Javier José Arauz Pérez

Expediente 1108/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1108/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
05/07/2023

Partes del expediente

  • Javier José Arauz Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el toca ********************, de la estadística de ese cuerpo colegiado, que se formó con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra el auto de trece de abril de dos mil veintitrés dictado en este juicio de amparo. Ejecutoria de la cual se desprende que, en su único punto resolutivo, declaró infundado el recurso de queja y confirmó el auto recurrido de trece de abril de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo; en consecuencia, acúsese recibo. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se desechó la demanda de amparo; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción IV. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    III. Mérida, Yucatán, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Se da cuenta con el oficio remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de queja interpuesto por *** apoderada del quejoso ***, contra la determinación de trece de abril del año en curso, formándose el toca 123/2023. NOTIFÍQUESE. [...]

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio 84/2023 suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, con el que informa que ya obra la sentencia dictada la cual es consultable de manera electrónica con el número 202/2023-III del índice del citado Juzgado Auxiliar. Por lo tanto, gírese atento oficio a las autoridades señaladas como responsables en los presentes autos, con copia de la sentencia de mérito, para los efectos legales correspondientes. De igual forma notifíquese personalmente la sentencia de mérito a las partes del presente juicio de amparo, así como el contenido del presente acuerdo. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como que mediante auto de uno de marzo del año en curso, se ordenó formar cuadernillo provisional en el presente asunto, con motivo de que el expediente se encontraba pendiente de dictar sentencia, lo que ya aconteció, en consecuencia, glósese al expediente principal el cuadernillo de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Se notifica por lista de estrados a la parte tercero interesada la sentencia de mérito: XALAPA, VERACRUZ, A VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 449/2023-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por **** contra actos del Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en la citada ciudad, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y (.) SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, cuyo titular, en auto diecisiete de marzo de dos mil veintidós, registró la demanda bajo el número 795/2022-IX-B; admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó los informes justificados correspondientes; dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado de Distrito, y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se tuvo como terceros interesados a ***** y *****. Así, a las diez horas con un minuto del veintiséis de enero de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia constitucional. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo1, se deben precisar los actos reclamados. Así, del análisis de la demanda y de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables se advierte que ***** reclama: Del 1) Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, 2) Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, 3) Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, todos con residencia en Mérida, y 4) Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en Progreso: -La orden de aprehensión de treinta de mayo de dos mil doce, dictada en la causa penal ***/2012 (anteriormente causa penal ***/2012 del índice del Juzgado Octavo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán). Y del 5) Fiscal General del Estado de Yucatán, 6) Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, 7) Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado de Yucatán, 8) Comandante de Aplicaciones, Presentaciones, Detenciones Ministeriales y de Custodia de la Policía Estatal de Investigación adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, 9) Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y 10) Director de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán, todos con residencia en Mérida, la ejecución del acto reclamado. TERCERO. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables 2) Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, 3) Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, ambos con residencia en Mérida y 4) Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en Progreso, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Así, de la interpretación de los artículos 62, 63, fracción IV, y 74, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador constitucional apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no, la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo, cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de sobreseimiento o de improcedencia, o bien los aspectos de fondo de la controversia. Por lo anterior, en esta instancia constitucional la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de derechos humanos que alega, ya que el que presenta una demanda de amparo está obligado a establecer directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el que el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario del amparo, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. Por tanto, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del acto reclamado atribuido al 2) Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, 3) Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, ambos con residencia en Mérida y 4) Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en Progreso. (.) autoridad responsable 1) Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las copias certificadas de la causa penal ***/2012 (anteriormente ***/2012 del índice del Juzgado Octavo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán), remitidas por la autoridad responsable, en apoyo a su informe justificado, mismas que merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º, segundo párrafo, de este último ordenamiento, por tratarse de documentos públicos expedidos por un funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. En ese orden, es cierto el acto de ejecución reclamado a las autoridades responsables 5) Fiscal General del Estado de Yucatán, 7) Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado de Yucatán, 8) Comandante de Aplicaciones, Presentaciones, Detenciones Ministeriales y de Custodia de la Policía Estatal de Investigación adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y 9) Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, todos con residencia en Mérida, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Asimismo, es cierto el acto de ejecución reclamado a las autoridades responsables 6) Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y 10) Director de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán, pues si bien negaron la existencia del acto reclamado, tal negativa se desvirtúa en razón de que la autoridad ordenadora reconoció su certeza y, en su caso, les corresponderá ejecutar la orden de aprehensión impugnada. (.) SEXTO. Al no existir causa de improcedencia hecha valer o que de oficio se advierta, se procede al estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, los que se tienen por reproducidos en acatamiento al principio de economía procesal y debido a que no existe precepto legal alguno que obligue a su literal transcripción; máxime que no se afectan los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. SÉPTIMO. Son fundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, aunque para considerarlos así, este juzgado suple la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo3. * Ahora, la quejosa señaló como acto reclamado la orden de aprehensión de treinta de mayo de dos mil doce4, dictada en la causa penal ***** (.) Ahora bien, de la lectura del acto reclamado se advierte que no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que analizó la conducta que se imputa al aquí quejoso con base en una legislación que ya no se encontraba vigente en la época en que acontecieron los hechos, vulnerando el derecho humano de irretroactividad de la ley, contenido en el numeral 14 de la constitución, que en lo que ahora interesa, señala: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. (.) En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata." En el referido precepto constitucional se establecen como garantías específicas, por una parte, que no podrá considerarse un hecho como delictuoso sino es por declaración expresa de la ley y, por otra, el principio de exacta aplicación de la ley penal, el cual se traduce en que cualquier pena impuesta por la comisión de un delito debe estar incluida en la ley aplicable y señalarse con precisión la descripción de todos los elementos del tipo penal y la consecuencia jurídica que corresponda estrictamente al delito de que se trate, a fin de que el sujeto activo a quien se le atribuye una conducta que se encuentre tipificada como delito, no sea sancionado en virtud de semejanzas legales, por analogía o por mayoría de razón. Es decir, el alcance del derecho relativo a la exacta aplicación de la ley en materia penal, tutelado por el artículo 14 constitucional, obliga a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer, por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos de localización, de rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 177613. Instancia: Primera Sala. Novena Época. Materias(s): Constitucional, Penal. Tesis: 1a. LXXXIX/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Agosto de 2005, página 299- Tipo: Aislada. EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. SIGNIFICADO Y ALCANCE DE ESTA GARANTÍA CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (.) Ahora bien, la orden de aprehensión reclamada se decretó, por considerar que el aquí quejoso es probable responsable de la comisión del delito de privación ilegal de la libertad y otras garantías que se encontraba previsto en el artículo 242, fracción I, del Código Penal del Estado de Yucatán, el cual disponía: "Artículo 242. Se impondrá de diez a cuarenta años de prisión y de cien a quinientos días-multa, a quien prive de la libertad a una persona con el propósito de: I.- Obtener un rescate, un derecho o el cumplimiento de cualquier condición;...". El juez responsable de la causa, anteriormente Juzgado Octavo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, determinó como elementos materiales que integran el cuerpo del delito de referencia, los siguientes: persona; b) Que dicha privación se realice con el propósito de obtener un rescate, un derecho o el cumplimiento de cualquier condición. Con los medios de prueba relacionados, la autoridad judicial estimó que se encuentran acreditados estos elementos del delito, pues consideró que del análisis de los datos de prueba que obran en autos se pone de manifiesto que el veintisiete de abril de dos mil doce, aproximadamente a las dieciséis horas, unos sujetos activos privaron de la libertad a dos personas con la intención de obtener un rescate por la cantidad de veinte millones de pesos; hechos éstos que, señaló, actualizan la conducta prevista y sancionada por el entonces artículo 242, fracción I, del Código Penal del Estado de Yucatán. Sin embargo, se advierte que la autoridad responsable, violó el derecho humano de exacta aplicación de la Ley tutelado por el artículo 14 constitucional, toda vez que analizó la conducta que le atribuyó a los indiciados, entre ellos, al aquí quejoso, relacionada con el delito de privación ilegal de la libertad, ubicándola en lo dispuesto en el artículo 242, fracción I, del Código Penal del Estado, sin embargo, dicha disposición normativa ya no se encontraba vigente en la fecha en que se cometieron los hechos que se imputan al impetrante de amparo, que según constancias de autos, acaecieron el veintisiete de abril de dos mil doce. Es así, porque el aludido numeral 242 del Código Penal del Estado de Yucatán, fue derogado a partir del veintiocho de febrero de dos mil once, fecha en que entró en vigor en el sistema jurídico mexicano la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5 y, por ende, el dictado de la orden de aprehensión reclamada, fundada en la anotada disposición normativa, transgrede el artículo 14 de la constitución. Así es, el treinta de noviembre de dos mil diez, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expide la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional, que comprende entre otros, los numerales 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 (.) Además, conforme a lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio del mencionado decreto, la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entró en vigor a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el veintiocho de febrero de dos mil once. Por su parte, los numerales 1, 23, segundo, tercero y quinto transitorios, todos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (.) se advierte, en lo que al caso interesa, que la Ley General de referencia es de orden público y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto establecer los tipos penales en materia de secuestro, sus sanciones, las medidas de protección, atención y asistencia a ofendidos y víctimas, la distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Para ello la Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a coordinarse en el cumplimiento del objeto de esa Ley. De igual, forma se evidencia que los delitos previstos en dicha Ley, se prevendrán, investigarán, perseguirán y sancionarán por la Federación cuando se trate de los casos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y cuando se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Federal de Procedimientos Penales; o cuando el Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo. También se precisa que, en los casos no contemplados en el párrafo anterior, serán competentes las autoridades del fuero común. De igual forma, en los transitorios, se dejó establecido que los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del decreto respectivo en materia de delitos previstos en el mismo se seguirían tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen; además se puntualizó que quedaban derogadas todas las disposiciones legales que se opusieran al aludido decreto. Asimismo, en dichos artículos se precisó que las disposiciones relativas a los delitos de secuestro previstas tanto en el Código Penal Federal, como en los Códigos Penales Estatales vigentes hasta la entrada en vigor de dicho decreto, seguirían aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia; y, que dichos preceptos seguirían aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por los mismos artículos. Resulta relevante destacar que el tipo penal de privación ilegal de la libertad que contemplaba el artículo 242 del Código Penal del Estado de Yucatán, se encuentra contemplado en el Capítulo II de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que regula el delito de secuestro en sus diferentes modalidades; y por ende, al referirse al ilícito previsto en dicha norma punitiva local deben observarse las disposiciones antes comentadas, específicamente, y en lo que resulta relevante al caso es que dicha figura típica quedó abrogada a partir del veintiocho de febrero de dos mil once, data en que debe ser observada la ley especial denominada Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de los asuntos que tengan que ver con delitos en materia de secuestro respecto de hechos realizados a partir del veintiocho de febrero de dos mil once, aplicando entonces el principio general de derecho de que la norma posterior deroga la anterior. Apoya lo anterior, la tesis aislada de datos de localización, rubro y texto siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 228635. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Materias(s): Administrativa, Común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-1, página 445. Tipo: Aislada. (.) Ahora bien, si de acuerdo con las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que conducta ilícita imputada a ****, aquí quejoso, la autoridad responsable la ubicó como privación ilegal de la libertad y otras garantías, se llevó a cabo el veintisiete de abril de dos mil doce; es decir, cuando ya se encontraba en vigor el decreto de mérito, pues éste entró en vigor el veintiocho de febrero de dos mil once; entonces, debe concluirse que la autoridad responsable, al analizar la conducta del quejoso bajo los supuestos del artículo 242, fracción I del Código Penal del Estado de Yucatán, violó el principio de exacta aplicación de la ley contenido en el artículo 14 constitucional, al dictar la orden de aprehensión contra el aquí quejoso, teniendo por acreditado el cuerpo del delito conforme a una hipótesis legal inexistente, por haber sido abrogada por la Ley especial que en materia de secuestro entró en vigor el veintiocho de febrero de dos mil once. Por tanto, el acto reclamado, en la parte ahora analizada, por encontrarse sustentada en una hipótesis delictiva abrogada, resulta violatoria de la garantía de irretroactividad consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En las relatadas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, suplidos en su deficiencia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ******* para el efecto de que el Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida: Deje insubsistente, únicamente por lo que respecta al aquí quejoso *****, la orden de aprehensión de treinta de mayo de dos mil doce, dictada en la causa penal ***/2012 (anteriormente ***/2012 del índice del Juzgado Octavo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán). En su lugar emita otra, en la que en acatamiento del derecho humano contenido en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deje de considerar acreditado el cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad y otras garantías previsto en el artículo 242, fracción I, del Código Penal del Estado de Yucatán, así como la probable responsabilidad del aquí quejoso en su comisión, por constituir un tipo penal abrogado, reservando este órgano de control constitucional, plena jurisdicción a la autoridad responsable para que de acuerdo a lo probado establezca los elementos del delito que considere acreditados conforme la legislación aplicable. ejecución reclamados a las autoridades responsables 5) Fiscal General del Estado de Yucatán, 6) Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, 7) Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado de Yucatán, 8) Comandante de Aplicaciones, Presentaciones, Detenciones Ministeriales y de Custodia de la Policía Estatal de Investigación adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, 9) Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y 10) Director de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán, todos con residencia en Mérida. Finalmente, cabe precisar que los criterios citados a lo largo de esta sentencia son aplicables al caso concreto, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley. OCTAVO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes. (.) Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 449/2023-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por *****, contra el acto y las autoridades precisadas en los incisos 2), 3) y 4) del considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el diverso considerando tercero de la misma. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE al quejoso *******, en el juicio de amparo 449/2023-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, contra el acto y las autoridades precisados en el considerando segundo, incisos 1), 5), 6), 7), 8), 9) y 10) de esta sentencia, por las razones y para los efectos expuestos en el diverso considerando séptimo de esta resolución.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, así como anexo que acompaña, con cual informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida, que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Erika Esther Góngora Barbosa, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.

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