Javier Amastal Chapuli

Expediente 353/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
353/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
14/07/2021

Partes del expediente

  • Javier Amastal Chapuli
  • Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la razón asentada por la actuaria judicial de la adscripción, a través de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso Javier Amastal Chapuli, el acuerdo de ocho de julio pasado, dictado en el presente juicio de amparo, pues refiere que al constituirse en el Centro Penitenciario del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla, fue atendida por Iliana Martínez Torres, asesora Jurídica adscrita a dicho centro penitenciario, la cual le informo que dicha persona obtuvo su libertad el diez de julio de dos mil veintiuno, con motivo del pago de la caución que el juez de origen le fijó para que pudiera gozar de su libertad; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, se ordena notificar personalmente al autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo -en el domicilio proporcionado para tal efecto-, el presente acuerdo, así como el diverso de ocho de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de sus autorizados procesales en el domicilio señalado para tal efecto.

  2. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL ACUERDO DE 08 DE julio DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, ocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado al quejoso, tercera interesada y autoridad tercera interesada, en proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, a la ejecutoria de amparo; la cual no fue desahogada por las partes. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se analiza si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento, con los elementos que obran en autos. En ese sentido, debe precisarse que por sentencia dictada por este juzgado el veinte de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo en los siguientes términos: ".Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a Javier Amastal Chapuli, para que el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 196/2016 de su índice, contra Javier Amastal Chapuli, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV y 380, fracción XII, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de "HUF MEXICO, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable". 2. Dicte un proveído en el que ordene practicar cualquier diligencia que estime necesaria para determinar si hubo o no, violación al derecho de defensa técnica de Javier Amastal Chapuli. Por mencionar algunos ejemplos, i) requerir a Daniel Castro Leyva, para que acredite que durante el desahogo de las declaraciones ministeriales de Javier Amastal Chapuli, y de sus coimputados Erika Natalia Pintle Coeto, José Isidoro Hernández Ramírez y Juan Miguel Guzmán Muñoz, contaba con cédula de licenciado en derecho; o (ii) requerir información de las autoridades que estime pertinentes, como lo es el Registro Nacional de Profesionistas. 3. En caso de que no sea posible acreditar o no esté acreditado que Daniel Castro Leyva, era licenciado en derecho en aquel momento, deberá reparar esa violación: esto es, deberá prescindir de las diligencias de declaración ministerial de quienes no hayan estado asistido por un licenciado en derecho como defensor, por lo que deberá desestimarlas como pruebas al momento de resolver la situación jurídica del señalado quejoso; en el entendido que si se acredita que el citado defensor tenía en aquel momento la calidad requerida, podrá seguir considerándolas como material probatorio para emitir su resolución. 4. Con liberad de jurisdicción, deberá resolver la situación jurídica del peticionario de amparo, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, que podrá ser en el mismo sentido que la reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios formales destacados en esta resolución, esto es: a) Motivara adecuadamente las circunstancias de tiempo de ejecución del ilícito, para lo cual deberá atender las consideraciones expuestas en el sub apartado II.I del considerando que antecede; b) Motivará adecuadamente la penalidad del ilícito que se atribuye al procesado, esto es, deberá explicar razonadamente por qué la conducta de Javier Amastal Chapuli, encuadra en la fracción IV, del artículo 374, del Código Penal del Estado de Puebla, así como las pruebas en las que sustente su decisión, para lo cual deberá observar puntualmente las razones expuestas en el sub apartado II.II del considerando anterior. 5. Notificará dicha resolución a Javier Amastal Chapuli. 