Javier Enrique Gamboa Luna

Expediente 158/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
158/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • Javier Enrique Gamboa Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, once de abril de dos mil veintitrés. Se da cuenta con el oficio remitido vía electrónica con número de oficio 3126 signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión, interpuesto por la parte quejosa Javier Enrique Gamboa Luna, en contra de la sentencia firmada el nueve de febrero del año en curso, formándose el toca 200/2023, así como la recepción del expediente original y el cuaderno auxiliar remitido para su estudio. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Erika Esther Góngora Barbosa, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. CÚMPLASE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el escrito signado por el quejoso ********************, con el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el nueve de febrero de dos mil veintitrés en los autos del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del citado escrito de revisión y de expresión de agravios a partes restantes. Una vez que esté debidamente integrado y notificado, remítase el original del presente expediente, del referido escrito y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. En relación a lo anterior, y vista la certificación secretarial que a antecede, de la que se advierte que el treinta de diciembre de dos mil veintidós se tuvo por recibido el expediente de amparo 2801/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán y este Juzgado Federal se avocó a su conocimiento. Ello, en cumplimiento al punto de acuerdo 219/2022 relativo a la Medida de equilibro de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán. Ya que se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. En consecuencia, mediante atento oficio que para tal efecto se gire, solicítese al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, a efecto de que de no existir inconveniente alguno autorice el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo 2801/2022, de su índice, a fin de que este Juzgado de Distrito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, se encuentren en aptitud de tener la visualización de todas las actuaciones y constancias electrónicas del citado juicio de amparo. Notifíquese; vía electrónica al tercero interesado ******, y por medio de lista a la tercera interesada ********************, de conformidad a lo acordad en audiencia constitucional de nueve de febrero de dos mil veintitrés.

  4. Principal

    V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 158/2022-III del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra el acto reclamado al Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y otras autoridades. (...) SEXTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Ahora, en el caso, este juzgador estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de la Ley Amparo, ya que el documento exhibido no es eficaz para acreditar el interés jurídico de la quejosa, pues no cumple con los requisitos que establece el artículo 49 de la Ley del Notariado. En efecto, como requisito de procedencia del juicio de amparo, el interés jurídico tiene su origen constitucional en el principio de instancia de parte agraviada, previsto en la fracción I del artículo 107, de la Constitución General. Es desarrollado en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII. La procedencia del amparo contra actos jurisdiccionales está supeditada a que el acto reclamado afecte de forma personal y directa algún derecho subjetivo del quejoso, pues éste supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, a saber: 1. una facultad de exigir, y 2. una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado). Así lo consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro: "INTERES JURIDICO. INTERES SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUANDO EXISTEN." De esta manera, cuando los actos reclamados en el juicio de amparo provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la acción constitucional únicamente compete a aquella persona titular de un derecho, que reciente un perjuicio, daño o menoscabo sobre éste. Por tanto, sólo tiene interés jurídico aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. En ese panorama, es indudable que en los casos en que se reclame en sede constitucional un acto de autoridad deducido de un procedimiento jurisdiccional, la parte quejosa tiene la carga de demostrar fehacientemente que el acto emitido por el órgano jurisdiccional responsable afectó en forma real y directa un derecho subjetivo tutelado, es decir, tiene que probar la afectación a su interés jurídico, lo que involucra, desde luego, la titularidad de tal derecho. En ese sentido, es la parte accionante quien tiene que aportar pruebas idóneas para demostrar, primero, la existencia y titularidad del derecho afectado, y luego la afectación que causó la ley o el acto de autoridad sobre su esfera jurídica. Ahora, en el caso, la persona quejosa acude a la sede constitucional como tercera extraña en estricto sentido al juicio de origen, en defensa de un bien que aduce es de su propiedad, por lo que debe acreditar de forma fehaciente, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que de no estar plenamente acreditada esa circunstancia, el juicio de amparo resulta improcedente. Entonces, para que la propiedad sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando la parte quejosa se ostenta persona extraña, es necesario exista un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho que defiende, de manera que tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzcan la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa propiedad, tal y como lo sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1/2002, con registro digital 187733. En efecto si la parte quejosa que acude al juicio de amparo por la desposesión de un bien, es decir, en defensa de un derecho que alega tener sobre éste, es necesario que demuestre los derechos de posesión que le asistan; de ahí que se deba establecer el concepto de posesión para los efectos del juicio de amparo. Si por su naturaleza jurídica, la tenencia de la cosa faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de ella, se trata pues de una posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. Así, entonces cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él); por tanto, es evidente que la simple tenencia material de una cosa, no es la posesión tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, pues para eso es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, he aquí la exigencia de que cuente con un título que justifique la causa generadora de esa posesión. Por las consideraciones en que se sustenta, es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: (...) En ese contexto jurídico, de las constancias certificadas del expediente ********************, relativo al juicio ejecutivo mercantil, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, remitidas por su titular, se advierte que el quejoso no es parte en el juicio de origen ni ha figurado en él, de ahí que resulta extraña al citado proceso. Asimismo, aduce que se lesionó su esfera de derechos, al haberse decretado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, y que se trabó sobre un bien de su propiedad, pues el once de junio de dos mil dieciocho, adquirió el predio número ******************** de la calle ******************** de la Ciudad de ********************. Así, para probar el derecho real y su afectación, la parte quejosa aportó el original del contrato privado de compraventa de once de junio de dos mil dieciocho, respecto del predio número ******************** de la calle ******************** de la Ciudad de ********************. Dicho documento privado fue presentado ante el notario el público número ******************** del Estado de Yucatán, para el efecto de ratificar el contenido de aquel documento, mediante la impresión de sus firmas y huellas digitales. En ese sentido, la materia de análisis consiste en determinar si el documento exhibido por la quejosa es eficaz para considerarlo un documento de fecha cierta. A fin de estar en aptitud de dilucidar el anterior planteamiento, es necesario conocer los requisitos que deben cumplir los actos ratificados ante Notarios Públicos para que cumplan con el principio de certeza jurídica que implica la fe pública. Al respecto el artículo 49 de la Ley del Notariado del Estado, dispone lo siguiente: (...) I.- Cerciorarse de la identidad y capacidad de los comparecientes. Cuando el fedatario Público no conozca personalmente a algún compareciente, deberá asegurarse de su identidad por cualesquiera documento que, a su juicio sea fehaciente para comprobar dicha identidad, y hará constar en el acta tal circunstancia, asimismo agregará al apéndice del acta el original o copia certificada de lo exhibido por el interesado para acreditar dicha identidad. En el caso de que el fedatario público no conociese personalmente a alguno o algunos de los comparecientes y éstos carezcan de documento alguno en términos del párrafo que antecede, podrá asegurarse de la identidad de ellos por la declaración de dos testigos a que a su juicio sean dignos de crédito y deberá hacer mención de esta circunstancia en el acta respectiva". De lo anterior, se desprende que los fedatarios en ejercicio de su función, en los actos que intervengan deben observar puntualmente lo dispuesto en el citado artículo 49 fracción I, en específico, por ser lo que interesa al caso, lo relativo a la verificación de la identidad de los interesados. Así, la norma reproducida dispone que el fedatario debe hacer constar si los suscriptores y ratificantes eran o no conocidos suyos, sino no lo son, entonces debe exigirles algún documento que los identificaran, el cual en copia anexará al instrumento y deberá describirlos en la propia certificacion. En caso de no contar con documento, la identificación podrá realizarse mediante testigos. Las formalidades descritas deben ser colmadas por el fedatario, ya que la certeza de ser un documento de fecha cierta por virtud de su presentación "ante un funcionario en razón de su oficio"; solo adquiere cuando el escribano o notario ante quien se presenta el documento observa las disposiciones legales que regulan su actuación, pues la observancia de dichas formalidades, son las que conforman la fe de la que están investidos dichos funcionarios, y dan certeza a los actos en que intervienen. Ahora, es pertinente reproducir la certificación elaborada por el notario, respecto a la ratificación que el aquí quejoso y la demandada en el juicio de origen realizaron ante dicho fedatario, que es del tenor literal siguiente: "Que con esta fecha los señores ******************** y ********************, concurren a la sede de la notaria a mi cargo para firmar e imprimir la huella digital en mi presencia el documento que antecede y se ratifican con el contenido del mismo, liberando de toda responsabilidad al suscrito notario público, respecto al tenor del documento que en este acto se formaliza, lo anterior toda vez que el suscrito notario no intervino ni participo en la elaboración del mismo, el cual consta de tres fojas útiles incluida esta que contiene su certificación , así como dos anexos, selladas y Firmadas por el suscrito notario, haciendo constar que la presente certificación ha quedado asentada bajo el numero mil setenta y tres a foja ciento treinta y dos anverso del libro cuarto del registro de cotejos y certificaciones de firmas; asimismo los comparecientes declaran que reconocen como suyas las firmas puestas al calce y que son las mismas que usan habitualmente en todos sus negocios, acreditándome sus identidades con sus credenciales para votar expedidos por el instituto federal electoral e instituto nacional electoral, respectivamente.