Jesús Huerta Saenz
Expediente 726/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jesús Huerta Saenz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que se negó en el juicio de amparo que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Por otro lado, devuélvase al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, la documental que anexó dentro del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 726/2022, promovido por Jesús Huerta Sáenz, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Jesús Huerta Sáenz, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió a este Órgano Jurisdiccional el conocimiento del asunto, por lo que la registró bajo el número 726/2022 y mediante auto de uno de julio de dos mil veintidós admitió a trámite la demanda en los términos propuestos; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; y se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de dieciocho de julio siguiente, con apoyo en el artículo 5º, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se reconoció el carácter de tercera interesada a Ana María Méndez Guzmán, en cuanto víctima indirecta dentro de la causa penal de origen, así como al Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable, por lo que se ordenó su emplazamiento. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y ahora se resuelve de acuerdo a las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, dado que el acto reclamado fue dictado por autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa es: El auto de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dentro de la causa penal 228/2012, que se instruyó contra el quejoso por los delitos de homicidio y abigeato. En dicha determinación el juez responsable resolvió de plano el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el auto de nueve del propio mes y año, en el que no admitió a trámite el incidente no especificado sobre aplicación retroactiva del nuevo Código Penal del Estado de Michoacán, y estimó improcedente dicho recurso. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistentes en el original de la causa penal 228/2012, en donde obra la resolución reclamada [constante de dos tomos]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditados los actos reclamados. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Respecto al valor acreditativo de los documentos, es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben analizarse de oficio, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente juicio ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Al respecto, previo a realizar el análisis de los motivos de disenso planteados por el quejoso, es menester destacar los siguientes antecedentes: Con fecha treinta de octubre de dos mil trece, la autoridad responsable dictó sentencia definitiva contra el quejoso dentro de la causa penal 228/2012, por su plena responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio y abigeato, en la que le impuso la pena de treinta y un años de prisión y multa de tres mil quinientos cuarenta y cuatro pesos con ochenta centavos, equivalente a sesenta días de salario mínimo; así como al pago de noventa y tres mil trescientos cuarenta y seis pesos con cuarenta centavos por concepto de reparación del daño; Dicha resolución fue recurrida por el defensor del sentenciado y modificada por el Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante sentencia de veintinueve de enero del propio año, dictada en el toca de apelación 439/2013, para ahora determinar una pena de veintisiete años con siete meses de prisión, sin pago de multa, así como al pago de noventa y siete mil seiscientos setenta y un pesos con ochenta centavos por reparación del daño; lo que el catorce de febrero de dos mil catorce, se puso al sentenciado a disposición del Juez de Ejecución, para la compurgación de la pena de prisión impuesta; Sin embargo, el uno de abril de dos mil catorce, el tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito admitió a trámite la demanda de amparo directo 143/2014, promovido por el quejoso, y mediante resolución correspondiente a la sesión de cinco de junio siguiente, se concedió el amparo solicitado para que el tribunal de alzada dictara otra sentencia y únicamente al pronunciarse sobre el quantum de la reparación del daño respecto del delito de homicidio, se abstuviera de incrementar el originalmente establecido en la sentencia de primer grado; Atento lo anterior, mediante resolución de diecisiete de junio de dos mil catorce, el tribunal de apelación dictó nueva resolución en la que determinó imponer al acusado las penas de veintisiete años con siete meses de prisión, sin pago de multa, así como al pago de noventa y tres mil trescientos cuarenta y seis pesos con cuarenta centavos por concepto de reparación del daño; Luego, refirió la autoridad responsable en su informe que el tribunal colegiado en cita le informó que el enjuiciado interpuso recurso de revisión, por lo que se ordenó remitir el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que con fecha cuatro de agosto de dos mil catorce, desechó por improcedente el recurso de revisión hecho valer. Posteriormente, mediante escrito presentado ante el juez responsable el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, el sentenciado Jesús Huerta Sáenz, promovió incidente no especificado sobre aplicación retroactiva en su beneficio, del nuevo Código Penal del Estado de Michoacán, para que se estudiara nuevamente su grado de culpabilidad. A dicha petición, -una vez que se tuvo por recibido el expediente el Archivo Judicial- recayó el auto de fecha nueve de junio de dos mil veintidós, cuya imagen se inserta a continuación: Inconforme con la anterior determinación, el sentenciado interpuso recurso de revocación, misma que acordó el juzgador responsable en auto de catorce de junio siguiente, en los siguientes términos: La anterior determinación constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Precisado lo anterior, y analizada íntegramente la demanda, se advierte que el quejoso, esencialmente señala: En el primer concepto de violación, que la autoridad responsable viola en su perjuicio los artículos 1º, 14 y 16 Constitucionales, ya que al no revocar el auto que acordó no admitir el incidente planteado vulnera en su perjuicio sus garantías constitucionales, dado que el nuevo Código Penal del Estado de Michoacán refiere en su artículo 65 in fine que para "la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad el juez deberá tomar conocimiento directo del sujeto activo", además que: "las circunstancias de los sujetos activo y pasivo, antes y durante la comisión del delito, que resulten relevantes para individualizar la consecuencia jurídica.." tales reglas las omitía el entonces Código Penal que le individualizó la pena de prisión; por tanto al estar dichas reglas en el Código Penal vigente, el cual le es más benéfico porque en el tiempo que fue juzgado, el grado de culpabilidad se basó en el derecho penal de autor y no de derecho penal del acto, y el nuevo precepto dispone que se deberá tomar conocimiento directo del sujeto activo para una adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, por lo que la responsable no consideró ni fundó y motivó en el sentido de darle el efecto retroactivo planteado por el quejoso en la etapa de ejecución de sentencia. Que el acto reclamado viola sus garantías en virtud de que es un derecho constitucional que se refleja en una excepción al principio de legalidad y seguridad previsto en el artículo 14 Constitucional porque aunque dicho precepto prohíbe expresamente la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio, se ha dado supremacía a que las personas sujetas a un régimen penal y en ejecución de la pena, tienen derecho a que se le aplique retroactivamente una ley, siempre que sea en su beneficio, en el sentido de reducir la pena de prisión reflexionando de nueva cuenta su grado de culpabilidad. Asimismo, en su segundo concepto de violación el quejoso refiere que se vulneran en su perjuicio los artículos 1º, 14, 16 Constitucionales, en relación con el 156, fracción IV, inciso d), del Código de Procedimientos Penales del Estado, en virtud de que conforme a dicho artículo, sólo los juzgadores o el tribunal de alzada que revisa las sentencias cuentan con la obligación de estudiar el grado de culpabilidad que se determinó en su sentencia condenatoria, pero en la etapa de ejecución de sentencia no les es atribuible el referido estudio; sin embargo, considera que si bien el proceso de origen se encuentra en la etapa de ejecución, no le corresponde al juez de ejecución de penas realizar el estudio solicitado, por lo que al negarle la incidencia planteada el juez responsable viola sus garantías de audiencia, legalidad y debido proceso; y, Que al no revocar el auto por el que se negó admitir la incidencia planteada para que se estudiara de nueva cuenta su grado de culpabilidad aplicando el precepto legal 65 del vigente Código Penal del Estado, el cual le beneficia con el fin de reducir la pena de prisión que le fue impuesta, se vulnera en su perjuicio el citado precepto, así como su garantía de audiencia, legalidad y debido proceso. Los anteriores argumentos son infundados, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso lo perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo. En efecto, como se dijo anteriormente, el proceso penal 228/2012 del que deriva el acto reclamado pertenece al sistema penal tradicional. En el caso, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley supone la verificación de que los actos materialmente jurisdiccionales estén fundados en normas vigentes, y que en caso de un conflicto de normas en el tiempo se aplique la que genere un mayor beneficio al particular. En esa virtud, el principio de retroactividad benéfica preceptúa que si un sujeto cometió un delito durante la vigencia de una ley sustantiva con base en la cual se ejercitó en su contra la acción penal, pero con posterioridad se promulga una nueva ley que prevé una pena menor para el mismo delito, tiene el derecho constitucionalmente protegido de que se le aplique retroactivamente la nueva ley, porque ésta le beneficia, en este caso, el quejoso pide la aplicación retroactiva del artículo 65 del vigente Código Penal del Estado de Michoacán, respecto del grado de culpabilidad que se estableció en la sentencia dictada en el proceso penal 228/2012. En efecto, el quejoso solicitó al juez natural que estudie nuevamente su grado de culpabilidad dentro de la citada causa penal donde se le sentenció por los delitos de homicidio y abigeato, aplicando para ello lo dispuesto en el artículo 65 del Código Penal vigente en el Estado de Michoacán, porque refiere que en el tiempo en que fue juzgado, el grado de culpabilidad se basó en el derecho penal de autor y no de derecho penal del acto, por lo que el nuevo precepto le es más benéfico porque dispone que se deberá tomar conocimiento directo del sujeto activo para una adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad. Así las cosas, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 54, del Código Penal del Estado de Michoacán, conforme al cual se llevó a cabo la individualización de la pena y se determinó el grado de culpabilidad del quejoso en la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil trece, dentro del proceso penal 228/2012, así como el diverso 56 del Código Penal vigente en el Estado, los cuales disponen: Artículo 54. El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas yprocedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en lagravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta: I. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que hubiere sidoexpuesto; II. La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla; III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho realizado; IV. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito, así comosu calidad y la de la víctima u ofendido; V. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales yeconómicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron adelinquir. Cuando el procesado perteneciere a un grupo étnico indígena, setomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres; VI. El comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido; y, VII. Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba elagente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantespara determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias dela norma. Artículo 65. Individualización de las consecuencias jurídicas del delito. El Juez, al dictar sentencia condenatoria, determinará la consecuencia jurídica del delito establecida para cada delito y las individualizará dentro de los límites establecidos, con base en la gravedad del injusto penal y el grado de culpabilidad del agente, tomando en consideración: I. Las características de la acción u omisión y los medios empleados para realizarla; II. La magnitud del daño causado al bien jurídico tutelado o del peligro al que fue expuesto; III. Las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho realizado; IV. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito; V. Los vínculos de parentesco, amistad o relación entre los sujetos activo y pasivo, así como su calidad y la de la víctima u ofendido; VI. La edad, el nivel educativo, las costumbres, condiciones sociales y culturales del agente, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir; VII. Las condiciones físicas y psíquicas específicas en que se encontraba el sujeto activo en el momento de la comisión del delito; VIII. Las circunstancias de los sujetos activo y pasivo, antes y durante la comisión del delito, que resulten relevantes para individualizar la consecuencia jurídica, así como el comportamiento posterior de la persona sentenciada con relación al delito cometido; y, IX. Las demás circunstancias especiales del sujeto activo que sean relevantes para determinar la posibilidad que tuvo de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad el juez deberá tomar conocimiento directo del sujeto activo, de la víctima y de las circunstancias del hecho y, en su caso, se allegará de los dictámenes periciales que considere necesarios para los fines señalados en el presente artículo." Luego, el cuadro comparativo anterior evidencia que no asiste la razón al quejoso cuando aduce que el artículo 54 del Código Penal del Estado que se encontraba vigente al momento de dictarse la sentencia en su contra, -y conforme al cual se llevó a cabo la individualización de las sanciones y su grado de culpabilidad- se basó en la corriente del derecho penal del autor, y no en la del derecho penal del acto, y que el código vigente le resulta más benéfico porque el numeral 65 sigue la doctrina del derecho penal de acto. Se afirma lo anterior, porque tanto el artículo 54 del anterior Código Penal, como el 65 del Código vigente, señalan que para determinar la consecuencia jurídica del delito y la individualización de las sanciones, el juzgador tomará en consideración: La magnitud del daño causado al bien jurídico tutelado o del peligro al que fue expuesto [fracción I y fracción II, respectivamente]. Las características de la acción u omisión y los medios empleados para realizarla [fracción II y fracción I, respectivamente]. Las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho realizado [fracción III y fracción III, respectivamente]. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito, así como su calidad y la de la víctima u ofendido [fracción IV y fracciones IV y V, respectivamente]. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir [fracción V y fracción VI, respectivamente]. El comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido [fracción VI] Las condiciones físicas y psíquicas específicas en que se encontraba el sujeto activo en el momento de la comisión del delito, así como las circunstancias de los sujetos activo y pasivo, antes y durante la comisión del delito, que resulten relevantes para individualizar la consecuencia jurídica, así como el comportamiento posterior de la persona sentenciada con relación al delito cometido [fracciones VII y VIII]. Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma [fracción VII y fracción IX, respectivamente]. Además, la citada fracción IX del artículo 65 del Código Penal vigente señala en su segundo párrafo que para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad el juez deberá tomar conocimiento directo del sujeto activo, de la víctima y de las circunstancias del hecho y, en su caso, se allegará de los dictámenes periciales que considere necesarios para los fines señalados en el presente artículo. De lo antes expuesto se colige que, contrario a lo que aduce el quejoso, no le beneficia la aplicación del artículo emitido con posterioridad a que fue sentenciado, ya que de una comparación de los preceptos 54 del Código Penal del Estado anterior y el 65 del Código Penal que se encuentra vigente, se desprende que ambos ordenamientos establecen que al momento de llevar a cabo la individualización de las consecuencias jurídicas del delito, el juzgador deberá tomar en consideración diversos aspectos tanto del agente en la comisión del delito como del hecho realizado, es decir, en ambos ordenamientos se establece que se tomarán en cuenta las circunstancias particulares tanto de la persona como de la acción u omisión y los medios empleados para realizarla. Por ello, resulta inexacto el argumento del quejoso relativo a que el Código Penal vigente le sea más benéfico porque en su parte final señale que "para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad el juez deberá tomar conocimiento directo del sujeto activo.", y en su fracción VIII disponga que se deben tomar en cuenta "las circunstancias de los sujetos activo y pasivo, antes y durante la comisión del delito, que resulten relevantes para individualizar la consecuencia jurídica.". Se dice lo anterior, porque el numeral 54 de la anterior codificación también dispone que el juzgador debe tomar en cuenta "la forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito, así como su calidad y la de la víctima u ofendido.", y de igual manera "las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma". Del mismo modo, ambos preceptos establecen que el juzgador debe además considerar "la edad, el nivel educativo, las costumbres, condiciones sociales y culturales del agente, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir", de suerte que no se advierte que al realizar una aplicación retroactiva del numeral 65 del Código Penal del Estado vigente, le resulte más benéfico la individualización de la pena impuesta en el proceso penal de origen, pues ambas codificaciones siguen el derecho penal de actor para determinar el grado de culpabilidad del sujeto. En congruencia con lo expuesto, del principio de derecho establecido en el artículo 14 constitucional, que en su primer párrafo dispone: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna", se advierte que sí puede aplicarse de manera retroactiva una ley, siempre y cuando sea en beneficio, sin embargo, como quedó precisado con antelación, en el caso no se advierte que el artículo 65 del Código Penal del Estado de Michoacán vigente, le aporte un beneficio al quejoso en lo referente al grado de culpabilidad que se estableció en sentencia definitiva conforme al artículo 54 de la anterior codificación, porque ambos códigos establecen los mismos aspectos a considerar tanto de la persona en la comisión del delito como del hecho realizado; es decir, siguen el derecho penal de autor, de ahí lo infundado del concepto de violación en estudio. Se cita como apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la I.9o.P.277 P (10a.), publicada en la página 909 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, materia Constitucional, Penal, registro digital número 2022116, del rubro y texto: "BENEFICIOS PENITENCIARIOS. EN LOS ASUNTOS JUZGADOS BAJO EL SISTEMA TRADICIONAL, PROCEDE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LEYES VIGENTES CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE SU SOLICITUD, CUANDO ÉSTAS LE SEAN FAVORABLES AL SOLICITANTE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE LA LEY BENÉFICA CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. Si bien en los casos de la solicitud del beneficio debe aplicarse la ley vigente al momento de la petición hecha por el sentenciado (Ley Nacional de Ejecución Penal), también lo es que ello no impide que cuando las leyes (vigentes al momento de los hechos del dictado de la sentencia), en relación con el beneficio solicitado, sean favorables para el solicitante, deban aplicarse, en lo relativo a la procedencia, puesto que se trata de un derecho sustantivo