6. Hecho lo anterior, deberá remitir las constancias conducentes que lo acrediten.". En auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, la sentencia de mérito causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 2728, el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, comunicó que en proveído de once de junio de la presente anualidad, pronunciado en la causa penal de origen, dejó sin efectos la resolución reclamada e instruyó a la secretaria de acuerdos de ese órgano jurisdiccional para que verificara en la página oficial del Registro Nacional de Profesiones, si Daniel Castro Leyva, cuenta con cédula profesional, que lo acredite como licenciado en derecho. En atención a lo informado, en auto de quince de junio del año en curso, esta autoridad reiteró al juez penal responsable los efectos de la sentencia protectora, y le hizo saber que para cerciorarse que aquella persona que se ostentó como defensor público de Javier Amastal Chapuli, tiene la calidad de licenciado en derecho, no basta con una consulta que se realice en la página electrónica del Registro Nacional de Profesiones, pues ello podría arrojar información relacionada con homónimos, por lo que debía reforzarla con las diligencias que estimara necesarias para cerciorarse que aquella persona que asistió al aquí quejoso en la diligencia en que se recabó su declaración ministerial tiene la calidad de abogado. Mediante oficio 2747 el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, remitió copia certificada de la resolución pronunciada el quince de junio de dos mil veintiuno, con la que pretendió cumplir la sentencia protectora; no obstante, del análisis de esa determinación judicial, esta autoridad advirtió que el juez penal no observó cabalmente los efectos de la sentencia protectora, por lo que en acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se requirió nuevamente su cumplimiento. En acato a lo anterior, por oficio 2878, el juez penal responsable manifestó haber cumplido la sentencia de amparo, y para acreditarlo, envió copia certificada de la resolución pronunciada el veintidós de junio de dos mil veintiuno, así como su notificación al quejoso Javier Amastal Chapuli. A los documentos descritos, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 129, 197, 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, debido a que provienen de una autoridad en ejercicio pleno de sus funciones. Ahora, de las constancias aludidas se advierte que, en relación con los efectos de la protección constitucional, el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla realizó lo siguiente. 1. En resolución de once de junio de dos mil veintiuno, dejó sin efectos el acto reclamado; esto es, el auto de formal prisión de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 196/2016 de su índice, contra Javier Amastal Chapuli, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV y 380, fracción XII, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de "HUF MEXICO, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable"; y, ordenó practicar las diligencias necesarias para cerciorarse si Daniel Castro Leyva, tiene la calidad de licenciado en derecho; con lo que cumplió el primer y segundo efecto de la sentencia de amparo. 2. El veintidós de junio de dos mil veintiuno, al resolver la situación jurídica de Javier Amastal Chapuli, el juez penal responsable determinó, en lo que interesa, lo siguiente: Que no fue posible cerciorarse que Daniel Castro Leyva, quien asistió a Javier Amastal Chapuli, en la diligencia donde se recabó su declaración ministerial, tiene la calidad de licenciado en derecho. Excluyó del material probatorio la declaración ministerial de Javier Amastal Chapuli, así como las declaraciones de sus coinculpados Erika Natalia Pintle Coeto, José Isidoro Hernández Ramírez y Juan Miguel Guzmán Muñoz, en virtud de que en sus respectivas declaraciones ministeriales fueron asistidos por la misma persona, de quien no se corroboró que contara con la calidad de abogado; con lo que observó el tercer efecto de la sentencia protectora. Reclasificó la conducta delictiva atribuida al justiciable; el juez expresó que al no existir prueba certera sobre el monto de lo robado, no existe base sólida para encuadrar los hechos en la fracción IV, del artículo 374, del Código Penal del Estado de Puebla, por lo que la ubicó en la fracción I, del mismo numeral. Con la libertad de jurisdicción que se le concedió, dictó auto de formal prisión en contra de Javier Amastal Chapuli, por su probable participación en la comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción I y 380, fracción XII, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de "HUF MEXICO, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable"; pero purgó los vicios formales destacados en la sentencia, en virtud de que señaló con claridad la circunstancias de tiempo en que se ejecutó el ilícito, pues indicó que se cometió entre febrero y abril de dos mil dieciséis; así mismo, motivó adecuadamente la penalidad del delito, pues como se dijo, determinó que no existen pruebas suficientes para determinar el monto de lo robado, por lo que ubicó la conducta atribuida al justiciable en la fracción I, del artículo 374, del código punitivo local; con lo que cumplió el cuarto efecto de la sentencia de amparo. 3. El veintidós de junio de dos mil veintiuno, notificó la resolución antedicha a Javier Amastal Chapuli; y remitió las constancias conducentes para acreditar lo anterior; lo que colma los efectos quinto y sexto del fallo protector. Cabe señalar que esta autoridad no se encuentra en aptitud de analizar la legalidad de la resolución emitida en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues ello implicaría emprender el análisis constitucional de un nuevo acto de autoridad, lo que desde luego no es procedente en esta instancia. En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada en el presente controvertido constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, personalmente al tercero interesado, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito..."