Javier Campos Jaimez (Defensor )

Expediente 160/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
160/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/04/2022

Partes del expediente

  • Javier Campos Jaimez (Defensor )
  • Gilberto Gutierrez Peña

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de abril de dos mil veintidós. Intégrese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el oficio 1232/2022, signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con el que informa que por acuerdo de presidencia de veinte de abril del año en curso, se admitió el recurso de revisión interpuesto por Manuel Alejandro Álvarez Herrera, autorizado en términos amplios de la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en este asunto, radicándolo bajo el número de expediente R-99/2022 de su índice; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; electrónicamente al defensor particular del quejoso; y, por lista a las demás partes.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el presente juicio de amparo se encuentra integrado para ser remitido al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en turno, para substanciar el recurso de revisión interpuesto por Manuel Alejandro Álvarez Herrera, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso Gilberto Gutiérrez Peña, en contra de la sentencia dictada en autos del presente juicio de amparo. En consecuencia, remítase el presente juicio de amparo, el escrito con registro de entrada 5539, en los términos indicados por auto de uno de abril de dos mil veintidós. Cúmplase.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, uno de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito con registro 5539 signado -electrónicamente- por Manuel Alejandro Álvarez Herrera -autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-; y, en atención a su contenido, primero debe decirse que dicha promoción fue presentada de manera electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y que ésta cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo -en lo subsecuente AG12/2020-, misma que se tiene a la vista y acredita que el promovente es titular de la firma electrónica que la autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo de la Ley de Amparo. Asimismo, se aprecia que dicha signatura electrónica se encuentra vigente. Sentado lo anterior, téngase al citado autorizado interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el quince de marzo de dos mil veintidós en el presente juicio (misma que negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa); por consiguiente, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas a las partes y previa constancia de esto último, remítase dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que quede debidamente integrado el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en turno, y el escrito de expresión de agravios; conjuntamente dos discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos al registro de audio y video de las audiencias celebradas el veintinueve de enero y dos de febrero, ambos de dos mil veintidós, que como justificación de su informe remitió la responsable y que obran agregados a los autos del presente juicio de amparo, la para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, con diversa copia del escrito mencionado en el párrafo precedente y de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de memoria relativo al presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; al tercero interesado asesor jurídico de la víctima de iniciales N.R.P., electrónicamente al defensor particular del quejoso; mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado...

  4. Principal

    V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo 160/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido el quejoso Gilberto Gutiérrez Peña, a través de su defensor particular Javier Campos Jaimez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado ese mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Gilberto Gutiérrez Peña, a través de su defensor particular Javier Campos Jaimez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos siguientes: ".III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- LIC. BET NIMRA PÉREZ HERNÁNDEZ Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS a) Resolución AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO dentro de la Audiencia Inicial que dictó el día dos de febrero de dos mil veintidós, en perjuicio del hoy quejoso por el delito de violación equiparada, en términos de los artículos 267, 272 fracción II en relación a los artículos 13 y 21 fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, resolución que se dictó dentro de la CAUSA PENAL 3837/2021/PUEBLA, por el JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. b) De la Autoridad Responsable señalada, reclamó la imposición de la medida Cautelar en la atención al artículo 115 fracción XIV dentro de la audiencia Inicial que dictó el día dos de febrero de dos mil veintidós, en perjuicio del hoy quejoso por el delito de violación equiparada, en términos de los artículos 267, 272 fracción II en relación a los artículos 13 y 21 fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, resolución que se dictó dentro de la CAUSA PENAL 3837/2021/PUEBLA, por el JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA." (foja 3). La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós (fojas 22 a 29), se admitió a trámite la demanda de amparo y se abrió por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (foja 38); y, de las constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, se advierte que Javier Campos Jaimez es defensor particular del quejoso Gilberto Gutiérrez Peña (foja 92). TERCERO. Parte tercera interesada. Obran en autos el emplazamiento de los terceros interesados: a) María del Pilar Galicia Landa, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres en la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado de Puebla (foja 35); y, b) Israel Gali Soria, asesor jurídico de la víctima de iniciales N.R.P. (fojas 36 y 37). CUARTO. Cita para audiencia. En el citado proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós (fojas 22 a 29), se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión del informe justificado, se advierte que el quejoso reclama: -De la Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Bet Nimra Pérez Hernández: a) El auto de vinculación a proceso por el delito de violación equiparada, previsto y sancionado en los artículos 267, segundo párrafo, 272, fracción II y último párrafo, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la menor de edad de iniciales N.R.P., emitido en la audiencia de dos de febrero de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 3837/2021/PUEBLA. b) La medida de cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta en audiencia de veintinueve de enero de dos mil veintidós y reiterada en audiencia dos de febrero siguiente, celebradas dentro de la causa penal 3837/2021/PUEBLA. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a la autoridad responsable siguiente: No. orden Autoridad responsable Sentido del informe Fojas 1 Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Bet Nimra Pérez Hernández. Aceptó. 39 y 40. La citada autoridad responsable aceptó la existencia de los actos consistentes en las determinaciones de vinculación a proceso e imposición de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Certeza que se corrobora con las documentales que remitió en apoyo a su informe justificado, en especial las audiencias correspondientes al dictado de las resoluciones reclamadas, contenidas en dos discos en formado versátil digital (DVD) y en la copia certificada de diversos registros que obran dentro de la causa penal 3837/2021/PUEBLA (fojas 41 reverso a 105); las cuales, por tratarse de documentales públicas, tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La causa penal de la que derivan las resoluciones reclamadas, se tramita conforme al nuevo sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que le son aplicables las disposiciones que regulan a este nuevo sistema. En consecuencia, para verificar su constitucionalidad se debe atender al texto reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código Nacional del Procedimientos Penales. III. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que el quejoso tiene el carácter de imputado en el procedimiento penal de origen. Asimismo, con fundamento en la fracción II del citado numeral, dicha figura se extiende a la víctima del delito menor de edad, a pesar de tener el carácter de tercera interesada, pues al tener dicha condición -minoría de edad-, sus derechos también deben ser salvaguardados por este juzgador, en razón que convergen en el mismo ámbito protector, en términos de los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que rige el principio de interés superior del menor. El anterior aspecto se destaca en forma relevante, toda vez que la valoración del caso debe efectuarse equilibrando los derechos en conflicto, considerando por un lado, la suplencia de queja a favor del imputado; y, por otro, los derechos fundamentales de especial regulación a favor de la persona menor de edad, así como los aspectos de derecho que ex oficio deben ser atendidos por las autoridades de la Unión en materia de consideración de los derechos de la víctima u ofendido. Así, este juzgador federal resolverá velando por los intereses de cada uno, con la finalidad de emitir una determinación adecuada, es decir, también por el respeto a los derechos humanos de la víctima con base en la normatividad constitucional y convencional expedida sobre estos temas, a fin de hacer realidad el derecho de igualdad consagrado en el artículo 1° de la Constitución. QUINTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza jurídica de los actos reclamados - auto de vinculación a proceso e imposición de medida cautelar- esto es, que se trata de determinaciones emitidas dentro de un proceso judicial, se sigue, que la demanda de amparo en su contra debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo; lo anterior, dado que no se actualiza alguna hipótesis de excepción al mismo. Las resoluciones reclamadas se notificaron personalmente tanto al quejoso, como a su defensor particular en las audiencias en que fueron pronunciadas; esto es, el veintinueve de enero y dos febrero, ambos de dos mil veintidós; esas notificaciones surtieron efectos el treinta y uno de enero y tres de febrero de mismo año, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que el plazo transcurrió, en el primer caso, del uno al veintidós de febrero de dos mil veintidós, y, en el segundo caso, del cuatro al veinticinco de febrero de dos mil veintidós, previo descuento, en ambos supuestos, de los días cinco, seis, siete, doce, trece, diecinueve y veinte de febrero de dos mil veintidós, por ser sábados, domingos e inhábil, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, si la demanda de amparo se presentó, de forma física, el quince de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, es evidente que su promoción es oportuna. Cobra aplicación, la jurisprudencia III.2o.P.137 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, LAS DETERMINACIONES QUE SE TOMEN EN LAS AUDIENCIAS ORALES SE TIENEN POR NOTIFICADAS EN ESE ACTO Y SURTEN SUS EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE. De los artículos 63, 82, fracción I, inciso a) y último párrafo, así como 84, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que las partes que asistan a las audiencias orales, así como quienes estaban obligados a acudir a ellas formalmente, deben tenerse por notificados en ese acto, de las determinaciones que ahí se tomen, sin necesidad de formalidad alguna, atento a los principios que rigen a los juicios orales, particularmente, los de inmediación, continuidad y concentración, y dichas notificaciones surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas, por lo que el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, debe computarse a partir del día posterior al en que surte efectos esa notificación, conforme a la ley del acto, como lo establece el numeral 18 de la Ley de Amparo." SEXTO. Causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para poder analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, que no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. En la especie, las partes no hicieron valer causales de improcedencia y esta autoridad no advierte, de oficio, que se actualice alguna. SÉPTIMO. Estudio de los actos reclamados y conceptos de violación. En principio conviene apuntar que a efecto de analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, el suscrito juez de Distrito, únicamente ponderará las cuestiones debatidas en la audiencia inicial, que constituyen la base en la cual se emitieron las mencionadas determinaciones de la jueza de control responsable y, que constan en los registros de audio y video almacenados en los discos en formato versátil digital que la autoridad responsable remitió. Asimismo, conviene apuntar que el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, se analiza a la luz de los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general' , de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Como enseguida se evidenciará, los argumentos planteados por el quejoso -vía conceptos de violación- resultan infundados y tampoco se advierte aspecto alguno que deba suplirse. Cabe hacer la aclaración de que si bien, este órgano de control constitucional no se encuentra obligado a transcribir