Jeferson Andres Vargas Angarita

Expediente 1039/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1039/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
05/07/2023

Partes del expediente

  • Jeferson Andres Vargas Angarita

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de julio de dos mil veintitrés. CONFORMIDAD CON EL CUMPLIMIENTO. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a las partes para que pudieran inconformarse contra el auto que que declaró cumplida la sentencia protectora de amparo dictada en este asunto; por tal motivo, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la sentencia. ARCHIVO DE EXPEDIENTE. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es conservable, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el artículo 17, fracción III, inciso a), transfiérase el presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación, para su resguardo, en término del artículo 10 del acuerdo antes referido. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa mediante acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, para que manifestara lo conducente respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, por lo que de oficio, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Demanda de amparo Mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, determinó declinar competencia por razón de territorio para conocer de la demanda relativa a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en turno, por lo que remitió copia certificada del expediente físico relativo al juicio de amparo ******************** de su índice, promovido por ********************a favor del quejoso ********************. Por acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, aceptó la competencia planteada y se admitió a trámite la demanda de amparo contra el acto y autoridad siguiente: De la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad: La privación ilegal de libertad y la incomunicación del quejoso ********************. II. Sentencia y efectos de la protección constitucional Luego, por sentencia de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal, en su primer punto resolutivo, sobreseyó respecto al acto reclamado atribuido a la autoridad responsable consistente en incomunicación, por las razones expresadas en el considerando quinto de dicha sentencia y sobre el diverso acto relativo a la privación de la libertad del quejoso, en su segundo punto resolutivo concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la parte quejosa a fin de que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizara lo siguiente: ".la concesión de amparo será para el efecto de que se deje insubsistente la resolución de quince de marzo de dos mil veintitrés, donde se ordenó la detención del justiciable y las consecuencias derivadas de ésta." En proveído de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la referida sentencia y posteriormente en acuerdo de veinticinco de mayo siguiente se tuvo por recibido el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, con el que informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y anexó las constancias para acreditarlo, otorgándose el término de tres días a las partes para que manifestaran lo que a su derecho convenga. Ahora, del análisis del oficio en comento, y anexo que acompañó la autoridad antes citada, a los cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, se dejó sin efecto la orden de arresto administrativo decretada el quince de marzo de dos mil veintitrés contra la parte quejosa, dejando insubsistentes las horas faltantes por compurgar. En consecuencia, el suscrito considera que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo y, por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, sin que exista exceso o defecto en el cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dado los lineamientos de la sentencia y el análisis de las constancias remitidas, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia I.5o.C.7 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del rubro siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA."; visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, página 2596, registro ius 2007400. Con lo anterior, y con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a las partes para que dentro del término de quince días manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que, en caso de no hacerlo, se tendrá por consentido el presente proveído. Finalmente, tómese nota que la sentencia de amparo quedó cumplida el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1039/2023-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ********************a favor del quejoso ********************, contra actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El quince de marzo de dos mil veintitrés, se recibió electrónicamente la demanda de amparo promovida por ********************a favor del quejoso ********************, en la que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades, la detención e incomunicación del quejoso. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado e indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por providencia de quince de marzo de dos mil veintitrés, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, en los autos juicio de amparo ********************a quien correspondió conocer del asunto, radicó la demanda y, en atención a que se ubicó en los supuestos de urgencia a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, se ordenó comisionar a la persona Actuaria de su adscripción para que obtuviera su ratificación. Al no ser posible dicha diligencia se ordenó remitir exhorto que correspondió al conocimiento del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, bajo el número de orden y exhorto ******************** quien por conducto del actuario de su adscripción llevó a cabo la diligencia el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés en donde el quejoso ratificó la demanda únicamente respecto de los actos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés remitido el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, determinó declinar competencia por razón de territorio para conocer de la demanda relativa a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en turno, por lo que remitió copia certificada del expediente físico relativo al juicio de amparo ********************de su índice, promovido por ********************a favor del quejoso ********************. Por acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, aceptó la competencia planteada y se admitió a trámite la demanda de amparo. En la secuela procesal, se emplazó al representante social adscrito a este juzgado, quien no presentó su correspondiente alegato. Finalmente, con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclama un acto de autoridad distinta de la judicial, emitido fuera de procedimiento, que incide en la libertad personal del directo quejoso; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADOS a) Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Mérida, Yucatán La privación ilegal de libertad y la incomunicación del quejoso ********************. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La responsable Titular y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por conducto de su Director Jurídico (foja 28) negaron la existencia de la incomunicación que se les atribuyó. Lo que se corrobora con las constancias remitidas por la fiscalía estatal, de las que se aprecia que en la resolución de dieciséis de marzo de este año (foja 42) se expuso que el quejoso no recibió malos tratos, o tenía cosa o cantidad alguna que reclamar por parte de los elementos policiacos. No se desatiende que en la diligencia de ratificación el quejoso realizó manifestaciones en cuanto a lesiones, amenazas y privación de cantidad que contaban, sin embargo, en acuerdo de treinta y uno de marzo del año que corre, se expuso que conforme a lo determinado en diverso proveído de fecha veintidós de marzo del presente año por parte del juez que declinó competencia, en donde se hizo constar que el directo quejoso ********************, señaló ante el Actuario adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que fue golpeado y amenazado, lo cual fue confirmado por dicho Fedatario Público en el sentido de que dicho quejoso presentaba lesiones; por tanto, en dicho acuerdo se ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito para que, acorde a sus facultades, acordara lo que legalmente corresponda. Por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. CUARTO. Existencia de la detención reclamada Es cierto el acto atribuido a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por conducto de su Director Jurídico (foja 38), con sede en esta ciudad, relativo al arresto del quejoso pues al rendir su informe justificado así lo indicó. Certeza que se corrobora con las pruebas documentales públicas que remitieron dichas responsables; las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. QUINTO. Oportunidad para presentar la demanda En el particular, la acción constitucional puede ejercerse en cualquier momento, pues la parte quejosa señaló que los actos reclamados se encontraban relacionados con la privación de la libertad personal fuera de procedimiento e incomunicación, por ende, la demanda no está sujeta al término de quince días que refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. SEXTO. Causas de improcedencia y sobreseimiento En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Al respecto, no se actualiza alguna de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al margen de que las partes no las hicieron valer, este órgano federal no advierte alguna que impida continuar con el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar cada una de las hipótesis ahí descritas. Por tanto, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado Es fundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa y suficiente para conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, aunque para comprobarlo deba suplirse su deficiencia en términos de lo establecido en la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, en razón de que de las constancias que remitió la responsable, se advierte una violación de índole formal; máxime que el acto reclamado está relacionado con la libertad del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1417, Libro 15, febrero de dos mil quince, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es el siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO)." En efecto, la parte quejosa en sus conceptos de violación aduce que la privación de su libertad, transgrede sus derechos fundamentales ya que no reúne los requisitos legales, por no encontrarse fundado ni motivado. En efecto, el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." El transcrito artículo establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Así, el derecho humano y garantía de audiencia constituye el principal instrumento de defensa que tiene cualquier gobernado frente a los actos de autoridad que pretendan privarlo de sus derechos fundamentales, como son la libertad y sus propiedades, lo que incluso se reconoce en diversos documentos de carácter internacional, tales como en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a ser oída con los debidos derechos y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El acto de privación contemplado en el artículo 14 Constitucional es aquel que constituye un fin por sí mismo con existencia independiente y no el que únicamente es un medio para la consecución de otro acto. En el primero de ellos, el fin perseguido por el acto, radica en privar al sujeto de sus bienes, propiedades, posesiones o derechos con carácter definitivo; en cambio en el segundo, la privación no constituye la intención teleológica del acto, sino una medida de tipo provisional y accesoria para el logro de un objetivo diverso. Luego, aunque en ambos casos el acto produce o puede generar una privación, sólo aquél cuyo sentido es definitivo se encuentra regido por la norma constitucional de referencia, pues atendiendo a su naturaleza, se garantiza al gobernado que no debe llevarse a cabo sin que se le brinde la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses, con la debida amplitud, por la evidente gravedad que el acto reviste. De esta forma, cuando el acto privativo es provisional, esto es, cuando la privación no es la razón de ser del acto, resulta innecesario otorgar, previamente, al afectado la oportunidad de defensa en virtud de la accesoriedad de la medida. Por tanto, si esa afectación tiene como propósito privar al gobernado de sus bienes, entonces se actualiza el supuesto previsto en la norma constitucional y se genera su consecuencia, a saber: la obligación de la autoridad de otorgar al sujeto y en forma previa al acto, el derecho de audiencia; mientras que, cuando se trata de un acto de molestia, no es indispensable que, previamente a él, se brinde al sujeto la referida garantía. La distinción entre actos de privación y actos de molestia deriva, precisamente, de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que erigen los derechos de audiencia y de legalidad, respectivamente, en contra de los actos de la autoridad; y esa diferenciación deriva de la naturaleza del acto, de su razón teleológica y no en primer término de los efectos que produce. Esto último, se pone de manifiesto si se considera que tanto los actos a que se refiere el artículo 14 constitucional, como aquellos a que se contrae el numeral 16 de la Constitución, pueden producir, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, una "privación" en la esfera jurídica del gobernado causándole una afectación, sea por la indisponibilidad de sus bienes, por la disminución de su patrimonio, por la imposición de una carga u obligación que de no existir el acto no tendría que soportar o cumplir, etcétera; de tal manera que si se atendiera solamente a los efectos del acto, resultaría carente de sentido la distinción entre actos de privación y actos de molestia. Por tal motivo, se colige que la distinción establecida en los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, deriva de la naturaleza del acto y no en primera instancia de los efectos a que puede dar lugar. Los perjuicios -en sentido amplio- al gobernado, que se pueden producir tanto por un acto regido por el numeral 14 de la Constitución o por uno de aquellos a los que se refiere el artículo 16 de ese ordenamiento, constituyen el efecto del acto; y no puede ser la base para distinguir entre actos privativos o de molestia, pues ese efecto puede presentarse en ambos, ni tampoco puede constituirla su mayor o menor reparabilidad, dado que esta condición también puede actualizarse en los dos casos y depende de circunstancias de hecho o jurídicas. El análisis de la reparabilidad de los efectos de los actos reclamados tiene como punto de partida la naturaleza del acto; y la posibilidad de exigir esa reparación, se actualiza una vez que se ha determinado sobre la no juridicidad del mismo, lo que supone que previamente se analice si éstos se encuentran sujetos o no a respetar al gobernado la garantía de audiencia. De lo anterior se sigue que, lógicamente, primero debe apreciarse la finalidad perseguida por el acto de autoridad y luego la entidad de los efectos, dentro de los que se encuentra la causación de perjuicios y su reparabilidad, para determinar si un acto se encuentra o no regido por el numeral 14 de la Constitución; y es por esa razón que la referida causación de perjuicios, no es el criterio determinante para sujetar un acto al cumplimiento de la garantía de previa audiencia, pues esos efectos también pueden presentarse