Javier Antonio Franco Lopez

Expediente 1356/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1356/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
29/01/2018

Partes del expediente

  • Javier Antonio Franco Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla; y en atención al contenido del mismo, téngasele acusando recibo del oficio número II-00090-G-1, mediante el cual se le notificó el proveído de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, y se le remitió la documental que anexó a su informe justificado, por la que se formó el anexo I. CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, mismo que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes, quedando insubsistentes las medias decretadas en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar el duplicado del proceso 36/2017, que remitió la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, en apoyo a su informe justificado; devuélvasele el mismo (anexo I); y, se le requiere, para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte la actualización de una causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.). El precepto transcrito prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías el cambio de situación jurídica, entendiéndose por tal el hecho de que, al completarse una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, lo que da pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva fase procesal o situación jurídica. Para ello, es conveniente establecer que el quejoso Javier Antonio Franco López, mediante escrito recibido en este órgano Federal el siete de diciembre pasado, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de las autoridades responsables: 1 Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. 2 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo Huejotzingo (en su correcta denominación) 3 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo San Martín Texmelucan. Que hizo consistir en la orden aprehensión, así como su ejecución, emitidas en el proceso penal 36/2017 del índice del Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla. Luego, del informe justificado que rindió la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla (foja 16), se aprecia que el trece de septiembre de dos mil diecisiete, el citado juez libró orden de aprehensión, en contra del aquí quejoso Javier Antonio Franco López, dentro de la causa penal 36/2017, como probable responsable en la comisión del delito de violencia familiar. Y, de las constancias que remitió el aludido juez responsable, por oficio número 5049 de catorce de diciembre del actual (foja 19), se advierte que en esa fecha, resolvió la situación jurídica del quejoso, dictando auto de formal prisión o preventiva en su contra, por la probable responsabilidad del aludido ilícito. Documentales que tienen pleno valor probatorio con fundamento en lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Con lo anterior, es claro que en el caso particular se actualiza un cambio de situación jurídica que permite considerar irreparablemente consumadas las violaciones en que hubiere podido incurrir la autoridad responsable al dar cumplimiento a la orden de aprehensión reclamada, por no ser factible efectuar pronunciamiento alguno sin afectar la nueva situación jurídica en la que se halla la parte quejosa. En tales condiciones, ya que la orden de captura en cuestión se sustituye jurídica y procesalmente por el auto de formal prisión, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el indicado auto de término constitucional, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso, lo que hace que en la especie se actualice la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; de ahí que, lo procedente sobreseer el presente controvertido constitucional, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia. Al particular, por similitud jurídica, tiene aplicación el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en la tesis de jurisprudencia número VI.1o. J/57, que dice: SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley. Así también, son aplicables, por analogía las jurisprudencias 1a./J. 17/2008 y 1a./J. 45/2008, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales establecen: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN CUANDO EN LA DEMANDA INICIAL SE SEÑALÓ COMO ACTO RECLAMADO LA ORDEN DE APREHENSIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, estableció que por cambio de situación jurídica procede decretar el sobreseimiento, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión si del informe justificado de la autoridad responsable aparece que se sustituyó al haberse dictado el auto de formal prisión. Por tanto, es improcedente la ampliación de la demanda de amparo indirecto interpuesta contra el auto de formal prisión, cuando en la demanda inicial se señaló como acto reclamado la orden de aprehensión, en tanto que la emisión de aquel auto provoca el cambio del estatus jurídico del quejoso. Lo anterior es así, porque no podría estudiarse el acto originalmente reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del procesado, generada por el inicio de la etapa de instrucción. Además, sería ocioso admitir dicha ampliación, cuando irremediablemente procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, por la obligación que la Ley impone al juzgador de decretarlo inmediatamente que aparezca la causa de improcedencia mencionada. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a las autoridades responsables, 2. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo Huejotzingo (en su correcta denominación) y 3. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo San Martín Texmelucan, ya que no se reclaman por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto materia del sobreseimiento. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de la Séptima Época, de rubro y texto siguiente: AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo aun celebrando la audiencia constitucional tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se cita: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Tampoco pasa inadvertido para el suscrito Secretario encargado del despacho que no se haya ordenado el emplazamiento de la parte tercero interesada; sin embargo, tomando en consideración que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional, resulta innecesario el citado emplazamiento, pues no le irroga algún perjuicio, además, de esperar su comparecencia, en nada cambiaría el sentido del presente acuerdo, máxime que el retraso sería en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita, garantía consignada en el artículo 17 Constitucional. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada. En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con treinta minutos del cinco de enero de dos mil dieciocho; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Incidental

    En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1356/2017-B (foja 25), María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, asistida de María del Carmen Ortega Reguera Secretaria con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, sin asistencia de las partes. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por JAVIER ANTONIO FRANCO LÓPEZ (fojas 1 a 4), auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete (suspensión provisional, con fojas 5 a 15) y proveído de trece de diciembre del actual (fojas 25 y 26). A lo anterior, la Jueza acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias, así como la certificación secretarial que anteceden, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; y la Jueza acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas; por lo que se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no exhibió pedimento. A lo anterior, la Jueza acuerda: se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Luego, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1356/2017-B, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por JAVIER ANTONIO FRANCO LÓPEZ; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por JAVIER ANTONIO FRANCO LÓPEZ, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: I. La orden de presentación o comparecencia emitida por un Juez; y, II. La orden de aprehensión o reaprehensión. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando que antecede- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME PREVIO Foja 1 Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. CIERTO 38 2 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo Huejotzingo. NIEGA 39 y 40 3 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo San Martín Texmelucan. CIERTO 35 Las autoridades responsables 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla y 3. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo San Martín Texmelucan, al rendir su respectivo informe previo, aceptaron la existencia del acto reclamado, por lo que el mismo debe tenerse por cierto. Por otra parte, la autoridad señalada como responsable 2. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo Huejotzingo, al rendir su correspondiente informe previo negó la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo, al ser cierto el acto reclamado a la autoridad responsable ordenadora 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, se desvirtúa la negativa de la referida autoridad, debiendo tenerse por cierto el acto atribuido a la misma. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyos rubro, texto y datos de localización se reproducen a continuación: ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." Ahora bien, del informe previo rendido por el juez responsable, se advierte que el trece de septiembre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 36/2017 el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, dictó orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Javier Antonio Franco López, como probable responsable de la comisión del delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 284 bis, en relación con los diversos 13 y 21 fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, el primero cometido en agravio de Abigail Delgado Hernández. Ahora bien, en virtud que el ilícito que se le imputa al aquí quejoso (violencia familiar), no es considerado como grave por el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla (vigente en dos mil diecisiete); en consecuencia se provee sobre la suspensión definitiva en los siguientes términos: Con fundamento en el artículo 136, párrafo primero de la Ley de Amparo abrogada, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecute la orden de aprehensión dictada dentro de la causa penal 36/2017, del índice del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, en contra del aquí quejoso, quien queda a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal, y a disposición del juez de la causa para la continuación del procedimiento, esto hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia en que se resuelva el juicio principal. La suspensión que se otorga dejará de surtir sus efectos si en el término de cinco días contados a partir de la notificación de este auto, el quejoso no exhibe una garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos, cero centavos moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la Ley para el cumplimiento de las obligaciones (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera), debiendo acompañar dos fotocopias