello, porque el primer presupuesto que debe colmarse para que se estime actualizada la excepción a la regla general de competencia territorial, que prevé el aludido numeral 38, es que exista claridad en cuanto a la existencia de un acto reclamado atribuido a un juez de distrito; lo que no acontece en la especie, puesto que en la demanda de amparo no se aprecia qué acto en específico es el que se reclama de los Jueces de Distrito residentes en el Estado de Puebla, sino que el quejoso sólo alega la ilegal ocupación y/o vigilancia realizada en su propiedad, el cual no es un acto en sí, para estimar que se está frente a un caso en donde se materializa el referido supuesto excepcional. En consecuencia, no es válido que por el simple hecho de que en su demanda de amparo, la parte quejosa señalen como autoridad responsable a un juez de distrito, sin especificar qué actuación es la que en concreto le reclama y sin desprenderse además, de dicho ocurso algún elemento objetivo que permita advertir su existencia, para que aquél alegue que carece de competencia para conocer del asunto, en términos del citado artículo 38. Asimismo, cabe señalar que -atendiendo a las directrices marcadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis referida-, podrá tomar en consideración lo siguiente: 1. Que la circunstancia de haber sido señalado como autoridad responsable no conlleva de manera inmediata que deba declinar la competencia en favor de otro órgano. 2. Que al momento de proveer sobre la demanda está obligado a realizar un análisis integral de ésta para que, si de la revisión se obtiene que en realidad el órgano jurisdiccional no intervino en la emisión del acto reclamado, admita la demanda, precisando que al no existir el acto que se le reclamó, no puede considerársele como autoridad responsable y no hay algún impedimento legal para que conozca de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda. 3. Si como resultado de la revisión de la demanda existe duda sobre el motivo por el que se le señaló como autoridad responsable, el juzgado deberá prevenir a los quejosos a efecto de que precisen cuál es el acto en concreto que le reclaman, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, por falta de certeza de dicho acto. 4. Si derivado del análisis mencionado surge la duda sobre si en realidad lo que los quejosos persiguen al señalar como responsable al juzgado de Distrito es plantear un impedimento para que el titular de ese órgano conozca del asunto, deberá prevenírseles para que aclaren su demanda y, en su caso, expongan las razones en las que lo sustentan. Desahogada la prevención debe determinarse si existen motivos para iniciar el trámite correspondiente relativo al impedimento, pero, si la prevención no se desahoga, deberá proveer sobre la admisión de la demanda en los términos previstos en el número 2. [.]" PREVENCIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Consecuentemente, en estricto acatamiento a la ejecutoria de mérito, y dado que existe duda sobre el motivo por el cuál se señaló a este juzgador como autoridad responsable, a efecto de acordar sobre la admisión de la demanda de amparo, si en el caso procede o no, se requiere al promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: Primero. Precise <<qué acto en concreto es el que le reclama a los Jueces de Distrito en Materia Penal con residencia en el Estado de Puebla>>. Ello porque, según lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, no se advierte qué acto en específico es el que se reclama de los Jueces de Distrito residentes en el Estado de Puebla, y, de manera específica a este juzgador constitucional, ya que en su demanda de amparo sólo alega: <<la ilegal ocupación y/o vigilancia realizada en su propiedad, el cual no es un acto en sí, para estimar que se está frente a un caso en donde se materializa el referido supuesto excepcional>>. Por lo cual, en todo caso, el quejoso deberá señalar si persiste en atribuir al suscrito Juez Federal el acto reclamado que señaló desde su escrito inicial de amparo. Segundo: Señale si es su deseo <<plantear un impedimento para que el titular de este órgano conozca de este asunto>>. Lo anterior, dado que se realizó un análisis de la demanda, y surge la duda a quien esto resuelve, sobre si la finalidad que persigue la parte quejosa al señalar a este juzgador como responsable es la de plantear un impedimento para que este titular se inhiba de conocer del presente asunto, o si persiste en que dicho señalamiento se debe a que únicamente desea atribuirle el carácter de responsable a efecto de tener certeza sobre quien emitió el acto del que se duele en su demanda de amparo. En caso de que convenga en plantear un impedimento para que el titular de ese órgano conozca del asunto, deberá aclarar su demanda y, exponer las razones en las que lo sustentan. En el supuesto de que no realice algún pronunciamiento al respecto, se entenderá que no es su deseo plantear impedimento alguno. Al respecto, de la interpretación armónica del artículo 108, fracción IV -que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame-, en relación con el 74, fracción I -que dispone que la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado-, ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los mismos. Hágase del conocimiento de la parte promovente que la presente prevención es con el fin de que precise lo ya indicado, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. También signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por él mismo, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a la superioridad.
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