Jesus Lopez Alvarez

Expediente 1268/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1268/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Jesus Lopez Alvarez

Actuaciones

  1. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1268/2023; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, compareció Jesús López Álvarez, por su propio derecho, a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de las autoridades y acto reclamado que a continuación se precisan: Autoridades responsables: Jueces de Control y enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral; con sede en Uruapan, Michoacán; y, Jueces de Distrito especializados en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: La orden de aprehensión dictada en audiencia privada de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 475/2019, por estar relacionado con el delito de portación de arma de fuego sin licencia, al no cumplir con las obligaciones que le fueron fijadas al concederle la suspensión condicional del proceso. La parte quejosa invocó como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. En auto de trece de abril de dos mil veintitrés (foja 25), el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, al que por razón de turno correspondió recibir la demanda de amparo, la admitió a trámite, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y le dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Por último, en auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés (foja 93) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó el cinco de julio siguiente; y mediante sentencia dictada el veintiséis de septiembre posterior declaró carecer de competencia legal por razón de territorio y ordenó remitir el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad. Por razón de turno correspondió conocer del presente juicio a este juzgado, quien mediante auto de cuatro de octubre pasado aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda que dio origen al presente juicio. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el diverso 51/2015, del mismo órgano, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución material en el ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo que establece el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se entrará al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio señalado con antelación, el acto reclamado por el quejoso consiste en: La orden de aprehensión dictada en audiencia privada de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 475/2019, por estar relacionado con el delito de portación de arma de fuego sin licencia, al no cumplir con las obligaciones que le fueron fijadas al concederle la suspensión condicional del proceso. El cual atribuyó a las siguientes autoridades: Jueces de Control y enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en Uruapan, Michoacán; y, Jueces de Distrito especializados en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Los Jueces de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan y Morelia, al rendir su informe con justificación negaron el acto reclamado. No obstante lo anterior, la promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de las citadas autoridades responsables, aun cuando se le dio la vista respectiva con los informes justificados respectivos, a pesar que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Se justifica lo señalado, porque además de que la existencia del acto reclamado a la autoridad indicada en esta consideración, fue negada de forma lisa y llana, dicha aseveración tampoco generó motivo alguno para que en suplencia de la queja deficiente este juzgador conminara a la citada autoridad a probar su dicho, en este caso, la negativa del acto a ella atribuido, porque la naturaleza de su aseveración la liberó de la carga probatoria y la trasladó a la inconforme, quien afirmó la transgresión a sus derechos, a partir de la actuación de ese ente de gobierno, por eso a éste correspondía la acreditación de sus argumentos. Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad señalada en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta a la autoridad mencionada en el presente considerando. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 51). Lo que se corrobora con las constancias que remitió como complemento de su informe justificado, consistente en el disco compacto que contiene el archivo en audio y video de la audiencia privada de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en la que se determinó girar orden de aprehensión contra el quejoso, mandamiento que constituye el acto reclamado. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, se tiene por cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Quinto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, corresponde ahora examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, al no existir causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y dado que este juzgado tampoco las advierte de manera oficiosa; por tanto, se procede realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Sexto. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. El quejoso en su escrito de demanda, no expuso conceptos de violación. Sin embargo, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, opera la suplencia de la queja deficiente, ya que en el caso materia del presente asunto, el quejoso Jesús López Álvarez, en su calidad de procesado reclama la resolución dictada en audiencia privada de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 475/2019, instruida por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, en la que se ordenó girar orden de aprehensión en su contra. Pese a ello, en el caso este juzgador no advierte queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien esto resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso lo perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, habida consideración que la orden de aprehensión reclamada no transgrede los derechos fundamentales del quejoso previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Se afirma de ese modo, porque a consideración de quien resuelve, la resolución que constituye el acto reclamado, se ajusta legalmente a los requisitos para su emisión. Para sustentar esa afirmación, en primer término, deben traerse a cuenta algunos antecedentes de la causa penal de origen de la que deriva el acto reclamado, de la cual se aprecia, para lo que aquí nos interesa lo siguiente: El nueve de octubre de dos mil diecinueve, se dictó auto de vinculación a proceso a Jesús López Álvarez, por estar relacionado con el delito de portación de arma de fuego sin licencia; En esa misma determinación se declaró procedente la suspensión condicional del proceso, una vez que se determinó que se cumplían los requisitos a que se refieren los artículos 192 y 193 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se fijó el plazo de seis meses para su cumplimiento, y se fijaron como obligaciones las previstas en las fracciones I, VI, VIII, IX y X, del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales; Posteriormente, en acuerdo de catorce de octubre de dos mil veinte se tuvo al agente del Ministerio Público de la Federación solicitando audiencia de revisión de la suspensión condicional, en virtud de que una vez realizados los actos de investigación, en relación con el cumplimiento de las condiciones impuestas, se advirtió que el quejoso incumplió con las mismas; Luego, se fijaron las trece horas con con treinta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte para que tuviera verificativo la audiencia de revisión de suspensión condicional y los resultados de los actos de investigación, la cual no fue posible celebrar dada la incomparecencia injustificada de Jesús López Álvarez, celebrándose en la misma fecha audiencia privada en la que se determinó girar orden de aprehensión, con la finalidad de hacer comparecer al imputado. Ahora bien, los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que regulan la suspensión condicional del proceso son los siguientes: "Artículo 191. Definición Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal." "Artículo 192. Procedencia La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes: I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido, y III. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso. Lo señalado en la fracción III del presente artículo, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento. La suspensión condicional será improcedente para las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del párrafo séptimo del artículo 167 del presente Código." "Artículo 193. Oportunidad Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura de juicio, y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos." "Artículo 195. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso El Juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberá cumplir, las cuales en forma enunciativa más no limitativa se señalan: I. Residir en un lugar determinado; II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas; III. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas; IV. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones; V. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el Juez de control; VI. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública; VII. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas; VIII. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez de control determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia; IX. Someterse a la vigilancia que determine el Juez de control; X. No poseer ni portar armas; XI. No conducir vehículos; XII. Abstenerse de viajar al extranjero; XIII. Cumplir con los deberes de deudor alimentario, o XIV. Cualquier otra condición que, a juicio del Juez de control, logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Para fijar las condiciones, el Juez de control podrá disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. El Ministerio Público, la víctima u ofendido, podrán proponer al Juez de control condiciones a las que consideran debe someterse el imputado." El Juez de control preguntará al imputado si se obliga a cumplir con las condiciones impuestas y, en su caso, lo prevendrá sobre las consecuencias de su inobservancia. Ahora bien, conviene traer a cuenta los argumentos establecidos por la Fiscalía de la Federación al momento de solicitar se girara orden de aprehensión contra el aquí quejoso, los cuales son los siguientes: ".Con fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve decretó auto de vinculación a proceso al ahora imputado ello por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81, párrafo primero, en relación con el 9, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, audiencia en la cual se realizó la exposición pormenorizada de los hechos y datos de prueba con las cuales se decretó esa vinculación a proceso, de igual forma, en esa audiencia se tuvo a bien a determinar la suspensión condicional del proceso a favor del ahora imputado en la cual se impusieron como medidas cautelares o condiciones a cumplir, residir en un lugar determinado, prestar servicio social en favor de la comunidad, tener un trabajo o empleo y someterse a la vigilancia que determinara el juez, así como no poseer ni portar armas de fuego, sin embargo señoría hasta este momento ya se ha decretado sustraído de la acción de la justicia, en virtud de que el mismo se ausentó de su domicilio ello con sustento en los siguientes datos de prueba, una entrevista de fecha diecisiete de octubre de 2020, realizada a la señora Rita Gaona López por parte de nuestra elemento de la Policía Federal Ministerial Irene Guzmán Castellanos, entrevista a través de la cual se advierte que la señora Rita conoce al imputado, toda vez que este vivía con su hija Daniela Calvillo Gaona, en unión libre en el domicilio ubicado en calle Plan de Guadalupe número 124 colonia Tierra y Libertad, en la ciudad de Uruapan, Michoacán, pero que se dejó con su hija, aproximadamente desde hace como nueve meses y que dejó de vivir en ese domicilio, desconociendo dónde podría encontrarlo o dónde viva, que su hija se fue a los Estados Unidos y no sabe nada de él; asimismo, con una diversa entrevista recabada también en la misma calle Plan de Guadalupe número 116, colonia Tierra y Libertad a una persona y el sexo femenino de la cual se deja asentada su media filiación toda vez que no proporcionó datos generales y refiere que efectivamente en el número 124, de esa calle el ahora imputado vivía, sin embargo, hace aproximadamente siete meses que no lo ve en ese domicilio, y que sabía que su pareja se fue a los Estados Unidos, pero que se separaron y desconoce dónde puedan ser localizados. Asimismo señoría se tiene el dato de prueba de que el imputado tiene el mínimo interés acerca de este proceso en virtud de que tampoco dio cabal cumplimiento al trabajo en favor de la comunidad como se advierte del oficio 840/2020, de fecha siete de julio de dos mil veinte, suscrito por la licenciada Adriana Magaña Madrigal, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, a través del cual nos informa que únicamente el imputado se presentó el trece de diciembre de dos mil diecinueve a realizar sus actividades de servicio comunitario sin embargo el veinte de diciembre de dos mil diecinueve dejó de cumplir con este, es por ello que esta Fiscalía de la Federación al ausentarse el imputado del domicilio en el cual estaba obligado a residir y a dar cumplimiento a la suspensión condicional del proceso, sin dar aviso a la autoridad jurisdiccional como a la propia Fiscalía o a su defensor, se declaró sustraído de la acción de la justicia y derivado de esa necesidad y cautela esta Fiscalía de la Federación solicita tenga a bien librar orden de aprehensión en contra del imputado." Por su parte, el Juez responsable para girar la orden de aprensión reclamada determinó lo siguiente: ".El hecho de que el imputado sea sustraído de la acción de la justicia lo que se acredita con el informe de Irene Guzmán Castellanos, quien el diecisiete de octubre de dos mil veinte, se entrevistó con Rita Gaona López, donde refirió que el imputado dejó de vivir en su casa hace aproximadamente nueve meses, lo que se corrobora con la diversa entrevista practicada en el domicilio de Plan de Guadalupe ciento dieciséis, entiendo en la colonia Tierra y Libertad, de Uruapan, donde la persona que vive en ese lugar, quien no se identificó corrobora que el imputado tenía más de siete meses que no habitaba dicho lugar, y la Síndica Municipal Norma Adriana Magaña Madrigal recibido mediante oficio 840/2020, y que el imputado únicamente acudió el trece de diciembre de dos mil diecinueve, y desde entonces no acude a continuar con su servicio social lo que implica que el imputado no está localizable y además tiene como consecuencia que se justifique la necesidad y proporcionalidad de esta medida de conducción y mediante una orden de aprehensión tanto es así que no hay forma de localizarlo, de ahí que se decreta dicho mandamiento en contra del antes nombrado, que está relacionado por el delito por el cual está vinculado y este mandamiento de captura tiene como finalidad que una vez que sea localizado sea presentado ante este centro de justicia de manera inmediata." Por su parte, el artículo 198 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuando procede revocar la suspensión condicional del proceso de la siguiente manera: "Artículo 198. Revocación de la suspensión condicional del proceso Si el imputado dejara de cumplir injustificadamente las condiciones impuestas, no cumpliera con el plan de reparación, o posteriormente fuera condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso o culposo, siempre que el proceso suspendido se refiera a delito de esta naturaleza, el Juez de control, previa petición del agente del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, convocará a las partes a una audiencia en la que se debatirá sobre la procedencia de la revocación de la suspensión condicional del proceso, debiendo resolver de inmediato lo que proceda..." Bajo el anterior panorama, quien resuelve estima que la orden de aprehensión fue legal, porque como bien lo determinó el juez responsable, Jesús López Álvarez, incumplió con las obligaciones inherentes a la suspensión condicional del proceso, al abandonar el domicilio de su residencia sin dar aviso alguno, ni cumplir con el trabajo a favor de la comunidad que le fueron fijados. Aunado a ello, es legal que haya emitido ese mandamiento de captura, porque en la causa penal obra información que revela que el accionante del amparo no dio cumplimiento a las obligaciones que le fueron impuestas; con lo cual se acredita el evidente incumplimiento a la suspensión condicional del proceso. Del mismo modo, quien resuelve estima que tampoco está justificada una causa válida que sustente el incumplimiento a esa obligación, porque a pesar que la autoridad ministerial agotó los medios a su alcance a fin de localizar al quejoso en el domicilio en que se obligó a residir y otorgarle la posibilidad de que justificara el incumplimiento a la misma, lo cual realizó a través de la Policía Federal Ministerial, no fue posible su localización. Por lo anterior, es correcto que como lo hizo el juez responsable haya dejado sin efecto la suspensión condicional del proceso y girara orden de aprehensión en su contra, ya que de conformidad con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si el imputado se encuentra sustarído de la acción de la justicia al haberse ausentado de su domicilio sin aviso, teniendo obligación de hacerlo, dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión, dicho numeral establece lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." En esas condiciones, el acto reclamado no transgrede los derechos contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ende se debe negar el amparo solicitado. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jesús López Álvarez, contra los actos reclamados a la autoridad responsable y por los motivos precisados en el propio considerando. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jesús López Álvarez, contra el acto y autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo y por los motivos expuestos en el diverso sexto. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica al testigo por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 11 de octubre del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. 