Javier Gaspar González Lope

Expediente 938/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
938/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Javier Gaspar González Lope

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil veintitrés. Vista la razón levantada el veintiséis de abril del cursante, por la actuaria adscrita a este Juzgado, en la que asentó el motivo por el que no le fue posible notificar al tercero interesado ********************, el contenido del auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, así como la sentencia dictada en los presentes autos. En mérito de lo anterior, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que hasta la presente fecha el referido parte tercero interesado ******************** hasta la presente fecha no dió cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, en el sentido de señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, el cual se le notificó el dieciocho de enero de dos mil veintitrés; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia, y por tanto, hágase al aludido tercero interesado, las notificaciones correspondientes a las determinaciones arriba señaladas, ésta y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior, con fundamento en los artículos 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los escritos signados por los terceros interesados ***, mediante los cuales, comparecen al presente juicio de amparo, señalan domicilio, solicitan acceso al expediente electrónico y que este órgano jurisdiccional le requiera al Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial en el Estado, para que les sean entregadas copias relativas al expediente *** y de diversas documentales, mismas que manifiestan han sido solicitadas. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se les tienen por apersonados al presente juicio. Autorizados. De igual modo, se tiene como su autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, en virtud de que acreditó el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del citado numeral a la restante persona por no acreditar dicho registro. Acceso al expediente electrónico. Como solicita la parte promovente, y toda vez que el usuario "**" se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que proceda a efectuar las gestiones pertinentes para el permiso y acceso a la consulta en comento. Ahora respecto a la solicitud de los terceros interesados ***, en el sentido que este órgano jurisdiccional se le requiera al Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial en el Estado para que les sean entregadas copias relativas al expediente *** y de diversas documentales, mismas que manifiestan han sido solicitadas. En atención a lo anterior, no ha lugar a la petición formulada por los ocursantes en virtud, dado que si bien el artículo 121 de la Ley de Amparo, faculta a este órgano para solicitar a la responsable constancias que hayan sido solicitadas por las partes, éstas serán para que obren como pruebas en el presente asunto, sin embargo, se advierte que el catorce de abril de dos mil veintitrés se dictó sentencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 938/2023-III del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra el acto que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, y; RESULTANDO. PRIMERO. Demanda de amparo El quince de marzo de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, a través del Buzón Judicial, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, consistente en la omisión de otorgar el auxilio de la fuerza pública solicitada mediante oficio número ******************** de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós suscrito por el Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, en autos del expediente ******************** de su índice. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida; por lo que en proveído de dieciséis de marzo pasado, se tuvo por recibida la demanda de mérito, se registró bajo el número 938/2023-III, y se admitió a trámite la demanda de amparo que nos ocupa. En la secuela procesal se emplazó al representante social de la adscripción y a la parte tercera interesada, y se recibió el informe con justificación rendido por la responsable. Finalmente, en esta fecha se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, en virtud de que se reclama la omisión de realizar actos, que al carecer de ejecución otorga competencia a este órgano de control constitucional, debido a que la demanda de amparo se presentó en esta ciudad de Mérida, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, tercer párrafo, de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Autoridad responsable Actos reclamados Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán Omisión de otorgar el auxilio de la fuerza pública solicitada mediante oficio número ******************** de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós suscrito por el Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, en autos del expediente ******************** de su índice. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Consejero Jurídico, en representación del Gobernador del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama. Sin embargo, procede desvirtuar dicha negativa, toda vez que manifiesta que se encuentra para su trámite la solicitud de auxilio de la fuerza pública, requerida por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante oficio ******************** de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, deducido del juicio ejecutivo mercantil ********************. Lo anterior, a fin de desalojar a la parte demandada del predio ********************; de ahí que deba tenerse por cierto el acto de omisión que se reclama a dicha autoridad. Lo que se corrobora con la copia certificada del citado oficio ******************** de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, que adjuntó a su informe el referido Consejero, a la cual se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 179 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2o. de este último ordenamiento. CUARTO. Oportunidad para presentar la demanda En el particular, la acción constitucional puede ejercerse en cualquier momento, pues se reclama un acto omisivo que ha ocasionado que la dilación dentro del procedimiento natural se actualice de momento a momento, por ende, no está sujeta al termino de quince días que refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En cumplimiento a lo estatuido en la ley este Órgano de Control Constitucional no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que impida continuar con el análisis del acto reclamado. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es fundado lo que la parte quejosa aduce respecto a que la abstención u omisión de otorgar el auxilio de la fuerza pública solicitada por Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, para llevar a cabo el desalojo de la parte demandada del predio ********************, dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice de la citada autoridad judicial, violenta sus derechos humanos y garantías plasmados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, ya que, efectivamente, este órgano jurisdiccional advierte que se transgrede en su contra el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia de todo gobernado, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos que establece, en lo conducente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (.)". Del precepto constitucional transcrito, se advierte que garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional en la que una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador secundario establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. Esto es así, porque la garantía constitucional establecida a favor del gobernado en este caso, se traduce en la imposibilidad que tienen las autoridades administrativas de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, y tener, en consecuencia, la obligación de sustanciar y resolver los procedimientos ante ellas ventilados dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas, lo que conlleva a entender que la obligación estatal que deriva de derecho fundamental es eminentemente positiva, puesto que las autoridades estatales tienen el deber de actuar a favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga en forma expedita, de conformidad con los plazos procesales. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis 1ª. LXX/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 177921, de rubro y texto, siguientes: "JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA. El mandato contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial. Por lo que respecta a los actos legislativos, la justicia pronta se garantiza cuando el legislador establece en las leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales, entendiéndose por: a) generales, que sean comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma categoría de parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes, y c) objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales." Ahora, como del informe rendido por el Consejero Jurídico, en representación del Gobernador Constitucional del Estado, se advierte que por oficio ********************, presentado ante la autoridad responsable el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, girado en autos del juicio ejecutivo mercantil ******************** del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado; se solicitó al Gobernador Constitucional del Estado, el auxilio de la fuerza pública a fin de llevar a cabo el desalojo de la parte demandada del predio ********************, sin que hasta la fecha se haya otorgado el auxilio solicitado. Por tanto, dado el tiempo transcurrido desde que el citado oficio fue presentado ante la responsable (veinticinco de febrero de dos mil veintidós) hasta la emisión de la presente resolución, es evidente que el proceder de la responsable se traduce en una franca violación a lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Ello, ya que la omisión del Gobernador del Estado de tomar las medidas necesarias, así como proporcionar la fuerza pública no está sustentada en algún precepto legal que lo faculte a desatender la solicitud de mérito, obstaculizando con ello el debido cumplimiento de un mandato de una autoridad judicial; todo lo cual implica la denegación de justicia de que se duele la parte quejosa y, por ende, violatoria del citado precepto constitucional que prevé como garantía de todo individuo, el derecho a acudir a la jurisdicción del Estado, a fin de que se le administre justicia pronta, completa e imparcial, ante la prohibición constitucional de hacerlo por sí mismo. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, con número de registro 193318, con rubro y texto siguientes: "FUERZA PÚBLICA. LA OMISIÓN DE SU AUXILIO OPORTUNO PARA CUMPLIMENTAR LAS DECISIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, IMPLICA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). Atento lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que establezcan las leyes; asimismo, el artículo 4o., fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, dispone que están obligados a prestar auxilio al Poder Judicial en la administración de justicia la Secretaría de Protección y Vialidad y la Policía Judicial del Estado, así como las demás corporaciones policiacas en la entidad; el artículo 5o. siguiente, señala que el Ejecutivo del Estado facilitará el ejercicio de las funciones que en su caso correspondan a dichas autoridades y el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, establece que cuando no se señala término para la práctica de un acto o para el ejercicio de algún derecho, se entenderán concedidos tres días. En este orden de ideas, resulta claro que cuando las autoridades administrativas actúan en auxilio de la función jurisdiccional, sus actos u omisiones están en aptitud de vulnerar los derechos subjetivos públicos del gobernado relacionados en el citado dispositivo constitucional, toda vez que aunque se trata de órganos formalmente administrativos, su intervención en esa hipótesis está inmersa en la función jurisdiccional. En consecuencia, cuando el secretario de Protección y Vialidad del Estado omite ejecutar de facto una orden del gobernador del Estado emitida en relación a una resolución de la autoridad judicial dentro del término a que se refiere el artículo 47 del código procesal mencionado, tal conducta se traduce en el incumplimiento material de un mandato del órgano jurisdiccional, que se origina merced al ejercicio de un derecho promovido por un particular y, por ende, su omisión es violatoria de la garantía constitucional consagrada en el invocado artículo 17 de la Carta Magna; sin que deba soslayarse que también incumple con lo establecido en la fracción I del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, que señala que para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su cargo, dichos servidores deberán cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de su servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. SÉPTIMO. Sentido del fallo y efectos de la concesión. En las relatadas condiciones, al resultar la conducta omisiva de la responsable, violatoria de los derechos fundamentales contenidas en el artículo 17 de la Constitución General de la República, LO PROCEDENTE ES CONCEDER al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que el Gobernador Constitucional del Estado, de inmediato autorice el auxilio de la fuerza pública solicitada, en términos del oficio ********************, de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, girado en autos del juicio ejecutivo mercantil ******************** del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. La presente resolución se emite a pesar de que se encuentra trascurriendo el plazo de ocho días que otorga el artículo 117 de la Ley Amparo a las partes, para imponerse del contenido del informe con justificación rendido por la responsable; sin embargo, retrasar el dictado de la sentencia por un aspecto formal permitirá la subsistencia de un acto que vulnera el derecho humano de impartición de justicia. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia y para los efectos señalados en el último considerando. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Servicios Directos del "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional el veintitrés de marzo del año en curso, informa que las piezas postales correspondientes a los oficios 924/2023 al 927/2023, fueron entregados los días tres y ocho de marzo de la presente anualidad, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

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