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado al quejoso, tercera interesada y autoridad tercera interesada, en proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, a la ejecutoria de amparo; la cual no fue desahogada por las partes. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se analiza si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento, con los elementos que obran en autos. En ese sentido, debe precisarse que por sentencia dictada por este juzgado el veinte de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo en los siguientes términos: ".Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a Javier Amastal Chapuli, para que el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 196/2016 de su índice, contra Javier Amastal Chapuli, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV y 380, fracción XII, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de "HUF MEXICO, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable". 2. Dicte un proveído en el que ordene practicar cualquier diligencia que estime necesaria para determinar si hubo o no, violación al derecho de defensa técnica de Javier Amastal Chapuli. Por mencionar algunos ejemplos, i) requerir a Daniel Castro Leyva, para que acredite que durante el desahogo de las declaraciones ministeriales de Javier Amastal Chapuli, y de sus coimputados Erika Natalia Pintle Coeto, José Isidoro Hernández Ramírez y Juan Miguel Guzmán Muñoz, contaba con cédula de licenciado en derecho; o (ii) requerir información de las autoridades que estime pertinentes, como lo es el Registro Nacional de Profesionistas. 3. En caso de que no sea posible acreditar o no esté acreditado que Daniel Castro Leyva, era licenciado en derecho en aquel momento, deberá reparar esa violación: esto es, deberá prescindir de las diligencias de declaración ministerial de quienes no hayan estado asistido por un licenciado en derecho como defensor, por lo que deberá desestimarlas como pruebas al momento de resolver la situación jurídica del señalado quejoso; en el entendido que si se acredita que el citado defensor tenía en aquel momento la calidad requerida, podrá seguir considerándolas como material probatorio para emitir su resolución. 4. Con liberad de jurisdicción, deberá resolver la situación jurídica del peticionario de amparo, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, que podrá ser en el mismo sentido que la reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios formales destacados en esta resolución, esto es: a) Motivara adecuadamente las circunstancias de tiempo de ejecución del ilícito, para lo cual deberá atender las consideraciones expuestas en el sub apartado II.I del considerando que antecede; b) Motivará adecuadamente la penalidad del ilícito que se atribuye al procesado, esto es, deberá explicar razonadamente por qué la conducta de Javier Amastal Chapuli, encuadra en la fracción IV, del artículo 374, del Código Penal del Estado de Puebla, así como las pruebas en las que sustente su decisión, para lo cual deberá observar puntualmente las razones expuestas en el sub apartado II.II del considerando anterior. 5. Notificará dicha resolución a Javier Amastal Chapuli. 6. Hecho lo anterior, deberá remitir las constancias conducentes que lo acrediten.". En auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, la sentencia de mérito causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 2728, el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, comunicó que en proveído de once de junio de la presente anualidad, pronunciado en la causa penal de origen, dejó sin efectos la resolución reclamada e instruyó a la secretaria de acuerdos de ese órgano jurisdiccional para que verificara en la página oficial del Registro Nacional de Profesiones, si Daniel Castro Leyva, cuenta con cédula profesional, que lo acredite como licenciado en derecho. En atención a lo informado, en auto de quince de junio del año en curso, esta autoridad reiteró al juez penal responsable los efectos de la sentencia protectora, y le hizo saber que para cerciorarse que aquella persona que se ostentó como defensor público de Javier Amastal Chapuli, tiene la calidad de licenciado en derecho, no basta con una consulta que se realice en la página electrónica del Registro Nacional de Profesiones, pues ello podría arrojar información relacionada con homónimos, por lo que debía reforzarla con las diligencias que estimara necesarias para cerciorarse que aquella persona que asistió al aquí quejoso en la diligencia en que se recabó su declaración ministerial tiene la calidad de abogado. Mediante oficio 2747 el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, remitió copia certificada de la resolución pronunciada el quince de junio de dos mil veintiuno, con la que pretendió cumplir la sentencia protectora; no obstante, del análisis de esa determinación judicial, esta autoridad advirtió que el juez penal no observó cabalmente los