Jesús Manuel Cervantes Valenzuela

Expediente 559/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
559/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
12/12/2018

Partes del expediente

  • Jesús Manuel Cervantes Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal, residente en esta ciudad, mediante el cual devuelve los tomos de prueba que refiere por la razón que indica; asimismo, como lo solicita, devuélvanse a la citada juez, las documentales que allegó al presente juicio, por ser innecesaria su retención. Cúmplase. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de noviembre de dos mil dieciocho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/5669/2018 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; ante la licenciada Adela Rodríguez González, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de doce de noviembre de dos mil dieciocho, en la que por una parte, se sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otro lado, negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó el amparo en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se negó la suspensión solicitada. Por lo que refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Por otra parte, devuélvase al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal, residente en esta ciudad, las documentales que allegó al presente juicio que obra en cinco tomos de pruebas, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 559/2018, promovido por Jesús Manuel Cervantes Valenzuela, por propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil dieciocho (fojas 2-7), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, del que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, Jesús Manuel Cervantes Valenzuela, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y del Director del Centro de Reinserción Social "Licenciado David Franco Rodríguez". Actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16, 19, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintisiete de junio de dos mil dieciocho (foja 29), se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró con el número 559/2018; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. En proveído de once de junio de dos mil dieciocho (foja 111), se reconoció el carácter de tercero interesado a G.M.Z., y se ordenó su emplazamiento. De igual forma, el diecinueve de citado mes y año, se ordenó el emplazamiento de los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Sala y Juzgado responsables. Finalmente, seguido el juicio por sus demás trámites legales se llevó a cabo la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia en el territorio en que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis P.VI/2004, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, la cual es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención a los criterios transcritos, los actos reclamados por los quejosos son: Al Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado ( La resolución de once de junio de dos mil dieciocho, emitida en el toca I-40/2018, relativo al recurso de apelación interpuesto por la defensa, en contra de la resolución que declaró improcedente el incidente no especificado sobre error en la persona, dictado dentro del proceso penal 409/2003-III, instruido a Jesús Manuel Cervantes Valenzuela, por la comisión de los delitos de secuestro en grado de tentativa y homicidio calificado, en agravio de G.M.Z. así como su ejecución. Al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia ( El auto que resuelve el incidente no especificado por error de persona, dictado el trece de abril de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 409/2003-III, instruida en contra de Jesús Manuel Cervantes Valenzuela, por la comisión de los delitos de secuestro en grado de tentativa y homicidio calificado, en perjuicio de G.M.Z. Al Director del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez" ( la ejecución de los actos reclamados. Tercero. Cuarto. Certeza del acto reclamado. El Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia del acto reclamado (fojas 38 y 109). El Director del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, el mismo debe tenerse por cierto, al haberlo admitido las ordenadoras. Certeza que se corrobora con las constancias que remitieron dichas autoridades responsables, consistentes en las copias certificadas del toca de apelación I-40/2018 y testimonio autorizado de la causa penal 409/2003-III [constante de cinco tomos]. Probanza que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, de las que se desprende tanto el auto dictado el trece de abril de dos mil dieciocho como la resolución de once de junio de dos mil dieciocho. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Actualización de causal de improcedencia respecto del auto de trece de abril de dos mil dieciocho, atribuido al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, registro 394770: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 1. Cesación de efectos (artículo 61, fracción XXI). Este juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Ahora bien, es pertinente establecer que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación, se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. b) Por sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. En el caso que nos ocupa, se actualiza el supuesto contenido en el inciso b. Ello porque el acto que se estudia en el presente apartado [resolución de trece de abril de dos mil dieciocho], fue apelado por el aquí quejoso mediante escrito datado el diecinueve de abril de dos mil dieciocho (foja 4008 tomo de pruebas V), correspondiendo su conocimiento por razón de turno a la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Órgano Colegiado que resolvió el citado medio de impugnación, el once de junio de dos mil dieciocho, en el sentido de confirmar el auto combatido, al considerar infundados los motivos de agravio. En ese tenor, es evidente que cesaron los efectos de dicho acto reclamado, pues el auto recurrido obtuvo ejecutividad y firmeza en cuanto se decidió el recurso de apelación; por lo que, la resolución de once de junio de dos mil dieciocho que resolvió el recurso de apelación sustituyó al auto de trece de abril de dos mil dieciocho. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la tesis I.3o.C.769 C emitida por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, visible en la página 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, registro 165869: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer en el juicio de conformidad con el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del auto dictado el trece de abril de dos mil dieciocho, por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en el que declaró improcedente el incidente no especificado sobre error de persona planteado por el aquí quejoso. 2. Interés jurídico (artículo 61, fracción XII). Por su parte, el Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado aduce, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (foja 163, de este expediente), pues refiere que el quejoso no demostró encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y que por tanto, no acreditó una afectación en su interés jurídico o legítimo. Lo argumentado en torno a dicha causa de improcedencia es infundado, ya que de autos se advierte que el quejoso es parte dentro de la relación procesal generada con motivo del trámite del expediente de origen, lo que evidentemente afecta su interés jurídico, en relación con los actos reclamados que consideran violatorios de sus derechos; además, no se advierte que en el presente juicio los actos reclamados consistan en una norma, como lo refiere el representante social adscrito. Por tanto, toda vez que las demás partes no hicieron valer diversa causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de otra, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Quinto. Estudio de los motivos de inconformidad hechos valer por el quejoso respecto de la resolución de once de junio de dos mil dieciocho, atribuido al Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son infundados e inoperantes tales conceptos de violación, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso lo perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, además que la resolución analizada en este considerando (once de junio de dos mil dieciocho), que confirmó la diversa que declaró improcedente el incidente no especificado sobre error de persona de trece de abril de dos mil dieciocho, no transgrede los derechos fundamentales del quejoso previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 263 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, Materia Común, Décima Época, registro 2014703, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna". En ese contexto, este Órgano Constitucional sólo se avocará al estudio de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso. Ahora bien, aduce el quejoso que la Sala Responsable indebidamente confirmó la resolución del juez mediante la cual declaró improcedente el incidente no especificado sobre error de persona de trece de abril de dos mil dieciocho. Ello, porque -señala el quejoso- no tomó en cuenta las pruebas descritas en los agravios, esto es, declaró improcedentes los testimonios que se llevaron a cabo a través de los careos; no valoró la información que vía documental efectuó el Instituto Electoral en el sentido de que existe otra persona con el mismo nombre y apellidos, ni los testimonios ofrecidos para acreditar su buena conducta así como su ocupación en los tiempos en que ocurrieron los hechos delictivos que se le imputan. Argumentos que son carentes de razón. Lo anterior es así, porque -contrario a lo aducido por el quejoso- de la lectura del acto reclamado, se advierte que la Sala, en el considerando 5.2. denominado "Insuficiencia de las pruebas desahogadas para justificar la incidencia que nos ocupa", analizó dichos medios probatorios, ya que al respecto adujo: a. Careos celebrados entre Jesús Manuel Cervantes Valenzuela y sus coacusados Jesús Antonio Leyva Cortés, Gerardo Zaragoza Mendoza, Renato