como lo es el derecho humano a la libertad, y al aplicar retroactivamente la ley en su favor, se estaría dando cumplimiento al principio de derecho establecido en el artículo 14 constitucional, que en su primer párrafo dispone: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.". Transcripción de la que se advierte que sí puede aplicarse de manera retroactiva una ley, siempre y cuando sea en beneficio, lo que además es acorde con lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que no impacta en el uso de la aplicación de la ley benéfica, porque el acotamiento de éste se refiere a cuestiones meramente procesales. Por tanto, el derecho a que se analice la procedencia de un beneficio conforme a la ley vigente al momento en que se pide, no impide que se aplique la ley anterior si le resulta favorable para el solicitante, ya que se considera que cuando una persona es juzgada bajo las reglas del sistema tradicional -acorde con el principio citado-, sí es viable el análisis de su petición conforme a las normas que estaban vigentes previo a la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal." En ese sentido, también resulta infundado el segundo concepto de violación, en el que el quejoso argumenta que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio los artículos 1º, 14, 16 Constitucionales, en relación con el 156, fracción IV, inciso d), del Código de Procedimientos Penales del Estado, en virtud de que conforme a dicho artículo, sólo los juzgadores o el tribunal de alzada que revisa las sentencias cuentan con la obligación de estudiar el grado de culpabilidad que se determinó en su sentencia condenatoria, y que si bien el proceso de origen se encuentra en la etapa de ejecución, no le corresponde al juez de ejecución de penas realizar el estudio solicitado, sino al juzgador de origen, por lo que al negarle la incidencia planteada viola sus garantías de audiencia, legalidad y debido proceso. La anterior calificativa obedece a que, tal como lo manifiesta el peticionario del amparo en su demanda y así lo corroboró el juez responsable en su informe justificado, dentro de la causa penal de origen, el catorce de febrero de dos mi catorce el sentenciado Jesús Huerta Sáenz fue puesto a disposición del Juez de Ejecución con residencia en esta ciudad de Morelia, para la ejecución de las penas impuestas en la causa penal 228/2012 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial. En tal virtud, contrario a lo que señala el quejoso, en caso de resultar procedente la incidencia planteada sí correspondería al juez de ejecución y no al juzgador de la causa conocer y resolver la referida petición, ya que se encuentra a disposición de dicha autoridad para el cumplimiento de la sentencia dictada en su contra, lo cual no resulta violatorio de sus derechos de garantía de audiencia, legalidad y debido proceso, pues con motivo de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se judicializó el régimen de modificación y duración de penas, confiriendo al Poder Judicial la facultad de ejecutar lo juzgado; de ahí que lo surgido durante la ejecución de la pena y que pudiera tener trascendencia en la situación jurídica del quejoso, correspondería decidirlo al citado Juez de Ejecución. Ello, sin que sea inadvertido los diversos criterios que señalan que el Juez del proceso está facultado para resolver los incidentes respectivos puesto que su jurisdicción no se agota con el dictado de la sentencia y conserva facultades para resolver diversas peticiones; sin embargo, ello ocurría antes de que se judicializara la etapa de ejecución y se crearan los órganos especializados en ejecución de penas, por lo que ahora corresponde a dicha autoridad la vigilancia y ejecución de las penas impuestas a los reos puestos a su disposición, por ello lo infundado del concepto de violación que se analiza. En las condiciones apuntadas, al no prosperar los conceptos de violación aducidos y toda vez que no se advierte deficiencia que deba suplirse de oficio, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jesús Huerta Sáenz, contra el acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, por las razones expuestas en la consideración quinta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy diez de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte tercero interesada, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de diez de noviembre de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Ahora bien, en virtud de la solicitud que realiza la agente en cita, para que se le expida copia de la sentencia, dígasele que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Fórmese cuaderno con la promoción de cuenta y el presente auto y una vez que se dicte la sentencia respectiva glósese al juicio. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en términos del oficio CCJ/ST/3731/2022, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para sustentar la segunda etapa del Primer Concurso Interno de Oposición para la designación de Magistradas y Magistrados de Circuito conforme a la Reforma Judicial, en términos del artículo 183, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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