----------- con fundamento en la fracción I del artículo ciento diez de la ley del notariado vigente, expido la presente certificación en la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán a los once días del mes de junio del año dos mil dieciocho.--." La certificación reproducida que antecede no colma los requisitos que prevé la fracción I del artículo 49 de la Ley del Notariado. Es así, ya que el fedatario indicó que ******************** y ********************, se identificaron con credencial para votar, pero omitió describirlas con el folio o clave de elector y agregar el original o copia certificada de esas credenciales con las cuales supuestamente se cercioró de la identidad de los comparecientes, además de no indicar si son conocidos de él, lo cual lo relevaría de tal certificación de dichos documentos, por lo que el contrato privado de compraventa exhibido no genera certeza respecto de las personas que comparecieron ante el notario a ratificar sus firmas, en esas condiciones, el documento en cuestión, exclusivamente para los efectos del amparo, no es eficiente para acreditar el interés jurídico de la quejosa. Se afirma lo anterior, ya que la razón de ser de los fedatarios públicos, es dar certeza jurídica a los actos que se verifican ante su presencia, es así siempre que en su elaboración ajusten su proceder a la ley que rige su actuación, por lo que no basta su intervención en un acto o hecho jurídico para que por ese solo hecho el documento que lo contiene goce de eficacia plena, pues para ello se requiere que su formación se haga con apego a derecho y por tal, se entiende, cumplir u observar todos los requisitos que para su integración exige la ley de la materia. De manera que la falta del referido requisito que presenta el acta que contiene el acto traslativo, afecta a dicho acto jurídico, por cuanto impide conocer a cabalidad si el fedatario público realmente identificó a los interesados, pues, se insiste, su actuación en este particular aspecto no es simplemente contemplativa, como se ha visto, y solo puede ser eficaz su fe pública cuando ajusta su actuación a las reglas que la rigen, establecidas por la ley de la materia y su correspondiente reglamento. Así, ante la ausencia de ese requisito formal, en que incurrió el fedatario que certificó el acto jurídico contenido en el documento que exhibió la quejosa, es posible afirmar que no genera certeza sobre si quienes comparecieron ante su fe, por lo que en estas condiciones el documento en mención resulta insuficiente para acreditar el interés jurídico. Apoya lo considerado, por las razones que la integran la jurisprudencia 1a./J. 66/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: (...) Lo anterior de modo alguno significa que se desconozca la celebración del acto jurídico que contiene el contrato, pues la deficiencia apuntada, únicamente tiene influencia, para el efecto de determinar la procedencia del juicio de amparo, lo cual es una cuestión de orden público; en concreto, la afectación al interés jurídico de la quejosa, pero de manera alguna trasciende al señalado acuerdo de voluntades, el cual solo podría dejar de tener efecto por declaración judicial de autoridad competente. Apoya lo anterior, la tesis aislada de la 2a. LII/97, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS." En esas condiciones, en atención a que el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente, y no integrarse con base en presunciones, se concluye que con las prueba aportada por la parte quejosa no se demostró la afectación a su esfera jurídica. En consecuencia, en términos del artículo 63, fracción V, debe sobreseerse en el juicio de amparo respecto del acto reclamado consiste en la falta de emplazamiento a juicio y sus consecuencias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo. El criterio aquí sostenido es similar al expuesto por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa al resolver el amparo en revisión ********************de su índice y del diverso toca ******************** de la estadística del el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, en el que consideró que es deber del notario cerciorarse de la identidad de los interesados, esto es, hacer constar si son conocidos del fedatario, y de no serlo dejar constancia de su identidad en la certificación y describir los documentos con los cuales se identificaron los contrayentes. El sobreseimiento debe hacerse extensivo a los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras, al no haberse combatido por vicios propios, ya que su ilegalidad la hace depender de los actos atribuidos a la ordenadora. Sustenta lo anterior la tesis, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 63, fracción V, 76, 77, 78 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto reclamado a la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, en la orden de embargo de un bien inmueble de su propiedad, por las razones expuestas en el último punto de esta resolución. NOTIFÍQUESE

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