Cervantes Pinto y Jesús Amed Cruz Tavares. En relación a dichos medios de prueba, legalmente adujo la responsable que si bien dichos coinculpados coincidieron en que el aquí quejoso no era la persona a la que se refirieron en sus iniciales declaraciones, lo que era coincidente con la ampliación de declaración del aquí quejoso, también lo era que tales probanzas eran insuficientes para decretar el error de persona, porque Renato Cervantes Pinto se retractó de sus iniciales declaraciones en las que había admitido los hechos, en tanto que el resto de los coinculpados los negaron, circunstancia que hace dudar su fiabilidad. Que -señaló la Sala- aunado a ello, los coinculpados sólo se concretaron a señalar que el aquí quejoso no era la persona que ellos mencionaron, pero no proporcionaron aspectos que contribuyeran a descartar de que se trate de las misma persona, como por ejemplo, la media filiación de aquél que mencionaron. Y si bien, Jesús Amed Cruz Tavares sí indicó que la persona que señaló tenía un tatuaje en el pecho que dice "Hecho en México" y tiene un águila, ese dato pugnaba con lo adujo Gerardo Zaragoza Castellanos, en el sentido de que la persona señalada como "el charras" no tiene tatuajes o señas visibles. b. Testimoniales de Briseida Guadalupe Cervantes Valenzuela, Simón Norzagaray Iriarte y Juan Manuel Vega Moreno. Respecto de dichos medios de prueba, la Sala responsable dijo que tales testimoniales eran insuficientes para modificar el sentido del auto apelado, ya que no deponen en relación a la identidad del aquí quejoso, sino que van encaminadas a evidenciar su no participación en el citado delito, por encontrarse en diverso lugar, lo cual tiene relación directa con su responsabilidad penal, lo que sería motivo de estudio al resolver en definitiva el presente asunto. c. Oficio INE/RFE-SIN/0599/2017 emitido el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, por el Vocal del Registro Federal de Electores. La Sala responsable en relación a dicho tópico adujo que si bien del oficio INE/RFE-SIN/0599/2017 emitido el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, por el Vocal del Registro Federal de Electores, se pudiera sostener la existencia de una diversa persona con igual nombre del quejoso [homonimia], en el mismo no se señalaron datos personales de aquélla, tales como su edad, lugar de nacimiento, mote, que permitieran sostener que tiene relación con los hechos materia de la causa penal, como sí sucedió con el quejoso, por lo que tal constancia no conducía a estimar que se encontraban ante la figura jurídica de error de persona. Esto es, si bien no hizo referencia de manera expresa a la homonimia, sí adujo que aun cuando del oficio emitido por el Vocal del Registro Federal de Electores, se pudiera advertir la existencia de dos personas con el mismo nombre que el aquí quejoso, ello no conducía a estimar que se encontraban ante la figura jurídica del error en la persona. De ahí, que no le asista la razón al quejoso, porque la Sala sí analizó la determinación del a quo en el sentido de que dichos medios de pruebas eran insuficientes para declarar procedente el incidente no especificado sobre error de persona. También manifiesta el quejoso que la responsable viola en su perjuicio el artículo 14 constitucional, ya que indebidamente confirma la resolución de trece de abril de dos mil dieciocho, ya que no tomó en cuenta que existe homonimia. Motivo de inconformidad que es infundado, porque como se estableció párrafos anteriores contrario a lo señalado por el quejoso, la Sala responsable sí se pronunció respecto a la supuesta homonimia que alegó. Aunado a ello, la Sala responsable, también dedicó un apartado de la resolución reclamada, al determinar de qué pruebas se obtenían los datos de identidad del aquí quejoso, contenido en el punto 5.1. y concluir que "no puede sostenerse que estemos en presencia de una homonimia, porque la identidad de una persona generalmente se logra evidenciar a través de aspectos relacionados precisamente con el nombre, a edad y el lugar de nacimiento tal como sucede en el presente caso". En dicho apartado, legalmente determinó que de la adminiculación de la declaración preparatoria de Renato Cervantes Pulido [foja 230, tomo I de pruebas], de la de Jesús Antonio Leyva Cortés (a) "el Chuyito" [foja 232, tomo I de pruebas], del oficio de puesta a disposición de vehículos [foja 224, tomo I de pruebas], de la declaración preparatoria y ministerial de Gerardo Zaragoza Castellanos [fojas 140 y 191, tomo I de pruebas] y de declaración de Antonio Rodríguez Meza [foja 59, tomo I de pruebas], se obtenía lo siguiente: 1. El nombre de Jesús Manuel Cervantes, ya que lo mencionó Renato Cervantes Pinto luego de admitir su participación en los hechos; lo que fue corroborado por lo dicho por Jesús Antonio Leyva Cortés, ya que si bien negó su participación en los hechos, admitió conocer a Jesús Cervantes Valenzuela. 2. Lugar de nacimiento, conforme a lo expuesto por Renato Cervantes Pinto, quien sostuvo que todos los que participaron en los hechos, son originarios de Guasave, Sinaloa. 3. La edad, lo que se determina por lo manifestado por Gerardo Zaragoza Castellanos, quien precisó que la persona a la que le apodan "el charras", era de aproximadamente veinticinco años de edad, lo que coincidió con lo dicho por Antonio Rodríguez Meza, en relación a que uno de los sujetos que andaban en la Blazer era de aproximadamente veinte años. 4. Apodo o sobrenombre, ello por lo narrado por Jesús Antonio Leyva Cortés y corroborado por el oficio de puesta a disposición de vehículos, de los que se desprende que el alias de Jesús Cervantes Valenzuela es "el charras", lo que también está relacionado con lo aducido por Gerardo Zaragoza Castellanos. Circunstancias -precisó la Sala- de los que se lograba la identidad de Jesús Manuel Cervantes Valenzuela, porque dicho indiciado, luego de que fuera puesto a disposición del juez, en su declaración preparatoria [foja 2829, tomo IV de pruebas], entre otros generales adujo que respondía al nombre de Jesús Manuel Cervantes Valenzuela, que contaba con treinta y dos años de edad y que es originario de Guasave, Sinaloa. Asimismo -adujo la Sala- dichos datos coincidían con los que se desprendieron de las pruebas de cargo señaladas, eso es, en cuanto al nombre, edad y lugar de nacimiento. Que aunado a ello, la Fiscalía allegó un documento idóneo que robustecía los aspectos de identidad, como lo es el acta de nacimiento de Jesús Manuel Cervantes Valenzuela [foja 3510, tomo IV, del tomo de pruebas], de la que se advierte que Jesús Manuel Cervantes Valenzuela nació el tres de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, o sea que a la data de los hechos contaba con la edad de veintidós años [lo que coincidía con la edad del activo que señalaron Gerardo Zaragoza y Antonio Rodríguez Meza] así como el lugar de nacimiento [Guasave, Sinaloa] lo que correspondía con lo manifestado por Renato Cervantes Pinto. Finalmente adujo la sala que, la fiscalía también allegó la partida de nacimiento de Renato Cervantes Pinto, de la que se advierte que también es originario de Guasave, Sinaloa y que en efecto se apellida Cervantes, lo cual hace presumir la existencia de la relación de parentesco, aludida por el coprocesado Jesús Antonio Leyva Cortés. En el contexto anterior, la responsable sí analizó de qué pruebas se evidenciaba la identidad del aquí quejoso, se pronunció el tema de homonimia planteado por el aquí quejoso; así como por qué estimaba que las pruebas en las que se apoyaba el quejoso para señalar que había error en la personas eran insuficientes para tal efecto. Por otro lado son inoperantes los motivos de inconformidad en los que manifiesta el quejoso que el Juez señalado como responsable lo sujetó a proceso careciendo la indagatoria de elementos suficientes para fincar la responsabilidad, aunado a que existen vicios durante la misma que son se han tomado en consideración así como que no se reúnen. Ello, porque dicho razonamiento es tendente a combatir el auto de formal prisión y no el acto reclamado, esto es, la resolución de once de junio de dos mil dieciocho. También son inoperantes los motivos de disenso con los que el quejoso pretende combatir la resolución de trece de abril de dos mil dieciocho, pues como se advierte del considerando cuarto de este fallo, dicha resolución fue sustituida procesalmente por la diversa de once de junio de dos mil dieciocho. En las condiciones apuntadas, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación propuestos, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Negativa que se hace extensiva por lo que ve a los actos del Director del Centro de Reinserción Social "Licenciado David Franco Rodríguez", al no haberse impugnado por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE Primero. Se sobresee en el juicio de ampro promovido por Jesús Manuel Cervantes Valenzuela, por su propio derecho, respecto del acto de autoridad y por los motivos precisados en el considerando cuarto del presente fallo. Segundo. La justicia de la unión no ampara ni protege a Jesús Manuel Cervantes Valenzuela, por su propio derecho, contra los actos, autoridades y motivos expuestos en el considerando quinto de esta ejecutoria Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy doce de noviembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO D ELISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA LA SENTENCIA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 QUE EN SINTESIS DICE: "...se: RESUELVE Primero. Se sobresee en el juicio de ampro promovido por Jesús Manuel Cervantes Valenzuela, por su propio derecho, respecto del acto de autoridad y por los motivos precisados en el considerando cuarto del presente fallo. Segundo. La justicia de la unión no ampara ni protege a Jesús Manuel Cervantes Valenzuela, por su propio derecho, contra los actos, autoridades y motivos expuestos en el considerando quinto de esta ejecutoria Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy doce de noviembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe..."

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