1. ADMISIÓN: Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio del actuario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 245/2023 de su índice, dado que por sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, dicho órgano jurisdiccional ordenó remitir el referido sumario, toda vez que el juez homólogo consideró que carece de competencia para conocer de la demanda por territorio. Acúsese de recibo. Fórmese expediente y regístrese en el libro electrónico respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número I-1268/2023-Jjsg. Por lo anterior, con apoyo en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Jesús López Álvarez, contra actos de los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. Con copia de la demanda de amparo, dése al agente del Ministerio Público Federal la intervención correspondiente, quien deberá asentar el acuse de recepción respectivo, lo anterior con fundamento en los artículos 5°, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo. Sin que sea necesario tramitar el incidente de suspensión del acto reclamado, toda vez que, en el auto admisorio del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, Michoacán, ordenó tramitar por separado y en un sólo tanto, el incidente de suspensión de los actos reclamados; sin embargo, el juez homólogo omitió remitir dicho cuaderno. Por tanto, solicítese de la manera más atenta al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, se sirva remitir el cuaderno incidental relativo al juicio de amparo 245/2023, de su índice. De igual forma, se convalidan las actuaciones realizadas y la audiencia constitucional subsiste, por lo cual resulta innecesario fijar fecha para la celebración de la misma y una vez que obren las constancias de notificación a las partes, se ordenará poner los autos a la vista para dictar sentencia. 2. SOLICITUD DE INFORMES: Por otro lado, resulta innecesario solicitar el informe justificado a las autoridades responsables, en virtud de que éstos ya obran glosados dentro de las constancias que remitió el juzgado homólogo; en consecuencia, con éstos dése vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. 3. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS Y DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, desde ahora se formula autorización para tener como delegados a las personas que, en su caso, designe la autoridad responsable y por señalado el domicilio para recibir notificaciones que llegue a proporcionar en autos. Se informa a la autoridad responsable que no es necesario que acuse recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que le sea solicitado expresamente, o en su caso, se llegue a devolver con el oficio algún documento, objeto o información en formato digital. 4. AUTORIDADES INEXISTENTES: Ahora bien, de los autos que integran el presente juicio, se advierte que mediante auto de fecha once de mayo del año en curso, y toda vez que, le feneció el término de tres días concedido a la parte quejosa en auto de fecha veintisiete de abril de la presente anualidad, para que manifestará lo que a su interés legal conviniera respecto de la vista que se le dio, en relación con la imposibilidad que tuvo el actuario judicial adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para emplazar a las autoridades señaladas en dicho autos, el juez homólogo le hizo efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y en consecuencia, tuvo por inexistentes a las autoridades referidas en dicho auto. 5. PRUEBAS: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas ofertadas por la parte quejosa y las que allegó el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad, las que se ordena relacionar al momento de la celebración de la audiencia constitucional. 6. RECONOCIMIENTO DE PARTE TERCERA INTERESADA: Por otro lado, con fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se convalida el emplazamiento realizado por el homologo al tercero interesado Licenciado José Eduardo Sánchez Rojas, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula III-1, con residencia en Uruapan, Michoacán, para los efectos legales conducentes. Por tanto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se le tiene por emplazado al presente juicio en su carácter de tercero interesado al Licenciado José Eduardo Sánchez Rojas, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula III-1, con residencia en Uruapan, Michoacán, tal y como se advierte de las constancias que se glosan al presente sumario. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa y de los referidos terceros interesados la presente determinación mediante notificación personal. 7. NOTIFICACIONES: Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta ciudad, de conformidad con los artículos 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo, se ordena practicar las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, mediante la lista que se fija en lugar visible de este juzgado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. Se tiene como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. En otra tesitura, en virtud a que las labores de este órgano jurisdiccional se han regularizado de manera presencial; dígase que no ha lugar a practicar las notificaciones personales a través del correo electrónico que indica en su libelo de demanda, toda vez que dicho medio no se encuentra regulado por el artículo 26 de la Ley de Amparo. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. 8. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS: Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas a petición verbal de las partes, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos para constancia. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos, etcétera. 9. JUICIO EN LÍNEA O DE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA: Se exhorta a las partes para que si es su deseo, transiten al trámite del juicio en línea y para ello en su caso, realicen lo siguiente: a) Obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso al expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía, con evidencia criptográfica de firma electrónica. b) En relación con las autoridades responsables, se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes o cumplir sus requerimientos a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, por lo que se les requiere para que en su caso, proporcionen a este órgano una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes, así como demás solicitudes al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, con evidencia criptográfica de firma electrónica, sin que lo anterior implique que se sustituya la facultad de este Juzgado de Distrito de solicitar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. c) Asimismo, para que las autoridades proporcionen el nombre, cargo, teléfono fijo o móvil del servidor público que pueda fungir como enlace a efecto de instituir un vínculo de comunicación para las gestiones derivadas de la tramitación del presente asunto. 10. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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