del documento donde conste ésta. Cantidad que la suscrita fija discrecionalmente en términos del artículo 125, párrafo segundo de la Ley de Amparo abrogada, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 1. Que la naturaleza del ilícito que se atribuye al quejoso (violencia familiar) es dolosa; 2. Que el quejoso no demostró a este órgano de control constitucional no contar con recursos o estar en una situación económica precaria para no estar en aptitud de exhibir el monto de la garantía señalada, máxime que ésta es asequible; y, 3. Que la garantía fijada se considera suficiente para que el aquí quejoso no se sustraiga de la acción de la justicia. Norma el criterio de la suscrita Juez Federal la jurisprudencia 1a./J. 68/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, texto y datos de localización siguientes: SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO). La facultad de fijar el monto de la garantía es de carácter discrecional, siempre que ello no implique exceder los extremos señalados por el legislador en las condiciones de aplicación de la citada norma. Así, el juez de distrito debe llevar a cabo un análisis integral en el que conjugue adecuadamente las siguientes tres condiciones legales. En primer lugar, debe tomar en cuenta el tipo de delito de que se trata, su naturaleza dolosa o culposa, el bien jurídico tutelado, etcétera, y aunque en este primer momento puede hacerse presente el monto estimado de la reparación del daño, eso no significa que la garantía fijada por el juez de amparo tenga que coincidir con dicho monto, pues aquélla no puede equipararse a la caución que se fija para decretar la libertad provisional, ya que la garantía tiene la finalidad de asegurar que el quejoso acuda al proceso, la dicta un juez de amparo y responde a los objetivos del control constitucional; mientras que la fianza o caución obedece a la necesidad de garantizar la reparación del daño, la fija un juez penal y es acorde con los fines del proceso penal. En segundo lugar, el juzgador debe indagar respecto a la situación económica del quejoso. Y finalmente, en tercer lugar, el juez debe vigilar que el monto de la garantía no permita al quejoso sustraerse a la acción de la justicia, es decir, habrá de fijar una cantidad que no invite al quejoso a realizar un cálculo utilitario que le orille a evadir la acción de la justicia. Por tanto, una primera cantidad obtenida a partir de la obligación derivada de la fracción I del artículo 124 bis de la Ley de Amparo debe modularse, por un lado, mediante la capacidad económica del quejoso (fracción II), para establecer el límite inferior de la garantía y, por el otro, a través de la precaución de no disminuirla a tal grado que se promueva una posible conducta evasiva por parte del quejoso (fracción III). Lo anterior, en virtud de que debe tomarse en cuenta el tipo de delito de que se trata, su naturaleza dolosa o culposa, el bien jurídico tutelado, etcétera, y aunque en este momento no puede hacerse presente el monto estimado de la reparación del daño, eso no significa que la garantía fijada por la suscrita Juzgadora tenga que coincidir con dicho monto, pues aquélla no puede equipararse a la caución que se fija para decretar la libertad provisional, ya que la garantía tiene la finalidad de asegurar que el quejoso acuda al proceso, la dicta un juez de amparo y responde a los objetivos del control constitucional; mientras que la fianza o caución obedece a la necesidad de garantizar la reparación del daño, la fija un juez penal y es acorde con los fines del proceso penal; de ahí que dicha cantidad se estima suficiente para garantizar que el quejoso no evada la acción de la justicia. Del mismo modo, se previene a la parte quejosa para que con fundamento en el artículo 138, párrafo segundo del ordenamiento legal en cita abrogado, comparezca ante el juez de la causa dentro del plazo de tres días para la continuación del proceso, debiendo acreditar el cumplimiento de esta prevención ante este Juzgado de Distrito dentro del término de tres días siguientes a su presentación. De no hacerlo, la suspensión concedida dejará de surtir sus efectos, se mandará hacer efectiva la garantía, que en su caso se otorgue, en favor del erario federal y se dejará a las autoridades responsables en completa aptitud de ejecutar la orden de captura reclamada e internar a la parte quejosa en el reclusorio correspondiente. La medida cautelar no surtirá efecto alguno si la orden de que se duele la parte quejosa es dictada por autoridad judicial distinta a la aquí señalada o si se le sorprende en la comisión de flagrante delito. Por otra parte, en el caso de sobreseerse en el juicio o negarse el amparo, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo abrogada, se establece como medida de aseguramiento la obligación del quejoso de someterse a la jurisdicción del Juez responsable mediante la obtención de su libertad provisional bajo caución o su internamiento en el reclusorio correspondiente para la continuación del proceso penal del que deriva el acto reclamado; lo anterior, hasta en tanto adquiera firmeza la sentencia que en su momento se dicte en el juicio principal del que deriva esta incidencia. Lo que deberá acreditar con las documentales públicas correspondientes dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de la resolución en que cause estado la sentencia o resolución del amparo, con el apercibimiento que de no hacerlo se harán efectivas las garantías que, en su caso, se exhiban, en favor del Erario Federal. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por JAVIER ANTONIO FRANCO LÓPEZ, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí indicadas.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano