Jesus Gonzalez Olivos
Expediente 1241/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1241/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 19/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jesus Gonzalez Olivos
- Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, ténganse por recibidos los oficios del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar y la encargada de la Oficialía de Partes y turno de Zamora, Michoacán, por medio de los cuales informan respecto al despacho 645/2022, del índice de esta juzgado, mientras que la segunda de las autoridades solicita se le remitan las constancias necesarias para estar en condiciones de llevar a cabo el emplazamiento solicitado. Atento lo anterior, y toda vez que el once de enero del año en curso, se llevó a cabo la celebración de audiencia constitucional, en la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, se deja sin efectos, el despacho 645/2022, del índice de este juzgado. Hágase la anotación en el libro de registro correspondiente. Lo anterior, hágase del conocimiento del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en Zamora, Michoacán, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en Zamora, Michoacán, por medio del cual solicita le sean remitida, vía electrónica, las constancias relativas a la demanda, a fin de estar en condiciones de llevar a cabo el emplazamiento de la tercera interesada; sin que haya necesidad de hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en auto de veintiuno de diciembre del año en curso, se tuvo por hecha la misma solicitud y se proveyó al respecto. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del once de enero de dos mil veintitrés, la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de diciembre de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6910/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-1241/2022-V, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta con los oficios registrados con los números 224 y 225; asimismo, hace relación con las constancias de autos, de las que se advierte que el presente asunto se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. La encargada del despacho acuerda: Vista la cuenta precedente, se tienen por recibidos los oficios del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zamora, Michoacán, mediante los cuales informa que el cinco de los actuales autorizó y sancionó el convenio celebrado entre las partes ante dicho órgano jurisdiccional el catorce de diciembre de dos mil veintidós, dejando sin efectos la medida cautelar de restricción decretada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós dentro del juicio especial oral familiar 625/2022. Con fundamento en los artículos 117, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta con los medios de convicción ofertados por la parte quejosa y por la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zamora, Michoacán. La secretaria encargada del despacho provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciados, admitidos y desahogados en razón de su propia y especial naturaleza los medios de convicción ofrecidos por la parte quejosa y por la citada autoridad; asimismo, a las demás partes se les tiene por precluido el derecho para ofrecer pruebas. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. La encargada del despacho acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluído el derecho de las partes para formularlos. Al no existir pruebas pendientes por admitir y desahogar se da por concluida la presente audiencia constitucional, con lo cual quedan vistos los autos para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el buzón judicial y registrado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, el diez de noviembre de dos mil veintidós, Jesús González Olivos solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridad responsable: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zamora, Michoacán. Acto reclamado: Medida de protección dictada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio especial oral familiar sobre alimentos 625/2022, que promovió María Guadalupe Solís Aguilar, por sí y en cuanto representante de los menores Raúl Isaías e Isaac, ambos de apellidos González Solís; consistente en la prohibición de que el quejoso Jesús González Olivos se acercara a la actora y sus menores hijos al domicilio que habitan y/o cualquier otro lugar en que se encuentren en una distancia de cien metros a la redonda. Segundo. Admisión. Por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues el acto reclamado proviene de una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, quien esto resuelve procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de garantías en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, el acto reclamado consiste en: Medida de protección dictada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós dentro del juicio especial oral familiar sobre alimentos 625/2022, que promovió María Guadalupe Solís Aguilar, por sí y en cuanto representante de los menores Raúl Isaías e Isaac, ambos de apellidos González Solís; misma que consistió en la prohibición de que el quejoso Jesús González Olivos se acercara a la actora y sus menores hijos al domicilio que habitan y/o cualquier otro lugar en que se encuentren en una distancia de cien metros a la redonda. Tercero. Certeza del acto reclamado. El Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zamora, Michoacán, al momento de rendir su informe justificado señaló que es cierto el acto reclamado. Lo que se robustece con las documentales referidas, las cuales adquieren valor probatorio pleno respecto de los hechos enumerados en su contenido, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°, en razón de su naturaleza pública. Cuarto. Improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, este juzgado de Distrito estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. La cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Tiene aplicación a lo expuesto la jurisprudencia III.2o.C. J/22 consultable en la página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, de texto: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo. Así como la Jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Ahora bien, al momento de promover la demanda de amparo [diez de noviembre de dos mil veintidós] se aprecia que imperaba la medida de protección ordenada por la autoridad responsable el veintiocho de octubre de dos mil veintidós dentro del juicio especial oral familiar sobre alimentos 625/2022, promovido por María Guadalupe Solís Aguilar, por sí y en cuanto representante de los menores Raúl Isaías e Isaac, ambos de apellidos González Solís; medida protectora que, se itera, consistía en la prohibición al quejoso Jesús González Olivos de acercarse a la actora y sus menores hijos en el domicilio que habitan o en cualquier otro lugar en que se pudieran encontrar a una distancia de cien metros a la redonda. Sin embargo, por oficios 011 y 013 de cinco de enero de dos mil veintitrés el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zamora, Michoacán, se sirvió informar que en la propia fecha autorizó y sancionó el convenio celebrado entre las partes ante dicho órgano jurisdiccional el catorce de diciembre de dos mil veintidós, dejando sin efectos la medida cautelar de restricción decretada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós dentro del juicio especial oral familiar 625/2022. Lo anterior trae como consecuencia que el acto reclamado cesara en sus efectos, pues al autorizar el convenio celebrado por las partes se sirvió elevarlo a la categoría de sentencia ejecutoria y firme en lo que corresponde, dejando sin efectos la medida de restricción reclamada al considerar que no tiene razón de ser dicha providencia en atención a lo acordado por las partes contendientes en el juicio de origen; convenio ejecutoriado que, constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se sobresee en el presente juicio de amparo, por haber cesado en sus efectos jurídicos el acto reclamado precisado en esta consideración. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en el considerando cuarto se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jesús González Olivos, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de diciembre de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6910/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistida de la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en Zamora, Michoacán, no ha dado cumplimiento al requerimiento realizado dentro del presente juicio, en el que se le requirió para que informara lo siguiente: "tenga a bien informar la determinación que haya tomado respecto a la orden de restricción dictada el veintiocho de octubre del año en curso, dentro del juicio especial familiar oral 625/2022, promovido por María Guadalupe Solís Aguilar, frente a Jesús González Olivos". Atento lo anterior, requiérase a dicha autoridad para que dentro del término del tres días hábiles contado a partir de que tenga conocimiento del presente auto, remita la citada información. Bajo apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo que se le concede, de conformidad con el artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa por $4,811.00 cuatro mil ochocientos once pesos, equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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