en un acto regido por el artículo 16 constitucional. Por tanto, como se apuntó, para verificar si un acto queda regido por lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, debe atenderse a su finalidad. En relación con lo anterior, resulta aplicable la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares más no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional." Así, de las constancias que fueron remitidas por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, relativas a la detención del quejoso, se advierte que el quince de marzo de este año, se inició el procedimiento administrativo en su contra, siendo que en esa propia fecha, le impuso un arresto administrativo de treinta y seis horas. Lo anterior, sin que se advierta de la resolución en comento, que antes del acto privativo de libertad (arresto), le fuera notificado al quejoso el inicio del procedimiento, puesto que fue en la misma fecha de la imposición del correctivo disciplinario, que ya se encontraba ejecutando la medida privativa de la libertad. Así, el indicado arresto de treinta y seis horas que se impuso al quejoso, constituye un acto de privación total, porque se le impidió gozar de su libertad en ese plazo; además, la finalidad perseguida con la imposición éste, es que cumplan con las normas administrativas, es decir, no se persigue un interés diverso a la sola observancia de normas generales. También, por sus efectos, causa perjuicios de difícil reparación, pues de consumarse dicho arresto, sería imposible restituir a la parte peticionaria de amparo en el goce del derecho humano violado, porque no se le podría restaurar el lapso que estuviera privado de su libertad. Por ello, el arresto que aquí se reclama se rige por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento previo a su dictado, pues de consumarse, el daño ocasionado a la parte quejosa, como se dijo, sería de imposible reparación. Es aplicable a lo expuesto, por identidad de razón, la jurisprudencia con número de tesis 19/2019, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del Libro 74, enero de dos mil veinte, Tomo I, Materias Constitucional, Administrativa, de la Décima Época, visible en la página 6, de rubro y texto siguientes: "ARRESTO ADMINISTRATIVO COMO SANCIÓN POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD. AL PRETENDER IMPONERLO EL JUEZ CALIFICADOR DEBE RESPETAR EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA DEL PROBABLE INFRACTOR. El arresto administrativo, que forma parte de las sanciones que puede imponer la autoridad administrativa de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal por el incumplimiento a disposiciones administrativas, invariablemente reviste el carácter de acto privativo, porque produce efectos que suprimen la libertad personal ambulatoria por un tiempo determinado y con efectos definitivos. En consecuencia, cuando a una persona se le pretende imponer un arresto administrativo como sanción por conducir bajo el influjo del alcohol, existe la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho de audiencia previa reconocido en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, al no existir una restricción expresa a este derecho en el texto constitucional ni justificación suficiente que amerite eximir de su observancia en forma previa a la restricción de la libertad personal. Así, el probable infractor debe tener la posibilidad de ser oído en el momento oportuno por el Juez Calificador previamente a que se le imponga la sanción de arresto administrativo; entendiéndose por "momento oportuno" cuando ya se encuentra en las instalaciones del órgano calificador y está en condiciones de comparecer a efecto de alegar lo que a su derecho convenga en torno a la infracción atribuida: si desvirtúa la comisión de la infracción, entonces no se le puede decretar el arresto administrativo; si no lo hace, procede que se le individualice el tiempo que deberá compurgar. Con este criterio se armoniza, por una parte, la facultad de la autoridad para sancionar la comisión de infracciones (destacando aquellas que ponen en riesgo la integridad física del propio infractor y de terceros, como es el caso de conducir en estado de ebriedad) y, por otra, se evita la arbitrariedad de la autoridad al momento de ejercer dichas atribuciones o que se prive de la libertad a personas que no cometieron la infracción atribuida pero aun así fueron detenidas y remitidas ante el órgano calificador, soslayando que las políticas públicas y disposiciones tendentes a inhibir la comisión de infracciones deben ser compatibles con la debida observancia de los derechos humanos". Así como el diverso criterio obligatorio del citado órgano jurisdiccional, con número de tesis 47/95, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, página 133, Novena Época, estableció: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Los criterios jurisprudenciales transcritos revelan el derecho fundamental de audiencia que obliga a la autoridad a otorgar al gobernado, previamente a la imposición de un acto privativo, la posibilidad de ser oído en un procedimiento, en el cual se observen como formalidades esenciales mínimas aquellas que garanticen su defensa; las cuales son: -La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; -La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; -La oportunidad de alegar; y, -El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse alguna de dichas formalidades, la consecuencia es que se deja al gobernado en estado de indefensión. No obstante lo anterior, en el procedimiento instaurado contra el quejoso, que culminó con la resolución de fecha quince de marzo de dos mil veintitrés, en el que se le impuso el arresto administrativo, no se observaron dichas formalidades; toda vez que de la acta de calificación no se aprecia la notificación del inicio del procedimiento. Lo anterior, permite concluir que no se le respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, habida cuenta de que no se le dio la oportunidad de ofrecer pruebas, a fin de desvirtuar lo que se imputaba, dada la premura en el dictado de esa determinación. Ahora bien, es conveniente precisar que este órgano jurisdiccional no desconoce que todo gobernado, como en el presente caso, tiene el deber de cumplir con las normas administrativas; sin embargo, debe decirse que toda autoridad al emitir sus resoluciones, debe observar que estén debidamente fundadas y motivadas, además de cumplir con las formalidades esenciales de todo procedimiento. En ese sentido, los órganos jurisdiccionales que resuelven el proceso constitucional, únicamente deben verificar si el acto reclamado es violatorio o no de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internaciones suscritos por el Estado Mexicano; por tanto, si se concluye que hubo una transgresión a alguno de esos derechos, se debe conceder la protección constitucional para reparar ese agravio. Se invoca en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno del Décimo tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el tres de mazo de dos mil diecisiete, con número de registro 2013792, que establece: "ARRESTO ADMINISTRATIVO POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD. PREVIO A SU IMPOSICIÓN DEBE RESPETARSE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. El arresto administrativo por conducir en estado de ebriedad, previsto en el artículo 158, fracción I, del Reglamento de la Ley de Tránsito para el Estado de Oaxaca, por sí mismo persigue la privación de la libertad personal ambulatoria del gobernado, con efectos definitivos. Luego, al tratarse de un acto privativo de la libertad, previo a su imposición debe respetarse la garantía de audiencia, prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, a fin de que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento" En las relatadas circunstancias, al resultar fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. OCTAVO. Efecto de la sentencia En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese tenor, la concesión de amparo será para el efecto de que se deje insubsistente la resolución de quince de marzo de dos mil veintitrés, donde se ordenó la detención del justiciable y las consecuencias derivadas de ésta. Cabe destacar que el anterior pronunciamiento, no veda la posibilidad de que la responsable pueda instaurar el procedimiento administrativo correspondiente, siempre y cuando respete el derecho de audiencia del peticionario de amparo, a efecto de defender sus derechos. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 497, Tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala en su rubro: "AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************a favor del quejoso ********************, contra el acto relativo a la incomunicación de la autoridad responsable Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************a favor del quejoso ********************, contra el acto relativo al arresto y detención de la autoridad responsable, por la razón señalada en el considerando séptimo de esta sentencia, para el efecto indicado en el diverso considerando último. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    V. Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, toda vez que la audiencia constitucional en el presente juicio fue celebrada el diez de abril de dos mil veintitrés, y la promoción de cuenta fue recibida, el once de abril del año en curso; en consecuencia, fórmese cuadernillo y agréguese para que obre como legalmente corresponda el citado escrito, y provéase lo conducente. Agréguese a los autos el escrito presentado por la vía electrónica por ******************** autorizado en términos amplios de la persona moral quejosa********************, mediante el cual solicita que se le realicen las notificaciones del presente asunto, por la vía electrónica a través del usuario "********************". Ahora bien, vista la certificación de cuenta, se advierte que el usuario "********************", se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, SE AUTORIZA al citado usuario para CONSULTAR EL PRESENTE EXPEDIENTE EN LÍNEA y RECIBIR NOTIFICACIONES electrónicas. Hágase lo anterior del conocimiento del Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito a este Juzgado, para que en términos del artículo 87 del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes para el permiso y acceso a la consulta y notificaciones en comento. NOTIFÍQUESE. [...]

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