Javier Martín González Pérez

Expediente 24/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
24/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Javier Martín González Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio, hubiera recurrido la sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley de la materia, se declara que la expresada resolución que no ampara ni protege a la parte quejosa en el presente juicio de amparo HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 18, del Capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el único punto resolutivo de la sentencia que resolvió el presente asunto la justicia de la Unión no amparó ni protegió a la parte quejosa, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la artículo 18, fracción I, inciso b), por lo que es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el antepenúltimo párrafo del citado artículo. Asimismo, y como lo dispone el artículo 18 penúltimo párrafo del capítulo séptimo y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto, consérvese únicamente la demanda y la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional mismas que deberán digitalizarse en términos del capítulo noveno del citado acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el citado artículo 18. En virtud que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente, una vez transcurrido el término de tres años señalados en el artículo 9 del Acuerdo General sin número, ya citado, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo que corresponde en la carátula del presente expediente en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente derivado del presente juicio por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados a las responsables; por tanto, conservarse por el término de tres años y, una vez transcurrido éste, deberá transferirse tal como lo establece la fracción I, inciso a), del artículo 18, Capítulo Séptimo del aludido Acuerdo General. Finalmente, toda vez que no existe objeto alguno para que sigan permaneciendo en este Juzgado los dos anexos y dos DVD, remitidos por la autoridad responsable Presidente de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con su informe justificado; en consecuencia, devuélvanse a la referida autoridad sin que sea necesario solicitar acusar el recibo relativo, dado que la razón de su entrega quedará asentada en la constancia de notificación correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, de la que se advierte que, por los motivos ahí expuestos, a la Actuaria adscrita a este Juzgado, no le fue posible notificar a la tercero interesada *****, el contenido de la sentencia firmada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés; así como que de la certificación de cuenta se desprende que la citada tercero interesada, hasta la presente fecha no dio cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, en el sentido de señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia, y por tanto, hágase a la aludida tercero interesada, la notificación de la sentencia de veintidós de marzo del año en curso y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional; lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Erika Esther Góngora Barbosa, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica. NOTIFICACIÓN POR LISTA T.I. DE LA SENTENCIA DE 22 DE MARZO DE 2023 Mérida, Yucatán; veintidós de marzo de dos mil veintitrés. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 24/2023-IV, promovido por ******************** por conducto de su defensor particular ******************** contra un acto de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en Mérida y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El siete de noviembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, se recibió demanda de amparo (fojas 3 a 5) presentada por ********************, en representación de ******************** contra un acto atribuido a la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y otra autoridad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales que precisó. SEGUNDO. Trámite del juicio. El ocho de noviembre siguiente, por razón de turno, le tocó conocer la demanda de amparo al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida; por lo cual, en auto de nueve siguiente, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 2601/2022, y se admitió a trámite; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados. Previo diferimiento y emplazados que fueron los terceros interesados, ******************** ********************(fojas 6 y 13-14). Finalmente, el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 61, fracción XVIII, inciso d), y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclama una resolución en materia penal ejecutable dentro del ámbito de competencia territorial asignada a este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, para determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado a la demanda de amparo y demás constancias, se hace consistir en: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADO Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en Mérida La sentencia de once de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca 98/2022, del índice de la Sala responsable, la cual confirmó el auto de vinculación a proceso, emitido en la carpeta administrativa ********************/2021, el cinco de febrero de dos mil veintidós, contra el quejoso por su probable intervención en el hecho señalado como delito de incumpliendo de obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado por los numerales 220, y 221, párrafo segundo, del Código Penal del Estado de Yucatán, querellado por ******************** e imputado por la representación social. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados consistentes en la emisión del auto de vinculación a proceso emitido por el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, así como la resolución de once de octubre de dos mil veintidós, por la cual la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, al resolver el recurso de apelación confirmó dicha resolución de término constitucional. Además, la certeza se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado relativas a la copia certificada de la carpeta administrativa ********************/2021, y al toca de apelación 98/2022, así como los disco compactos que contienes los archivos de audio y video; medios que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues se trata de documentos públicos autentificados por una autoridad judicial quien es una funcionaria pública. CUARTO. Oportunidad para ejercer la acción constitucional. La demanda de amparo se presentó dentro del plazo legal. Ello, pues se hizo dentro del plazo de quince días hábiles establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado se notificó el once de octubre del año en curso (en la propia audiencia que emitió el acto reclamado); notificación que surtió sus efectos al día siguiente conforme el artículo 82, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y, sin tomar en cuenta los días inhábiles, la demanda de amparo se depositó el décimo cuarto día del plazo; esto es, el siete de noviembre pasado, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. QUINTO. Causas de improcedencia. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se precisa que las partes no hicieron valer causas de improcedencia, ni opera alguna que deba estudiarse de oficio. Luego, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que el suscrito no tiene obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de improcedencia del juicio de derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior, al no oponerse al texto de la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia con registro 205800, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO». SÉXTO. Antecedentes del acto reclamado. Audiencia de vinculación a proceso. La audiencia inicial se celebró el uno de junio de dos mil veintiuno, en la que previa formulación de imputación y exposición de la solicitud de vinculación a proceso, el imputado solicitó la duplicidad para que se les resolviera su situación jurídica en 144 horas, razón por la que el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, dictó auto de vinculación a proceso en audiencia de siete de junio de esa anualidad, por el hecho señalado como delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 220 y 221, párrafo segundo del Código Penal del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, dentro de la carpeta administrativa********************/2021, de su índice. Sentencia de apelación. Inconforme con lo anterior, el imputado interpuso recurso de apelación, el cual se radicó bajo el toca penal 121/2021, del índice de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en Mérida, Yucatán, la cual, mediante sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, determinó reponer parcialmente el procedimiento de la audiencia de siete de junio de dos mil veintiuno, a fin de que se admitiera el testimonio de ********************, ofertado por la defensa del imputado, asimismo, para que se le informara acerca de sus derechos constitucionales y legales a fin de que decidiera si emitía su declaración o guardaba silencio, hecho lo anterior, debía proceder al desahogo y ponderación de los medios de prueba y se resolviera obre la solicitud de vinculación a proceso. Audiencia de dos de febrero de dos mil veintidós. Previa identificación de las partes, se designó la sustitución del defensor del imputado, se le informó a las partes el motivo de la audiencia, a saber, reponer la audiencia inicial, en cumplimiento a lo ordenado por el tribunal de alzada, y se desahogaron los puntos materia de la reposición; asimismo, se otorgó a la defensa el término de 72 horas, excepcionalmente, para que su defensor se impusiera de la carpeta de investigación y de la audiencia inicial, y se señalaron las nueve horas del día cinco de febrero de dos mil veintidós, para la continuación de la audiencia. Audiencia de vinculación que dio origen al acto reclamado. En audiencia de cinco de febrero de dos mil veintidós, la juez del conocimiento le hizo saber al imputado sus derechos, y una vez que le fueron leídos y explicados, se hizo énfasis al derecho de la no autoincriminación, y se le recalcó que tenía derecho a guardar silencio y también a declarar, a lo que el imputado debidamente asistido, se reservó su derecho a declarar; por otra parte, se desistió del medio de prueba consiste en el testimonio de ********************, se les dio el uso de la voz a las partes a fin de que realizaran las alegaciones pertinentes; la juez del conocimiento cerró debata y resolvió el auto de vinculación a proceso. Sentencia de apelación (acto reclamado). Inconforme con lo anterior, el imputado interpuso recurso de apelación, el cual se radicó bajo el toca penal 98/2022, del índice de la Sala responsable, y mediante sentencia de once de octubre de dos mil veintidós, determinó confirmar el auto de vinculación a proceso. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Previo a iniciar el estudio, se precisa que la parte quejosa expresa como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito de demanda, que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos: los cuales resultan infundados e inoperantes, sin que se advierta alguno que suplir en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Cabe precisar que aunque procede la suplencia de la queja deficiente en favor del quejoso, dado que tiene el carácter de imputado en la causa penal de origen, el estudio del asunto se concretará a los aspectos alegados en los motivos de inconformidad, haciéndose innecesario emitir un pronunciamiento específico respecto de todos los apartados vinculados con el acto reclamado, en la parte que no se avizore vulneración de derechos fundamentales, pues tal suplencia no significa que deba quedar plasmado en la sentencia el por qué no le afectan cuestiones que éste no planteó, de manera que resultan innecesarias para motivar el fallo que le es adverso. En apoyo se cita la jurisprudencia con registro 2014703, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)». Ahora, la parte quejosa sustancialmente expone como motivo de disenso, que la Sala responsable no contestó todas las argumentaciones vertidas por el defensor, en relación a que la perito que efectúo en estudio de trabajo social, ofrecido por la querellante, no contaba con el conocimiento para realizar dicho estudio, ni proporcionó cédula profesional. Al respecto, afirma que contrario a lo considerado por la responsable, los datos de prueba deben contar con requisitos mínimos que permitan la certeza y seguridad jurídica de las partes, como lo es que el estudio de referencia sea realizado por una persona que cuenta con la capacidad, por lo que aduce, dicho dato de prueba no debe ser valorado para emitir el auto de vinculación, y en ese contexto Señala que en lo referente a que se ponga en riesgo la integridad del menor, derivado del incumplimiento del imputado, no existe ningún dato de prueba. Una vez reseñados los conceptos de violación, se concluye que resultan infundados. Para analizar la constitucionalidad del acto reclamado es conveniente precisar que de la interpretación armónica del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que, para el dictado del auto de vinculación a proceso, se deben cumplir con los requisitos siguientes: I Que se haya formulado la imputación; ii Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar; Iii Que la resolución se emita dentro de las setenta y dos horas siguientes, a partir que el imputado sea puesto a disposición del juez de control (o en el término ampliado, en caso de que el imputado así lo deseara); iv Que de los antecedentes de la investigación, expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, v Que no se encuentre demostrada una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Además, al resolverse la situación jurídica deben respetarse los principios de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en el artículo 16 constitucional, que imponen la obligación que tienen las autoridades de fundamentar y motivar debidamente sus actos. En ese orden de ideas, del estudio detallado de las constancias que remitió el juez de control, así como el registro audiovisual de la audiencia de formulación de imputación y la diversa de vinculación a proceso, y en atención a que la presente resolución se dicta al tenor del artículo 19 constitucional, se estiman colmados los requisitos de forma y fondo; por ende, la resolución que confirmó la diversa de vinculación a proceso reclamada, se dictó ajustada a derecho y no irroga violación alguna a derechos humanos, por las siguientes consideraciones. El primer elemento constitucional se cumplió, en virtud que se formuló una imputación contra el investigado, en la que se le informó el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención atribuida, así como el nombre de sus acusadores, ello tal como se desprende de la videograbación de la audiencia de formulación de imputación de uno de junio de dos mil veintiuno. En efecto, la Juez de Control en cuanto a la circunstancia de tiempo, mencionó que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, le permitieron inferir que si la menor de identidad reservada nació el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho -de acuerdo con el acta de nacimiento que integra la carpeta de investigación-, y la denunciante ********************, expuso que el sujeto activo rompió la relación sentimental al enterarse de la gestación, la temporalidad quedó circunscrita al mes de junio de dos mil diecisiete, tiempo aproximado del inicio de la gestación, a la fecha en que se dictó la resolución. Por lo que hace al lugar de los hechos, indicó que se desarrollaron en esta ciudad, y que si bien no hubo una unión civil, matrimonial o de concubinato, la relación sentimental inició en el año dos mil diecisiete, en la que procrearon una hija, quien naciera el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. En cuanto a las circunstancias de comisión del hecho, arguyó que