Jesus Rivera Rodriguez

Expediente 394/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
394/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
15/06/2022

Partes del expediente

  • Jesus Rivera Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil veintidós.********************I.FIRME SOBRESEIMIENTO.********************Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que a la fecha de este proveído, feneció el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en la cual se sobreseyó en el presente controvertido constitucional; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes.********************Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. ********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos******************** II.DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.******************** En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años.********************Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.********************Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las nueve horas con treinta y ocho minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 394/2022-B promovido por Jesús Rivera Rodríguez, por propio derecho; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante Martha Graciela Lemus Barajas, secretaria que autoriza y da fe, procede a su celebración, sin la asistencia de las partes. A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan el escrito de demanda presentado por Jesús Rivera Rodríguez (fojas 2 a 6); acuerdo preventivo (fojas 7 a 15); desahogo del mismo (fojas 20 y 21); acuerdo admisorio (fojas 22 a 26); informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 31, 37, 43 y 49); y, proveídos en que se recibieron (fojas 32, 33, 38, 39, 44, 45, 50 y 51). Asimismo, la Secretaria certifica: Que transcurrió el plazo de ocho días concedido a las partes para que se impusieran de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por realizada la relación de constancias, así como la certificación que antecede, para los efectos legales conducentes. Abierto el período probatorio: La secretaria certifica que ninguna de las partes ofreció pruebas. Enseguida, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por realizada la certificación secretarial que antecede; y, por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. A lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes a formular alegatos, con lo que se cierra esta etapa. Luego, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional. Acto seguido, el suscrito Juez procede a dictar: S E N T E N C I A V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 394/2022-B del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Jesús Rivera Rodríguez, por propio derecho. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado -electrónicamente- el doce de abril de dos mil veintidós (fojas 2 a 6), ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Jesús Rivera Rodríguez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la 1. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (Adriana de Lourdes Martínez Jiménez) y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de doce de abril de dos mil veintidós (fojas 7 a 15), se registró la demanda promovida por Jesús Rivera Rodríguez, por propio derecho, con el número de juicio de amparo indirecto 394/2022-B; y se previno al quejoso para que diera cumplimiento a lo siguiente: (.) ÚNICO. Manifieste bajo protesta de decir verdad con exactitud cuál es la denominación actual y correcta de las autoridades que señaló como: (.)1. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA 2. JUECES DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA. (.) Una vez que la citada parte quejosa desahogó la vista en cuestión (fojas 20 y 21), se admitió a trámite la demanda de amparo, formándose por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 36). TERCERO. Cita para audiencia. En auto de doce de mayo del año en curso (fojas 53 a 55), previo diferimiento, se señalaron las nueve horas con treinta y ocho minutos de este día, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, cuya ejecución se atribuyen a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional5. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."6 Así, del contenido integral de la demanda de amparo, desahogo del auto preventivo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso Jesús Rivera Rodríguez, reclama: 1. Las órdenes de presentación, aprehensión y detención emitidas en su contra; y, 2. Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 a 16 1. Isaí Rivas López, Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, por sí y en representación de los: Jueces de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla: 2) Adriana de Lourdes Martínez Jiménez; 3) Enrique López Criollo; 4) Aarón Hernández Chino; 5) Rosalba Elena Zarate Herrera, 6) Mario Cortés Aldama; 7) Rosa Aurora Espejel Prado; 8) María Guadalupe Muñoz Pérez; 9) Magally Escamilla Rodríguez; 10) Ana Alicia Ponce Frías, 11) Rosario Ivonne Rivera Calzada, 12) Karla Ivonne Munguía Olmos; y, 13) Bet Nimra Pérez Hernández. Así como de los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla: 14) Karla Patricia Niegan (foja 31)Ambrosio Vargas y 15) Javier Vázquez Fernández. Y del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla: 16. Juan Jesús Gutiérrez Estrada. 17 Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega (foja 37) 18 Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega (foja 49) 19 Encargado de la Dirección de Atención a Mandamientos Ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega (foja 43) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido para este resolutor, que las autoridades responsables 18. Director de Atención de Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla y 19. Encargado de la Dirección de Atención a Mandamientos Ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, al rendir su respectivo informe justificado, no se pronunciaron respecto de la totalidad de los actos que le fueron atribuidos, sin embargo, tomando en consideración que las autoridades judiciales ordenadoras, por conducto del Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, fueron precisas en señalar, que no hay registro de haberse decretado en contra del quejoso Jesús Rivera Rodríguez orden de presentación, aprehensión, ni detención, por lo que negaron de manera categórica dichos actos. De ahí, que la circunstancia relativa a que las autoridades responsables ejecutoras mencionadas con antelación, hayan omitido rendir su respectivo informe justificado por la totalidad de los actos reclamados, no incide en el sentido de la presente determinación, en razón a que dada su calidad, no estarían en condiciones de ejecutar un acto inexistente. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, como lo solicitó el quejoso en su escrito de demanda, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 394/2022-B, promovido por el quejoso Jesús Rivera Rodríguez, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos que integran el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial que antecede, de lo que se advierte que en auto de tres de mayo de dos mil veintidós, se recibió el informe justificado de la autoridad responsable 18. Director de Atención de Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, el cual fue notificado a la parte quejosa, vía electrónica, el once de mayo del actual y surtió efectos en la misma data. Por ende, el término de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se imponga del contenido de dicho informe emitido por la aludida potestad responsable, transcurre del doce al veintitrés de mayo del presente año; pues el proveído de referencia se notificó electrónicamente el once de mayo del año en curso, y surtió efectos en la misma data, sin tomar en consideración los días catorce, quince, veintiuno y veintidós de mayo del actual, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, a fin que transcurra el término de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se imponga del contenido del informe justificado emitido por la autoridad responsable 18. Director de Atención de Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veinte de mayo de dos mil veintidós, SE DIFIERE; y, se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas con treinta y ocho minutos del veintiséis de mayo del año que transcurre. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, y por lista a las demás partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de mayo de dos mil veintidós. I. SE AGREGAN INFORMES PREVIOS. Vistos, intégrense a los presentes autos únicamente para que obren como correspondan los informes previos de las autoridades responsables 18. Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla y 19. Encargado de la Dirección de Atención a Mandamientos Ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Puebla; en virtud que el veintiocho de abril pasado, se resolvió en definitiva la presente incidencia y en consecuencia lo conducente respecto de dichas autoridades; aunado a que los informes de cuenta no inciden en el sentido del fallo. CÚMPLASE...

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