los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en atención al principio de justicia completa consagrado en el artículo 17 Constitucional, este órgano jurisdiccional realizará una síntesis de los motivos de disenso expresados en la demanda de amparo, a fin de dar una completa respuesta a lo alegado. Bajo la condición de que no serán materia de análisis las meras afirmaciones sin sustento o fundamento, que no explican por qué o cómo la resolución reclamada se aparta del derecho, así como aquéllas que no logren entenderse bajo el principio de causa de pedir, no obstante que en este asunto proceda la suplencia de la queja, pues si no es clara la intención de la parte quejosa, es evidente que este juzgado se encuentra impedido para dar respuesta a ese tipo de afirmaciones. En ese sentido, por cuestión de método, el estudio de la presente sentencia, se dividirá en los siguientes apartados: Apartado I. Estudio constitucional del auto de vinculación a proceso. Apartado II. Estudio constitucional de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. APARTADO I. Estudio constitucional del auto de vinculación a proceso. Son infundados los argumentos que la parte quejosa hace valer vía conceptos de violación en contra del auto de vinculación a proceso dictado en su contra, sin que exista aspecto alguno que daba suplirse. Para así considerarlo, en principio, debe decirse que el hecho de que el artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca los requisitos de fondo y de forma que todo auto de vinculación a proceso debe contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con lo previsto en el mencionado precepto; lo anterior, en virtud de que es necesario que ese tipo de actos reúna, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las prerrogativas de seguridad jurídica consagradas en la Constitución, entre otras, que conste por escrito, proceda de una autoridad judicial -competente-, se encuentre fundado y motivado y, que se dicte respecto de un hecho delictivo castigado con pena corporal, respetando las formalidades esenciales del procedimiento; cúmulo de derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un solo artículo, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal sentido, es oportuno indicar que, entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14, de la Constitución General de la República, está la relativa al debido proceso legal, que permite a los gobernados acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos de manera efectiva, en condiciones de igualdad procesal, así como ofrecer pruebas y obtener una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En otras palabras, el derecho al debido proceso legal se traduce en el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en todo procedimiento (instrucción, defensa, pruebas y sentencia). Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." El acto reclamado cumple con lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de autos se advierte que el quejoso reclama la resolución en la que se determinó vincularlo a proceso, emitida en su contra por la titular de un órgano judicial previamente establecido (Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Bet Nimra Pérez Hernández), en la causa penal 3837/2022, que se instruye en su contra por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de violación equiparada, previsto y sancionado por los artículos 267, segundo párrafo, 272, fracción II y último párrafo, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la menor de edad de iniciales N.R.P.. De las constancias no se advierte que se haya dado efecto retroactivo a ley alguna en perjuicio de la parte demandante; además, se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento. Para explicar lo anterior (respeto a las formalidades esenciales del procedimiento), es preciso indicar que conforme a las reglas del sistema procesal penal acusatorio y oral, previo a la emisión de un auto de vinculación a proceso se deben satisfacer las formalidades que al efecto prevén los artículos 307 a 315, del Código Nacional de Procedimientos Penales que, en lo que aquí interesa, disponen que el Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. Así las cosas, una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado su detención, el juez de control se cerciorará que el detenido cuenta con defensor y en caso negativo, ordenará que se le nombre uno público, y deberá cerciorarse que éste cuente con la calidad de licenciado en derecho; también le hará saber que puede ofrecer datos de prueba y acceder a los registros de la investigación, debiéndole informar además sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiesen informado con anterioridad; y, a continuación se procederá a realizar el control de la detención. Cabe acotar que, en relación con la garantía de defensa adecuada, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de Tesis 405/2017, estableció que, en el sistema de enjuiciamiento penal de corte oral y acusatorio, el derecho a una defensa técnica es respetado cuando el imputado es asistido por abogado titulado en cada una de las etapas que comprenden el proceso. Que acorde con la obligación del defensor designado de acreditar ante el órgano jurisdiccional, su calidad profesional, contemplada en el numeral 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se debe registrar su cédula profesional previamente al desahogo de la audiencia inicial, lo que puede ocurrir de dos formas: a) En el centro de registro de cédulas profesionales correspondiente; o, b) Ante el servidor público que según la ley tenga la obligación de recabar la información respectiva, lo que dará oportunidad al juez de control de corroborar la calidad de licenciado en derecho del defensor. El máximo Tribunal concluyó que el juez de control, al llevar a cabo la individualización de las partes intervinientes en la audiencia inicial, logra tal corroboración con la referencia que éstos realizan al individualizarse, expresando verbalmente el número de cédula y registro, por lo que el juez de control cuestionará al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala, según lo denomine la correspondiente legislación aplicable a cada caso concreto, sobre si esos datos fueron cotejados con las respectivas identificaciones exhibidas momentos previos a la celebración de la audiencia, destacando desde luego entre dichos datos, el número de cédula que corresponde a los licenciados en derecho que comparezcan con la calidad de defensores de la persona o personas imputadas, a efecto de que quede constancia en la videograbación de este hecho. De la contradicción de tesis mencionada, derivó la jurisprudencia 1a./J. 69/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA CÉDULA PROFESIONAL EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, Y CON LA SIMPLE MENCIÓN QUE DE ESOS DATOS SE HAGA EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el derecho a una defensa técnica es respetado cuando el imputado es asistido por abogado titulado en cada una de las etapas que comprenden el procedimiento penal. En ese sentido, de conformidad con el artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es obligación del defensor acreditar ante el órgano jurisdiccional su calidad de licenciado en derecho, con la exhibición de la cédula profesional de licenciado en derecho expedida por la autoridad legalmente competente; documento que debe registrar previamente al desahogo de la audiencia inicial, lo cual puede realizar de dos formas: a) en el centro de registro de cédulas profesionales correspondiente; o, b) ante el funcionario que según la ley tenga la obligación, previo al inicio de la audiencia, de recabar la información respectiva, lo que dará oportunidad al Juez de Control de corroborar la calidad de licenciado en derecho del defensor, lo que se logra con la sola referencia que éste realiza al individualizarse, refiriendo su número de cédula y registro, cuestionando al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala, según lo denomine la correspondiente legislación aplicable a cada caso concreto, sobre si esos datos fueron cotejados con las respectivas identificaciones exhibidas momentos previos a la celebración de la audiencia, destacando desde luego entre dichos datos, el número de cédula que corresponde a los licenciados en derecho que comparezcan con la calidad de defensores del imputado, a efecto de que quede constancia en la videograbación de este hecho, ello en virtud de que es la primera diligencia en el proceso en la cual participa directamente el imputado." El juez de control después de haber verificado que el gobernado se encuentra debidamente asistido por defensor con calidad de licenciado en derecho y que conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, ofrecerá la palabra al Ministerio Público para que formule imputación, para lo cual la representación social deberá exponer el hecho que le atribuye al justiciable, la clasificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del juez sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. Formulada la imputación, el juez de control preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo en su contra, es decir, le brindará la oportunidad de declarar en relación con los hechos que se le atribuyen. Una vez que el imputado haya emitido su declaración, o bien, manifestado su deseo de no hacerlo, el Ministerio Público solicitará al juez la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso y posteriormente para formular la solitud de vinculación a proceso. Antes de escuchar al representante social, el juzgador se dirigirá al gobernado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud de la fiscalía, es decir, le dará a conocer los plazos para resolver sobre su situación jurídica. En este punto, cabe señalar que el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, resolvió la contradicción de tesis 212/2016, en la que se estableció que: 1) La vinculación a proceso se debe pedir después de que se formuló la imputación y de que el imputado tuvo la oportunidad de contestar el cargo; y, 2) El plazo de setenta y dos horas establecido por el artículo 19 constitucional constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede única y exclusivamente cuando el imputado lo solicita, lo cual implica que tal extensión temporal debe operar a su favor y nunca en su contra. De dichas proposiciones, la Primera Sala concluyó por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso, no puede operar en su detrimento, ya que su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa. Por consiguiente, la Sala consideró que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, deberá solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero de manera previa a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 de la Constitución General de la República -o a su ampliación- para que se resuelva su situación jurídica, pues sólo de esa manera la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiéndole al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que considere podrían desvirtuar la postura ministerial. De la contradicción de tesis referida, derivó la jurisprudencia 1a./J. 120/2017 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia Nación, el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, cuyo rubro y texto son: "VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO). De la lectura de los artículos 309 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales -de contenido similar a los numerales 280 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado-, deriva una duda legítima relativa a si la solicitud de vinculación a proceso debe formularla el Ministerio Público antes de que el imputado decida si se acoge o no al lapso de 72 horas para que se resuelva sobre su situación jurídica -o a su ampliación-, o si puede hacerse posteriormente, incluso, en la continuación de la audiencia inicial, una vez que hubieran sido recibidos los medios de convicción presentados por la defensa. Ahora bien, para resolver dicha duda, debe partirse de las premisas siguientes: 1) la vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) el plazo de 72 horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. Así, dichas proposiciones constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad, sólo para el imputado y no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estime convenientes. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. En efecto, si el imputado o su defensor elige posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, de no seguirse ese orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretende incorporar." Continuando con el estudio de las formalidades que habrán de observarse previo al dictado de un auto de vinculación a proceso, debe señalarse que salvo que el imputado solicite que sea en un primer momento de la audiencia inicial donde se resuelva su situación jurídica, el juez señalará día y hora para su continuación, la cual habrá de celebrarse, dentro de las setenta y dos, o bien, dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado fue puesto a su disposición, esto último, sólo en el supuesto de que se haya solicitado la ampliación del término. La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido dentro del término constitucional. Desahogadas las pruebas ofrecidas por el imputado o su defensa, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima, si lo hubiera y, luego al imputado; y previo debate, el juez de control resolverá sobre la vinculación o no a proceso del imputado. En el caso concreto, el análisis de las formalidades indicadas respecto del procedimiento seguido en la causa penal 3837/2021/PUEBLA, previo al dictado del auto de vinculación a proceso combatido (para lo cual se reproducen los discos ópticos que la autoridad responsable remitió en apoyo a su informe y que obran a foja ciento cinco de autos), revela lo siguiente: A las doce horas con diecinueve minutos del día veintinueve de enero de dos mil veintidós, la Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Bet Nimra Pérez Hernández, declaró abierta la audiencia inicial, que se verificó de la siguiente manera: -La jueza individualizó a las partes, quienes se presentaron en el siguiente orden: María del Pilar Galicia Landa (fiscal); Israel Gali Soria (asesor jurídico); Marisol Peña Monterrosas (mamá de la víctima); Manuel Alejando Álvarez Herrera y Javier Campos Jaimez (defensores); la jueza preguntó a la encargada de sala si revisó la cédula profesional de los profesionistas presentes, la servidora pública expresó que sí, en el Registro Nacional de Profesionistas, que corresponden a los números 3786630, 8487239, 7973847 y 7052977, respectivamente, y que los acredita como licenciados en derecho; además, preguntó a Marisol Peña Monterrosas (mamá de la víctima) y al imputado Gilberto Gutiérrez Peña, si deseaban que sus datos personales se mantuvieran bajo reserva o fueran de acceso público, a lo que expresaron que fueran reservados; se cercioró que Marisol Peña Monterrosas y el imputado conocían sus derechos; les preguntó si deseaban designar a las profesionistas presentes como su asesor jurídico y defensores, respectivamente; a lo que respondieron que sí; el asesor jurídico y los defensores aceptaron y protestaron los cargos conferidos; tuvo por aportado por parte del detenido su domicilio. -La jueza señaló que previamente se había pronunciado en relación con la orden de aprehensión solicitada por la representación social, como medio de conducción a esa audiencia del imputado, por lo que cuestionó a la fiscalía si estaban dadas las condiciones para llevar a cabo la audiencia; a lo que respondió que sí. - La fiscal solicitó que se resguardara la identidad de la víctima menor de edad, para lo cual se referiría a ella con sus iniciales N.R.P., lo cual, acordó de conformidad la jueza responsable; a continuación la fiscal formuló imputación contra Gilberto Gutiérrez Peña, le hizo saber que se sigue una investigación en su contra por el hecho con apariencia del delito de violación equiparada, previsto y sancionado en los artículos 267, párrafo segundo, 272, fracción II y último párrafo, en relación con los diversos 17 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la persona menor de edad identificada con las iniciales N.R.P.. Le hizo saber que su conducta fue cometida de manera instantánea; que su grado de participación es a título de autor material; y, que quienes deponen en su contra son Marisol Peña Monterrosas, y la persona menor de edad de iniciales N.R.P. -La jueza preguntó al asesor jurídico y a la defensa de imputado si requerían alguna aclaración y respondieron que no; el juez de control preguntó al imputado si había entendido los hechos que le atribuían a lo que contestó que sí; le explicó al imputado que en ese momento podía contestar la imputación (declarar) o guardar silencio, le explicó las posibles consecuencias de cada caso; después de consultarlo con su defensa, se reservó su derecho a declarar. -La fiscal solicitó la vinculación a proceso de Gilberto Gutiérrez Peña, por su probable participación en la comisión de los hechos que fueron materia de la formulación de la imputación; solicitó tener por reproducido el cuadro fáctico; al no existir oposición de la defensa, la jueza lo autorizó, por lo que la fiscal expuso los datos de prueba para justificar su solicitud y solicitó la vinculación del imputado por los hechos que la ley señala como el delito de violación equiparada, previsto y sancionado en los artículos 267, párrafo segundo, 262, fracción II y último párrafo, en relación con los diversos 17, 21 y 13, todos del Código Penal para el Estado de Puebla; asimismo cuestionó al asesor jurídico si tenía alguna manifestación que realizar, quien respondió que no. -La juez explicó al imputado los diferentes momentos en que podía resolverse su situación jurídica; después de consultarlo con el órgano de defensa, solicitó la duplicidad del plazo constitucional, es decir, de ciento cuarenta y cuatro horas, para que fuera resuelta su situación jurídica; atento a lo anterior, la jueza responsable señaló las dieciséis horas del dos de febrero de dos mil veintidós, para la continuación de la audiencia inicial. -La fiscal solicitó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que durara el proceso; el asesor jurídico y la defensa no realizaron ninguna manifestación al respecto; por lo que la juez autorizó la imposición de dicha medida. -A las trece horas con veintiocho minutos del dos de febrero de dos mil veintidós, se declaró cerrada la audiencia. -A las dieciséis horas con veintiocho minutos del dos de febrero del dos mil veintidós, la jueza de control declaró abierta la continuación de la audiencia inicial; la jueza individualizó a las partes, quienes lo realizaron en el mismo orden referido en audiencia pasada; la jueza resolvió la solicitud del defensor a efecto de que la fiscal se impusiera de un acto de investigación que exhibió en ese momento, por lo que ordenó se le corriera traslado con el mismo a la fiscalía; preguntó al defensor si tenía datos o medios de prueba que desahogar en la audiencia, el defensor expresó que ofrecía la testimonial a cargo del médico Jorge Alvarado Ochoa (perito médico), así como la testimonial sobre los hechos sucedidos el uno de noviembre de dos mil veintiuno, a cargo de Bertha María Lara Rodríguez (cuñada del imputado); se abrió debate sobre la idoneidad y pertinencia de los medios de prueba ofrecidos y la jueza, previo a escuchar los argumentos de las partes, determinó su admisión. -A solicitud de la defensa se procedió al desahogo, en primer término, del testimonio de Bertha María Lara Rodríguez, se le llamó a la sala de audiencias, una vez presente en la sala, le explicó el motivo de su presencia, le preguntó si tenía algún vínculo de parentesco o relación con el imputado; ésta respondió que es su cuñado, por lo que la jueza le indicó que no estaba obligada a declarar pero lo podía hacer si así lo deseaba, por lo que le preguntó si deseaba declarar y respondió que sí; la jueza protestó a la testigo y le hizo saber las posibles penas en que puede incurrir si declara con falsedad; la jueza explicó la dinámica para desahogar la prueba y concedió el uso de la voz a la defensa; el testimonio se desahogó mediante preguntas que el defensor formuló a la testigo Bertha María Lara Rodríguez y contrainterrogatorio por parte de la fiscalía; respetando el derecho a intervenir que le asiste al asesor jurídico. A continuación, la jueza solicitó la presencia del siguiente testigo, una vez presente éste en la sala de audiencia, la juez de control le pidió proporcionar su nombre completo, el testigo respondió Jorge Alvarado Ochoa (perito médico); el juez le informó el motivo de su presencia, le preguntó si tiene algún vínculo de parentesco o relación con el imputado, respondió que no; la jueza protestó al testigo y le hizo saber las posibles penas en que puede incurrir si declara con falsedad; la jueza explicó la dinámica para desahogar la prueba y concedió el uso de la voz a la defensa, el testimonio se desahogó mediante las preguntas que el defensor formuló a Jorge Alvarado Ochoa y contrainterrogatorio por parte de la fiscalía; respetando el derecho a intervenir que le asiste al asesor jurídico. - Una vez concluido el desahogo de los medios de prueba, la juez dio oportunidad al defensor de contradecir la solicitud de vinculación a proceso realizada por la fiscal. - La fiscal expuso en contra réplica, para contradecir los argumentos del defensor particular e insistió en la solicitud de vinculación a proceso al imputado; la jueza de control concedió oportunidad a las partes para debatir sobre los puntos controvertidos, incluido el asesor jurídico. - La jueza declaró cerrado el debate; sin embargo, a solicitud de la defensa decretó un receso a fin de que le fuera proporcionada atención médica al imputado, dado que refirió tener temperatura; por lo que una vez que la jueza responsable recibió el reporte del doctor Germán Contreras Rosas, médico adscrito a ese Centro de Justicia, en el que indicó que el imputado podía permanecer en audiencia, la jueza ordenó continuar con la misma. -A las veintiún horas con cuarenta y cuatro minutos del dos de febrero de dos mil veintidós, la jueza de control dictó auto de vinculación a proceso contra Gilberto Gutiérrez Peña, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violación equiparada, previsto y sancionado en los artículos 267, segundo párrafo, 272, fracción II y último párrafo, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la menor de edad de iniciales N.R.P. -La fiscal solicitó se continuara con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso; además, la fiscal propuso cuatro meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria; el defensor se opuso y solicitó que dicho plazo fuera de dos meses; por lo que la jueza de control reiteró la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y autorizó el plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria; después de acordar las peticiones accesorias, la juez declaró cerrada la audiencia. Conforme a lo expuesto, es evidente que en la carpeta judicial de origen se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, ya que la jueza de control responsable la condujo de conformidad con las reglas detalladas anteriormente. A continuación se efectúa el análisis del auto de vinculación a proceso combatido, al tenor de los requisitos previstos en el artículo 19 de la Constitución Federal, que establece: "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Del precepto constitucional transcrito se obtiene, que para el dictado del auto de vinculación a proceso es necesario satisfacer los requisitos de forma y de fondo, siguientes: 1. Deberá dictarse a más tardar a las setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad de plazo constitucional, contadas a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial (de forma). 2. La precisión del hecho que la ley señala como delito que se atribuye al indiciado, indicando el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de la conducta (de forma). 3. Que obren datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes, que establezcan que se ha cometido el hecho delictivo (de fondo). 4. Que de esos mismos datos de prueba se establezca la probabilidad de que el imputado cometió el hecho delictivo o participó en su comisión (de fondo). En torno al primer requisito se satisface, pues de acuerdo a las constancias que obran en autos, el imputado, fue puesto a disposición de la jueza de control por parte de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (en cumplimiento a la orden de aprehensión librada en su contra), a las veintidós horas con doce minutos del veintiocho de enero de dos mil veintidós (foja 66); en tanto que, su situación jurídica se resolvió a las veintiún horas con cuarenta y cuatro minutos del dos de febrero siguiente (foja 99 reverso). De modo que, es evidente que su situación jurídica fue resuelta dentro de la duplicidad del plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas en términos del artículo 19 de la Constitución General de la República. También se satisface el segundo requisito para el dictado de un auto de vinculación a proceso, ya que al emitirse el acto reclamado, se precisó que a Gilberto Gutiérrez Peña, se le atribuye el hecho que la ley señala como el delito de violación equiparada, previsto y sancionado por los artículos 267, segundo párrafo, 272, fracción II y último párrafo, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la menor de edad de iniciales N.R.P.; y, como se explicará más adelante (al estudiar la acreditación del hecho que la ley señala como delito), se le hizo saber el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa. Tocante al estudio del tercero y cuarto de los requisitos que quedaron precisados, relativos a exponer los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, tal como se determinó en la resolución reclamada, se encuentran satisfechos, por los motivos que a continuación se indican: Previo a analizar si en el caso están satisfechos tales extremos (el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión), es necesario precisar que al resolver la contradicción de tesis 160/2010, en sesión de cuatro de mayo de dos mil once, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló, entre otras cosas, que de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A) del 20 de la Constitución Federal, a partir de la implementación del sistema procesal penal acusatorio, con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, el Constituyente determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. De tal manera que, con la implementación del sistema procesal penal acusatorio, se introdujo al vocabulario jurídico, el término "dato de prueba", que conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 261, del Código Nacional Procedimiento Penales, es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado en su comisión. La precisión anterior resulta importante, pues de acuerdo a lo expuesto, el estándar de prueba para el dictado de un auto de vinculación a proceso, se redujo a la sola existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; de modo que, sobre esa base (datos de prueba) fue que la jueza responsable dictó el auto de vinculación a proceso reclamado, y es la misma que habrá de considerarse en esta sentencia, para el análisis de dicho acto. En este sentido, esta autoridad comparte el razonamiento de la jueza responsable, al haber considerado que los datos de prueba que relacionó la agente del Ministerio Público son suficientes, idóneos y pertinentes, para establecer razonablemente que se cometió un hecho que la ley califica como delito y que es probable Gilberto Gutiérrez Peña, intervino en su ejecución. En relación con la existencia del hecho que la ley señala como delito, debe señalarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, en sesión de uno febrero de dos mil diecisiete, determinó que al dictarse un auto de vinculación a proceso, el juez de control no está constitucionalmente obligado a realizar un juicio de tipicidad, esto es, a comprobar el cuerpo del delito (elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica); sino únicamente a que una vez determinado de manera clara el hecho materia de la imputación, lleve a cabo un ejercicio tendente a establecer si esa conducta encuadra en alguna de las descripciones típicas que en abstracto describe la norma penal como delitos y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Derivado de ese ejercicio de encuadramiento a la norma penal, el juez deberá expresar de manera clara el delito, con sus respectivas agravantes, como parte de la clasificación legal de la conducta, independientemente de la metodología que elija para otorgar claridad y certeza a su determinación, en la que sí deberá dejar bien establecido el hecho imputado, las circunstancias propias de ejecución, así como el tipo penal aplicable, como consecuencia de un examen abstracto de adecuación de la norma penal al caso concreto. De la contradicción de tesis referida, derivó la jurisprudencia 35/2017(10ª.