efectos de la sentencia protectora, por lo que en acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se requirió nuevamente su cumplimiento. En acato a lo anterior, por oficio 2878, el juez penal responsable manifestó haber cumplido la sentencia de amparo, y para acreditarlo, envió copia certificada de la resolución pronunciada el veintidós de junio de dos mil veintiuno, así como su notificación al quejoso Javier Amastal Chapuli. A los documentos descritos, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 129, 197, 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, debido a que provienen de una autoridad en ejercicio pleno de sus funciones. Ahora, de las constancias aludidas se advierte que, en relación con los efectos de la protección constitucional, el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla realizó lo siguiente. 1. En resolución de once de junio de dos mil veintiuno, dejó sin efectos el acto reclamado; esto es, el auto de formal prisión de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 196/2016 de su índice, contra Javier Amastal Chapuli, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV y 380, fracción XII, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de "HUF MEXICO, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable"; y, ordenó practicar las diligencias necesarias para cerciorarse si Daniel Castro Leyva, tiene la calidad de licenciado en derecho; con lo que cumplió el primer y segundo efecto de la sentencia de amparo. 2. El veintidós de junio de dos mil veintiuno, al resolver la situación jurídica de Javier Amastal Chapuli, el juez penal responsable determinó, en lo que interesa, lo siguiente: Que no fue posible cerciorarse que Daniel Castro Leyva, quien asistió a Javier Amastal Chapuli, en la diligencia donde se recabó su declaración ministerial, tiene la calidad de licenciado en derecho. Excluyó del material probatorio la declaración ministerial de Javier Amastal Chapuli, así como las declaraciones de sus coinculpados Erika Natalia Pintle Coeto, José Isidoro Hernández Ramírez y Juan Miguel Guzmán Muñoz, en virtud de que en sus respectivas declaraciones ministeriales fueron asistidos por la misma persona, de quien no se corroboró que contara con la calidad de abogado; con lo que observó el tercer efecto de la sentencia protectora. Reclasificó la conducta delictiva atribuida al justiciable; el juez expresó que al no existir prueba certera sobre el monto de lo robado, no existe base sólida para encuadrar los hechos en la fracción IV, del artículo 374, del Código Penal del Estado de Puebla, por lo que la ubicó en la fracción I, del mismo numeral. Con la libertad de jurisdicción que se le concedió, dictó auto de formal prisión en contra de Javier Amastal Chapuli, por su probable participación en la comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción I y 380, fracción XII, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de "HUF MEXICO, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable"; pero purgó los vicios formales destacados en la sentencia, en virtud de que señaló con claridad la circunstancias de tiempo en que se ejecutó el ilícito, pues indicó que se cometió entre febrero y abril de dos mil dieciséis; así mismo, motivó adecuadamente la penalidad del delito, pues como se dijo, determinó que no existen pruebas suficientes para determinar el monto de lo robado, por lo que ubicó la conducta atribuida al justiciable en la fracción I, del artículo 374, del código punitivo local; con lo que cumplió el cuarto efecto de la sentencia de amparo. 3. El veintidós de junio de dos mil veintiuno, notificó la resolución antedicha a Javier Amastal Chapuli; y remitió las constancias conducentes para acreditar lo anterior; lo que colma los efectos quinto y sexto del fallo protector. Cabe señalar que esta autoridad no se encuentra en aptitud de analizar la legalidad de la resolución emitida en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues ello implicaría emprender el análisis constitucional de un nuevo acto de autoridad, lo que desde luego no es procedente en esta instancia. En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada en el presente controvertido constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, personalmente al tercero interesado, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito...

  4. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos el oficio 2878 signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla y anexo, mediante el cual manifiesta haber cumplido la ejecutoria pronunciada en este juicio de garantías; para reforzar su dicho, remitió copia certificada de la resolución de veintidós de junio de dos mil veintiuno, dictada en el proceso 196/2016 de su índice. En consecuencia, con el contenido del oficio y constancias de cuenta, dese vista a las partes quejosa, tercera interesada y autoridad tercera interesada, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; personalmente a la tercera interesada; mediante oficio a la autoridad tercera interesada y por lista a las demás partes.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el secretario Raúl Bonilla Hernández, que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano