Jesus Ivan Villalobos Olivo
Expediente 328/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 328/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jesus Ivan Villalobos Olivo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que se negó en el juicio de amparo que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de conservación dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo referido, el cuaderno único del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, consérvese el juicio, destrúyase el cuaderno original del incidente y transfiéranse a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establece el Acuerdo General antes mencionado. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del veinte de junio de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 328/2023, sin la comparecencia de las partes.nseguida el secretario da cuenta con la promoción registrada con el número 10295, asimismo, hace relación con las constancias de autos, de las que se advierte que el presente asunto se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia.*El Juez n virtud de lo anterior, con el escrito de cuenta provéase lo conducente en la etapa procesal correspondientesimismo, con apoyo en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes*Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las constancias allegadas por la autoridad responsable en un disco compacto.respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas.****************************************Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos los alegatos de referencia y por precluído el derecho de las partes para formularlos.* E S U L T A N D O:********************Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Tercero Oral Familiar de Primera Instancia, con residencia en esta Ciudada parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, el contenido del artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.gundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 328/2023, se admitió mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete.********************En el propio auto, se reconoció el carácter de tercera interesada a ********************, en su calidad de actora dentro del juicio familiar del que derivan los actos reclamados.********************Finalmente, seguido el juicio por sus cauces legales, el día de hoy tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y,********************C O N S I D E R A N D O:********************Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad judicial que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción.********************Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado.********************Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: ********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."********************En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado consiste en:*********************El auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio especial oral ********************, que sobre pago de alimentos y otras prestaciones promueve ******************** frente al aquí quejoso, en el que se fijó como pago de pensión alimenticia la cantidad de dos mil setenta y cuatro pesos con ochenta centavos, equivalente a veinte Unidades de Medida de Actualización.********************Acto que atribuyó al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad.********************Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido:********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."********************Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 29).********************Lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado, consistente en el expediente digital oral familiar sobre pago de alimentos ********************.********************Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º.********************Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice:********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."********************Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto:********************"DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena".********************Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público.********************Sin embargo, este juzgador no advierte -de manera oficiosa- la existencia de alguna causal ni las partes hicieron valer; por lo que se procede realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados.********************Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Previo al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, en el caso no opera la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que este juzgador no advierte que los actos reclamados afecten intereses de menores o incapaces y menos aún que afecte el orden y desarrollo de la familia; aunado a ello, porque el accionante del amparo no actualiza ninguno de los diversos supuestos previstos en ese artículo, para que opere a su favor esa figura de suplencia.******************** ********************Sin que sea desconocido para quien resuelve, que el asunto que nos ocupa involucra temas familiares y que al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido reiteradamente que opera la suplencia de la queja, incluso a favor del deudor alimentario; sin embargo, esos criterios no deben ser entendidos en forma ilimitada e irrestricta.****************************************Así se considera, porque recientemente nuestro máximo tribunal ha limitado los alcances de este principio protector en controversias del orden familiar, señalando al respecto, que dicha institución debe entenderse dirigida en esta materia, a favor de tres grupos distintos: los menores de edad, los "incapaces" y la familia, en aquellos casos en que se afecte su orden y desarrollo. ****************************************Sin embargo, con relación a la operatividad de la suplencia de la queja en la vertiente que ordena "la protección a la familia", señaló que la misma es casuística y que corresponde al juzgador determinar los casos en los que se está en presencia de asuntos que vulneren su orden y desarrollo, esto es, cuando se vean trastocadas las relaciones entre los miembros de la familia o cuando están en juego instituciones de orden público.****************************************De esa forma, limitó la aplicación irrestricta de este principio a todos los asuntos del orden familiar y señaló que la suplencia de la queja no se traduce en la protección de los miembros del núcleo familiar en lo individual, sino a las relaciones existentes entre ellos y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas; de la misma manera, precisó que esta institución tampoco se proyecta en la resolución de cuestiones estrictamente patrimoniales.****************************************Esa intelección se obtiene del criterio jurisprudencial 1a./J. 65/2019 (10a.), emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, Materia(s): Civil, Común, Página 1153, Décima Época, Registro 2020924, que dice: ****************************************"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, EN TRATÁNDOSE DE LA AFECTACIÓN AL ORDEN Y DESARROLLO DE LA FAMILIA. NO PROCEDE EN LOS JUICIOS SUCESORIOS INTESTAMENTARIOS. El artículo citado prevé la suplencia de la queja a favor de tres grupos distintos: los menores de edad, los "incapaces" y la familia, en aquellos casos en que se afecte su orden y desarrollo. Ahora bien, a fin de determinar si en un juicio sucesorio intestamentario opera la suplencia de la queja con base en la protección a la familia, es menester dilucidar cuándo se está en presencia de casos en que se vulnera su orden y desarrollo, siendo que estaremos en ese supuesto cuando se ven trastocadas las relaciones entre los miembros de la familia o cuando están en juego instituciones de orden público, lo que no se traduce en la protección de los miembros del núcleo familiar en lo individual, sino a las relaciones existentes entre ellos y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Por tanto, si la finalidad del juicio sucesorio intestamentario consiste esencialmente en la división y adjudicación de los bienes del autor de la sucesión a favor de los herederos, quienes tienen el deber de soportar las cargas de la herencia; es claro que sólo se encuentran en juego intereses económicos y que las consecuencias que pudieran producirse no lesionan al grupo familiar, pues no varían su configuración o el orden existente, sino que redundan en cuestiones estrictamente patrimoniales, por lo que no opera la suplencia de la queja con base en la última parte de la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo; lo anterior, siempre y cuando en el juicio sucesorio intestamentario no se encuentren inmiscuidos derechos de menores de edad o "incapaces", pues es evidente que en tales supuestos la suplencia de la queja opera en su mayor amplitud. No es obstáculo a la conclusión anterior, el hecho de que en ese tipo de juicios es necesario analizar si el accionante acreditó su entroncamiento con el autor de la sucesión de manera que pueda determinarse si tiene o no derecho a la herencia, pues lo cierto es que el reconocimiento o desconocimiento del grado de parentesco que se dice une al presunto heredero con el de cujus sólo surte efectos en relación con el juicio de petición de herencia, esto es, para saber si está en aptitud de obtener alguna porción de los bienes del autor de la sucesión por tener el carácter de heredero. Lo anterior, sin embargo de ninguna manera puede ser susceptible de modificar el vínculo filial o el estado civil de alguna persona."****************************************Así como del criterio jurisprudencial 1a./J. 42/2018 (10a.), emitido también por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Página 773, Décima Época, Registro 2018093, que dice: ****************************************"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. SU PROCEDENCIA DEBE ANALIZARSE CASO A CASO, CUANDO LA RESOLUCIÓN RECLAMADA SEA LA QUE DECRETA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL. El artículo citado prevé la suplencia de la queja a favor de tres grupos distintos: los menores de edad, los "incapaces" y la familia, en aquellos casos en que se afecte su orden y desarrollo. Ahora, si bien el matrimonio no es sinónimo de familia, sí da lugar a una forma o modelo específico de familia. En estos términos, en un sentido amplio, es evidente que la disolución del matrimonio conlleva inevitablemente una afectación al orden y estabilidad del núcleo familiar, pues modifica su dinámica interna y hace cesar los derechos y obligaciones que los cónyuges tenían a partir de dicha institución. No obstante ello, no todos los aspectos referentes a un divorcio afectan en sentido estricto a la familia, sino que ello dependerá de que se vean vulneradas las relaciones entre sus miembros o de que se encuentren en juego instituciones de orden público como los alimentos. Así, para comprender las relaciones que efectivamente se consideran protegidas como parte del orden y desarrollo de la familia, es pertinente recordar que este supuesto de suplencia de la deficiencia de la queja no existía en la Ley de Amparo abrogada, cuyo artículo 76 Bis, fracción V, únicamente preveía dicha figura a favor de menores de edad e "incapaces". Esto resulta relevante porque, considerando que los intereses de los menores de edad solían verse afectados en asuntos familiares cuyos litigios normalmente se entablaban por sus progenitores, la suplencia de la queja se entendió con un alcance amplísimo, de modo tal que los derechos de las niñas, niños y adolescentes involucrados en conflictos familiares fuesen tutelados de manera adecuada y autónomamente. Así, resulta evidente que la causal de suplencia de la queja a favor del orden y desarrollo de la familia puede empalmarse, en juicios de divorcio, con un número importante de decisiones que recaen sobre los menores de edad, como lo referente a sus alimentos, custodia, visitas y convivencias con los padres, y la patria potestad. Ahora bien, la suplencia de la queja también opera a favor de la familia, de modo que existe un espacio residual de relaciones jurídicas que pueden estar en juego y cuya existencia y relevancia deberá constatarse caso a caso, sin llegar a comprender la posibilidad de impedir el divorcio, pues se desconocería el papel preponderante de la voluntad de la parte que ya no desea seguir unida en matrimonio, ni la de resolver cuestiones estrictamente patrimoniales. Considerando lo anterior, dicha figura debe operar de modo que quienes juzguen eviten que la ruptura de las relaciones surgidas de esa forma específica de familia, derivada del matrimonio, carezca de un impacto jurídicamente diferenciado sobre cada uno de los cónyuges. En este punto resulta fundamental la eliminación de posibles actos de discriminación u otros obstáculos que impidan desproporcionada o irrazonablemente a los progenitores ejercer sus derechos de maternidad y paternidad, así como la compensación de la eventual pérdida de oportunidades que hubiese sufrido una de las partes durante y con motivo del matrimonio."****************************************Así como el criterio jurisprudencial 1a./J. 24/2020 (10a.), emitido también por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Página 316, Libro 78, septiembre de 2020, Tomo I, de rubro y texto siguientes: ****************************************"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas."****************************************Bajo las anteriores consideraciones, el suscrito considera que respecto del actos reclamados por el accionante del amparo, no procede la suplencia de la queja, ya que es claro que sólo se encuentran en juego intereses económicos y estrictamente individuales del peticionario de amparo, ya que reclama el auto en el que se decretó como medida cautelar a favor de su menor hija, el pago de alimentos provisionales.****************************************De suerte que, si respecto de esos actos se aplicara ese principio protector, su proyección no se traduciría en la protección de los miembros del núcleo familiar en su conjunto, sino exclusivamente en la esfera individual del accionante del amparo; razón por lo que no opera la suplencia de la queja con base en la última parte de la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo.****************************************Consecuentemente, se impone el estudio de los actos reclamados en estricto apego a los conceptos de violación que el accionante de la tutela formuló.****************************************El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tiene aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia.********************Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Página 830, Novena Época, Registro 164618, que dice:********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."********************En ellos, el promovente del amparo aduce esencialmente lo siguiente:********************Que la determinación reclamada es ilegal, porque para establecer el monto que se fijó como pago de alimentos provisionales no se atendió al principio de proporcionalidad, al que también están sujetos los alimentos provisionales;********************Que la autoridad responsable no fundó ni motivó la razón por la cual fijó la citada cantidad por concepto de pago de alimentos provisionales; y,****************************************Que no tomó en consideración los ajustes razonables para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás personas, lo anterior porque es una persona con una discapacidad física que lo imposibilita para trabajar, razón por la cual se encuentra desempleado.****************************************Conceptos de violación que son infundados y que serán estudiados en conjunto, conforme a lo establecido en la jurisprudencia VI.2o.C. J/304, definida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677, cuyo rubro y texto son:********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso."********************Pues bien, se considera que los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, son infundados por tres razones, a saber:********************Porque el auto dictado el tres de marzo pasado sí se encuentra debidamente fundado y motivado;********************Porque el hecho que el quejoso actualmente se encuentre desempleado, y se le haya decretado el pago de alimentos provisionales no significa que haya actuado de manera desproporcionada; y, ****************************************Porque no se encuentra probado hasta este momento que sufra de una incapacidad física para trabajar y le sean aplicados los ajustes razonables que refiere para garantizar el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con la parte actora dentro del juicio de origen.********************Pues bien, con relación al primer aspecto que se refiere a la falta de fundamentación y motivación no le asiste razón al quejoso ya que de la simple lectura del auto de tres de marzo pasado, se advierte claramente que la autoridad responsable para llegar a la conclusión de fijar alimentos provisionales a cargo del quejoso tomó en consideración las pruebas aportadas por las partes en sus escritos de demanda y contestación, las cuales relacionó con la capacidad económica del deudor alimentista, aquí quejoso, es decir, las condiciones particulares de su situación actual, en términos del artículo 443 del Código Familiar del Estado; refirió también que se encontraron satisfechos los requisitos que establecen los diversos artículos 446 y 462 de dicho código, entre ellos, que los progenitores (ambos) están obligados a dar alimentos a sus hijos siempre y cuando se demuestre el título en cuya virtud se piden; que se justifique aproximadamente cuando menos el caudal del que debe darlos.********************Así, la responsable en el citado auto señaló que se acreditó el título en cuya virtud se piden los alimentos provisionales ya se adjuntó copia certificada del acta de nacimiento de la menor de iniciales A.I.V.H; de igual forma, señaló que con el caudal probatorio no se tuvo acreditada de manera aproximada el caudal del que deba dar los alimentos; y lo único que se logró advertir fue el conocimiento de las necesidades que tienen de cubrirse, en términos del artículo 443 del Código Familiar del Estado de Michoacán y que en términos generales el término alimentos abarca, casa, estudio, ropa de uso diario, alimentos, uniformes y zapatos.********************De igual forma, argumentó la responsable que el hecho de que el quejoso argumente encontrarse desempleado y que debido a un accidente no ha vuelto a trabajar, dicho argumento atinadamente la responsable consideró insuficiente por haberse exhibido para acreditar su dicho una constancia médica de diagnóstico de dos mil dieciocho, de la que se advierte que ingresó el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho y fue dado de alta al día siguiente, y de la que se aprecia que tuvo una fractura de rotula izquierda, por lo que no se encontró acreditado el supuesto impedimento.********************Sigue argumentando la responsable que no se pierde de vista lo señalado por el artículo 444 del ordenamiento legal en cita, específicamente la fracción III, relacionada con la proporcionalidad de los alimentos provisionales, llegando a la conclusión que el deudor alimentista actualmente cuenta con las herramientas necesarias para generar riqueza realizando alguna actividad, oficio o arte que le remunere cualquier tipo de numerario para proporcionar a su hija sus alimentos, sin que exista algún tipo de impedimento debidamente acreditado en autos que justifique su inactividad productiva para atender la obligación que tiene con su hija.********************Por lo que, apegándose al principio de proporcionalidad e igualdad y considerando la condición sana tanto física como intelectual del deudor alimentista sin pasar por alto que la citada medida es provisional, de orden público y de naturaleza vigente e inaplazable; la responsable atendiendo a dicho principio a partir de la idea de los ingresos y gastos de ambas partes y de la premisa de que por lo que respecta al aquí quejoso, se tiene la presunción de que por su edad y estado de salud tanto física como mental que es capaz de cumplir con la satisfacción de sus necesidades y cubrir las de su hija, por lo que en términos del artículo 464 del Código Familiar del Estado de Michoacán le fijó la cantidad de dos mil setenta y cuatro pesos con ochenta centavos, equivalente a veinte Unidades de Medida de Actualización y atendiendo a que el deudor alimentista no acreditó con algún documento idóneo la discapacidad que refiere tener, por lo que en beneficio de la menor e interés superior del niño presumió que el aquí quejoso tiene los talentos y capacidades para satisfacer las necesidades de la menor; se consideró también los datos proporcionados por la madre de la menor, relacionados con las necesidades de la niña y que le brida ella, los que concatenados con la información que proporcionó el demandado y tomando en consideración lo señalado por el artículo 443 de la citada legislación familiar se estimó que se cubren las principales necesidades de la menor.********************Como puede apreciarse, la responsable no incurrió en la falta de fundamentación y motivación al momento de fijar los alimentos provisionales a cargo del aquí quejoso, ya que en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental, se encuentra adecuado y suficientemente fundado y motivado, debido a que la autoridad expresó con precisión los preceptos aplicables al caso y también señaló concretamente las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para la emisión del acto, existiendo adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trata.********************De igual forma expuso las razones de hecho que actualizaron la hipótesis normativa, citando las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadran dentro del marco general correspondiente.**************************************** Así el hecho de que el quejoso actualmente se encuentre desempleado, no es una circunstancia que lo releve temporalmente de su obligación alimentaria; ya que ese aspecto se infiere de una interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 453 y 464, fracción I, del Código Familiar del Estado de Michoacán, que al efecto disponen:********************"Artículo 453. Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el juez resolverá con base en la capacidad económica actual y la aptitud para desempeñar algún trabajo, conforme a su edad, estado de salud y profesión tanto del deudor como de sus acreedores.********************Artículo 461. Se suspende o cesa, según el caso, la obligación de dar alimentos, por cualquiera de las causas siguientes: ********************I. Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla, salvo que se trate de una persona con aptitudes, talento y cualidades para ocuparse en algo y, que con motivo de ello pueda generar recursos económicos; (.)"********************Como se ve, en ambos dispositivos legales el legislador previó que incluso cuando los ingresos del deudor de los alimentos no sean comprobables, el juez puede resolver con base en la capacidad económica actual o bien, de acuerdo a la capacidad o aptitud para desempeñar algún trabajo.********************Hipótesis normativa con la cual, a juicio de quien resuelve, el legislador previó la posibilidad de fijar los alimentos, aun cuando el que debe proporcionarlos no tenga o desempeñe un oficio, empleo o profesión, pues tal y como se lee de esa porción legal, basta que el juez advierta que el deudor de los alimentos puede ocuparse de algo, sea profesionalmente o a través del desempeño de un oficio o empleo, conforme a su edad, para considerar que tiene capacidad para otorgarlos.********************Por ello, debe interpretarse que en esas porciones normativas, el legislador consideró irrelevante la situación de si se tiene o no empleo, para ponderar la "capacidad del deudor de los alimentos para otorgarlos", y en esos casos, más bien atendió a las aptitudes, talento y cualidades para ocuparse en algo y generar recursos económicos; lo que tiene lógica, pues de estimar que la obligación de proporcionar alimentos depende de que los padres tengan o no empleo, supondría validar por ejemplo, aquellas situaciones en las que con tal de no proporcionarlos, algunos padres no laboran o renuncian a sus empleos, olvidando que las necesidades alimenticias de las acreedoras deben satisfacerse siempre.********************Interpretación que incluso ha sido así realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al abordar el tema de la obligación subsidiaria de otorgar alimentos a cargo de los abuelos, al considerar que las dificultades económicas o materiales que puedan enfrentar los deudores alimentarios, acorde con el principio de proporcionalidad, si bien puede conducir a reducir el monto de los alimentos, no extinguen la obligación; de la misma forma, que el hecho de que los progenitores no tengan trabajo, es insuficiente para actualizar la obligación subsidiaria de los abuelos, pues además de que pueden conseguir un empleo por medio del cual obtengan recursos para satisfacer las necesidades alimenticias de sus menores hijos y las suyas propias, en todo caso, también sería preciso verificar que no tienen bienes con los cuales satisfacer esas necesidades.********************Tales consideraciones se aprecian del criterio jurisprudencial 1a./J. 69/2015 (10a.), localizable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, página 756, registro digital 2010474, Décima Época, Materias(s): Civil, que dice: ********************"OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA ALIMENTICIA A CARGO DE LOS ASCENDIENTES EN SEGUNDO GRADO (ABUELOS). SE ACTUALIZA EN LAS LÍNEAS PATERNA Y MATERNA, SÓLO ANTE LA FALTA O IMPOSIBILIDAD DE AMBOS PROGENITORES. La obligación alimenticia de los padres hacia sus hijos deriva directamente del ejercicio de la patria potestad, por lo que ambos están obligados a satisfacer el requerimiento alimentario de sus hijos de forma igualitaria y sin distinción de género, pues se trata de una obligación solidaria; en cambio, la obligación a cargo de los ascendientes en segundo o ulterior grado no deriva de la patria potestad, sino de un principio de solidaridad familiar, basado en una expectativa de asistencia recíproca. Así, cuando la ley establece una prelación de deudores para satisfacer las necesidades de los acreedores alimentarios menores de edad, es en los progenitores en quienes recae dicha obligación, de acuerdo con sus posibilidades, y para que se actualice la obligación subsidiaria de los abuelos es preciso que: i) falten los progenitores y principales obligados; o, ii) se encuentren imposibilitados para proporcionar alimentos a sus menores hijos. Condiciones que son independientes entre sí, pues la primera alude a una inconcurrencia de las personas que de modo preferente tienen la obligación de suministrar alimentos, lo cual genera la imposibilidad fáctica de exigir su cumplimiento; esta condición puede configurarse con el fallecimiento, la desaparición o el desconocimiento del paradero de los padres. Por su parte, la segunda condición implica la concurrencia de los progenitores, pero existe una imposibilidad absoluta por parte del obligado a cubrir los alimentos, la cual no debe entenderse desde un aspecto meramente material, pues las dificultades económicas o materiales que puedan enfrentar los deudores alimentarios, acorde con el principio de proporcionalidad, si bien puede conducir a reducir el monto de los alimentos, no extingue la obligación, ya que la "imposibilidad" está vinculada a los sujetos de esa obligación; por tanto, puede actualizarse cuando los progenitores padezcan alguna enfermedad grave, se encuentren inhabilitados para el trabajo o enfrenten un obstáculo absoluto para satisfacer las necesidades de sus descendientes; de ahí que cuando se alude a la imposibilidad, debe entenderse como un impedimento absoluto y de gran entidad que imposibilite a los padres a cubrir los alimentos de sus hijos; así, el hecho de que los progenitores no tengan trabajo, es insuficiente para actualizar la obligación subsidiaria de los abuelos, pues además de que pueden conseguir un empleo por medio del cual obtengan recursos para satisfacer las necesidades alimenticias de sus menores hijos y las suyas propias, en todo caso, también sería preciso verificar que no tienen bienes con los cuales satisfacer esas necesidades. Ahora bien, la falta o imposibilidad de los padres debe traducirse en escenarios en los cuales se encuentre plenamente justificada la carga alimentaria de los abuelos, esto es, esas condiciones deben presentarse en ambos progenitores y no sólo en uno, pues si uno de ellos no se encuentra en los supuestos referidos, en él reside la obligación por completo de proporcionar alimentos a sus menores hijos. Finalmente, de darse el supuesto, la obligación subsidiaria a cargo de los abuelos se actualiza en ambas líneas, es decir, paterna y materna, pues tienen la misma obligación; por ello, debe solicitarse el pago de alimentos a ambas, aun cuando atendiendo al principio de proporcionalidad, la pensión alimenticia que se imponga a cada una de ellas sea diversa."********************De esa forma, al establecer que se deben fijar conforme a la capacidad o aptitud para desempeñar algún trabajo y generar ingresos, se considera que el legislador no dio margen a que el juez omita fijarlos en caso que el deudor no tenga empleo; por ello, se considera que no asiste razón al quejoso al referir que la determinación reclamada es ilegal, porque la autoridad responsable no atendió a la circunstancia que se encuentra desempleado.********************Tocante al segundo aspecto, esto es, que los alimentos no fueron fijados de manera proporcional no asiste razón al quejoso ya que precisamente fue atendiendo a esa proporcionalidad en la que se basó la responsable para fijarle los alimentos provisionales de acuerdo a los datos proporcionados por la madre de la menor, con relación a los gastos que eroga para la manutención de su hija, inclusive la cantidad fijada se estableció por debajo de la señalada en el artículo 464, fracción I, del Código Familiar para el Estado de Michoacán, el cual establece una pensión provisional equivalente a una UMA diaria por cada uno de los acreedores alimentistas.******************** Ahora el hecho de que la madre de la hija del quejoso cuente con los medios para satisfacer sus alimentos, no es motivo para estimar que el quejoso por el momento queda excluido de pagar los alimentos provisionales a los que fue condenado ya que tal afirmación se realiza atendiendo a que la naturaleza de esa obligación supone que ambos están obligados a satisfacer el requerimiento alimentario de sus hijos en forma igualitaria, tal y como se obtiene del artículo 446 del código familiar aplicable, que dice: ********************"Artículo 446. Los progenitores están obligados a dar alimentos a sus hijos. ********************Sin que tal obligación comprenda la de proveer de capital a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado."********************Como se ve, la porción transcrita dispone tajantemente que "los progenitores están obligados a dar alimentos a sus hijos", es decir, los dos, padre y madre; dicha redacción también permite establecer que, tal y como lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trata de una obligación de pago alimenticia de los padres hacia sus hijos que deriva directamente del ejercicio de la patria potestad, por lo que ambos están obligados a satisfacer el requerimiento alimentario de sus hijos de forma igualitaria y sin distinción de género, pues se trata de una obligación solidaria, tal y como se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 69/2015 (10a.), arriba citada.********************Entonces, con independencia que la madre de la menor tenga empleo, esa razón no lo libera de la obligación de satisfacer de forma igualitaria y proporcional los alimentos para su hija, los cuales se insiste, corresponde satisfacer a ambos; sobre todo, si atiende a que si los dos contribuyen a cumplir con dicha obligación de forma igualitaria, impactará en un mayor beneficio económico que permitirá al menor acceder a un mejor nivel de vida.********************Finalmente, con relación al tercer aspecto conforme al que se afirma que la responsable no aplicó los ajustes razonable a su favor, por tratarse de una persona con discapacidad física, como bien lo precisó la autoridad responsable, no quedó acreditado que la citada discapacidad que aduce tener el quejoso le impida trabajar, inclusive que a la fecha aún la padezca, por lo que resulta infundado dicho concepto de violación********************En tales condiciones, al considerarse infundados los conceptos de violación expresados por el promovente del amparo y sin que se advierta suplencia de la queja a su favor, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados.********************Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. ********************Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se:********************R E S U E L V E********************Primero. Por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución, la justicia de la unión no ampara ni protege a ******************** contra el acto reclamado al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad.********************Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. ********************Notifíquese por lista y mediante oficio.****************************************Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio del Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en esta ciudad, quien en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, informa que designó a la licenciada Olivia Benítez Reyes como representante especial de la menor Angie Ivana Villalobos Herrera. Por otro lado, se tiene por recibido el escrito firmado por Olivia Benítez Reyes, asesora Jurídico Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, adscrita a la Delegación en Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comparece a aceptar el cargo de representante especial de la menor de edad Angie Ivana Villalobos Herrera. Por tanto, con fundamento en el artículo 8° de la Ley de Amparo, se le tiene aceptando el cargo de representante especial de la menor en cita. Asimismo, se tiene por señalado el domicilio que indica para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizados para tal efecto en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Santiago Orozco Valencia y/o Alejandro León Cortés y únicamente como autorizados para recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que designa en su escrito de cuenta. Ahora bien, la representante solicita se le autorice la consulta del expediente vía electrónica para los efectos del juicio en línea y proporciona nombres de usuario para ingresar al portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo anterior, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte promovente el acceso al expediente electrónico a través de los "Nombres de Usuarios" registrados como "OliviaBR" y "Ecu2000", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, por lo que se ordena asociarlos mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que resulte procedente autorizar notificaciones a la cuenta de correo electrónico personal que proporcionó la asesora de la menor, toda vez que la Ley de Amparo no contempla dicho supuesto, por lo que únicamente se tiene por señalado dicho medio de comunicación para establecer contacto e informarle en su caso determinaciones administrativas no jurisdiccionales. De conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la asesora federal. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídanse a su costa las copias en los términos que solicita y ténganse como autorizadas para recibirlas a las personas que menciona, previo recibo que de ello se deje en autos. Finalmente, en atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a la representante especial que no existe inconveniente en que se le permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés.****************************************Visto el estado de autos que guarda el presente asunto y con la finalidad de salvaguardar el interés superior de la menor ******************** con fundamento en el artículo 8° de la Ley de Amparo, se considera necesario designarle un asesor jurídico, que al ser ajeno a la controversia de la cual deriva el acto reclamado, defienda imparcialmente sus intereses en el presente asunto.****************************************En consecuencia, de conformidad con el artículo 8° de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en relación con el artículo 4, fracción II, de la Ley Federal de la Defensoría Pública y 29, fracción III, inciso d) de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante atento oficio con copia de la demanda, solicítese al Delegado del Instituto de dicha defensoría, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, designe a un asesor jurídico que pueda fungir dentro del presente juicio como representante especial de la menor********************o en su caso, manifieste el impedimento legal que tenga para ello; asimismo, para que informe al asesor jurídico designado que dentro del mismo plazo, deberá aceptar y protestar el cargo conferido.****************************************Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan para su verificativo las diez horas con cuarenta minutos del veinte de junio de dos mil veintitrés. ****************************************Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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