se originó ante la omisión del sujeto activo de cumplir con su obligación de asistencia respecto de la menor, ya que al enterarse de su gestación rompió la relación sentimental con la denunciante, y si bien afirmó que se haría cargo de los gastos de manutención de la menor, una vez nacida la victima directa, no ha cumplió con su obligación de asistencia familiar, sin más detalles, ya que no hubo ninguna participación o pago por concepto de alimentos. De igual manera, se satisfacen el segundo y tercer requisitos, dado que se considera que en cumplimiento a la resolución de segunda instancia el quejoso conoció sus derechos, pues al estar asesorado por su defensa -quien se identificó con cédula profesional en licenciatura en derecho-, al cuestionarle sobre si era su deseo declarar, expresó que no era su voluntad hacerlo, de igual forma, una vez expuesta la solicitud de vinculación a proceso y los datos de prueba con que contó la fiscalía para hacerla, se le informó sobre el plazo constitucional, por lo cual se acogió a la duplicidad del término constitucional, y éste fue extendido al reponerse la audiencia, atento al principio de una adecuada defensa, y a solicitud del defensor del imputado, dado que no contaba con la información suficiente para efectuar si defensa. Luego, referente al cuarto de los requisitos establecidos, de las exposiciones que se efectuaron ante el juez de control en la audiencia de formulación de imputación y en el debate respectivo, permiten concluir de manera razonable que existen datos de prueba que establecen que probablemente se cometió el hecho señalado como delito por el que se le vinculó a proceso. En efecto, quien ahora resuelve considera, como se expuso en la resolución que se analiza, dictada en audiencia de cinco de febrero de dos mil veintidós, que el hecho delictivo se acreditó con los datos de prueba reseñados por el fiscal, tal como lo afirmó la Juez responsable, los cuales valoró en términos de lo dispuesto en los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, porque de dichos datos de prueba se obtiene que probablemente el quejoso desde el mes de junio de dos mil diecisiete ha omitido cumplir con su deber de asistencia familiar a favor de su hija menor de edad, quien al momento de interponer la denuncia contaba con una edad de dos años cuatro meses, sin que haya causa justificada. Hechos que se encuentran corroborados con los datos expuestos por la fiscalía, los cuales concatenados entre sí permiten acreditar de manera indiciaria que el quejoso sin motivo justificado no ha cumplido con el deber de asistencia respecto de su hija menor de edad de iniciales ********************, sin ministrar los recurso necesarios para su subsistencia. De la misma manera, en cuanto al deber del juez de fundar y motivar suficientemente su ejercicio de ponderación los datos de prueba referidos por el Ministerio Público, acorde a lo establecido por el artículo 16 constitucional, en el caso se encuentra satisfecho. Lo anterior, pues la Fiscalía formuló imputación por los hechos siguientes: Que ********************, sostuvo una relación sentimental en el año dos mil diecisiete con ******************** en la ciudad de Mérida Yucatán, en la cual procrearon una hija menor de edad de iniciales ********************, que nació el ********************que al momento de enterarse del embarazo, se rompió la relación sentimental, afirmando ********************, que se haría cargo de los gastos de manutención, sin embargo, una vez nacida la menor, no había cumplido con su obligación de asistencia para con su hija, hasta esa fecha. Hechos que la Fiscalía clasificó preliminarmente como el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado en los artículo 220 en relación al 221, segundo párrafo del Código Penal del Estado de Yucatán. Analizadas las posibles violaciones no se encontró motivo por el cual sea necesaria suplencia respecto de situaciones de forma, y por el contrario se advirtió que se cumplieron todas, como se desprende del cuadro arriba inserto, por ello se tienen válidamente por acreditados por el juez responsable. Ahora bien, los requisitos de fondo son: La existencia de datos que establezcan que se ha realizado una conducta que la ley señala como delito; y, que una persona pudo haberla cometido o participado en su comisión. Relativo a los requisitos de fondo, igualmente se observa que se tienen por acreditados, con el estándar requerido para ese momento procesal, dado que existen los datos de prueba indispensables, con los que se establece un hecho que reviste carácter de delito, esto a través de la abstracción de los enunciados previstos en el artículo 220 y 221 del Código Penal del Estado de Yucatán, de la conducta que se le recrimina al imputado por el fiscal; artículo que establecen lo siguiente: Artículo 220. A quien sin motivo justificado dejare de cumplir el deber de asistencia respecto de sus ascendientes, hijos o cónyuge sin ministrarles los recursos necesarios para atender a su subsistencia, se le aplicará sanción de uno a cuatro años de prisión y de veinte a doscientos días-multa, privación de los derechos de familia y pago como reparación del daño, de las cantidades no ministradas oportunamente por el acusado, desde la fecha en que dejó de cumplir el deber de proporcionar los alimentos, hasta la sentencia condenatoria. Quedan comprendidos en esta disposición como sujetos pasivos el concubinario y la concubina. Cuando el imputado incurriese nuevamente en el mismo delito, la prisión será de tres a seis años. La pérdida de los derechos de familia solo se impondrá cuando se afecte de manera negativa a los acreedores alimentarios. Artículo 221. El delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar se perseguirá mediante querella de la parte agraviada. Cuando el incumplimiento se refiera a los hijos, a los ascendientes adultos mayores o exista imposibilidad para presentar la querella por parte de los acreedores, se perseguirá de oficio y cuando proceda, el Ministerio Público promoverá la designación de un tutor especial o representante para las víctimas del delito ante la autoridad judicial, que tendrá facultades para designarlos. Se declarará extinguida la acción penal oyéndose previamente al tutor o representante, cuando el procesado hubiese cubierto el importe de los alimentos vencidos. Tal descripción es contrastada con la conducta que se le imputa al aquí quejoso, consistente en que hay un deber de asistencia y que se ha dejado de cumplir con ese deber de asistencia, sin causa justificada, y que por tal motivo, la víctima se ha quedado sin medios para sufragar sus necesidades. A juicio de este juzgador, los datos de prueba con los que se integró la carpeta de investigación (investigación inicial) que ahora integran la carpeta administrativa ********************/2021, son suficientes para dictar vinculación a proceso, a efecto de continuar una investigación exhaustiva (investigación complementaria). En efecto, la juez responsable arribó correctamente a la conclusión de que los datos de prueba eran suficientes para dictar auto de vinculación a proceso, dado que ponderó, esencialmente, los siguientes: 1) La querella realizada por ********************, ante la autoridad investigadora el siete de agosto dedos mil veinte. 2) Original de la certificación de datos del acta de nacimiento de la menor de edad ********************, marcada con el número de folio ********************, de fecha ********************, suscrita por el oficial del Registro Civil del Estado. 3) Oficio de once de agosto de dos mil veinte, con número 1-240/2020, suscrito por la Titular del Fondo Auxiliar para la Administración de Justica del Estado, en el cual no se encontró dato alguno en su base de datos a nombre del imputado o de la denunciante. 4) Acta de entrevista, de fecha diecisiete de agosto de dos mil veinte, realizada a********************, quien refirió conocer a la denunciante desde hace aproximadamente seis años y debido a su amistad, sabía que tenía una relación con el imputado, lo que le constaba porque los visitaba, y varias veces se encontró al imputado en el domicilio de la querellante; que la acompañó para hacer la prueba de embarazo, que el imputado reconoció como su hija a la víctima directa ante el Registro Civil, pero cuando nació se alejó sin hacerse cargo de ningún gasto, que sólo le llevó una caja de pañales y/o algunas cajas de leche; además, presenció las llamadas que le hizo la denunciante al imputado para pedirle la manutención. 5) Acta de entrevista, de fecha diecisiete de agosto de dos mil veinte, respecto de ********************, quien refirió conocer a la denunciante dado que es muy cercana y la frecuenta mucho, y sabe que tuvo una relación con el activo y que durante el tiempo que estuvieron juntos procrearon una niña menor de edad, que convivió con la denunciante durante el embarazo y escuchó decir que el activo la apoyaría con los gastos del embarazo y se haría cargo de las necesidades alimentarias de la menor; que ambos progenitores registraron a la menor, pero después de que naciera el activo se desatendió de esa responsabilidad, más que una vez que le dio una caja de leches y pañales, y manifestó que cada vez ha sido más difícil para la denunciante hacerse cargo de los gastos. 6) Oficio número SSP/DJ/20520/2020, de fecha veinte de septiembre de dos mil veinte, suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, por el que informó que en los registros de dicha secretaría aparecen dos vehículos propiedad del imputado. 7) Estudio socioeconómico realizado a la denunciante en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte, suscrito por la licenciada en trabajo social de la Fiscalía General del Estado ********************, quien se trasladó a su domicilio, en donde ésta le refirió que vivía con su actual pareja sentimental, en compañía de su hija menor de edad, quien padece alergias, por lo que tenía un tratamiento de manera particular, que si bien tenía ingresos, ya que trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública desde hace tres años. Refirió que sus egresos eran mayores, que pagaba aproximadamente de vestimenta cada dos meses $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional); de educación de la pasivo en forma mensual $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional); de material didáctico, cada seis meses, $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional); de análisis cada seis meses $800.00 (ochocientos pesos 00/100 moneda nacional); de diversión de manera mensual $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional); de gastos alimentarios o gastos de "super", de forma semanal $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional); en consultas médicas $600.00 (seiscientos pesos 00/100 moneda nacional); de energía eléctrica $300.00 (trescientos pesos 00/100 moneda nacional); de agua potable $250.00 (doscientos cincuenta pesos). 8) Acta de entrevista realizada la ciudadana ******************** de fecha once de enero de dos mil veintiuno, en la manifestó que convivía con la denunciante de toda la vida, ya que es su hija y se veían con mucha frecuencia, pues la denunciante llevaba a la menor de edad a su casa para que le diera desayuno, le ayude a limpiar los pañales, que le daba leche, almuerzo, que era la forma en que ayuda económicamente a su nieta; que los gastos eran múltiples incluyendo los gastos de ropa, refirió que su esposo también intervenía de manera conjunta en los gastos para ayudar a la denunciante; agregó que durante el tiempo que lleva con vida la menor pasivo, el imputado jamás le había entregado cantidad alguna a su nieta. 9) Acta de entrevista realizada el once de enero del año dos mil veintiuno, al ciudadano ********************, progenitor de la denunciante, quien dijo que ha estado pendiente de los gastos de alimentación de la menor pasivo; la relación con su hija es buena, se veían casi todos los días, ya que todas las mañanas la denunciante dejaba a la pasivo en su casa y es ahí en donde ellos intervenían para los gastos necesarios durante el transcurso del día y la tarde, refirió que el imputado nunca había entregado cosa o cantidad alguna para cubrir con esa obligación alimentaria. Con los mencionados datos de prueba, la juez del conocimiento, previamente a estudiar los elementos del ilícito, analizó por técnica jurídica, que el imputado tiene un deber de asistencia, y que no ha dado cumplimiento con sus obligaciones alimentarias, sin que exista dato de prueba para justificar la falta de cumplimiento, por tanto, en audiencia de cinco de febrero de dos mil veintidós, se dictó auto de vinculación a proceso. Inconforme con tal resolución, la parte quejosa interpuso recurso de apelación, en el que sustancialmente se hicieron valer dos agravios; primero, que el auto recurrido no se dictó en apego a lo establecido en el artículo 16 Constitucional, dado que la juez de control omitió motivar debidamente la resolución impugnada; y, el segundo, que no se tomaron en consideración los planteamientos defensivos respecto del estudio de trabajo social realizado a la querellante, en relación a que la perito no señaló contar con el conocimiento para realizar dicho estudio, ni proporcionó su cédula profesional, que contrario a lo considerado por la juez de control, no obstante que en esa etapa no se realiza una valoración de pruebas, dicho dato de prueba debe contar con requisitos mínimos que permitan darle certeza y seguridad jurídica a las partes, por lo que dicho dato de prueba debía ser excluido. Ahora, la Sala responsable, declaró infundados los agravios del apelante, sin que hubieran motivos para reparar oficiosamente alguna violación acotada a los derecho humanos del imputado, y se efectuaron las siguientes consideraciones: Que la resolución impugnada cumplió con las formalidades y los principio y derechos esenciales del procedimiento, aunado a que no se actualizó una falta de motivación en la resolución impugnada, dado que la juez de control realizó una valoración libre y lógica de los datos de prueba que consideró para emitir el auto de vinculación a proceso, mencionando que los datos de prueba resultaban útiles y pertinente para tener por establecido el hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y la probable responsabilidad de que el imputado lo cometió; asimismo, consideró que el auto apelado cumplió con las formalidades establecidas en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales se reseñaron. Respecto del agravio hecho valer por el apelante, en relación al estudio socioeconómico realizado a la denunciante el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, la responsable consideró, que durante la etapa de investigación judicializada únicamente se necesitan establecer datos de prueba preliminar, por lo que era infundado el agravio planteado, dado que el acto impugnado se emitió en la etapa de investigación judicializada, en la cual solo era necesario establecer datos de prueba, que la exclusión de dicho dato era propia de la etapa de investigación, y consideró que el dato de prueba referido resultaba útil y pertinente para el estadio procesal en el que se dictó el auto apelado. Añadió, que tampoco era propio hacer una valoración del referido dato de prueba, sino hasta la etapa de juicio, que la etapa en que se encontraba sólo se tomaba en cuenta como una referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional. Al respecto, la parte quejosa esencialmente refiere en sus conceptos de violación los siguiente: Que la Sala responsable no contestó todas la argumentaciones vertidas por el defensor del imputado en la audiencia, en relación a que la perito realizó el estudio de trabajo social ofrecido por la querellante no contaba con el conocimiento para realiza dicho estudio, ni proporcionó su cédula profesional Afirma, que contrario a lo considerado por la responsable los datos de prueba deben contar con requisitos mínimos que permitan la certeza y seguridad jurídica de las partes, como lo es, que el estudio de referencia debe ser realizado por una persona que cuente con la capacidad, por lo que no debe ser valorado para emitir el auto de vinculación. Aduce, que no hubo señalamiento alguno de dato de prueba en relación al elemento de que se ponga en riesgo la integridad del menor, derivado del incumplimiento del imputado. Dichos conceptos de violación, resultan infundados, por las siguientes razones. Quien ahora resuelve, considera que la sala responsable sí dio contestación al agravio del apelante en cuanto a su pretensión de excluir como dato de prueba el estudio socioeconómico realizado el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, ya que expuso que resultaba infundado atento a la etapa procesal en la que se encontraban, lo cual resulta acertado. En efecto, como lo consideró la responsable, no era momento para excluir el referido dato de prueba, de conformidad con el artículo 334, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que será en la etapa intermedia, en la que se lleve a cabo el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, y es en dicha etapa en la que se fijan los medios de prueba que deberán ser desahogados; así, al dictar el auto de apertura a juicio, será el momento en el que el juez de control debe excluir cualquier medio de prueba. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. LII/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, página 962, de rubro y texto siguiente: "ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. UNO DE SUS OBJETIVOS ES DEPURAR EL MATERIAL PROBATORIO QUE SE VA A DESAHOGAR EN JUICIO ORAL, EXCLUYENDO AQUEL QUE SE HAYA OBTENIDO CON VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. (.)." Por otra parte resulta infundo el motivo de disenso en el que el quejoso considera que no se hizo alusión a ningún dato de prueba en el que se sustente que se pone en riesgo la integridad del menor, derivado del supuesto incumplimiento, dado que no es necesario un dato de prueba que permita establecer una situación de desamparo absoluto, empero, sí se expusieron datos en los que se hicieron patentes las necesidades de la víctima directa, el deber de asistencia y que se ha dejado de cumplir con ese deber de asistencia, sin causa justificada. Luego entonces, si los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, y apreciados por el juez de control los cuales han sido relacionados en párrafos que anteceden, permiten acreditar de manera indiciaria la dificultad que tiene la progenitora de la víctima para cubrir las necesidades de la menor y que para ellos es menester el apoyo de sus ascendientes, son datos suficientes para emitir un auto de vinculación a proceso en su contra por el ilícito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Por tanto, se concuerda con la Sala responsable que los datos reseñados por la fiscalía y tomados en cuenta por el juez de control, son suficientes para tener por demostrado, hasta este momento procesal, la existencia de un hecho con apariencia delictiva y la probable intervención de la imputada en su comisión. Apoya lo anterior, la jurisprudencia con registro 2014800, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).". En esa virtud, ante lo infundado de los conceptos de violación, sin que se advierta motivo alguno que suplir en su deficiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega la protección constitucional, la que se hace extensiva a los actos atribuidos al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Por lo expuesto y fundado; S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******************** por conducto de su defensor particular ******************** contra un acto de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en Mérida y otra autoridad, en términos de lo expuesto en el considerando séptimo de este fallo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de enero de dos mil veintitrés. Radicación. Se tiene por recibido el expediente de amparo 2601/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 24/2023-IV, acúsese recibo. Competencia. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir de esa propia fecha, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo. Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos puntos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. Consecuentemente, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, se avoca al conocimiento del juicio de amparo. Turno para el dictado de la sentencia. De la revisión del expediente, se obtiene que el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional; por lo tanto, túrnese el expediente para el dictado de la sentencia una vez que lo permitan las labores del juzgado. Anexos. Igualmente, se tienen por recibidos dos anexos, con los cuales se ordenan formar los legajos l y ll y con dos discos en formatos DVD con los cuales se ordena formar el legajo III. Incidente de suspensión. Fórmese el incidente de suspensión relativo, para continuar con su tramitación, en el entendido que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se resolvió la audiencia incidental en la cual se negó y concedió la suspensión definitiva del acto reclamado. Domicilio y autorizados. Se reconoce el carácter de autorizados de las partes y como domicilio para oír y recibir notificaciones designados por las partes durante el trámite del juicio de amparo. [...]. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Gabriela Montañez Escalante, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.

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