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones 'comprobar' por 'establecer' y 'cuerpo del delito' por 'hecho que la ley señala como delito', las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de 'pruebas' ni se exige 'comprobar' que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado 'cuerpo del delito', entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Sobre esas bases, resulta pertinente indicar que en la especie se reclama un auto de vinculación a proceso en contra de Gilberto Gutiérrez Peña, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violación equiparada, previsto y sancionado por los artículos 267, segundo párrafo, 272, fracción II y último párrafo, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de la persona menor de edad identificada con las iniciales N.R.P.. Los artículos invocados disponen: "Artículo 267.- Al que por medio de la violencia física o moral tuviere cópula con una persona sea cual fuere su sexo, se le aplicarán de diez a treinta años de prisión y multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización. Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal." (.)" "Artículo 272.- Se equipara a la violación: (.) II.- La cópula con persona menor de catorce años de edad, y (.) En los casos previstos en las fracciones I y II, se impondrá al autor del delito, de diez a cuarenta años de prisión y multa de ciento veinte a mil doscientas Unidades de Medida y Actualización. En el caso de la fracción III la sanción será la establecida en el artículo 267 de este ordenamiento legal." En este punto, se considera oportuno traer a la luz el cuadro fáctico expuesto por la fiscal, al momento de formular imputación y retomado por la jueza de control responsable al momento de dictar la resolución reclamada: ".A las diez de la mañana del día primero de noviembre del año dos mil veintiuno, cuando la menor de edad N.R.P. de doce años de edad, por haber nacido el veintiuno de abril de dos mil nueve, se encontrada en la casa de su abuelita, ubicada en la calle Ciento Uno Oriente, número mil veintitrés, en la colonia Granjas de San Isidro, Puebla, dando de comer a un pajarito que tiene su abuelita encima de una mesa de billar de un cuarto que conecta al comedor de la casa, usted llegó señor Gilberto Gutiérrez, perdón Gilberto, quien es el tío de la menor de edad, se le acercó por la parte de atrás de su cuerpo, empezándole acariciar la espalda, volteando ella a ver quién era y al percatarse que era usted, ella le dijo hola tío, y usted le contesto hola hija, posteriormente usted señor Gilberto le acarició sus glúteos a la menor de edad N.R.P. con sus dos manos por encima de su ropa, y después le bajó el pantalón de la pijama hasta las rodillas, inclinando a la menor de edad hacia el frente, para luego introducirle su pene en la vagina de N.R.P. lo cual lo hizo durante cinco minutos, sintiendo ella mucho dolor, posteriormente, usted señor Gilberto se fue atender a la tienda que tiene la abuela de la niña N.R.P. ya que en este momento alguien tocaba y la menor de edad N.R.P. se subió el pantalón y se fue a su casa con su hermana." Ahora, para tener por acreditada la existencia del hecho ilícito, la jueza responsable tomó en cuenta los datos de prueba que refirió el agente del Ministerio Público, al momento de formular la solicitud de vinculación a proceso, que son los siguientes: 1. Entrevista realizada a la denunciante Marisol Peña Monterrosas, de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, quien manifestó lo siguiente: ".Dice llamarse Marisol Peña Monterrosas y que fue a denunciar porque el día nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se encontraba en su casa en compañía de su hija N.R.P. de doce años de edad y la vio llorando por lo que se acercó a ella, le respondió que estaba triste, que le quería contar algo, y le dijo que su tío Gilberto le había tocado sus partes y que le había quitado su pantalón y le había introducido el pene, entonces ella salió de su casa directo a buscar a su primo Gilberto, llegó a la casa de su mamá, la cual está dentro del mismo predio que la suya, y al llegar ahí estaba su primo, le dio de cachetadas y le reclamó lo que le había hecho a su hija, y él sólo le decía que no era cierto y su mamá, es decir, la abuelita de la víctima lo corrió de la casa y ella salió de la casa siguiéndolo, por lo que habló al novecientos once, y pidió una patrulla pero él, el señor Gilberto se subió a una combi y se fue." 2. Entrevista ministerial colegiada realizada a la víctima menor de edad de iniciales N.R.P., de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, recabada en presencia su progenitora Marisol Peña Monterrosas, la perito en psicología Norma Ivett Tello Hernández, la perito en trabajo social Marcela Ponce Rivera, la perito en victimología Joselyn Fernanda Xochitemol Flores y la perito en criminología Diana Soto Hernández, en la que refirió: ".me llamo N.R.P,. tengo doce años de edad, nací el veintiuno de abril de dos mil nueve, manifestó estudiar primero de secundaria y vivir con su hermana que tiene catorce años y su mamá, que viven en la privada Ciento Uno Oriente, número mil veintitrés, en la colonia Granjas de San Isidro, su mamá es enfermera y cuida personas mayores de edad, la relación con su mamá es buena y con su hermana también, la casa donde viven es de su mamá, pero es una como una vecindad y adelante está su abuela, ellas se encuentran atrás, en esa casa vive su tía y su tío Jorge que son hermanos de su mamá, y que el día primero de noviembre dos mil veintiuno, estaba en su casa con su hermana, porque su hermana había hecho de desayunar "hot cakes" y ella quería miel de maple, y fue a la casa de su abuelita, eran como las diez de la mañana y le dio de comer al pájaro que tiene su abuelita, que está en un cuarto que conecta al comedor de la casa, en ese cuarto hay dos mesas de billar, hay una jaula del pájaro que está sobre la mesa y estaba dándole de comer al pájaro, parada cuando llegó su tío al que apodan Alejandro, que es primo de su mamá, se le acercó cuando le estaba dando de comer a los pájaros y la empezó a tocar, primero sintió que le acariciaban la espalda y al voltear y ver quien era, vio que era su tío Alejandro y le dijo hola tío, y él respondió hola hija, y le empezó a tocar las pompas con las dos manos por encima de su ropa, no le decía nada, después le bajó el pantalón de la pijama, que era un pantalón azul hasta las rodillas, que no llevaba ropa interior porque no usa para dormir, por lo que sólo le bajó el pantalón y la inclinó hacia el frente, y después le introdujo el pene en su vagina, y como su abuela tiene una tienda entonces tocaron y él se fue atender la tienda y ella se subió el pantalón y se fue con su hermana, y no le dijo nada, siguió desayunando y su abuela se había ido al pueblo, no había nadie más en la casa de su abuela, sólo su tío al que le apodan Alejandro y ella, no le dijo nada hasta el martes de la semana pasada, perdón, anterior a la entrevista, que estaba su mamá y ella en el cuarto de su mamá y le dijo a su mamá que tenía hablar con ella de su tío al que apodan Alejandro y le empezó a decir que su tío lo había tocado, que había violado, entonces su mamá salió de la casa y fue en la casa de su abuela y empezó a pegarle a su tío Alejandro y su mamá le empezó a decir solamente, solamente era una niña, su mamá regreso a la casa y su abuelo y sus tíos fueron a la casa y les explico detalladamente y su tío Jorge corrió a su tío que apodan Alejandro y éste rápido agarró sus cosas y se fue, que su tío al que apodan Alejandro es alto, delgado, tiene el pelo chino, un poco largo, tiene ojos chicos, nariz delgada, labios delgados." 3. Acta de nacimiento 02080 emitida por el Juez del Registro del Estado Civil de la localidad de San Baltazar Campeche, a nombre de la menor de edad N.R.P., con fecha de nacimiento veintiuno de abril de dos mil nueve, cuyos progenitores son Dagoberto Rodríguez Sánchez y Marisol Peña Monterrosas. 4. Dictamen pericial psicofisiológico, ginecológico y proctológico, número 1641 de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, expedido por la doctora Consuelo de la Rosa Morales, con cédula profesional 11137832, adscrita a la Dirección General del Instituto de Ciencias Forenses de Puebla; del que, medularmente se obtuvo lo siguiente: -De la exploración física que se efectuó a la menor de edad N.R.P., en el área extragenital, advirtió que no presenta lesiones. -En el área paragenital que abarca la zona abdominal, infraumbilical y el monte de venus, la cara interna de los muslos y las nalgas, se encuentra con vello púbico bien implantado, sin lesiones. -De la exploración proctológica, advirtió: esfínter anal externo sin alteraciones, con presencia de pliegues radiados. -En el área ginecológica, se observó un periné sin lesión, la vulva presenta labios mayores y menores bien conformados, el himen se forma orlado con un desgarro antiguo a la hora cinco, la vagina es corta, es elástica y no tiene lesiones. -El diagnóstico fue en el sentido de que la menor presentó himen con desgarro antiguo, por lo tanto, presenta un desfloramiento antiguo. 5. Dictamen psicológico 1336/2021 de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, practicado por la perito en psicología Normal Ivett Tello Hernández, con cédula profesional 2726976, adscrita a la Dirección General del Instituto de Ciencias Forenses, quien derivado del examen a la persona menor de edad de iniciales N.R.P. evidenció lo siguiente respecto a su estado psicológico emocional actual: ".derivado de los hechos que denuncia presenta indicadores y síntomas de afectación psicológica consistente en amenaza, presión, estrés, auto insatisfacción, indecisión, ansiedad, tensión, inadecuación, inseguridad, aislamiento, sentimientos de culpa, estigmatización, preocupación sexual, enojo, tristeza, frustración, rechazo hacia su agresor, sentimientos de estigmatización, tiende a deprimirse, situación que ha interrumpido y ha afectado su sano desarrollo psicosexual y modifica su modo y calidad de vida; de la entrevista realizada, se visibilizan eventos de violencia sexual y dada su etapa de desarrollo, se encuentra dentro de un grupo vulnerable susceptible a ser objeto de control y dominio, durante la entrevista se presenta en adecuadas condiciones tanto de higiene y aliño personal y la información proporcionada, la proporciona de manera congruente y consistente, su afecto es adecuado a los hechos que denuncia, por lo cual, requiere tratamiento psicológico y el tiempo y la duración del mismo será determinado por el profesional de la asista." 6. Dictamen en criminología CRIM/233/2021 de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, practicado por la perito en criminología de nombre Diana Soto Martínez, con cédula profesional 11587981, adscrita a la Dirección del Instituto de Ciencias Forenses, quien concluyó lo siguiente: ".la persona de nombre N.R.P. de doce años de edad, sexo mujer, se encuentra en una etapa de desarrollo de adolescencia y es vulnerable a ser víctima y a su vez es proclive a ser víctima por el hecho que denuncia por los factores que se encontraron, la apariencia física en estudio se presentó con un aspecto limpio, ordenado con una apariencia personal y un aliño adecuado a su edad, su actitud ante la entrevista es cooperante ante las preguntas realizadas, entre los factores criminógenos que son aquellos que favorecen la comisión de las conductas antisociales de los cuales la adolescente N.R.P. de doce años de edad, puedo ser proclive a este tipo de delito, se encuentran los factores endógenos y exógenos, y en los factores endógenos se encuentra que es una mujer que se encuentra en una etapa de desarrollo de adolescencia, que necesita apoyo, está en rigidez, tiene dependencia, inseguridad, inmadurez, necesidad de seguridad y aislamiento; entre los factores exógenos, se encuentran que su núcleo familiar primario se encuentra desintegrado, está desorganizado, la ausencia de la figura materna por trabajo, la relación de confianza que tenía con su tío, una relación también asimétrica con él, por la edad y la ausencia de personas en el lugar donde sucedieron los hechos." 7. Informe policial con número de oficio AEI/UEIDSIC/5522/2021, realizado por la agente investigadora Jazmín Trujillo Velásquez de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que recabó una segunda entrevista de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, a la progenitora de la víctima Marisol Peña Monterrosas, en la que señaló: "..que en relación a la denuncia presentada el día nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en agravio de su hija de iniciales N.R.P. de doce años de edad, que su tío Gilberto Gutiérrez Peña es conocido como Alejandro que es la persona que la violó y todos lo conocen como Alejandro ya que él nació el día de los Alejandros, es decir, el día que se festeja los Alejandros, ya que nació un veinticuatro de abril de mil novecientos setenta y cuatro, pero su nombre verdadero es Gilberto Gutiérrez Peña; asimismo quiere manifestar que Gilberto Gutiérrez Peña es su primo, debido a que es hijo de su tía María Blanca Peña Datoli, que a su vez es hermana de su padre de nombre Jorge Peña Datoli y su primo Gilberto Gutiérrez Peña vive en el domicilio, perdón su señoría disculpe, y que su primo Gilberto vive en el domicilio de su madre de nombre Magdalena Guillermina Monterrosas Trujillo debido a que su familia vive en Tlaxcala y por su trabajo le queda lejos trasladarse hasta Tlaxcala y que mejor se queda acá en la ciudad de Puebla, en el domicilio de su madre, pero el nombre de su primo Gilberto es su nombre real y verdadero, ya que su hija N.R.P. lo conoce y le identifica como Alejandro quien es su tío y es como ella se dio cuenta que Gilberto conocido como Alejandro, le había tocado sus partes, pero no sólo la había tocado, sino que la había violado en casa de su abuela de nombre Magdalena Guillermina Monterrosas Trujillo ubicada en la privada Ciento Uno Oriente, número mil veintitrés en la colonia Granjas de San Isidro y que todo eso ocurrió el primero de noviembre de dos mil veintiuno, ya que ella no se encontraba en su casa, estaba trabajando y dejó a su menor hija N.R.P. junto con su hermana de nombre Karime de catorce años de edad, que ellas estaban en su casa y su madre tampoco estaba en su domicilio, ya que se había ido a Cuetzalan a dejar flores, por lo de las fechas de los muertos y sólo estaba su primo de nombre Gilberto conocido como Alejandro en el domicilio de su madre; también manifiesta que en ese domicilio donde vive su madre, es un terreno donde hay dos casas en ese mismo terreno, una casa de dónde vive su madre de nombre Magdalena y la otra es donde vive ella junto con sus dos menores hijas, y es como le comenta a su hija N.R.P. que fue a la casa de su abuela de nombre Magdalena Guillermina a traer miel a la alacena y su otra hija Karime se quedó en su casa, ya que ella estaba cocinando "hot cakes" a su hermana, y su hija N.R.P. salió de su casa, fue a la casa de su abuela específicamente dónde se encuentran las mesas de billar que conectan el comedor, que esas dos mesas de billar están juntas y que las cubre mantel de color blanco con vivos rojos, esas mesas de billar las ocupan para poner cosas y encima de esa jaula hay un pajarito, y cuando su hija se paró junto a la mesa de billar, a darle de comer al pajarito, es cuando su menor hija N.R.P. vio a su tío de nombre Gilberto conocido como Alejandro, y la empezó a tocar la espalda, le tocó nalgas, sus pechos, su vagina encima de su ropa y después la empinó bajándole el pantalón color azul claro que traía como pijama y es cuanto le introdujo el pene en su vaginal, pero su hija N.R.P. le dijo que sintió mucho dolor, que estuvo penetrándola como cinco minutos aproximadamente y cuando sacó su pene de su vagina, su menor hija vio un líquido blanco en su vagina junto con sangre, y vio cuando su tío Gilberto, conocido como Alejandro, se fue porque tocaron la tienda, ya que su madre tiene una tiendita y es cuando su hija se sube el pantalón color azul claro, y todo eso ocurrió el primero de noviembre de dos mil veintiuno." 8. Inspección al lugar de los hechos practicada por la agente investigadora Jazmín Trujillo Velásquez, ratificada en audiencia DAI/258/2021/PUEBLA, ante la jueza Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Jueza de Control de la Región Judicial Centro, quien convalidó dicha inspección, en la cual, la referida agente señaló que arribó al domicilio: ".ubicado en la privada Ciento Uno Oriente, número mil veintitrés, en la colonia Granjas de San Isidro, lugar que es señalado como el lugar donde sucedieron los hechos por la señora Marisol Peña Monterrosas y por la menor de edad N.R.P., quién señala donde ocurrieron los hechos; por tal motivo, la señora Magdalena Guillermina Monterrosas Trujillo quien permite el acceso a dicho bien inmueble ya que es la dueña de esa propiedad y lo acredita con una copia de su identificación, de su comprobante de domicilio y de una minuta a su nombre que entrega y asimismo el consentimiento que en ese momento entrega en propia mano de su puño y su letra en tinta azul en una hoja donde me informa que es propietaria del domicilio; continuando con la diligencia se verifica la condición climática es despejada, con luz natural que se trata de una zona urbana, con una superficie de asfalto, que cuenta con alumbrado público, no cuenta con cámaras de video vigilancia, no cuenta con alarmas de seguridad, se observa que la calle tiene una guarnición, la circulación es de poniente a oriente en ambos sentidos, con colindancias al norte en la avenida Ciento Uno Oriente, al Sur a la Avenida Ciento Tres Oriente, al Poniente la prolongación de la Doce Sur, y al Oriente la Prolongación de la Catorce Sur, teniendo a la vista de lado sur el domicilio donde ocurrieron los hechos, es decir, la privada Ciento Uno Oriente, número mil veintitrés en la colonia Granjas del Sur, Puebla, como el lugar de los hechos, con una fachada sin pintar, ya que se encuentra en obra negra, de dos niveles, marcada con el número mil veintitrés, se observa una puerta de color blanco de tipo herrería y en el segundo nivel se observa una ventana; asimismo, manifiesta que en esa dirección donde ocurrieron los hechos, es donde vive la víctima, ya que en el mismo terreno se encuentran dos casas en dónde vive la señora Marisol Peña Monterrosas y otro el domicilio donde ocurrieron los hechos, que es en el domicilio de la abuela de nombre Magdalena Guillermina Monterrosas Trujillo, que al entrar a dicho domicilio se dirigió a la madre de nombre Marisol Peña Monterrosas, donde ocurrieron los hechos y al realizar la inspección del lugar, se observó que hay un baño, hay un pasillo donde se encuentran las mesas de billar que conectan al comedor, esas dos mesas de billar están juntas y las cubre un mantel color blanco con vivos rojos, esas mesas de billar las ocupan para poner cosas y encima también observó de las mesas de billar, hay una jaula donde se encuentra un pajarito y ahí es como N.R.P., le señala el lugar de los hechos, que fue en las mesas de billar, donde se encuentra la jaula del pajarito, eso lo hizo en compañía de su madre, su progenitora, Marisol Peña Monterrosas, también se observó que al lado de las mesas de billar existe un comedor con vitrina por lo cual, se anexó la fotografía donde la menor de edad señaló que ocurrieron los hechos en compañía de su madre y se concluyó la diligencia a las quince treinta horas, de esa fecha anexando croquis del lugar, así como diez impresiones fotográficas." En tal virtud, este órgano de control constitucional coincide con la jueza responsable en considerar que existen datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes para estimar que se cometió el hecho que la ley señala como delito de violación equiparada, pues del análisis libre y lógico de los antecedentes de investigación invocados por la representante social, los cuales se aprecian de manera conjunta, integral y armónica, con base en las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, es factible establecer que: Aproximadamente a las diez horas del uno de noviembre de dos mil veintiuno (circunstancia de tiempo), Gilberto Gutiérrez Peña, se acercó a la niña víctima de iniciales N.R.P. de doce años de edad, quien se encontraba en el domicilio de su abuelita, sito en privada de la Ciento Uno Oriente, número mil veintitrés, en la colonia Granjas de San Isidro, Puebla, específicamente, en una mesa de billar, dándole de comer a un pajarito que su abuelita tiene en esa mesa, que conecta al comedor de la casa (circunstancia de lugar), ya que aquél es su tío, empezándole acariciar la espalda, posteriormente sus glúteos con sus dos manos por encima de su ropa, y después le bajó el pantalón de la pijama llevaba la menor hasta las rodillas, inclinándola hacia el frente, para luego introducirle su pene en la vagina, lo cual lo hizo durante cinco minutos, posteriormente, dicho sujeto se fue a atender la tienda que tiene la abuelita de la niña N.R.P., ya que en este momento alguien tocaba y la menor de edad se subió el pantalón y se fue a su casa con su hermana (circunstancias de modo). Por lo anterior, se considera que existen datos de prueba, suficientes, idóneos y pertinentes, para tener por acreditado, hasta este momento procesal, que se cometió el hecho con apariencia del delito de violación equiparada, previsto y sancionado en los artículos 267, segundo párrafo, 272, fracción II y último párrafo, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de la persona menor de edad identificada con las iniciales N.R.P. En ese sentido, se estima acertado que la jueza de control haya concatenado los medios de prueba aportados por la fiscalía para tener por acreditado, hasta ese momento procesal, que se cometió el hecho con apariencia de delito antes precisado. Antes de explicar los motivos concretos para llegar a dicha conclusión, debe decirse que de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Estado debe establecer procedimientos legales, justos y eficaces para que las mujeres puedan acceder efectivamente a la justicia, pues las mujeres víctimas de violencia, en especial la de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho. Por lo tanto, con el objeto de remover esas barreras, los testimonios de las víctimas de la totalidad de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer, deben ser valorados con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas. Esas reglas de valoración fueron sostenidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú y por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, dentro del expediente de varios 1396/2011, las cuales deben ser observadas por las personas impartidoras de justicia en este tipo de casos, que incluyen, al menos, los siguientes elementos: a) Se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente; b) Se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello, se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo; c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; d) Se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos otros elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y, e) Las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. Bajo ese contexto, se tiene que el hecho imputado al ahora quejoso constituye el tipo penal de violación equiparada, previsto y sancionado en los artículos 267, segundo párrafo, 272, fracción II y último párrafo, del Código Penal del Estado de Puebla, mismo que para poder actualizarse se requiere que el activo tenga cópula a una persona menor de catorce años de edad, entendiendo por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. En ese sentido, en primer término, la declaración de la víctima sirve para ilustrar la agresión sexual de la que fue objeto; pues en ella narró cómo su tío al que apodan Alejandro, pero realmente se llama Gilberto Gutiérrez Peña (según lo afirmado por la progenitora de la menor), en el interior de la casa de su abuelita ubicado en privada de la Ciento Uno Oriente, número mil veintitrés, en la colonia Granjas de San Isidro, Puebla, específicamente, al estar en una mesa de billar, empezó a acariciarle la espalda, posteriormente sus glúteos con sus dos manos por encima de su ropa, y después le bajó el pantalón de la pijama llevaba la menor hasta las rodillas, inclinándola hacia el frente, para luego introducirle su pene vía vaginal, lo cual lo hizo durante cinco minutos. Además, para demostrar la edad de la víctima, se tomó en consideración la documental -que no fue objetada de falsa- consistente en el acta de nacimiento 02080 emitida por el Juez del Registro del Estado Civil de la localidad de San Baltazar Campeche, a nombre de la menor de edad N.R.P., de la que se obtuvo que dicha niña nació el veintiuno de abril de dos mil nueve, por lo que, al momento de los hechos contaba con la edad de doce años. De modo que tal declaración cobra suma relevancia al momento de establecer el hecho delictivo, máxime que: i) la agresión sexual se produjo en ausencia de otras personas más allá de la víctima y de la persona agresora; ii) que existe el deber del juzgador de tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual, pues es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo; y, iii) que existe la obligación del propio órgano jurisdiccional de tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado. También fue tomado en consideración un dictamen pericial psicofisiológico, ginecológico y proctológico, médico practicado el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, que sirvió para apoyar el dicho de la víctima, del que se pudo advertir -en lo que aquí interesa- que, de una exploración ginecológica realizada a la niña, presentó en el himen un desgarro antiguo localizado de acuerdo con las manecillas del reloj a las cinco horas. De igual forma, cobró relevancia el dictamen psicológico de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, efectuado a la persona menor de edad, en el que se concluyó que presentó indicadores y síntomas de afectación psicológica consistentes en amenaza, presión, estrés, auto insatisfacción, indecisión, ansiedad, tensión, inadecuación, inseguridad, aislamiento, sentimientos de culpa, estigmatización, preocupación sexual, enojo, tristeza, frustración, rechazo hacia su agresor, sentimientos de estigmatización, que tiende a deprimirse, situación que ha interrumpido y ha afectado su sano desarrollo psicosexual y modifica su modo y calidad de vida; además, se visibilizan eventos de violencia sexual y dada su etapa de desarrollo, se encuentra dentro de un grupo vulnerable susceptible a ser objeto de control y dominio. Asimismo, adminiculadas con dichas pruebas se tomó en cuenta la inspección al lugar de los hechos practicada por la agente investigadora Jazmín Trujillo Velásquez, la cual sirvió para robustecer las circunstancias de lugar, narradas por la víctima, pues de su contenido derivó que en el inmueble sito en privada Ciento Uno Oriente, número mil veintitrés en la colonia Granjas de San Isidro, Puebla, se encuentran dos casas en dónde vive la señora Marisol Peña Monterrosas (madre de la víctima) y otro el domicilio donde ocurrieron los hechos, que es el domicilio de Magdalena Guillermina Monterrosas Trujillo (abuela de la menor de edad N.R.P.), éste último fue el lugar específico en donde se desarrolló el hecho investigado, en el que se observó que hay un pasillo donde se encuentran unas mesas de billar que conectan al comedor. En efecto, realizando un análisis con perspectiva de género, que vincula al juzgador a valorar los elementos probatorios tomando en cuenta elementos subjetivos de las víctimas, como la edad, condición social, factores de vulnerabilidad y el contexto en que se desarrollan los hechos, la declaración de la víctima, concatenada al resto de datos de prueba a los que se ha hecho referencia, constituyen prueba fundamental sobre el hecho denunciado, suficientes para establecer la violación equiparada, prevista en la fracción II del artículo 272 del código punitivo aplicable. En ese contexto, este juzgador Federal estima correcta la decisión de la jueza de control, al determinar que los datos de prueba que aportó la Ministerio Público examinados en su conjunto, son suficientes, idóneos y pertinentes, al menos hasta este momento, para establecer razonablemente que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de violación equiparada, previsto y sancionado en los artículos 267, segundo párrafo, 272, fracción II y último párrafo, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la persona menor de edad de iniciales N.R.P. Continuando con el análisis de los requisitos que deben satisfacerse para el dictado de un auto de vinculación a proceso, debe señalarse que la jueza responsable acertadamente estableció que existe la probabilidad que Gilberto Gutiérrez Peña, participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violación equiparada, previsto y sancionado en los artículos 267, segundo párrafo, 272, fracción II y último párrafo, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la persona menor de edad de iniciales N.R.P. Tal extremo (probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito), no es otra cosa más que la revelación de la posible identidad del autor de tal evento criminal, bajo las formas de autoría o participación indicadas en el Código Penal. Sobre el particular, debe decirse que la probable responsabilidad del quejoso, en su carácter de autor material, también se encuentra debidamente sustentada con los datos de prueba antes relatados, de conformidad con el artículo 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla; pues al respecto, destaca la entrevista recabada a la persona menor de edad N.R.P., de la que se aprecia que hace un señalamiento directo contra su tío al que apodan Alejandro, pero realmente se llama Gilberto Gutiérrez Peña (según lo afirmado por la progenitora de la menor), como la persona que el uno de noviembre de dos mil veintiuno, aproximadamente a la diez horas, la agredió sexualmente, pues le introdujo el pene en vía vaginal, al encontrase en el interior del domicilio de su abuelita. Luego, para robustecer dicho señalamiento, existe también la declaración de Marisol Peña Monterrosas, quien manifestó que el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se encontraba en su casa en compañía de su hija N.R.P. de doce años de edad, que la vio llorando por lo que se acercó a ella y le dijo que su tío Gilberto le había tocado sus partes, le había quitado su pantalón y le había introducido el pene. De modo que, para el estándar probatorio que se requiere para emitir un auto de vinculación a proceso, es suficiente el material probatorio reunido (datos de prueba) para establecer la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del hecho con apariencia de delito de violación equiparada agravada, en agravio de la víctima de iniciales N.R.P. -de identidad reservada-. En este punto, es pertinente indicar que dentro del plazo constitucional ampliado, durante la continuación de la audiencia inicial, se desahogó como medio de prueba a favor del imputado, el testimonio de Bertha María Lara Rodríguez (cuñada del imputado), quien esencialmente refirió que conoce a Gilberto Gutiérrez Peña, quien es hermano de su esposo Wilibaldo Gutiérrez Peña, desde hacía veintinueve años, quien vive con su tía Magdalena Guillermina Monterrosas, en el domicilio ubicado en privada Ciento Uno Oriente, número mil veintitrés, colonia granjas de San Isidro, Puebla, que el uno de noviembre de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diez horas con veinte minutos llegó a verlo a ese lugar, para recoger siete mil pesos que había acordado Gilberto con su esposo, los enviarían al pueblo de San Antonio Rayón, para la festividades del día de muertos, que en el inmueble hay una tienda que estaba atendiendo Gilberto y, en ese momento, estaba despidiendo a una señora de la tercera edad, él le entregó el dinero a la deponente, platicaron unos minutos y ella se retiró del lugar en su vehículo a las diez horas con cuarenta y cinco minutos. Del análisis del medio de prueba expuesto, se colige que la defensa del imputado, pretendió establecer como coartada defensiva a través de la referida testimonial, que el quejoso Gilberto Gutiérrez Peña, no pudo haber participado en los hechos que se le imputan, dado que a la hora que acontecieron, él se encontraba con la ateste Bertha María Lara Rodríguez, entregándole el referido numerario, en la tienda ubicada en el domicilio sito en privada Ciento Uno Oriente, número mil veintitrés, colonia granjas de San Isidro, Puebla. Al respecto, esta autoridad estima acertada la decisión que adoptó la jueza de control responsable, al no conceder valor a dicho testimonio para los fines que fue ofrecido, pues lejos de beneficiar al quejoso, lo ubica en el domicilio en que ocurrieron los hechos y por la hora en la que la víctima menor de edad señaló que ocurrieron, esto es, aproximadamente a las diez horas del uno de noviembre de dos mil veintiuno y que duraron aproximadamente cinco minutos, el imputado después de cometerlos pudo ir a la tienda que se encuentra en ese mismo inmueble a entrevistarse con la ateste Bertha María Lara Rodríguez, como ésta lo narró, en el horario comprendido de las diez horas con veinte minutos a las diez horas con cuarenta y cinco minutos de esa fecha; empero, las afirmaciones de la deponente de ninguna forma son contundentes para poder afirmar que a la hora en que refirió la víctima que fue atacada sexualmente por el imputado, éste último haya podido estar en un lugar diverso, como es la tienda que se ubica en ese mismo inmueble. Además, aun cuando en materia penal no existe la figura jurídica que permite tachar a los testigos en razón de su parentesco con quien los presenta, lo cierto es que no se puede obviar la circunstancia de que Bertha María Lara Rodríguez, tenga una relación familiar estrecha con el imputado (cuñada del imputado), dado que de ella surge la posibilidad de que su testimonio esté orientado a tratar de beneficiar a su familiar; es decir, el testigo no tiene independencia en relación con el imputado, aunado a que como se vio, la versión de la ateste fue inocua para poder desubicar al imputado del lugar y la hora en que ejecutó el hecho con apariencia de delito que se le imputa. Igualmente se desahogó a favor del impetrante, la testimonial a cargo del perito médico Jorge Alvarado Ochoa, quien en relación al dictamen psicofisiológico, ginecológico y proctológico, emitido por la perito médico oficial Consuelo de la Rosa Morales, refirió de manera toral, que en dicho dictamen no existió técnica, ni tampoco el uso de instrumental adecuado para la revisión de la víctima menor de edad, que existió la posibilidad que el desgarro en la hora cinco que presentó el himen la víctima al momento de la revisión por parte de la perito oficial, pudiera tratarse de una escotadura congénita; que la menor de edad presentó un desgarro antiguo, el cual, definió como aquél que tiene diez días o más de haberse presentado; y, que si una víctima menor de edad como es la menor N.R.P., hubiera sido atacada sexualmente por una persona adulta, hubiera presentado más lesiones y no sólo el referido desgarro. Sin embargo, esta autoridad también estima acertada la decisión que adoptó la jueza de control responsable al no conceder valor a dicho medio de prueba, pues como se dijo en esta resolución, el testimonio de las víctimas de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer, deben ser valorados con perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas; en ese sentido, la juez de control responsable señaló que existe una entrevista de una niña, de una menor de edad, pero que además es mujer, que constituyen datos de prueba aportados por el Ministerio Público, de los que sin bien no se exige una certeza inequívoca, sino únicamente una probabilidad de la realización del hecho, la afirmaciones planteadas por el perito médico Jorge Alvarado Ochoa, constituyen un "sesgo cognitivo", es decir, un efecto psicológico tendente a producir una interpretación errónea y sistemática de la información presentada. Lo anterior lo estimó así la responsable, al referir que si la menor al momento de la revisión por parte de la perito oficial que fue practicada el dieciocho de noviembre dos mil veintiuno, y los hechos investigados acontecieron el uno de noviembre de ese año, se obtuvo que la menor presentó un desgarró antiguo, el cual a esa fecha, ya tenía más de diez días, incluso aun cuando se hubiere realizado la citada revisión el día nueve de noviembre del dos mil veintiuno, como lo adujo la defensa, se advierte una correspondencia con la temporalidad que señaló el perito de descargo, en cuanto a que un desgarro antiguo es aquel que tiene diez días o más de haberse presentado; empero, la presencia de ese desgarro en el cuerpo de la víctima menor de edad, no fue un hecho controvertido; por lo que, no se puede otorgar valor probatorio al dicho del perito de la defensa y con ello restar credibilidad a la narrativa de la víctima menor de edad, pues se estereotiparía su testimonio al sostener que lo que presentó fue una "escotadura congénita" y que debió presentar más lesiones derivado del ataque sexual de que fue objeto por parte de un adulto. En tal virtud, esta autoridad comparte la conclusión de la jueza de control responsable, al considerar que las referencias aportadas por la fiscal constituyen datos de prueba idóneos y suficientes para tener por acreditada, hasta este momento, la posible participación de Gilberto Gutiérrez Peña, en la comisión de los hechos con apariencia del delito mencionado; y ello, hace procedente el dictado del auto de vinculación a proceso en su contra. Sobre todo porque, para la emisión de un auto de vinculación a proceso, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se exige la plena comprobación de la responsabilidad penal del gobernado, sino que únicamente debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la "probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Esto es, para la emisión de un auto de vinculación a proceso, como el aquí reclamado, no se requiere el acopio de prueba perfecta de la responsabilidad del indiciado, sino sólo se exige acreditar la "probabilidad" de que aquél cometió o participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito y, esa probabilidad resulta de un indicio razonable, es decir, una buena razón, un dato de prueba que sometido al principio de contradicción no haya menguado su aporte. Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis V.1º.P.A.2 P (10ª), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto son: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. PARA VINCULAR A PROCESO AL IMPUTADO, CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO LA CARGA DE ESTABLECER EL HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO Y LA PROBABILIDAD DE QUE AQUÉL LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN, AUN CUANDO SU RELATO DEFENSIVO SEA IMPERFECTO Y CAREZCA DE RESPALDO PROBATORIO PLENO. Conforme a los artículos 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para vincular a proceso a un imputado no se requieren pruebas plenas que demuestren más allá de toda duda razonable la existencia de un hecho que la ley señale como delito, así como que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión, como sí sería necesario al dictar la sentencia definitiva en la etapa de juicio, según lo prevé el artículo 402, párrafo tercero, del código procesal citado. Sin embargo, ello no revierte la carga probatoria que corresponde a la parte acusadora, conforme al artículo 20, apartado A, fracciones V y X, de la Constitución Federal, aun cuando el relato defensivo del imputado sea imperfecto y carezca de respaldo probatorio pleno; esto es, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, corresponde al Ministerio Público la carga de establecer, a título de probable al solicitar la vinculación a proceso, o de demostrar a título pleno al formular la acusación, los aspectos inherentes al hecho delictivo, así como a la participación de la persona implicada en su comisión. Mientras que si el imputado decide ejercer su derecho constitucional a declarar, no tiene por qué probar a plenitud aspecto alguno. Exigir lo contrario, esto es, que el imputado al declarar emita un relato perfecto, que demuestre a plenitud su inocencia, implicaría tanto como soslayar el principio de presunción de inocencia, tutelado en el artículo 20, apartado B, fracción I, constitucional y revertir ilegalmente la carga de la prueba que, se reitera, corresponde al representante social." En esa tesitura, como se ha expuesto, en la especie, la jueza de control responsable correctamente vinculó a proceso al imputado de Gilberto Gutiérrez Peña, ya que con los datos de prueba incorporados, se acreditó, a título probable y en calidad de autor material, que cometió de forma dolosa el hecho con apariencia de delito de violación equiparada. En efecto, el delito en mención es de naturaleza dolosa, porque se ejecutó con intención, pues aun conociendo el resultado típico, se quiso o aceptó la realización del hecho descrito por la ley. En mérito de lo expuesto, el auto de vinculación a proceso reclamado no entraña vulneración a los derechos públicos subjetivos de los accionantes, menos al principio de presunción de inocencia reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales de los que México es parte, tales como los artículos: 8, punto 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14, punto 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; que en esencia establecen que a toda persona a quien se le imputa un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad. Ello, porque hasta este momento, en el particular, se han cumplido con los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia 1ª/J. 24/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de 'poliédrico', en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como 'regla de trato procesal' o 'regla de tratamiento' del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena." Además, en su caso, será en el dictado de la sentencia cuando se esté condiciones de valorar el material probatorio, de cargo y de descargo que se desahogue en la audiencia de juicio oral, y analizar conjuntamente los niveles de corroboración tanto de la hipótesis de culpabilidad que proponga el representante social, como la inocencia que alegue la defensa y verificar si dan lugar a una duda razonable que traiga como consecuencia la absolución. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora." También es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO. Cuando en un proceso penal coexisten tanto pruebas de cargo como de descargo, la hipótesis de culpabilidad formulada por el Ministerio Público sólo puede estar probada suficientemente si al momento de valorar el material probatorio se analizan conjuntamente los niveles de corroboración tanto de la hipótesis de culpabilidad como de la hipótesis de inocencia alegada por la defensa. Así, no puede restarse valor probatorio a las pruebas de descargo simplemente con el argumento de que ya existen pruebas de cargo suficientes para condenar. En este sentido, la suficiencia de las pruebas de cargo sólo se puede establecer en confrontación con las pruebas de descargo. De esta manera, las pruebas de descargo pueden dar lugar a una duda razonable tanto cuando cuestionen la fiabilidad de las pruebas de cargo, como en el supuesto en que la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa esté corroborada por esos elementos exculpatorios. Así, la actualización de una duda razonable por cualquiera de estas dos razones impide considerar que las pruebas de cargo son suficientes para condenar." En diverso aspecto, debe señalarse que hasta el momento procesal en que se emitió el auto de vinculación a proceso impugnado, no está acreditada alguna excluyente de la conducta típica o de la probable intervención, porque no se actualiza ausencia de la conducta o de la tipicidad, tampoco alguna causa de justificación, de inimputabilidad o de inculpabilidad; como correctamente lo determinó la juez de la causa. De igual manera, no se probó hasta el momento en que se dictó el auto de vinculación que aquí se combate, que el quejoso tuviera incapacidad psicológica de conocer la antijuridicidad de su proceder, ya que no existe dato alguno que evidencie que al desplegar la conducta que a título probable se le imputa, se encontrara inmerso en una causa de inimputabilidad, ni que la hubiera cometido bajo error de tipo o de prohibición invencible. En conclusión, existe un correcto establecimiento de la existencia del hecho con la apariencia del delito de violación equiparada, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió, acorde con los requisitos de fondo que el artículo 19 Constitucional establece. Ahora bien, la parte quejosa señala como conceptos de violación, lo siguiente: a) Que no se sostuvo con algún dato de prueba el cuadro fáctico de la existencia de la acción del delito de violación que se le imputa. b) Que no existen datos de prueba idóneos, pertinentes, útiles y suficientes, que acrediten aun con un estándar mínimo probatorio, la participación del quejoso en el hecho denunciado. Son infundados los argumentos planteados, los cuales, al tener relación, se contestan de manera conjunta. En efecto, contrario a lo afirmado por el peticionario de amparo, como se vio, fueron ofrecidos por parte de la fiscalía los datos de prueba consistentes en: la entrevista realizada a la denunciante Marisol Peña Monterrosas; la entrevista colegiada realizada a la víctima menor de edad de iniciales N.R.P., de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno; el acta de nacimiento 02080 emitida por el Juez del Registro del Estado Civil de la localidad de San Baltazar Campeche, a nombre de la menor de edad N.R.P., con fecha de nacimiento veintiuno de abril de dos mil nueve; el dictamen pericial psicofisiológico, ginecológico y proctológico número 1641 de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, expedido por la doctora Consuelo de la Rosa Morales; el dictamen psicológico 1336/2021 de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, practicado por la perito en psicología Normal Ivett Tello Hernández; el dictamen en criminología CRIM/233/2021 de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, elaborado por la perito en criminología de nombre Diana Soto Martínez; el informe policial con número de oficio AEI/UEIDSIC/5522/2021, realizado por la agente investigadora Jazmín Trujillo Velásquez de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que recabó una segunda entrevista de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, a la progenitora de la víctima Marisol Peña Monterrosas; y, la inspección al lugar de los hechos practicada por la agente investigadora Jazmín Trujillo Velásquez, ratificada en audiencia DAI/258/2021/PUEBLA, ante la jueza Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Jueza de Control de la Región Judicial Centro; los cuales fueron ponderados por la jueza responsable como suficientes, idóneos y pertinentes, para estimar que se cometió el hecho que la ley señala como el delito de violación equiparada, y que existió la probabilidad de que Gilberto Gutiérrez Peña lo cometió. Lo anterior, pues a partir de ellos se tuvo por demostrado, hasta la etapa procesal que se revisa, que aproximadamente a las diez horas del uno de noviembre de dos mil veintiuno Gilberto Gutiérrez Peña, se acercó a la víctima de iniciales N.R.P. de doce años de edad, quien se encontraba en el domicilio de su abuelita, sito en privada de la Ciento Uno Oriente, número mil veintitrés, en la colonia Granjas de San Isidro, Puebla, específicamente, en una mesa de billar, dándole de comer a un pajarito que su abuelita tiene en esa mesa, empezándole a acariciar la espalda, posteriormente sus glúteos con sus dos manos por encima de su ropa, y después le bajó el pantalón de la pijama llevaba la menor hasta las rodillas, inclinándola hacia el frente, para luego introducirle su pene en la vagina, lo cual lo hizo durante cinco minutos, posteriormente, ocasionando con dicha conducta un desgarro en el himen de la víctima a la hora cinco; de ahí lo infundado de los citados concepto. c) Que lo narrado por la testigo Bertha María Lara Rodríguez, en el sentido de que el uno de noviembre de dos mil veintiuno, entre las diez horas con veinte minutos y las diez horas con cuarenta y cinco minutos, se encontraba con el quejoso Gilberto Gutiérrez Peña, en el inmueble ubicado en privada 101 Oriente, colonia Granjas de San Isidro, Puebla, Puebla, resta credibilidad a lo narrado por la menor N.R.P., pues considerando los tiempos en que ésta señaló que ocurrieron los hechos, hace imposible la probable partición de quejoso en ellos; aunado, a que según lo narrado por la víctima, su hermana se encontraba en la misma casa y ella hubiera corroborado esa información, pero no fue ofrecido dicho dato de prueba. Es infundado el motivo de disenso sintetizado, ya que en esta sentencia se ha explicado que el testimonio de Bertha María Lara Rodríguez, lejos de beneficiar al quejoso, lo ubica en el domicilio en que ocurrieron los hechos y por la hora en la que la víctima menor de edad señaló que ocurrieron, esto es, aproximadamente a las diez horas del uno de noviembre de dos mil veintiuno, y que duraron aproximadamente cinco minutos, el imputado después de cometerlos pudo dirigirse a la tienda que se encuentra en ese mismo inmueble a entrevistarse con la ateste Bertha María Lara Rodríguez, como ésta lo narró, en el horario comprendido de las diez horas con veinte minutos a las diez horas con cuarenta y cinco minutos de esa fecha; empero, las afirmaciones de la deponente de ninguna forma son contundentes para poder afirmar que a la hora en que refirió la víctima que fue atacada sexualmente por el imputado, éste último haya podido estar en un lugar diverso, como es la tienda que se ubica en ese mismo inmueble; ello, dado que la coartada defensiva del peticionario no fue cubierta por la referida testigo desde las diez horas del uno de noviembre de dos mil veintiuno, en que la menor señaló que fue agredida o antes de ese horario, por tanto, existe la posibilidad fundada de que el imputado, después de que cometió el hecho delictivo, realizó la actividad referida por la deponente Bertha María Lara Rodríguez. Sin que la hermana de la víctima, haya podido corroborar la coartada del quejoso, pues como se advierte de la inspección al lugar de los hechos, en el predio en donde éstos ocurrieron, existen dos casas, una en la que se ejecutó el ataque sexual en contra de la víctima menor de edad, que corresponde al domicilio de su abuelita de nombre Magdalena Guillermina Monterrosas; y, otra casa, que es donde vive la denunciante Marisol Peña Monterrosas, con sus dos hijas; por lo que, si al momento de los hechos la hermana de la víctima se encontraba cocinando "hot cakes" en su casa, para la menor agraviada, no pudo percatarse de lo que se encontraba realizando el quejoso en esos momentos en la vivienda contigua. d) Que del interrogatorio a cargo del perito Jorge Alvarado Ochoa, en relación al dictamen pericial psicoficiológico, ginecológico y proctológico, practicado por Consuelo de la Rosa Morales, perito médico forense de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se obtuvo lo siguiente: i. Que no se utilizó el material e instrumentos que se requerían para dar exactitud a las conclusiones de violación hacia la menor N.R.P. ii. Que la revisión física de la menor ocurrió el nueve de noviembre de dos mil veintiuno y el consentimiento informado se obtuvo hasta el dieciocho de noviembre siguiente, el cual, era indispensable para que se practicara su revisión. iii. Que no era posible que existiera un acto de violación a la menor, pues de acuerdo al himen que presentó "atípico de forma orlado", debió sufrir desgarro en tres puntos y sólo presentó uno de acuerdo al dictamen oficial, el cual, podría confundirse con una "escotadura congénita". iv. Que el referido desgarro no podía considerarse un desgarro antiguo, dado que éste tipo de desgarros se presentan con más de diez días después de la cópula, lo que no aconteció dado que el dictamen pericial oficial se realizó ocho días después. v. Que de acuerdo a la edad de la víctima, el diámetro de su vagina es estrecho en comparación con el diámetro promedio del miembro viril de un adulto, por lo que la menor hubiera presentado diversas lesiones en su aparato reproductor, área de periné, tabique recto-vaginal, incluso en los fondos del saco vaginal, incluyendo sangrado abundante, que al momento de la revisión fueran visibles. e) Que la autoridad responsable, no valoró lo referido por dicho perito, al considerar que había un "sesgo cognitivo" porque derivada de estereotipos y prejuicios por parte del perito, cuando él refirió de acuerdo a su experiencia las lesiones que presentan las víctimas en el delito de violación. Son infundados los argumentos planteados, los cuales, al tener relación, se contestan de manera conjunta. Lo anterior se estima así, dado que, por lo que se refiere a las conclusiones del perito de la defensa marcadas con los números i, iii y v, relativas a que, al parecer del perito, no se utilizó el material e instrumentos por parte de la perito oficial para revisar a la menor N.R.P.; que de acuerdo al himen que presentó "atípico de forma orlado", la víctima debió sufrir desgarro en tres puntos y sólo presentó uno de acuerdo al dictamen oficial, el cual, podría confundirse con una "escotadura congénita"; y, que de acuerdo a la edad de la víctima, el diámetro de su vagina en comparación con el diámetro promedio del miembro viril de un adulto, la menor hubiera presentado diversas lesiones en su aparato reproductor, área de periné, tabique recto-vaginal, incluso en los fondos del saco vaginal, incluyendo sangrado abundante, que al momento de la revisión fueran visibles; debe decirse que, contrario a lo que afirma el peticionario, tales aspectos sí fueron ponderados por la jueza responsable, al referir que el testimonio de las víctimas de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer, deben ser valorados con perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas, como se precisó. Por tanto, de otorgar valor probatorio al dicho del perito de la defensa y con ello restar credibilidad a la narrativa de la víctima menor de edad, se estereotiparía su testimonio al sostener que lo que presentó fue una "escotadura congénita" y que debió presentar más lesiones derivado del ataque sexual de que fue objeto por parte de un adulto; por lo que, lo afirmado por el perito de ninguna forma desvirtúa la existencia del desgarro antiguó presentado en himen de la víctima menor de edad, pues la existencia de éste no fue un hecho controvertido, toda vez que la declaración de la menor debe ponderarse en conjunto con los restantes datos de prueba aportados por la fiscalía de los que se advierte la comisión del hecho con apariencia del delito de violación equiparada y la probabilidad de que el quejoso lo cometió. Finalmente, en cuanto a la afirmaciones del perito de la defensa marcadas con los números ii y iv, en el sentido de que la revisión física de la menor por parte de la perito oficio se verificó el nueve de noviembre de dos mil veintiuno y el consentimiento informado se obtuvo hasta el dieciocho de noviembre siguiente, el cual, era indispensable para que se practicara su revisión; y, que el desgarro que presentó no podía considerarse un desgarro antiguo, dado que éste tipo de desgarros se presentan con más de diez días después de la cópula, lo que no aconteció, ya que el dictamen pericial oficial se realizó ocho días después, es decir, el día nueve de noviembre de dos mil veintiuno; tales afirmaciones carecen de sustento. Ello se considera así, pues como lo refirió la fiscalía en la audiencia de dos de febrero de dos mil veintidós, el hecho de que el dictamen oficial tuviera fecha de nueve de noviembre de dos mil veintiuno y el consentimiento informado fuera realizado el dieciocho de noviembre siguiente, se debió a un error en la cita de la fecha de la revisión de la menor, en tanto que el día nueve de noviembre de dos mil veintiuno, únicamente se recabó la entrevista de la progenitora de la menor y, la menor fue presentada a la entrevista colegiada que se le practicó hasta dieciocho de noviembre siguiente, por lo que en esa fecha se recabó el consentimiento informado; lo anterior, como se advierte de la siguiente transcripción: (02:49:27 DVD 2) "Ministerio Público: Sí su señoría, en relación a lo que establece el defensor de que el dictamen claramente se aprecia en un apartado que fue a las trece treinta horas del día nueve de noviembre, en dicho dictamen efectivamente hay un error, un error formal, y esto pues es acreditado su señoría porque inclusive la carpeta de investigación se inicia el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, a las diecinueve cuarenta y cinco horas, y es a las veinte horas cuando le es recabada la entrevista a la progenitora de la menor de edad, quien es quien da la noticia criminis; sin embargo, la menor de edad su señoría es quien hasta el dieciocho de noviembre la presentan ante la autoridad y efectivamente no se puede realizar un dictamen si no hay el consentimiento por parte del representante legal, y en este caso que la progenitora de la menor de edad, no puede haber ese dictamen si no hay el consentimiento, y eso es coincidente porque efectivamente hay una hoja de consentimiento de fecha de dieciocho de noviembre, y hay un dictamen de fecha dieciocho de noviembre su señoría, y no es el error está manifestando que bueno un error de dedo, que manifiesta que fue a las trece treinta horas, del nueve de noviembre cuando en esa hora pues todavía ni siquiera acudían a denunciar su señoría." En ese contexto, no pude convenirse con el perito de la defensa en el sentido de que el desgarro que presentó la menor, no sea un desgarro antiguo y que pudo haberse confundo con una "escotadura congénita", ya que si los hechos investigados acontecieron el uno de noviembre de dos mil veintiuno y la revisión de la víctima se verificó el dieciocho de noviembre siguiente, efectivamente existen entre ambas fechas más de diez días, por lo que la lesión que presentó la menor sí puede consideras antigua, como lo sostuvo la perito de la fiscalía. En consecuencia, por las razones expuestas, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos, procede negar el amparo solicitado por Gilberto Gutiérrez Peña, respecto de la resolución en la que se dictó auto de vinculación a proceso en su contra. Apartado II. Estudio constitucional de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El quejoso Gilberto Gutiérrez Peña, también reclaman de la Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Bet Nimra Pérez Hernández, la resolución emitida en audiencia de veintinueve de febrero de dos mil veintidós, en la parte en que le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, reiterada en audiencia de dos de febrero siguiente, celebradas dentro de la causa penal 3837/2021/PUEBLA. El quejoso Gilberto Gutiérrez Peña, no formuló motivo de disenso en contra de la determinación de la juez de control de imponerle la medida cautelar más gravosa dentro del sistema penal acusatorio. No obstante ello, este órgano de control constitucional considera que no existe materia que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. En efecto, la reforma constitucional a través de la cual se modificó el sistema penal mexicano, al pasar de un sistema mixto a uno acusatorio oral, modificó radicalmente el procedimiento penal y sus etapas. En ese tenor, debemos considerar que el auto de formal prisión -o incluso de sujeción a proceso- tenía como consecuencia inmediata, la restricción de la libertad del indiciado -aun en distinto grado-; mientras que el auto de vinculación a proceso responde a una lógica distinta, en la medida de que a través de él se formaliza la investigación y, posterior a su dictado, el Juez de Control, a petición de la fiscalía, podrá dictar medidas si lo considera necesario para el normal desarrollo del procedimiento o por encontrarse ante un caso que amerite prisión preventiva oficiosa. Así, en el sistema acusatorio oral la lógica es distinta, pues de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 19 Constitucional, el auto de vinculación a proceso sólo sujeta a una investigación formalizada o judicializada al imputado por determinado hecho considerado como delito; mientras que el Juez sólo podrá decretar la prisión preventiva, en una diversa determinación donde resuelve sobre la petición de otorgamiento de medidas cautelares, y podrá imponer la prisión preventiva ya sea oficiosa o justificada a petición del órgano investigador, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Como puede advertirse de la audiencia inicial de veintinueve de enero de dos mil veintidós, celebrada dentro de la carpeta judicial administrativa 3837/2021/PUEBLA, al quejoso se le decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por su probable participación en la comisión del delito de violación equiparada, previsto y sancionado en los artículos 267, segundo párrafo, 272, fracción II y último párrafo, del Código Penal del Estado de Puebla. En esas condiciones, se estima que se encuentra justificada la imposición de la referida medida, tomando en consideración que el citado delito se encuentra catalogado como aquéllos en los que procede la prisión preventiva oficiosa conforme al sistema penal acusatorio y oral, pues se trata de un delito de violación contra una persona menor de edad. En efecto, el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Federal dispone que por los ilícitos ahí mencionados -como el de violencia sexual contra menores y violación- amerita que el juez de oficio imponga la medida cautelar de prisión preventiva, lo que se debe a que el Constituyente Permanente tuvo la intención de condicionar el derecho a la libertad en esas hipótesis; de manera que debe considerarse como una restricción expresa de rango constitucional. Lo anterior, se reiteró por el legislador federal al crear el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual -en su párrafo tercero- establece que el juez de control, en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de violación, entre otros. Esa restricción constitucional, encuentra plena justificación en la medida en que en el sistema jurídico penal de nuestro país, la prisión preventiva tiene un carácter excepcional, cuya finalidad es el garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. De manera que, si fue expresa la intención del Constituyente Permanente de limitar la libertad de los imputados a los que se les atribuye un hecho con apariencia de alguno de los delitos que contempla el numeral 19, segundo párrafo, de la Constitución, como lo son el de violación y violencia sexual contra menores, tal cuestión es una restricción de rango constitucional que debe ser acatada. Es menester indicar que la citada restricción constitucional, encuentra su sustento convencional en lo previsto en los artículos 30 y 32.2, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ciertamente, en términos del mencionado instrumento fundamental en la protección de derechos humanos en el sistema americano, los Estados parte han convenido que las restricciones convencionalmente permitidas, son aquellas que conforme a las leyes se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas, así como aquellas que resulten necesarias por razones de seguridad y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. Por tanto, tratándose de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, se trata de una disposición que también resulta acorde con los requisitos establecidos en términos de la propia Convención Americana de Derechos Humanos, pues se encuentra expresamente prevista en el texto de la Ley Fundamental. Así, el Constituyente Permanente brindó las justificaciones para restringir la libertad a quienes se les imputa un hecho con apariencia de delito de los contemplados en el numeral 19, segundo párrafo del Pacto Federal, que pretende garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando éste esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa no sea acumulable o conexa en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. En mérito de lo anterior, resulta constitucional y legal la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada al imputado por la jueza de control en la audiencia inicial de veintinueve de enero de dos mil veintidós y su reiteración en audiencia de dos de febrero siguiente, al estar justificada su imposición, de conformidad con el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución Federal y con el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, por ende, se niega el amparo al quejoso Gilberto Gutiérrez Peña respecto de dicho acto. OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Gilberto Gutiérrez Peña, contra los actos que reclamó de Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Bet Nimra Pérez Hernández, consistentes en las resoluciones pronunciadas en audiencias celebradas el veintinueve de enero y dos de febrero, ambos de dos mil veintidós, en la causa penal 3837/2021/PUEBLA, en la parte conducente donde dictó auto de vinculación a proceso en su contra y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; en términos del considerando séptimo de este fallo constitucional. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando octavo de esta resolución. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; electrónicamente a su defensor particular; por lista al tercero interesado asesor jurídico de la víctima de iniciales N.R.P.; mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.

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